comunidad internacional

          Es curioso observar que en casi todos los casos el uso de la palabra “internacional” resulta impreciso, porque no se refiere propiamente a las naciones sino a los Estados. Cuando se habla de Derecho Internacional o de relaciones internacionales, por ejemplo, lo que en realidad se quiere significar es lo “interestatal”.

          Se llama comunidad internacional a la organización de Estados con fines específicos. Hay una larga historia de éxitos y fracasos en el intento de formar sociedades de Estados que pudieran hacer frente, no sólo a las amenazas contra la paz o a los quebrantamientos de ella, sino también a las necesidades de la cooperación entre los países a fin de impulsar el desarrollo económico y social de sus pueblos.

          Es larga la lista de precursores e impulsores de la iniciativa de formar sociedades de Estados. El dominico español Francisco de Vitoria (1492-1546), profesor de Salamanca, habló del jus inter gentes, como un atisbo del Derecho Internacional, y sugirió la idea de la comunidad internacional. En su tratado “De legibus ac Deo legislatore”, el teólogo español Francisco Suárez (1548-1617), que fue el último de los escolásticos, desplegó el concepto de una comunidad internacional de su tiempo. Y, por supuesto, el jurista holandés Hugo Grocio (1583-1645), forjador del Derecho Internacional clásico, fue el primero en formular metódica y sistemáticamente en su obra «De Jure belli ac pacis» (1625) los principios de la comunidad internacional. A él le siguieron muchos otros pensadores y juristas europeos: Richard Zouche (1590-1660), Samuel Rachel (1628-1691), Samuel Pufendorf (1632-1694), Christian Thomasius (1655-1728), Cornelius Van Bynkershoek (1673-1743), Emerich de Vattel (1714-1767), Jeremías Bentham (1748-1832), George Friedrich von Martens (1756-1821).

          Sin duda, el primer intento de formar una comunidad internacional de Estados se dio con los tratados de Osnabrück y Münster, aprobados en la conferencia que selló la paz de Wesfalia en 1648, que pusieron fin a la llamada guerra de los treinta años en Europa. No obstante que sus resultados fueron muy precarios, a causa de las rivalidades dinásticas y de las fricciones religiosas europeas, esta conferencia marcó el comienzo de una nueva era en las relaciones entre los Estados y aportó los primeros elementos de lo que más tarde sería el Derecho Internacional.

          Después del triunfo de la Revolución en Francia en 1789 hubo muchos intentos de los monarcas europeos, que veían amenazada su situación, de formar entre sus países una comunidad internacional que, como declaró el emperador de Austria en 1791, se encargara de “salvar a Europa de la revolución y la anarquía”.

          Bajo el liderato del zar Alejandro I de Rusia, los monarcas Federico Guillermo III de Prusia y Francisco I de Austria formaron con él, en mayo de 1815, la santa alianza con el propósito de preservar las convicciones católicas de sus pueblos, de oponerse a todo intento revolucionario en Europa y de conducir sus relaciones mutuas “por los caminos de las sublimes verdades contenidas en la religión eterna de Cristo, nuestro Salvador”.

          Durante el siglo XIX la >guerra fue parte de la política internacional de los países europeos. Europa vivió durante todo ese tiempo bajo el equilibrio del poder, que se convirtió en el principio fundamental de la política exterior de sus países. Para mantenerlo se hacían y se deshacían alianzas. La función primordial de la diplomacia era detectar tempranamente las intenciones agresivas de los demás Estados. La mejor defensa era atacar para anticiparse al ataque de otro. Rusia perturbó ese equilibrio con su invasión a Turquía en 1853. Inmediatamente Francia e Inglaterra acudieron en auxilio del Imperio Otomano. En 1870 se produjo la guerra franco-prusiana. En 1884 se formó la triple alianza entre Alemania, Austria e Italia. Para restablecer el equilibrio Francia se alió a Rusia desde 1891 hasta 1895. A esta alianza se incorporó más tarde Inglaterra, por temor al imperio germano.

          Pero los equilibrios fueron muy precarios y la situación europea absolutamente inestable.

          En esas condiciones, el 18 de mayo de 1899, por invitación del zar de Rusia, se reunió en La Haya la primera de las dos grandes conferencias de paz, que congregó a 26 países, con inclusión de los Estados Unidos de América y México. La idea fue acordar una limitación general de armamentos, pero la conferencia no pudo alcanzar este objetivo por las mutuas suspicacias y desconfianzas entre los Estados.

          Con la asistencia de 44 países se efectuó en La Haya una nueva conferencia de paz el 15 de junio de 1907, que fracasó en su propósito de vincular a los países bajo un orden jurídico internacional.

          En 1914, el asesinato del archiduque austriaco en Sarajevo fue la mecha que encendió la pólvora. El Imperio Austro-húngaro envió un ultimátum a Serbia por este hecho. Lo cual produjo inmediatamente un proceso de alineación de fuerzas. Rusia ofreció su respaldo a Serbia. Alemania apoyó a Austria-Hungría. Francia se alineó con Rusia. Turquía se puso al lado de Alemania. Todo estuvo listo para la guerra. Esto se produjo porque no había un foro donde pudieran los Estados discutir sus diferencias. No existía realmente una comunidad internacional capaz de conjurar la emergencia. Y entonces estalló la Primera Guerra Mundial.

          Ella terminó en 1918 con el triunfo de los aliados. El 28 de junio de 1919 se firmó el Tratado de Versalles entre las potencias vencedoras y Alemania. Ese instrumento introdujo numerosas modificaciones al Derecho Internacional, la más importante de las cuales fue la creación de la Sociedad de las Naciones, como primer intento de establecer una comunidad mundial de Estados para asegurar la paz y la seguridad internacionales. Con ella se creó un marco institucional, si bien incipiente y precario todavía, para la codificación y aplicación del Derecho Internacional. Bajo su auspicio se instituyeron varios organismos internacionales, entre ellos el Tribunal Permanente de Justicia Internacional, y se adoptaron importantes convenciones sobre diversos temas referentes a las relaciones entre los Estados. Sin embargo mucho de eso no funcionó en la práctica. No operó la solución judicial de las controversias, ni la prohibición de la guerra tuvo eficacia real, ni se consiguieron resultados satisfactorios en el campo del >desarme, ni se establecieron mecanismos eficientes de control de armamentos. Por eso la Sociedad de las Naciones asistió impotente a la agresión de Manchuria por el Japón en 1931, a la guerra entre Italia y Abisinia en 1934-1935, a la anexión de la región checoeslovaca de los sudetes a Alemania en 1939, a la invasión soviética contra Finlandia en el mismo año y poco después al desencadenamiento de la Segunda Guerra Mundial por el nazifascismo.

          El precario orden internacional que surgió del Tratado de Versalles empezó a derrumbarse con la invasión japonesa a Manchuria en 1931. La comunidad internacional no pudo frenar al Japón en sus intenciones expansionistas. Hitler se anexó por la fuerza o la intimidación varios territorios. Empezó con Austria tres años después de que la Italia fascista invadiera impunemente Etiopía. Austria fue ocupada por las fuerzas militares nazis en la primavera de 1938 y anexada al Tercer Reich, en cumplimiento del viejo sueño del führer, a vista y paciencia de la comunidad internacional que estaba paralizada de miedo ante el poderío militar nazi-fascista. En julio de 1936 se produjo el alzamiento falangista en España para destruir el régimen republicano. Hitler y Mussolini ayudaron a Francisco Franco con más de cien mil soldados, aviones, buques, submarinos, tanques, cañones antiaéreos y piezas de artillería. Recordemos la denominada Legión Cóndor de combatientes hitlerianos en suelo español. En la primavera de 1939 Alemania convirtió en “protectorados” a Bohemia y a Moravia. Arthur Neville Chamberlain y Edouard Daladier, primeros ministros de Inglaterra y Francia, hicieron en ese momento concesiones suicidas a favor de Hitler en el caso de los sudetes checos. “Ahora habrá paz” dijo Chamberlain a su regreso de la reunión de Munich. Y Winston Churchill comentó: “Inglaterra y Francia tenían que elegir entre la guerra y el deshonor. Eligieron el deshonor. Pero tendrán la guerra”. El 21 de agosto de 1939 la Unión Soviética firmó con el líder nazi el vergonzoso acuerdo de no agresión, denominado pacto Ribbentrop-Molotov. Finalmente, cuando Hitler invadió Polonia el primero de septiembre de 1939, Inglaterra y Francia resolvieron detener el expansionismo hitleriano y se inició la Segunda Guerra Mundial.

          El ejército alemán entró a Francia por territorio belga. En junio de 1940, sus tropas comandadas por Heinz Guderian, apoyadas por la fuerza aérea  —la Luftwaffe—,  no tuvieron problemas en cruzar por la zona boscosa de las Ardenas  —desguarnecida porque los estrategos militares franceses la consideraban impenetrable—  y ocupar París el día 14 de ese mes.

          Se inició así la primera fase de la Segunda Guerra Mundial, cuyos escenarios se extendieron hacia casi toda Europa, Asia, África y Oceanía.

          El Presidente de Estados Unidos Franklin D. Roosevelt y el primer ministro inglés Winston Churchill se reunieron en algún lugar del Océano Atlántico el 14 de agosto de 1941, en plena guerra mundial, para firmar la denominada Carta del Atlántico, cuyos principios estuvieron destinados a sustentar el orden internacional del futuro, «después de la destrucción total de la tiranía nazi», y fueron incorporados a la Carta de las Naciones Unidas en 1945. Este documento tiene importancia por eso: porque fue el germen de la nueva comunidad internacional.

             En octubre de 1943 se reunieron en Moscú los ministros de relaciones exteriores de Estados Unidos, Gran Bretaña, la Unión Soviética y China, y reconocieron públicamente la necesidad de establecer, lo antes posible, “una organización internacional general, basada sobre el principio de la igualdad soberana de todos los Estados amantes de la paz, abierta a todos ellos, ya fuesen grandes o pequeños, para el mantenimiento de la paz y seguridad”.

