En la actualidad hay una creciente preocupación por el peligro de terrorismo nuclear en el mundo. Muchos países poseen armas de esta naturaleza y eso abre la posibilidad de que puedan ir a parar a manos terroristas. No es muy difícil adquirir un cohete nuclear SS-18 del arsenal dejado por la Unión Soviética. El contrabando de plutonio y de otros materiales de la industria nuclear entraña también el peligro de proliferación de armas atómicas, ya sea en poder de Estados, ya en poder de organizaciones terroristas internacionales. Las <mafias rusas, formadas a raíz de la disolución de la Unión Soviética, están en capacidad de trasladar material nuclear a cualquier parte del mundo. Durante los últimos años, los traficantes rusos han ofrecido en venta no sólo isótopos radiactivos sino incluso ojivas nucleares. El Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) ha tomado cartas en el asunto. Trata de crear un banco de datos para almacenar toda la información disponible acerca del material nuclear confiscado. Este organismo fue creado en 1957, con sede en Viena, y está integrado por 144 Estados. Sus principales objetivos son los de fomentar el uso de la energía nuclear con fines pacíficos, controlar el cumplimiento del tratado de no proliferación de armas nucleares y velar por que los materiales fisionables no sean utilizados con fines militares. Para ello cuenta con más de doscientos expertos de sesenta países, encargados de inspeccionar alrededor de mil centrales nucleares instaladas en diversos lugares del mundo. Este organismo tiene también a su cargo la misión de evitar que se produzcan “desvíos” de materiales nucleares que sirven para la fabricación de armas atómicas.
El atentado con explosivos ejecutado por cuatro fundamentalistas islámicos en las torres gemelas del World Trade Center de Nueva York, el 26 de febrero de 1993, puso en evidencia la vulnerabilidad de Estados Unidos de América y ha aumentado la preocupación de que los adelantos tecnológicos —nuevos y eficaces explosivos, detonadores a control remoto y otros artefactos— puedan ayudar a los terroristas en sus actos criminales, sin descartar incluso la posibilidad futura de un terrorismo nuclear. Se han activado, por eso, los detectives nucleares a cargo del equipo de búsqueda de emergencia nuclear norteamericano, que fue creado hace más de veinte años para prevenir el terrorismo atómico. En junio de 1994, la Central Intelligence Agency (CIA) alertó al Congreso de Estados Unidos que las mafias rusas, que desde la disolución de la Unión Soviética se han convertido en una amenaza internacional, están en capacidad de adquirir y vender elementos para la fabricación de explosivos nucleares, lo cual constituye un serio peligro de terrorismo atómico internacional. El propio Presidente norteamericano, Bill Clinton, en el discurso pronunciado ante el 49º período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas el 26 de septiembre de 1994, afirmó que “Estados Unidos y Rusia reconocen también que debemos cooperar para controlar el peligro incipiente de los terroristas que trafican en materiales nucleares. Para resguardar los materiales nucleares en su fuente, hemos acordado con Rusia interrumpir para el año 2000 la producción de plutonio, construir una instalación de almacenamiento para materiales fisionables, comprar las reservas de combustible que pueda ser convertido en armas y combatir a los criminales que tratan de contrabandear materiales para preparar explosivos nucleares”.
Sin embargo, el contrabando de materiales atómicos se incrementó notablemente durante el año 1994. Según informó a principios de 1995 el semanario “Spiegel” de Alemania, citando como fuente un informe enviado por el servicio alemán de espionaje (BND) al canciller federal Helmut Kohl, en ese año se habían registrado 124 casos de contrabando internacional de sustancias nucleares (frente a 53 en 1993), de los cuales cinco fueron de materiales que servían para construir directamente armas atómicas. La conclusión a la que llegó la revista fue que en Rusia existen “cada vez más oficiales corruptos de la flota del mar del Norte que se apoderan de materias nucleares de los submarinos atómicos para venderlos a varios países del Tercer Mundo”.
La revista "The Economist" de agosto 20 de 1994 trajo un artículo muy preocupante bajo el título de "The plutonium racket". Dijo que la policía de Munich arrestó el día 10 de ese mes en el aeropuerto a un ciudadano colombiano y a dos españoles que llegaban de Moscú con cuatro kilos de plutonio —una bomba atómica puede fabricarse con 15 kilos de uranio y 5 kilos de plutonio— y que en el mismo vuelo vino “coincidentemente” Viktor Sidorenko, ministro de energía atómica de Rusia. Tres meses antes se habían encontrado seis gramos de plutonio super-grade en un garaje de una ciudad alemana y poco tiempo después fue capturado un ciudadano germano que vendía plutonio en la ciudad de Bremen. Éste era el cuarto episodio de esta clase en tres meses. Lo cual llevó a la revista a concluir que “todo hace ver que Rusia ha perdido el control sobre sus arsenales nucleares”.