El proyecto de creación del organismo internacional avanzó rápidamente. Un año más tarde, la conferencia de las tres potencias, celebrada en Dumbarton Oaks, Washington, insistió en el establecimiento de una organización internacional general. A comienzos de febrero de 1945 vino la famosa Conferencia de Yalta  —conocida como la conferencia de los tres grandes—  a la que asistieron Franklin D. Roosevelt, Joseph Stalin y Winston Churchill. Entre otras decisiones, ellos acordaron convocar para el 25 de abril de 1945, en San Francisco de California, una conferencia internacional con el propósito de sentar las bases de sustentación de la futura Organización de las Naciones Unidas.

Las cosas ocurrieron como estaban planeadas. La conferencia de San Francisco, con la asistencia de las cuatro potencias invitadoras  —Estados Unidos, la Unión Soviética, el Reino Unido y China—  y de 46 países invitados, aprobó el 26 de junio de 1946 la Carta de las Naciones Unidas, con la cual se abrió una nueva etapa en la vida internacional. Nació un organismo de dimensiones mundiales para formular, codificar y aplicar las normas del >Derecho Internacional. Su nombre fue Organización de las Naciones Unidas (ONU), a la que pueden ingresar todos los Estados amantes de la paz que acepten las obligaciones consignadas en su Carta fundacional “y que, a juicio de la Organización, estén capacitados para cumplir dichas obligaciones y se hallen dispuestos a hacerlo. La admisión de tales Estados como miembros de las Naciones Unidas se efectuará por decisión de la Asamblea General a recomendación del Consejo de Seguridad” (Cap. 2, Art. 4).

El emblema de la Organización de las Naciones Unidas, aprobado el 7 de diciembre de 1946, consiste en un mapa del globo terráqueo, de una proyección equidistante acimutal centrada en el polo norte, rodeado de una corona de ramas de olivo que simbolizan la paz. Y su bandera, aprobada el 20 de octubre de 1947, reproduce el emblema sobre fondo azul pálido.

Para cumplir con su misión, la Organización de las Naciones Unidas cuenta con órganos principales, órganos subsidiarios, departamentos, oficinas, fondos, programas, comisiones regionales, institutos de investigación y organismos especializados.

Son sus órganos principales de conducción: la Asamblea General, el Consejo de Seguridad, el Consejo Económico y Social, la Corte Internacional de Justicia, el Consejo de Administración Fiduciaria y la Secretaría.

La Asamblea General, integrada por un delegado de cada uno de los Estados miembros de la Organización Mundial, es su órgano parlamentario. Se reúne ordinariamente de septiembre a diciembre de cada año y, en períodos extraordinarios, cuando sea convocada para analizar asuntos apremiantes del mundo. De ella dependen o mantienen con ella relaciones varios foros, programas y fondos, como la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD, en sus siglas inglesas), el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), el Fondo de Población de las Naciones Unidas (FNUAP), el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), el Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas para la Mujer (UNIFEM), el Programa de las Naciones Unidas para la Fiscalización Internacional de Drogas (PNUFID), el Programa Mundial de Alimentos (PMA), el Fondo de las Naciones Unidas para el Desarrollo de la Capitalización (FNUDC), el Programa de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos (ONU-HÁBITAT), Voluntarios de las Naciones Unidas (VNU), la Comisión Preparatoria de la Organización del Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares (CTBTO), la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas (OPAQ) y el Organismo de Obras Públicas y Socorro para los Refugiados de Palestina en el Cercano Oriente (OOPS).

El Consejo de Seguridad está integrado por 15 miembros, de los cuales cinco son permanentes  —Estados Unidos de América, China, Federación Rusa, Francia y el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte—  y diez son elegidos por la Asamblea General para períodos de dos años. Su presidencia es rotativa mensualmente, según el orden alfabético inglés de los Estados que lo componen. Cada miembro del Consejo tiene un voto. Sus decisiones sobre cuestiones de procedimiento se toman por el voto favorable de al menos nueve miembros y las decisiones sobre todas las demás cuestiones se adoptan por el voto afirmativo de nueve miembros, incluidos los votos de los cinco miembros permanentes.

El Consejo de Seguridad se reúne en cualquier momento en que la paz del mundo se vea amenazada o vulnerada. Del Consejo de Seguridad dependen: la Comisión de Consolidación de la Paz de las Naciones Unidas, el Comité de Estado Mayor, los Comités Permanentes y Órganos Especiales, las Misiones y Operaciones de Mantenimiento de la Paz, el Comité de las Naciones Unidas contra el Terrorismo, el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), el Instituto de las Naciones Unidas de Investigación sobre el Desarme (UNIDIR), el Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoeslavia (TPIY) y el Tribunal Penal Internacional para Rwanda (TPIR).

Este organismo, en los casos de amenazas contra la paz, quebrantamiento de ella o actos de agresión en cualquier parte del mundo, tiene la facultad de disponer la aplicación de medidas militares para conjurar la situación. Los países miembros están obligados a poner a disposición de las Naciones Unidas los contingentes aéreos, navales y terrestres que ella solicite, con arreglo a convenios especiales celebrados con los países miembros.

Desde que terminó la guerra fría en 1989 ha sido posible desbloquear la capacidad de decisión y acción del Consejo de Seguridad, que permaneció paralizado por 44 años a causa de la interposición del >veto de los miembros permanentes, y hacer uso de las atribuciones políticas y militares que le confiere la Carta. En los últimos años el Consejo ha enviado contingentes militares  —los llamados cascos azules—  a Irak, Somalia, Bosnia, Ruanda, Haití, Kosovo y otros lugares para hacer frente a conflictos armados internos que constituyeron quebrantamientos de la paz y que vulneraron atrozmente los derechos humanos de la población civil.

El Consejo de Seguridad puede ejercer hoy las siguientes atribuciones: disponer operaciones militares con el propósito de mantener la paz y la seguridad internacionales, investigar toda situación que pudiera amenazarlas, recomendar métodos de solución de las controversias, determinar si existen actos de agresión, formular planes de >desarme, instar a la aplicación de sanciones económicas y otras que no conlleven el uso de la fuerza, tomar >injerencia humanitaria en los asuntos internos de un Estado en conflicto, sugerir la admisión de nuevos miembros a la Organización Internacional, recomendar a la Asamblea General el nombramiento del Secretario General y, juntamente con ella, designar a los magistrados de la Corte Internacional de Justicia.

Del Consejo Económico y Social, compuesto por 54 miembros elegidos por la Asamblea General para un período de tres años, dependen varios organismos especializados, las comisiones orgánicas de estupefacientes, prevención del delito y justicia penal, ciencia y tecnología para el desarrollo, desarrollo sustentable, condición jurídica y social de la mujer, población y desarrollo, desarrollo social y estadística. Dependen también las comisiones regionales: Comisión Económica para África (CEPA), Comisión Económica para Europa (CEE), Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y Comisión Económica y Social para Asia Occidental (CESPAC); y, como órgano anexo, opera la Organización Mundial del Comercio (OMC).

La Corte Internacional de Justicia es el principal órgano judicial de las Naciones Unidas. La integran 15 magistrados elegidos conjuntamente por la Asamblea General y el Consejo de Seguridad. Sus funciones primordiales son la de decidir, de acuerdo con las normas del Derecho Internacional, las controversias de orden jurídico entre los Estados, y la de servir como órgano de consulta en las cuestiones jurídicas que le planteen los altos funcionarios de las Naciones Unidas.

El Consejo de Administración Fiduciaria está integrado por los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad. Fue originalmente creado para supervigilar, al comienzo de la segunda postguerra, los once territorios en fideicomiso administrados por siete Estados miembros y preparar la independencia de aquéllos; pero hoy no tiene una misión precisa ya que esos territorios, con la mediación del Consejo, alcanzaron la plenitud de su gobierno propio o se incorporaron a los Estados vecinos antes de 1994.

La Secretaría está dirigida por el Secretario General, elegido para un período renovable de cinco años por la Asamblea General a recomendación del Consejo de Seguridad, quien es el más alto funcionario administrativo de la institución y rinde cuenta de sus actos a la Asamblea General. A su cargo están las labores administrativas de la Organización Mundial bajo las órdenes de la Asamblea General, el Consejo de Seguridad y los demás órganos principales. Nombra al personal de funcionarios y empleados de la Secretaría, procedentes de los Estados miembros.

La Secretaría General es el órgano superior de la administración de las Naciones Unidas. Comprende los siguientes departamentos y oficinas: la Oficina del Secretario General, la Oficina de Servicios de Supervisión Interna, la Oficina de Asuntos Jurídicos, el Departamento de Asuntos Políticos, la Oficina de Asuntos de Desarme, el Departamento de Operaciones de Mantenimiento de la Paz, el Departamento de Apoyo a las Actividades sobre el Terreno, la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios, el Departamento de Asuntos Económicos y Sociales, el Departamento de la Asamblea General y de Gestión de Conferencias, el Departamento de Información Pública, el Departamento de Gestión, la Oficina del Alto Representante para los Países Menos Adelantados, los Países en Desarrollo sin Litoral y los Pequeños Estados Insulares en Desarrollo, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, el Departamento de Seguridad, la Oficina de Ética de las Naciones Unidas, la Oficina del Ombudsman y el Oficial Principal de Tecnología de la Información.

Desde la fundación de la ONU han ejercido esta función: Trygve Lie de Noruega (1946-1953), Dag Hammarskjöld de Suecia (1953-1961), Sithu U Thant de Birmania (1961-1971), Kurt Waldheim de Austria (1972-1981), Javier Pérez de Cuéllar, Perú (1982-1991), Butros Butros-Ghali de Egipto (1992-1996), Kofi Annan de Ghana (1997-2006) y Ban Ki-moon de Corea del Sur (2007-2011), Antonio Guterres de Portugal (2017-2021).

Los organismos especializados son entidades autónomas vinculadas a las Naciones Unidas por acuerdos especiales. Ellos son: la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, UNESCO), la Organización Mundial de la Salud (OMS), el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA), el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF), la Asociación Internacional del Fomento (AIF), la Cooperación Financiera Internacional (CFI), el Organismo Multilateral de Garantía de Inversiones (OMGI), el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), la Organización Marítima Internacional (OMI), la Organización Meteorológica Mundial (OMM), la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPÎ), la Organización Mundial del Turismo (OMT), la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI), la Organización Internacional de Telecomunicaciones (UIT) y la Unión Postal Universal (UPU). Estos son organismos autónomos que trabajan con las Naciones Unidas bajo la coordinación del Consejo Económico y Social.

Son órganos subsidiarios de las Naciones Unidas: la Universidad de las Naciones Unidas (UNU), la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS), la Escuela Superior del Sistema de las Naciones Unidas (UNSSC), el Fondo de las Naciones Unidas para la Democracia (FNUD) y el Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA (ONUSIDA).

Hay sendas oficinas de las Naciones Unidas en Ginebra (ONUG), en Viena (ONUV) y en Nairobi (ONUN).

La Organización de las Naciones Unidas nació hace más medio siglo como respuesta a la necesidad profundamente sentida de paz y seguridad en el mundo, después de los indecibles sufrimientos de la guerra. Su nacimiento estuvo presidido, en aquel momento histórico, por la invocación magistralmente expresada en el preámbulo de su Carta fundacional: “Nosotros, los pueblos de las Naciones Unidas, resueltos a preservar a las generaciones venideras del flagelo de la guerra, que dos veces durante nuestra vida ha infligido a la humanidad sufrimientos indecibles…”

No es que esté ganada, ni mucho menos, la batalla por la paz. Aún subsisten los afanes agresivos, los complejos de inferioridad que conducen a la violencia y la misantropía en el espíritu de algunos líderes políticos o religiosos. Los fanatismos raciales, los nacionalismos insanos, la xenofobia, la intolerancia religiosa constituyen todavía graves amenazas contra la armónica convivencia de los pueblos. Pero las Naciones Unidas han avanzado mucho en el camino de la paz y han prestado invalorables servicios a la humanidad. Recuerdo que sobre este tema hablé, como Presidente de Ecuador, en la cumbre de jefes de Estado celebrada en el Consejo de Seguridad el 31 de enero de 1992. No hay más que ver la diferencia que existe entre el mundo actual y el de hace cincuenta años. No hay más que recordar lo que fue el nazi-fascismo. Y lo que vino después: la confrontación Este-Oeste, con su implacable lucha de todos los días por marginarse zonas de influencia en el planeta, los demenciales gastos armamentistas y el equilibrio del terror. Hay que recordar ese orden de cosas belicoso e irracional para valorar la contribución de las Naciones Unidas, durante su medio siglo de existencia, a la causa de la paz.

No hay duda de que, a pesar de todas sus deficiencias, la comunidad internacional  —representada principalmente por las Naciones Unidas—  ha prestado grandes servicios a los intereses de la paz y seguridad del mundo. Con frecuencia analistas superficiales le reprochan reales o supuestas ineficacias. Probablemente algunas de ellas son ciertas. Pero lo que hay que preguntarse es qué habría pasado con el mundo durante este medio siglo de turbulencias de la >guerra fría si las Naciones Unidas no hubieran existido.

Desde la caída del muro de Berlín se ha abierto una nueva etapa en la historia del hombre. El reto es hoy la justicia social internacional y el >desarrollo humano. Contribuir a su consecución es la nueva responsabilidad de la comunidad mundial. Esta debe ser su principal misión hacia el futuro: vertebrar un >nuevo orden económico internacional que haga justicia a los países pobres, que promueva su participación equitativa en el ingreso mundial y que distribuya entre todos los beneficios del progreso.

Esta nueva etapa se caracteriza por la creciente ampliación y fortalecimiento de las sociedades de Estados, lo mismo en escala mundial como regional, y por la profundización de la >interdependencia entre los países. La comunidad mundial, congregada en la Organización de las Naciones Unidas, ha pasado de 51 Estados miembros en 1945 a 193 en el 2015. Ellos son: Afganistán, en Asia (ingresado en 1946), Albania, en Europa oriental (en 1955), Alemania, Europa occidental (1973), Andorra, Europa occidental (1993), Angola, África (1976), Antigua y Barbuda, el Caribe (1981), Arabia Saudita, Asia (miembro fundador, 1945), Argelia, África (1962), Argentina, América Latina (miembro fundador, 1945), Armenia, Europa oriental (1992), Australia, Oceanía (miembro fundador, 1945), Austria, Europa occidental (1955), Azerbaiyán, Asia (1992), Bahamas, el Caribe (1973), Bahréin, Asia (1971), Bangladesh, Asia (1974), Barbados, el Caribe (1966), Bélgica, Europa occidental (miembro fundador, 1945), Belice, el Caribe (1981), Benin, África (1960), Bhutan, Asia (1971), Belarús, Europa oriental (miembro fundador como Bielorrusia, 1945), Bolivia, América Latina (miembro fundador, 1945), Bosnia y Herzegovina, Europa oriental (1992), Botsuana, África (1966), Brasil, América Latina (miembro fundador, 1945), Brunéi Darussalam, Asia (1984), Bulgaria, Europa oriental (1955), Burkina Faso, África (1960), Burundi, África (1962), Cabo Verde, África (1975), Camboya, Asia (1955), Camerún, África (1960), Canadá, Angloamérica (miembro fundador, 1945), Catar, Asia (1971), Colombia, América latina (miembro fundador, 1945), Comoras, África (1975), República Democrática del Congo, África (1960), República Popular Democrática de Corea, Asia (1991), República de Corea, Asia (1991), Costa Rica, América Latina (miembro fundador, 1945), Cote D’Ivoire, África (1960), Croacia, Europa oriental (1992), Cuba, el Caribe (miembro fundador, 1945), Chad, África (1960), República Checa, Europa oriental (miembro fundador como Checoeslovaquia, 1945), Chile, América Latina (miembro fundador, 1945), República Popular de China, Asia (miembro fundador, 1945), Chipre, Asia (1960), Dinamarca, Europa occidental (miembro fundador, 1945), Dominica, el Caribe (1978), Ecuador, América Latina (miembro fundador, 1945), Egipto, África (miembro fundador, 1945), El Salvador, América Latina (miembro fundador, 1945), Emiratos Árabes Unidos, Asia (1971), Eritrea, África (1993), Eslovaquia, Europa oriental (1993), Eslovenia, Europa oriental (1992), España, Europa occidental (1955), Estados Unidos de América, Angloamérica (miembro fundador, 1945), Estonia, Europa oriental (1991), Etiopía, África (miembro fundador, 1945), Filipinas, Asia (miembro fundador, 1945), Finlandia, Europa occidental (1955), Fiyi, Asia (1970), Francia, Europa occidental (miembro fundador, 1945), Gabón, África (1960), Gambia, África (1965), Georgia, Europa oriental (1992), Ghana, África (1957), Granada, el Caribe (1974), Grecia, Europa occidental (miembro fundador, 1945), Guatemala, América Latina (miembro fundador, 1945), Guinea, África (1958), Guinea-Bissau, África (1974), Guinea Ecuatorial, África (1968), Guyana, el Caribe (1966), Haití, el Caribe (miembro fundador, 1945), Honduras, América Latina (miembro fundador, 1945), Hungría, Europa oriental (1955), India, Asia (miembro fundador, 1945), Indonesia, Asia (1950), Irán, Asia (miembro fundador, 1945), Irak, Asia (miembro fundador, 1945), Irlanda, Europa occidental (1955), Islandia, Europa occidental (1946), Islas Marshall, Asia (1991), Islas Salomón, Asia (1978), Israel, Asia (1949), Italia, Europa occidental (1955), Jamaica, el Caribe (1962), Japón, Asia (1956), Jordania, Asia (1955), Kasajistán, Asia (1992), Kenia, África (1963), Kirguistán, Asia (1992), Kuwait, Asia (1963), República Democrática Popular de Laos, Asia (1955), Lesotho, África (1966), Letonia, Europa oriental (1991), Líbano, Asia (miembro fundador, 1945), Liberia, África (miembro fundador, 1945), Libia, África (1955), Liechtenstein, Europa occidental (1990), Lituania, Europa oriental (1991), Luxemburgo, Europa occidental (miembro fundador, 1945), Macedonia, Europa oriental (1993), Madagascar, África (1960), Malasia, Asia (1957), Malawi, África (1964), Maldivas, Asia (1965), Malí, África (1960), Malta, Europa occidental (1964), Marruecos, África (1956), Mauricio, África (1968), Mauritania, África (1961), México, América Latina (miembro fundador, 1945), Micronesia, Asia (1991), Moldova, Europa oriental (1992), Mónaco, Europa occidental (1993), Mongolia, Asia (1961), Montenegro, Europa oriental (2006), Mozambique, África (1975), Myanmar, Asia (1948), Namibia, África (1990), Nepal, Asia (1955), Nicaragua, América Latina (miembro fundador, 1945), Níger, África (1960), Nigeria, África (1960), Noruega, Europa occidental (miembro fundador, 1945), Nueva Zelandia, Oceanía (miembro fundador, 1945), Omán, (1971), Países Bajos, Europa occidental (miembro fundador, 1945), Palau, Asia (1994), Pakistán, Asia (1947), Panamá, América Latina (miembro fundador, 1945), Papúa-Nueva Guinea, Asia (1975), Paraguay, América Latina (miembro fundador, 1945), Perú, América latina (miembro fundador, 1945), Polonia, Europa oriental (miembro fundador, 1945), Portugal, Europa occidental (1955), Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte, Europa occidental (miembro fundador, 1945), República Centroafricana, África (1960), República Democrática de Timor Oriental, Oceanía (2002), República Dominicana, el Caribe (miembro fundador, 1945), República de Kiribati, Oceanía (1999), República de Nauru, Oceanía (1999), Reino de Tonga, Oceanía (1999), Rumania, Europa oriental (1955), Rusia, Europa oriental (miembro fundador, 1945), Rwanda, África (1962), Samoa, Asia (1976), San Cristóbal y Nieves, el Caribe (1983), San Marino, Europa occidental (1992), Santa Lucía, el Caribe (1979), Santo Tomé y Príncipe, el Caribe (1975), San Vicente y las Granadinas, el Caribe (1980), Senegal, África (1960), Seychelles, África (1976), Serbia, Europa oriental (2000), Sierra Leona, África (1961), Singapur, Asia (1965), Siria, Asia (miembro fundador, 1945), Somalia, África (1960), Sri Lanka, Asia (1955), Sudáfrica, África (miembro fundador, 1945), Sudán, África (1956), Sudán del Sur, África (2011), Suecia, Europa occidental (1946), Suiza, Europa occidental (2002), Surinam, el Caribe (1975), Swazilandia, África (1968), Tailandia, Asia (1946), Tanzania, África (1961), Tayikistán, Asia (1992), Togo, África (1960), Trinidad y Tobago, el Caribe (1962), Túnez, África (1956), Turkmenistán, Asia (1992), Turquía, Europa oriental (miembro fundador, 1945), Tuvalu, Oceanía (2000), Ucrania, Europa oriental (miembro fundador, 1945), Uganda, África (1962), Uruguay, América Latina (miembro fundador, 1945), Uzbekistán, Asia (1992), Vanuatu, Asia (1981), Venezuela, América Latina (miembro fundador, 1945), Vietnam, Asia (1977), Yemen, Asia (1947), Yibuti (África 1977), Zambia, África (1964), Zimbabue, África (1980).