Estos asuntos crearon tensión por esos días entre los gobiernos de Alemania Federal y de Rusia. El gobierno alemán acusó al ruso de manejar deficientemente sus materiales nucleares, pero Rusia replicó que ningún insumo militar de este tipo se le ha perdido.
La realidad, sin embargo, es muy preocupante. Está dentro de lo posible que cualquiera de los muchos científicos nucleares rusos, mal pagados o desocupados, pueda ponerse al servicio de gobernantes violentos o de terroristas. Más aun: el riesgo de la diseminación del armamento nuclear puede provenir del propio gobierno ruso al juzgar por lo que relató Alvin Toffler en su entrevista a un diario argentino a fines de 1999: en una reunión en Moscú el ministro de energía atómica ruso le había dicho: “ustedes, los estadounidenses, nos han prometido mucho dinero y no ha llegado nada; por lo tanto, podemos vender nuestros armamentos a quien se nos antoje”.
El jefe de la seguridad nuclear rusa, Yuri Vichnievski, reconoció públicamente ante la prensa internacional el 14 de noviembre del 2002 que durante los diez años anteriores habían desaparecido en su país diversos materiales nucleares, entre ellos varios kilogramos de uranio enriquecido.
Entre el 1 de enero de 1993 y finales de diciembre del 2003 el OIEA registró 182 casos confirmados de contrabando de material nuclear y 358 casos de otros materiales radiactivos. De los 182 casos, 18 fueron de plutonio o de uranio altamente enriquecidos, aptos para la fabricación de armas nucleares, aunque en cantidades demasiado pequeñas para alcanzar este objetivo. Lo cual, sin embargo, no resulta tranquilizante ni mucho menos porque no deja de indicar deficiencias de control y falta de seguridad en el manejo y custodia de estos materiales por parte de los Estados que los poseen.
Otra información que contribuyó a incrementar la preocupación respecto del terrorismo atómico fue la que resultó de la investigación que la policía nipona hizo a la secta neobudista japonesa denominada Aum Shinrikyo (Verdad Suprema), acusada de haber perpetrado el atentado con el letal gas sarín en el metro de Tokio el 20 de marzo de 1995, que causó la muerte por intoxicación de muchas personas. La policía encontró que este grupo fanático, bajo la conducción de su líder espiritual Shoko Asahara, no solamente que poseía un sofisticado laboratorio químico en el pueblo de Ksmikuishiki, cuyos equipos, al decir de la policía, “no tendrían nada que envidiar a los laboratorios más avanzados de una buena universidad japonesa”, sino que tenía en su poder estudios avanzados para producir uranio enriquecido 235 con la presumible intención de fabricar armas nucleares.
El 8 de mayo del 2002 agentes estadounidenses detuvieron en el aeropuerto de Chicago a Abdullah Al Mujahir —cuyo verdadero nombre es José Padilla—, procedente de Pakistán, como presunto “operario” de la red terrorista islámica al Qaeda, quien planeaba construir y detonar una bomba “sucia” radiactiva en Estados Unidos. Se denomina “bomba sucia”, en el argot de las agencias de espionaje, a un explosivo convencional al que se le incorpora material radiactivo.
El científico Abdul Qadir Jan, director del programa nuclear pakistaní entre 1976 y 2001 —y uno de los artífices del diseño y fabricación de la primera bomba atómica islámica—, admitió en 2004 haber transferido ilegalmente tecnología nuclear a Corea del Norte, Irán y Libia.
Los inspectores del OIEA descubrieron en 2004 una sofisticada red internacional de contrabando de materiales y tecnología nucleares con ramificaciones en muchos lugares del mundo, incluídos países europeos. Empresas fantasmas de Europa adquieren los componentes y la tecnología de la industria nuclear y los transfieren a otros países. Este amplio mercado negro de sustancias nucleares mueve cantidades impresionantes de dinero anualmente. Los materiales que más frecuentemente se trafican son: litio 6, plutonio, uranio, berilio, cesio 137, cobalto 60 y circonio.
Durante mucho tiempo la posibilidad de que un Estado musulmán hostil pudiera adquirir o fabricar bombas atómicas y desatar el caos en el Oriente Medio y más allá ha sido una pesadilla para Occidente. Esa pesadilla se hizo realidad en septiembre del 2002 cuando los servicios de inteligencia norteamericanos detectaron que Irán, tras dos décadas de actividades nucleares ocultas, poseía la tecnología y los recursos necesarios para fabricar bombas atómicas y ojivas nucleares en un plazo más o menos cercano, a pesar de que el gobierno de Teherán respondió que sus operaciones de enriquecimiento de uranio tenían solamente la finalidad de generar electricidad. El canciller alemán Gerhard Schröder calificó por entonces de “sumamente alarmantes” las actividades nucleares iraníes. Pero cuatro años más tarde, el nuevo presidente iraní, Mahmud Ahmadinejad —un oscuro y exaltado fundamentalista islámico—, anunció la reiniciación de su programa nuclear, que había sido paralizado años atrás por mandato de las Naciones Unidas.