Egipto y Siria fueron miembros fundadores de las Naciones Unidas desde el 24 de octubre de 1945, pero a raíz del plebiscito celebrado el 21 de febrero de 1958 ellos se unieron  —mediante una >unión real de Estados—  para formar la República Árabe Unida, que asumió la representación única ante la Organización Mundial. Esta unión de Estados se disolvió el 13 de octubre de 1961 y partir de esa fecha Egipto y Siria recuperaron por separado su calidad de miembros de las Naciones Unidas. Cosa parecida ocurrió con Tanganyika y Zanzíbar, aunque en este caso la unión aún subsiste. Tras el plebiscito celebrado el 26 de abril de 1964 los dos Estados concluyeron una unión real bajo el nombre de República Unida de Tanzania y continuaron como un solo Estado miembro de la Organización Mundial. El 20 de enero de 1965 Indonesia anunció su decisión soberana de retirarse de las Naciones Unidas “en esta etapa y bajo las presentes circunstancias” pero el 28 de septiembre de 1966 se reincorporó de pleno Derecho y reasumió su lugar en la Asamblea General. La Federación Malaya ingresó a la Organización Mundial el 17 de septiembre de 1957 y, después de admitir en su seno a Singapur, Sabah y Sarawak, cambió su nombre por el de Malasia. Pocos años después, el 9 de agosto de 1965, Singapur se independizó de la Federación e ingresó como nuevo miembro a las Naciones Unidas el 21 de septiembre del mismo año. En carta cursada el 24 de diciembre de 1991, Boris Yeltsin, Presidente de la Federación de Rusia, con el apoyo de 11 miembros de la Comunidad de Estados Independientes, notificó al Secretario General de las Naciones Unidas que a partir de ese momento la Federación ocupaba el lugar de la desaparecida Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS) en el Consejo de Seguridad, en la Asamblea General y en todos los demás órganos de las Naciones Unidas. El 19 de septiembre 1991 Bielorrusia comunicó a la Secretaría General que había cambiado su nombre por el de Belarús. El 1º de enero de 1993 Checoeslovaquia se dividió, por acuerdo pacífico y voluntario entre las partes, en dos Estados: la República Checa y la República Eslovaca, admitidas en las Naciones Unidas el 19 de enero de 1993. A raíz de la >secesión de la anterior República Federal de Yugoeslavia (compuesta por Croacia, Eslovenia, Macedonia, Bosnia-Herzegovina, Serbia y Montenegro), Yugoeslavia heredó el asiento dejado por su antecesora mientras que la Asamblea General admitió como nuevos miembros a Croacia, Bosnia-Herzegovina y Eslovenia el 22 de mayo de 1992, a Macedonia el 8 de abril de 1993 y a Montenegro el 28 de junio del 2006.

Por decisión plebiscitaria, después de casi dos siglos de neutralidad, Suiza se convirtió el 10 de septiembre del 2002 en miembro de las Naciones Unidas con la aprobación unánime de la Asamblea General.

Los Estados pueden ser miembros o no de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Esta es una soberana decisión de cada uno de ellos. En la Carta de la Organización Mundial  —artículo 4—  se dispone que la admisión de un Estado, previa petición suya, se efectúa “por decisión de la Asamblea General a recomendación del Consejo de Seguridad”.

Pero es necesario señalar que se trata de la admisión como miembro y no de su reconocimiento como Estado. El Estado existe por sí mismo, independientemente de que la comunidad internacional o los demás entes políticos lo reconozcan. Existe cuando reúne todos sus elementos constitutivos: pueblo, territorio, soberanía y gobierno. Quiero decir que la vida y presencia de los Estados no dependen de una voluntad extraña. Por algo son entidades soberanas. La cuestión del reconocimiento se refiere a los gobiernos y no a los Estados. Es la aceptación internacional de que los gobiernos tienen legitimidad en su origen y en su ejercicio y de que representan a los Estados en los que rigen. Por tanto, pueden los otros gobiernos mantener relaciones diplomáticas con ellos.

La aceptación ha sido materia de lucubraciones doctrinales en relación con los gobiernos irregularmente constituidos, es decir, con los >gobiernos de facto, respecto de los cuales han surgido diferentes teorías sobre su reconocimiento internacional. Las principales son: la >doctrina Tobar, la >doctrina Wilson, la >doctrina Estrada, la >doctrina Betancourt, la >doctrina Lauterpacht y la >doctrina Stimson.

Además de los Estados han sido acreditados como observadores a la Asamblea General, donde ocupan lugares separados de los Estados miembros: el Vaticano, Palestina, el Comité Consultivo Legal para Asia y África, la Comunidad del Caribe, la Secretaría de la Mancomunidad de Naciones, la Comunidad Europea, la Organización Internacional para las Migraciones, la Organización Internacional de la Francofonía, el Comité Olímpico Internacional, la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos, el Tribunal Internacional para el Derecho del Mar, la Organización para la Unidad Africana, la Liga de Estados Árabes, la Organización de la Conferencia Islámica, el Comité Internacional de la Cruz Roja, la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja, la Orden Soberana y Militar de Malta, la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, el Sistema de Integración Centroamericana, la Secretaría del Commonwealth, la Comunidad Económica de los Estados de África Occidental, la Corte Penal Internacional, numerosas organizaciones intergubernamentales y muchas otras entidades internacionales acreditadas como misiones de observación de los períodos de sesiones y trabajos de la Asamblea General.

Se pueden distinguir varias “oleadas” de Estados en su ingreso a las Naciones Unidas: la primera, en 1945, al formarse la Organización Mundial; la segunda, diez años más tarde, en que se incorporaron los Estados del bloque soviético y varios otros de Europa que habían intervenido en la Segunda Guerra Mundial o que habían asumido una posición de neutralidad en el conflicto; la de comienzos de la década de los años 60, en que ingresaron los países africanos que obtuvieron su independencia nacional durante el proceso de descolonización; y la última, a principios de los años 90, en que se integraron los Estados desprendidos de la Unión Soviética, Yugoeslavia y Checoeslovaquia.

Con ocasión del cincuentenario de su fundación, las Naciones Unidas convocaron el 22 de octubre de 1995 en Nueva York la cima de jefes de Estado y de gobierno más amplia de cuantas se han realizado hasta esa fecha. 160 gobernantes se dieron cita en Nueva York y pasaron revista a los principales temas de la vida internacional de nuestros días. Afrontaron también el problema del desfinanciamiento de la Organización Mundial por la mora en que habían incurrido sus miembros en el pago de sus cuotas anuales  —Estados Unidos adeudaban a esa fecha 1.400 millones de dólares—,  que le impedía cumplir con sus deberes, mantener sus misiones de paz, costear el funcionamiento de sus sedes en Nueva York y en Ginebra y pagar a sus 9.600 empleados.

Muchos piensan que la Organización Mundial está desactualizada y responde a la estructura internacional de 1945 y no a la actual. En numerosos foros ha sido planteada la conveniencia de reformar su Carta a fin de ponerla a tono con las circunstancias que prevalecen hoy en el mundo. Se han multiplicado los actores estatales y no estatales de las relaciones internacionales, se ha profundizado el fenómeno de la >globalización económica y también política, se ha debilitado la soberanía de los Estados, hay una creciente >interdependencia entre ellos, se ha atenuado la rigidez de las fronteras nacionales, nuevos Estados se han incorporado a la Organización mundial, han surgido conflictos de naturaleza distinta que los anteriores, han cambiado las relaciones entre el Consejo de Seguridad y la Asamblea General, se cuestiona el derecho de >veto de los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad e incluso la propia división entre miembros permanentes y miembros elegidos por la Asamblea General para el período de dos años ha sido impugnada.

Todo hace suponer que habrá una creciente presión de la gran mayoría de Estados, especialmente del mundo subdesarrollado, para introducir cambios importantes en la Carta fundacional de las Naciones Unidas a fin de adecuarla a las nuevas circunstancias internacionales. Dos de los cambios frecuentemente mencionados son la supresión del veto (o su conversión en un veto de carácter regional que permita a las tres grandes áreas subdesarrolladas: América Latina y el Caribe, África y Asia, bloquear resoluciones) y el aumento del número de miembros del Consejo de Seguridad. Ambos responden a una inspiración democrática. El primero, porque la decisión de asuntos cruciales en el orden internacional no debe seguir en manos de sólo las cinco potencias: Estados Unidos, Rusia, China, Francia e Inglaterra. Y el segundo, porque con el aumento de componentes de las Naciones Unidas, el Consejo de Seguridad ha perdido representatividad. En 1945 había una relación de 7,6 a 1 entre el número de miembros de la Organización y el del Consejo de Seguridad. Esa relación se distanció en 1963, no obstante el aumento de los integrantes del Consejo, a 10,8 por 1 y es en la actualidad de 18 a 1.

Por supuesto que nadie puede ser ajeno al hecho de que el veto ha permitido la supervivencia de la Organización de las Naciones Unidas en medio de las circunstancias más críticas. Tengo por seguro que su unidad se hubiera resquebrajado sin él porque cualquiera de los “cinco grandes”, al sentirse perjudicado por una resolución del Consejo de Seguridad, hubiera abandonado la Organización e incluso la hubiera resistido militarmente, con lo cual la paz del planeta habría estado en real peligro. Incluso hoy, a pesar de la terminación de la guerra fría y de todos los adelantos de la paz, tengo mis dudas acerca de la viabilidad de la ONU sin la institución  —profundamente antidemocrática—  del veto, que es la que ha podido mantener sentadas alrededor de una mesa a las potencias nucleares.

El tema de la reforma de la Organización de las Naciones Unidas y, particularmente, de su órgano político: el Consejo de Seguridad, data del trigésimo cuarto período de sesiones de la Asamblea General en 1979, cuando fue planteado por Argelia, Argentina, Bangladesh, Bhután, Guyana, India, Maldivas, Nepal, Nigeria y Sri Lanka. En ese momento la Asamblea General formó el primer grupo de trabajo para examinar la propuesta del aumento del número de miembros del Consejo de Seguridad y otras reformas conexas. El 3 de diciembre de 1993, a petición de varios Estados del mundo subdesarrollado, la Asamblea volvió a crear un grupo de trabajo que afrontara el tema de la democratización del Consejo de Seguridad. Posteriormente aprobó otra resolución relativa a los votos con que deben tomarse las decisiones de este órgano. El Secretario General ha propuesto desde julio de 1997 una serie de medidas reformatorias que deben aplicarse en cuatro ámbitos centrales de la Organización Mundial: paz y seguridad, cuestiones económicas y sociales, cooperación para el desarrollo y asuntos humanitarios.

El 8 de septiembre del 2000, jefes de Estado y de gobierno reunidos en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York aprobaron la Declaración del Milenio, en la que hablaron, entre otros asuntos, aunque de manera incidental, de la reforma del Consejo de Seguridad.

En esa reunión los jefes de Estado y de gobierno aprobaron los objetivos que deben alcanzarse:

1) erradicar la pobreza extrema y el hambre,

2) lograr la enseñanza primaria universal,

3) promover la igualdad entre los géneros y la autonomía de la mujer,

4) reducir la mortalidad infantil,

5) mejorar la salud materna,

6) combatir el VIH/SIDA, el paludismo y otras enfermedades,

7) garantizar la sostenibilidad del medio ambiente, y

8) fomentar una asociación mundial para el desarrollo.

Para conseguir estos objetivos, las Naciones Unidas formalizaron una alianza mundial, en el marco de responsabilidades compartidas, capaz de vencer los obstáculos estructurales que impiden el desarrollo, y conminaron a los Estados a que, como uno de sus deberes fundamentales para con la sociedad, generen las condiciones nacionales e internacionales favorables para la realización del derecho al desarrollo y para la liberación de todos los seres humanos de las «condiciones abyectas y deshumanizadas de la pobreza extrema». 

En el Foro Social Mundial  —que es la contrapartida del Foro Económico de Davos—,  reunido del 26 al 31 de enero del 2004 en Porto Alegre, Brasil, delegados europeos y latinoamericanos insistieron en la reforma de las Naciones Unidas para que sea un organismo más democrático y se adecue mejor a las nuevas condiciones del mundo. Entre las modificaciones sugeridas se incluyó el cambio de la sede de la Organización Mundial, la modificación de la forma de su financiamiento, la incorporación de nuevos miembros al Consejo de Seguridad, la supresión del >veto y el fortalecimiento de la autoridad del Secretario General.

En respaldo a su propuesta de marzo del 2006 para modernizar la Organización mundial, ponerla en consonancia con los retos del siglo XXI y fortalecer institucionalmente el Consejo de Seguridad para que pueda asumir solventemente sus obligaciones, el Secretario General Kofi Annan argumentó que sólo en los últimos nueve años el número de civiles y soldados enviados en misiones de mantenimiento de la paz a diversos lugares del planeta pasó de veinte mil a ochenta mil efectivos, que el número de operaciones de carácter humanitario aumentó espectacularmente y que los recursos financieros gestionados por la Secretaría General se duplicaron y llegaron en ese año a 18.000 millones de dólares.

En un comunicado conjunto emitido tras su cumbre anual en la isla de Hainan, China, el 14 de abril del 2011, los países de mercados emergentes: Brasil, Rusia, India y China  —integrantes del denominado grupo BRIC—,  más Sudáfrica, pidieron una “reforma integral” de la Organización de las Naciones Unidas, incluido el Consejo de Seguridad, para tornarlos más representativos y fortalecer la voz de los países del tercer mundo. En ese momento, India y Brasil aspiraban a una membresía permanente del Consejo de Seguridad, con derecho a veto, aspiración que compartían con Alemania y Japón, mientras que los Estados africanos, árabes y latinoamericanos pretendían una mayor representación en el Consejo de Seguridad y en los otros órganos de las Naciones Unidas.

El presupuesto ordinario de las Naciones Unidas  —que incluye a sus organismos especializados y numerosos programas y proyectos—  se integra con las contribuciones obligatorias de sus Estados miembros. La Asamblea General señala el monto de las contribuciones que ellos deben entregar cada año de acuerdo con su ingreso nacional y su ingreso per cápita. Ella formula bianualmente la escala de cuotas de aportación. De acuerdo con el Art. 19 de la Carta de las Naciones Unidas, el atraso de más de dos años en el pago de sus contribuciones produce la pérdida del derecho de voto del Estado moroso en la Asamblea General.

Según cifras del año 2006, los principales contribuyentes son: Estados Unidos con el 22% del presupuesto de la Organización Mundial, Japón el 19,46%, Alemania el 8,66%, Inglaterra 6,12%, Francia, 6,03%, Italia 4,88%, Canadá 2,81%, España 2,52%, China 2,05%, México 1,88%, Corea del Sur 1,79%, Holanda 1,69%, Australia 1,59%, Brasil 1,52%, Bélgica 1,06%, Suiza 1,19% y la Federación Rusa 1,10%. Los demás Estados aportan menos del 0,9%.

Los tres mayores contribuyentes  —Estados Unidos, Japón y Alemania—  asumen más del 50% del presupuesto de las Naciones Unidas, mientras que los 134 Estados del tercer mundo que integran el Grupo de los 77 aportan con menos del 10% del presupuesto.

La financiación de las operaciones de paz  —que son operaciones de naturaleza extraordinaria—  no sale del presupuesto ordinario de la institución sino de las aportaciones especiales de sus miembros. Para establecerlas se ha clasificado a los Estados miembros en diez categorías, de acuerdo con su PIB y su ingreso per cápita. Los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad  —que es el que decide el despliegue de las misiones de paz—  contribuyen con la mayor cuota de aportación, cuyo monto es variable puesto que el volumen y duración de ellas es variable.

Se han propuesto las más variadas reformas a las Naciones Unidas y, particularmente, al Consejo de Seguridad; pero la oposición de los países grandes ha sido sistemática y, salvo la enmienda aprobada en 1965 por la que se aumentó de 11 a 15 el número de sus miembros y de 7 a 9 el número de votos afirmativos para aprobar una resolución sustantiva, con ningún voto en contra de los miembros permanentes, todas las demás se han quedado en el camino. Es cierto que las propuestas de reforma han mezclado realidades con utopías. Pensar, por ejemplo, que puede lograrse la eliminación del veto o la supresión de la condición de los “miembros permanentes” en el Consejo de Seguridad —como demanda el más elemental sentido democrático—,  resulta totalmente ilusorio en la práctica, ya que, sin estos elementos —que son otras tantas garantías de seguridad para los países grandes—, la Organización Internacional se disolvería en veinticuatro horas. Si aun con ellos el >multilateralismo estuvo en serio riesgo de desaparición porque la potencia triunfadora de la guerra fría  —que estableció un dominio incontestado y sin precedentes sobre el planeta—  se sintió muy incómoda en someter ciertas cuestiones que le eran vitales al consenso de la comunidad internacional, como lo pudimos ver con los acontecimientos que siguieron a los atentados islámicos contra las torres gemelas de Nueva York y el Pentágono de Washington.

Hay reformas posibles aunque menos ambiciosas. La ampliación del Consejo de Seguridad, con la presencia de nuevos miembros permanentes  —como Brasil, Japón, Alemania e India—,  para darle mayor representatividad, está dentro de lo factible, lo mismo que las enmiendas por las que claman los países del sur  —más allá de la estructura y operación del Consejo de Seguridad—  de las denominadas “instituciones de Bretton Woods” y los otros organismos especializados de la Organización Mundial para que sirvan mejor los intereses de las comunidades pobres.

Sin duda que la reforma a la Organización de las Naciones Unidas es imperativa para que pueda adecuarse a las nuevas realidades del mundo internacional, con la incorporación de numerosos Estados (de 51 en 1945 a 193 en 2015), la terminación de la guerra fría, el colapso de la Unión Soviética y la disolución de su bloque de Estados; la inestabilidad, conflictos y guerras internas en los antiguos países socialistas; el resurgimiento científico, tecnológico y económico de Japón, Alemania, China, India; la agudización de la confrontación norte-sur; el conflicto cultural, religioso y político entre el islamismo y los países occidentales; la mundialización de la preocupación por el medio ambiente, pobreza, migración, VIH/SIDA, desempleo, drogadicción, narcotráfico, brotes de racismo y xenofobia; crisis económicas recurrentes; asimetrías de la >globalización; creciente influencia política de las corporaciones transnacionales; terrorismo y otros males de naturaleza global.

En lo que fue un paso muy importante en el camino de someter al mundo a una cierta seguridad jurídica, a mediados de abril de 2002 las Naciones Unidas crearon la Corte Penal Internacional, con sede en La Haya, como instancia judicial permanente para juzgar a personas  —no Estados—  responsables de genocidios, delitos contra la humanidad, crímenes de guerra y violaciones graves de los derechos humanos en cualquier lugar del mundo. La Corte tiene diez y ocho jueces y un fiscal elegidos para un período de nueve años por la Asamblea de los Estados Partes. Este fue un proyecto largamente acariciado por los estadistas democráticos y por los organismos defensores de los derechos humanos. El anuncio fue hecho durante una conferencia de prensa en Roma, transmitida al mundo por internet, en que el Secretario General de la ONU Kofi Annan manifestó que con la creación de la CPI “se acaba de dar un golpe decisivo a la impunidad” y Hans Corell, consejero jurídico de la Organización Mundial, dijo que “se ha dado vuelta a una página de la historia de la humanidad”.

Para que la CPI pueda reclamar competencia es necesario a) que el crimen se haya cometido en el territorio de un Estado Parte; y b) que la persona acusada sea nacional de un Estado Parte. No obstante, un Estado que no es Parte de la Corte puede someterse voluntariamente a su jurisdicción para un caso concreto y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas puede remitir una situación a conocimiento de la Corte aunque no se den los presupuestos anteriores.

Los Estados miembros tienen la obligación de tipificar en su legislación penal los delitos previstos en el estatuto de la CPI y de derogar las disposiciones internas de orden sustantivo o procesal que puedan ser una traba para la actuación de la Corte.

Ella no reemplaza a tribunales y judicaturas de los Estados, que tienen prioridad en la investigación y sanción de los delitos dentro de su jurisdicción, sino que actuará complementariamente en caso de que un Estado no tenga la voluntad política o los medios para administrar justicia en un caso determinado.

No hay conflicto jurisdiccional entre la CPI y la Corte Internacional de Justicia de La Haya, competente para conocer los litigios entre los Estados. Y tampoco lo hay con la Corte Interamericana de los Derechos Humanos ni con la Corte Europea de Derechos Humanos, que avocan conocimiento de las violaciones estatales a las prerrogativas fundamentales del hombre, ni con los tribunales ad-hoc de la ex Yugoeslavia, Ruanda o Sierra Leona, cuya jurisdicción se limita a los casos ocurridos en estos Estados durante un período determinado.

El estatuto de creación del nuevo órgano internacional de justicia fue suscrito en Roma el 17 de julio de 1998 por 139 Estados y entró en vigencia el 1 de julio de 2002. Los Estados Unidos de América, Israel y Rusia, mirando con recelo la posibilidad de una justicia supranacional que podría politizarse, se abstuvieron de ratificar el instrumento de su creación. Veinticuatro días más tarde la CPI recibió la primera querella, formulada por la Autoridad Nacional Palestina (ANP) contra los responsables del bombardeo a la ciudad de Gaza en esos días que dejó quince muertos y una centena de heridos, como respuesta israelí a los recurrentes atentados terroristas de kamikazes islámicos contra objetivos civiles de Israel.

comunidades eclesiales de base (CEB)       Son pequeños grupos religiosos de signo católico formados en los barrios marginales de las ciudades y en las zonas campesinas pobres de América Latina, dedicados a la lectura de la Biblia, a la oración, a la ayuda pastoral a los pobres y en muchos casos también a la acción política. Integradas por quince a veinte personas  —entre sacerdotes, monjas y laicos—  estas comunidades surgieron en algunos países de América Latina, principalmente en Brasil, Perú, El Salvador, Nicaragua y Chile, a partir de los años 60 del siglo XX, en el curso de las dictaduras militares que ellos soportaron. La mayor parte de tales comunidades está fuertemente impregnada por la teología de la liberación y asumió roles de mucha importancia en la resistencia contra los gobiernos de facto y en la defensa de los derechos humanos.

La formación de las comunidades de base respondió originalmente a la necesidad de suplir la escasez de sacerdotes que sufría la Iglesia Católica en América Latina por la “falta de vocaciones” en la juventud. El clero progresista, angustiado por este problema, impulsó en los años 60 del siglo pasado la formación de estas organizaciones para que trabajaran pastoralmente en las zonas urbano-marginales y en las áreas rurales que aquél no podía atender debidamente. Esta fue su misión originaria. Pero después progresivamente fueron adentrándose en los problemas de las comunidades pobres, asumieron la defensa de sus intereses, promovieron protestas y movilizaciones en exigencia de los servicios básicos y terminaron por asumir un claro papel político junto a las fuerzas de izquierda.

El escenario principal de su acción fue el barrio periférico pobre en las ciudades y los caseríos y rancherías en el campo. Allí desarrollaron sus acciones en favor de los subproletarios, vendedores ambulantes, campesinos sin tierra, pueblos indígenas, estudiantes, grupos femeninos, gente pobre en general, y difundieron su pensamiento pastoral, que por cierto fue diferente del que la Iglesia Católica predicó por siglos en defensa del autoritarismo político y del <establishment económico y social.

Estas comunidades de base forman parte de la llamada Iglesia popular  —tan combatida por el Vaticano—  que es la que abrazó la opción por los pobres en Medellín, la que apoyó a los sandinistas en su lucha armada contra Somoza, la del obispo Óscar Arnulfo Romero asesinado por los escuadrones de la muerte en El Salvador, la que se opone al elitismo del >Opus Dei, la que combate las tesis del neoliberalismo, la que tantas veces ha sido llamada al orden por el papa Juan Pablo II. Las comunidades eclesiales se han convertido en el instrumento más importante de la acción política de la Iglesia popular. Por su penetración en la base social tienen gran eficacia, como lo han demostrado en diversos episodios políticos y electorales más o menos recientes. En la elección presidencial de 1989 en Brasil ellas tuvieron una desembozada y abierta intervención en favor del Partido de los Trabajadores acaudillado por Lula, al que contribuyeron a dar un masivo voto rural. Cuatro años antes en Perú apoyaron a la Izquierda Unida y cooperaron a la elección de Alfonso Barrantes como Alcalde de Lima. Ayudaron a los sandinistas en su guerra de guerrillas contra la dictadura de Somoza. En Colombia asesoraron al M-19 en materia de reformas constitucionales. Su vida política ha sido muy activa aunque con frecuencia han tratado de encubrir su participación. Es más evidente, en cambio, la intensa labor que ellas desarrollan en las movilizaciones por tierras, reforma agraria, vivienda, luz, agua potable, transporte público, servicios básicos, salud, educación, calles, carreteras y demás demandas populares. Para conseguir sus fines promueven huelgas, paros, movilización de vecinos, demostraciones de protesta y actos similares.

La posición tomada por el clero alineado en las comunidades eclesiales ha producido un grave desgarramiento en los cuadros jerárquicos de la Iglesia, que no puede disimular la durísima lucha interna entre dos concepciones del mundo y de la vida totalmente diferentes. Por eso el papa fue muy crítico contra las comunidades eclesiales durante su visita a México en mayo de 1990. A ellas se refirió con la misma dureza con que lo hizo con la teología de la liberación y con el crecimiento de las “sectas protestantes” en América Latina.

El fundador del movimiento católico ultraderechista denominado >Tradición, Familia y Propiedad, el político y escritor brasileño Plinio Corrêa de Oliveira (1908-1995), en su libro “As CEBs…das quais muito se fala, pouco se conhece – a TFP as descreve como sao” (escrito conjuntamente con los hermanos Gustavo Antonio y Luis Sergio Solimeo), afirma que “as CEBs sao o instrumento da esquerda católica para semear o descontentamento na populacao (especialmente entre os trabalhadores manuais), transformar em seguida o descontentamento em agitacao e, através de essa agitacao, impor aos poderes públicos a tríplice reforma: agrária, urbana e empresarial”.

En ningún país estas organizaciones alcanzaron tanto desarrollo e influencia como en Brasil. 80.000 de ellas se implantaron a lo largo de su territorio y en algunos momentos críticos de los gobiernos dictatoriales, en que se habían cerrado todos los canales de comunicación, ellas se convirtieron en las únicas voces de protesta de las capas pobres por la falta de libertad y por la desatención económica. En el cinturón industrial de Sao Paulo las comunidades eclesiales juntamente con la Confederacao Nacional dos Bispos Brasileiros (CNBB) impulsaron a partir de 1978 la formación del nuevo movimiento obrero, al que le abrieron espacio en los barrios periféricos.

Las comunidades eclesiales de base (CEB) se han convertido en uno de los instrumentos más importantes de la difusión de los principios de la >teología de la liberación pero también en un medio de participación de los sectores progresistas del clero en el proceso político. Brasil es sin duda un claro ejemplo demostrativo del grado de politización al que llegaron algunas de estas comunidades.

comunismo      Con antecedentes históricos que se pierden en Platón (828-347 a. C.) y en las originales ideas cristianas, esta palabra designa, desde hace mucho tiempo, una forma utópica de organización social futura en la cual la propiedad privada será remplazada por la comunidad de bienes y de trabajo, según lo propuso François-Nöel Babeuf a finales del siglo XVIII en Francia. En ella desaparecerá toda forma de dominación política y explotación económica. El término comunismo surgió como una esperanza de redención en el seno de las sociedades secretas de Francia después de 1830, en las que lo introdujo Filippo Buonarroti como un ideal revolucionario, y en el primer movimiento obrero alemán alrededor del año 1840.

De las sociedades clandestinas francesas tomó la idea y la palabra el activista socialista francés Louis-Auguste Blanqui (1805-1881) y las convirtió en bandera de sus sueños revolucionarios. Pocos años después apareció en el >Manifiesto Comunista que, por encargo del 2º Congreso de la Liga de los Comunistas, redactaron Carlos Marx y Federico Engels en 1848. El filósofo socialista galo Étienne Cabet (1788-1856) solía llamarse a sí mismo comunista pero, a diferencia de Babeuf y de Blanqui, postulaba un comunismo no violento. En su novela utopista «Viaje a Icaria» (1840) vislumbró una sociedad futura llena de fraternidad y de igualdad  —con enseñanza gratuita, comedores públicos, ocupación del ocio—  que, cuando ocho años después quiso transferirla a la práctica en la colonia Nauvoo de Illinois en Estados Unidos, fracasó irremisiblemente. El artesano alemán exiliado en París, Wilhelm Weitling (1808-1871), intentó también establecer un régimen de convivencia social que prescindiera del dinero, de la propiedad privada y del gobierno, pero tampoco tuvo éxito. El socialista alemán Moses Hess (1812-1875) fue el primero en intentar conferir una fundamentación filosófica al comunismo y sus ideas tuvieron una notable influencia en las de Engels.

Bajo la inspiración de los socialistas románticos franceses y de la filosofía de Baruch Spinoza, Paul Henri Holbach, Georg Wilhelm Friedrich Hegel y Ludwig Feuerbach, y con el aporte de la economía política inglesa de Adam Smith y David Ricardo, fue con Carlos Marx que la fundamentación filosófica del comunismo llegó a su nivel más alto. En el primer tomo de «El Capital» (1867) perfiló su idea comunista en la formación de “una liga de hombres libres que trabajan con medios de producción comunitarios y aplican sus múltiples fuerzas de trabajo individuales conscientemente como una fuerza de trabajo comunitaria”.

Sustentándose en las ideas de Marx, Engels y Lenin, Joseph Stalin explicó en 1927 la “anatomía” de la futura sociedad comunista en los siguientes términos:

          “Será una sociedad en la que: a) no habrá ninguna propiedad privada de los instrumentos y medios de producción sino propiedad únicamente comunitaria y colectiva; b) no habrá clases ni poder estatal sino productores de la industria y de la agricultura, que se autoadministrarán económicamente como una libre asociación de trabajadores; c) la economía del pueblo, organizada según un plan, se basará en la técnica más desarrollada tanto en la industria como en la agricultura; d) no habrá ninguna oposición entre ciudad y campo, entre industria y agricultura, e) los productos serán distribuidos según los principios de los antiguos comunistas franceses: cada uno, según sus capacidades; a cada uno, según sus necesidades; f) la ciencia y el arte se desarrollarán en unas condiciones tan favorables, que llegarán a un florecimiento pleno; g) la personalidad, liberada de las preocupaciones por el trozo de pan y de la necesidad de adaptarse a los poderosos de este mundo, será realmente libre”.

          Stalin aclaró, por supuesto, que “todavía nos encontramos muy lejos de una sociedad semejante”.

El comunismo es la última etapa del proceso de socialización marxista, en la que el modo de producción económica será la asociación libre y voluntaria de productores, en el marco de una sociedad sin clases y sin Estado. Marx y Engels, que fueron tan precisos en el diagnóstico del sistema capitalista no tuvieron la misma precisión para diseñar la sociedad de futuro. Expresaron que, como fruto de la revolución y de la supresión de la propiedad privada sobre los medios de producción y de la desaparición de las clases sociales, advendrá la primera etapa de la nueva sociedad, pero que ésta, acabada de nacer de la sociedad capitalista, llevará todavía los estigmas de la vieja sociedad de cuyo seno ha surgido. El Estado, dirigido por la clase obrera, será todavía necesario para crear las condiciones infraestructurales de la nueva sociedad. Sólo después vendrá el comunismo como etapa final de este proceso de transformación. Allí no habrá Estado ni clases sociales. Se planificará la producción exclusivamente para el uso y consumo de la población y se establecerá, como método de distribución, el conocido lema de Marx: de cada uno según su capacidad y a cada uno según su necesidad. Lo cual significa que en la sociedad comunista desaparecerán las mercancías, es decir, los bienes destinados primariamente para el intercambio y para la especulación comercial y que, además, cada miembro de la sociedad entregará lo que sea capaz de producir y recibirá, en cambio, todo lo que requiera para satisfacer sus necesidades. Esta es la última etapa del proceso de transformación marxista: llamada comunismo.

En ella se producirá la socialización total de la producción y del consumo y la plena comunidad de bienes y de trabajo  —la communauté des biens et des travaux es el véritable objet et la perfection de l’état social, decía el soñador François-Noël Babeuf (1760-1797) cuando abogaba por la supresión de la sucesión intestada y del comercio privado—  en el marco de una nueva forma de sociedad que ya no estará regida por el Estado, puesto que éste, habiendo nacido en el momento en que la sociedad se escindió en clases contendientes para servir los intereses económicos y políticos de la clase dominante y mantener a raya a las clases dominadas, será absolutamente innecesario y desaparecerá en el nuevo orden social.

Durante mucho tiempo los ideólogos marxistas denominaron a su doctrina indistintamente socialismo o comunismo. Marx y Engels no establecieron diferencia alguna entre ellos. En su discurso de fundamentación del «Programa de Gotha» (1875) el político socialista alemán Wilhelm Liebknecht (1826-1900) expresó que “entre comunismo y socialismo (…), según la concepción moderna, ya no hay ninguna oposición, ni siquiera diferencia”.

Fue posteriormente que estas palabras empezaron a designar realidades ideológicas distintas.

Lenin puso mucho empeño en utilizar la palabra comunismo para alejarse de la política reformista instrumentada por los socialistas de los países europeos occidentales. En 1915 bautizó con el nombre de «Comunista» a la revista que publicaba en Ginebra junto con Bucharin y Pjatakov. Y en abril de 1917 propuso el cambio de nombre del Partido Obrero Socialdemócrata Ruso por el de Partido Comunista Ruso, cosa que se hizo en el VII Congreso del partido de 6 al 8 de marzo de 1918. Lenin tenía interés en interponer distancias ideológicas y políticas con los partidos socialdemócratas europeos y dejar en claro que no anhelaba ir hacia una democracia de corte parlamentario sino hacia el “despliegue de la sociedad socialista, es decir, hacia el comunismo”, en el que rigiera el principio distributivo de cada uno según sus capacidades y a cada uno según sus necesidades.

En inglés hay la palabra “communitarianism”, acuñada a mediados del siglo XIX  —que carece de traducción al castellano—,  para designar la filosofía que privilegia lo social y lo colectivo sobre lo individual en contraste con las filosofías del >liberalismo y del >neoliberalismo, que son esencialmente individualistas.

Por supuesto que en la amplia tendencia a privilegiar “lo social” sobre “lo individual” caben muchos matices. Los tempranos impulsores de la tendencia  —entre ellos el sociólogo alemán Ferdinand Tönnies (1855-1936) y el sociólogo estadounidense Robert Nisbet (1913-1996)—  acentuaron el sometimiento de los intereses individuales bajo las conveniencias sociales. Hay ciertas diferencias en el tema de la acción social frente al respeto a los derechos individuales de las personas. Los impulsores de esta doctrina sostienen que deben promoverse los intereses comunitarios pero sin afectar la libertad. Esa fue la orientación que siguieron en los años 80 del siglo XX Robert Bellah, Michael Sandel y Charles Taylor  —quienes fueron terriblemente críticos del ultraliberalismo del presidente Ronald Reagan de Estados Unidos y de la primera ministra Margaret Thatcher del Reino Unido—  y en los años 90 el profesor de Sociología de la Universidad de California Philip Selznick, el catedrático alemán Amitai Etzioni, el político liberal británico William Galtston y varios otros influyentes pensadores communitarians. El problema que todos ellos se han planteado es el de las relaciones de la promoción de lo social y el trabajo comunitario con la intangibilidad de los derechos humanos.

Dentro de su línea filosófico-política ellos han propuesto en Estados Unidos la sustitución del sistema económico neoclásico por uno en que las personas busquen su personal interés sin descuidar sus responsabilidades sociales y sin olvidar que los actores de la economía forman parte de la trama comunitaria. Favorecen una educación rica en valores de solidaridad social, que combata el individualismo; propugnan la igualdad de derechos y deberes de los hombres y las mujeres dentro del matrimonio y se oponen a la indoctrinación religiosa en los colegios y escuelas.

El communitarialism se presenta como una muy tenue disensión política dentro del <capitalismo.

concertación       Concertar  —del latín concertare—  es pactar, concordar, convenir, ajustar o componer las partes de una cosa. Por extensión se habla de concertar cuando los gobiernos, los partidos políticos, los grupos gremiales, los movimientos sociales o cualesquier otros actores de la vida pública llegan a acuerdos básicos para componer una situación nacional y para generar condiciones de gobernabilidad.

Se pueden hacer concertaciones en el gobierno y fuera del gobierno. Las concertaciones en el gobierno se hacen para superar una contingencia nacional o coparticipar en una gestión gubernativa partidos de diferente y hasta adverso signo político con el propósito de superar circunstancias difíciles o graves de orden interno o internacional. Los gobiernos de concertación, llamados también de unidad nacional o de coalición, suelen surgir frente a problemas cuya solución demanda la disminución de la confrontación ideológica y política para dar paso al acuerdo de los sectores beligerantes en un plan de acción mínimo para superar la situación. Las concertaciones fuera del gobierno buscan sumar fuerzas para adelantar un proyecto o llevar de mancomún las acciones de oposición a un régimen, a una tesis, a un proyecto, a un programa o a determinadas medidas que un gobierno se proponga tomar o las haya tomado.

La concertación puede versar sobre materias políticas, económicas o sociales. Son frecuentes los acuerdos de >gobernabilidad o los pactos sociales en torno a la política de empleo y al manejo de la cuestión laboral. Estos pactos generalmente son tripartitos: en ellos participan gobierno, trabajadores y empresarios.

Son numerosos los casos de concertación política en la historia reciente. Uno de los emblemáticos fue el español, celebrado el 17 de agosto de 1930 tras la caída del dictador general Miguel Primo de Rivera a comienzos de ese año, en que se reunieron en la ciudad de San Sebastián los representantes de las fuerzas republicanas  —Manuel Azaña, Alejandro Lerroux, Marcelino Domingo, Álvaro de Albornoz, Ángel Galarza, Miguel Maura, Niceto Alcalá Zamora, Santiago Casares Quiroga, Manuel Carrasco Formiguera, Matías Mallol y Jaime Aiguadé—  para concertar los esfuerzos y las acciones de los diversos partidos y movimientos republicanos nacionales y regionales a fin de combatir a la monarquía de Alfonso XIII, proclamar la república como forma de gobierno y reconocer las demandas autonómicas regionales. A la reunión también asistieron, a título personal, los socialistas Indalecio Prieto, Fernando de los Ríos, Felipe Sánchez Román y Eduardo Ortega y Gasset.

Meses antes se había producido el acuerdo entre la Alianza Republicana, encabezada por Manuel Azaña, y el Partido Republicano Radical Socialista, liderado por Marcelino Domingo. Fue en esas circunstancias que se celebró el llamado Pacto de San Sebastián para buscar la terminación del régimen monárquico. Como parte de la concertación se instituyó un Comité Ejecutivo Revolucionario, presidido por Niceto Alcalá Zamora y del que formaron parte Alejandro Lerroux, Indalecio Prieto y Diego Martínez Barrio, cuyo cometido principal fue ampliar el movimiento hacia las fuerzas socialistas y anarcosindicalistas y hacia los sectores antimonárquicos del ejército español. Los grupos de la concertación ganaron las elecciones municipales del 12 de abril de 1931, el rey abandonó el país para evitar la lucha civil y dos días después se proclamó la II República.

Años más tarde, en el curso de la transición democrática que se inició en España a raíz de la muerte de Francisco Franco y del fin de su larga dictadura (1939-1975), se dio un nuevo proceso de concertación en el que participaron las principales fuerzas políticas y sindicales.

Este período duró entre el 20 de noviembre de 1975, fecha de la muerte del dictador, y el 28 de octubre de 1982, en que el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) alcanzó su gran victoria electoral.

Desde noviembre de 1975 en que inició su reinado como jefe del Estado y sucesor de Franco, Juan Carlos I estableció contactos con los líderes políticos españoles con el propósito de preparar la concertación para que España pudiese pasar sin traumas ni rupturas de la dictadura a la democracia. La alta jerarquía de la Iglesia, tan fuerte e influyente durante todo el período franquista, abandonó el nacionalcatolicismo que había adoptado en concordancia con el nacionalsindicalismo de la dictadura falangista y se inclinó también hacia la democracia.

El rey designó a Adolfo Suárez para conducir la transición. Expidió la Ley para la Reforma Política, que la izquierda rechazó por insuficiente, en virtud de la cual se abrió la libertad política y sindical. Los partidos fueron reconocidos y legalizados, incluso el Partido Comunista (PCE) de Santiago Carrillo en 1977.

En octubre de 1977 se firmaron los denominados “pactos de la Moncloa” que formalizaron la concertación entre las principales fuerzas políticas y laborales para aprobar una Constitución y poner en marcha un programa de democratización de España. En la concertación participaron también los nacionalistas de la catalana Convergència i Unió (CiU), liderada por Jordi Pujol, y el Partido Nacionalista Vasco (PNV), aunque éste se negó a intervenir en la comisión redactora de la nueva Constitución. El 6 de diciembre de 1978 un referéndum aprobó el estatuto democrático que había sido objeto de consenso entre todas las fuerzas políticas. Fue una Constitución moderada y ecléctica que concilió la economía de libre mercado con una cierta planificación estatal y que buscó un equilibrio entre la unidad nacional y las demandas autonómicas de las diversas regiones de España.

La concertación incluyó acuerdos económicos entre el gobierno, los sindicatos y los empresarios para combatir la inflación, el desempleo y todos los demás desajustes económicos y sociales heredados del franquismo. Los sindicatos hicieron renunciamientos a sus legítimas aspiraciones para facilitar la reestructuración industrial en los sectores menos competitivos.

El período de transición, que se abrió con la muerte de Franco, terminó con el triunfo electoral del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) el 28 de octubre de 1982.

En el libro «El futuro no es lo que era» (2001), que recordando la frase de Paul Valéry (1871-1945)  —»el problema de nuestros tiempos es que el futuro ya no es lo que era»— recoge los diálogos mantenidos entre Felipe González y Juan Luis Cebrián sobre la transición española, la sociedad digital, la globalización, el nuevo concepto de la solidaridad y otros temas, el líder socialista rememora, un cuarto de siglo después de los acontecimientos, que “el consenso en la transición era la búsqueda de una especie de territorio compartido, que no nos obligaba a renunciar a nada, pero trataba de comprender cuál era la verdad del otro para superar la política del rencor”. Y recuerda que esa concertación “abarcó un amplio espectro de fuerzas políticas pero no a la totalidad: lo rechazaron la extrema derecha y la extrema izquierda”.

Después de cerca de 39 años de reinado, el monarca español Juan Carlos I abdicó el trono  —y, con él, la jefatura del Estado—  en favor de su hijo Felipe —Felipe VI— el 2 de junio del 2014.

En Colombia el llamado pacto nacional coligó en 1957 a sus dos principales partidos políticos: el conservador y el liberal. Esa concertación se conoció también con el nombre de pacto de Sitges, por la pequeña ciudad costanera de Cataluña donde fue suscrito por los expresidentes Laureano Gómez y Alberto Lleras Camargo, que fue ratificado después por el acuerdo de Benidorm, provincia de Alicante, en España. El propósito de la concertación entre partidos separados por un mar de sangre desde el <bogotazo de 1948 fue conjurar la violencia que tan dolorosamente estremecía a Colombia, afirmar el sistema democrático sobre bases más firmes, instituir el bipartidismo liberal-conservador y asegurar la gobernabilidad.

En virtud de ella los dos partidos se comprometieron a alternarse en el poder por 16 años, con gabinetes ministeriales compartidos y paridad en la administración pública, compromiso que se consagró y oficializó en una enmienda constitucional aprobada por >referéndum el 1º de diciembre de 1957.

De acuerdo con lo estipulado, con el apoyo de los dos grandes partidos fue elegido presidente en 1958 con el 80% de los votos el doctor Alberto Lleras Camargo, líder liberal, quien en 1962 fue sustituido por el conservador Guillermo León Valencia, que al final de su mandato entregó el poder al liberal Carlos Lleras Restrepo. Después, dentro del esquema de la concertación  —que duró desde 1958 hasta 1974—,  advino el presidente conservador Misael Pastrana Borrero, con cuyo ejercicio terminó la concertada alternación y se abrió el libre juego político de los partidos.

El proceso de concertación de Colombia tuvo como antecedentes el manifiesto de Benidorm en 1956 por el que se creó el Frente Nacional, el pacto de marzo en 1957 para oponerse a la continuación del gobierno militar del general Gustavo Rojas Pinilla y el pacto de Bogotá en el mismo año, que sentó las bases de la alianza entre ambos partidos.

En Italia, por iniciativa de Enrico Berlinguer, jefe del partido comunista, se concluyó en 1973 il compromesso storico que juntó en el gobierno a las dos principales fuerzas políticas italianas: el Partido Demócrata Cristiano y el Partido Comunista. La propuesta de concertación provino del Secretario General del PCI, quien la planteó como “un nuevo gran compromiso histórico entre las fuerzas que recogen y representan la gran mayoría del pueblo italiano”. Su propósito en realidad fue legitimar la presencia de su partido  —que en ese momento era el partido comunista más poderoso de Occidente—  en la política italiana y demostrar que estaba en capacidad no solamente de enrolarse en las normas democráticas sino de ganar el poder electoralmente y de gobernar Italia.

La concertación duró hasta enero de 1979, en que los comunistas, divididos internamente por la falta de consenso sobre ese pacto y golpeados por los ataques de otros flancos de la izquierda ante un experimento de gobierno magro en términos de políticas públicas, decidió abandonarla.

A finales de los años 80 se formó en Chile la Concertación de Partidos por la Democracia, integrada por el partido demócrata cristiano, el partido socialista, el partido por la democracia y el partido radical socialdemócrata para presionar por el fin de la dictadura del general Augusto Pinochet que comenzó el 11 de septiembre de 1973 con el golpe militar que derrocó y produjo el suicidio del presidente Salvador Allende.

Durante la dictadura de Pinochet se prohibió toda actividad política, los partidos fueron proscritos, se suprimió la libertad de expresión y se desató la >guerra sucia contra los opositores reales o presuntos del régimen. En octubre de 1988 el dictador, engañado por las encuestas, convocó un >plebiscito con la intención de quedarse en el poder hasta 1997, pero fue grande su sorpresa cuando alrededor del 55% de los chilenos se pronunció por que se fuera.

Según documentos secretos desclasificados, que fueron divulgados el 24 de febrero del 2013 por la Universidad George Washington, el autócrata chileno intentó anular la consulta popular y promover acciones de violencia al percibir que los resultados le eran negativos. Pero no pudo hacerlo por la oposición de su propa junta militar y de buena parte de los mandos castrenses. De modo que se vio obligado a reconocer el triunfo del «no», que ponía fin a su oprobiosa dictadura el 11 de marzo de 1990. No le valió  —testifican los documentos desclasificados—  «su insistencia a la junta militar de que le diera poderes extraordinarios para hacer frente a la crisis por la derrota» en la misma noche de la consulta. Además, según dicen los documentos, fueron el presidente Ronald Reagan de Estados Unidos y la primera ministra Margaret Thatcher de Inglaterra los primeros en advertirle que no lo hiciera.

En diciembre de 1989 se realizó la elección presidencial y en ella triunfaron los partidos de la concertación con el candidato demócrata cristiano Patricio Aylwin, quien se posesionó de su cargo en marzo de 1990 y dio inicio al proceso de transición democrática.

En los comicios de 1993 volvió a triunfar la concertación con el candidato demócrata cristiano Eduardo Frei Ruiz-Tagle, hijo del expresidente Eduardo Frei Montalva.

El tercer candidato de la concertación fue el líder socialista Ricardo Lagos, quien después de vencer en las >elecciones primarias el 30 de mayo de 1999 a su contendor demócrata cristiano Andrés Zaldívar, triunfó en las elecciones nacionales del 16 de enero del 2000 sobre el ultraconservador Joaquín Lavín, representante de la coalición de fuerzas de la Derecha. Y la cuarta candidata de la concertación fue Michelle Bachelet, quien retornó al poder por un segundo período tras vencer en las elecciones presidenciales del 17 de noviembre del 2013.

Para hacer frente a la >intifada de los palestinos el líder del ultraconservador Likud y primer ministro israelí Ariel Sharon, amplio ganador de las elecciones de febrero del 2001, formó un gobierno de concertación de amplio espectro en cuyo gabinete, compuesto de 26 ministros y 12 viceministros, tuvieron asiento desde hombres de izquierda hasta de extrema derecha: miembros del Likud, laboristas, nacionalistas y representantes de ocho partidos, que dieron una cómoda mayoría parlamentaria al gobernante. La coalición controló más de 70 de los 120 escaños de la Kneset. El veterano estadista y líder del Partido Laborista Shimon Peres asumió el ministerio de asuntos exteriores. Fue la contingencia política causada por la violenta reacción palestina en los territorios de Cisjordania y Gaza la que impulsó este entendimiento, no fácil de alcanzar en Israel.

Durante el proceso de búsqueda de la paz que lideraron el entonces primer ministro israelí Ehud Barak y el jefe de la Organización para la Liberación de Palestina (OLP) Yasser Arafat no pudieron desvanecerse las discrepancias entre israelíes y palestinos en torno al estatus de Jerusalén  —ciudad en la que árabes y judíos han ido a orar, a llorar y a soñar—;  a la suerte de más de un millón de palestinos desplazados por las guerras de 1948 y 1967, que viven principalmente en los campamentos de refugiados de Neirab en Siria y de Talbieh en Jordania en las más precarias condiciones; al dominio y control sobre las fuentes acuíferas vitales para el desarrollo de la región, dado que aproximadamente la tercera parte del agua que utiliza Israel proviene de las capas freáticas de Cisjordania y de Gaza; y a la devolución por Israel de los territorios conquistados militarmente en 1967. Estas discrepancias fueron el origen de la ola de violencia promovida por los palestinos en ese sector del Oriente Medio.

Para afrontar la aguda crisis que estalló en noviembre del 2000, Sharon formó un gobierno de “unidad nacional” e invitó a integrarlo a sus adversarios políticos.