Fueron reactivados los laboratorios e instalaciones nucleares de Kalaye, Lavizan, Natanz, Arak, Esfahan y Bushehr, en los que se procesaba y almacenaba uranio enriquecido. En abril del 2006 Ahmadinejad anunció que, bajo la bendición de Alá, sus técnicos lograron “un primer éxito” en el enriquecimiento de uranio en la planta de Natanz. Lo cual entrañaba un desacato al Consejo de Seguridad que dos semanas antes había conminado a Irán para que cesara tales actividades. Como era lógico, esto produjo una onda de alarma y preocupación en Estados Unidos, la Unión Europea, Rusia, China, India, Israel y otros países, que no estaban dispuestos a aceptar que un Estado políticamente tan inestable y regido por el integrismo islámico construyera armas atómicas.
Pero no solamente es el peligro de terrorismo atómico sino también de alguna forma de terrorismo químico y bacteriológico. Me refiero a la posibilidad de que se introduzcan y descarguen en un país armas de este tipo —que son armas de destrucción en masa— procedentes de arsenales secretos. La diseminación de gases asfixiantes o tóxicos o de sustancias que contengan bacterias mortales, como las esporas de ántrax, puede ser letal para la población. Unos pocos gramos del gas licuado VX son suficientes para matar millones de personas. Y este es un gas que se mantiene activo por mucho tiempo. En febrero de 1998 la policía y el FBI de la ciudad norteamericana de Las Vegas detuvieron a dos microbiólogos en cuyo poder encontraron una toxina que sirve para la fabricación del ántrax. Uno de ellos confesó ser miembro de la organización de ultraderecha denominada Naciones Arias, que sostiene la superioridad de la raza blanca. Había sido detenido tres años antes por la posesión de bacterias de la bubónica. Y aunque las investigaciones se han mantenido en el más absoluto secreto, existen presunciones de que los dos microbiólogos norteamericanos estaban trabajando en la fabricación de alguna arma bacteriológica para utilizarla en el subway de Nueva York, según se desprende de los comentarios de quienes se movían en el círculo de ellos.
Las Naciones Unidas, muy preocupadas por la posibilidad de un terrorismo nuclear, químico o biológico, aprobaron el 28 de abril de 2004 por órgano del Consejo de Seguridad la Resolución 1540, en la que afirmaron que “la proliferación de las armas nucleares, químicas y biológicas, así como sus sistemas vectores, constituye una amenaza a la paz y la seguridad internacionales”. Son sistemas vectores, en el lenguaje de la Organización Mundial, los “misiles, cohetes y otros sistemas no tripulados capaces de transportar armas nucleares, químicas o biológicas, diseñados especialmente para ese fin”. Consideran que hay un alto riesgo de que “agentes no estatales” —o sea “personas físicas o entidades que no actúan bajo la autoridad legítima de un Estado en la ejecución de actividades comprendidas en el ámbito de la presente resolución”— puedan adquirir, desarrollar o emplear armas nucleares, químicas o biológicas o traficar con ellas. Lo cual agregaría “una nueva dimensión a la cuestión de la proliferación de esas armas y plantearía también una amenaza a la paz y la seguridad internacionales”.
El Consejo de Seguridad decidió, por tanto, “estrechar la coordinación de las medidas en los planos nacional, subregional, regional e internacional con miras a dar una respuesta global más fuerte a este grave desafío y amenaza a la seguridad internacional”. Y, en consecuencia, conminó a los Estados: 1) a que se abstuvieran de suministrar cualquier tipo de apoyo a los agentes no estatales que trataran de desarrollar, adquirir, fabricar, poseer, transportar, transferir o emplear armas nucleares, químicas o biológicas y sus sistemas vectores; 2) a que, de conformidad con sus procedimientos nacionales, adoptaran y aplicaran leyes apropiadas y eficaces que impidieran a los agentes no estatales la fabricación, adquisición, posesión, desarrollo, transporte, transferencia o empleo de armas nucleares, químicas o biológicas y sus sistemas vectores; 3) a que adoptaran medidas eficaces para instaurar controles nacionales a fin de prevenir la proliferación de las armas nucleares, químicas o biológicas y sus sistemas vectores, incluso con el establecimiento de controles adecuados de los materiales conexos, para cuyo efecto deben adoptar métodos apropiados y eficaces para contabilizar esos artículos y garantizar su seguridad en la producción, el uso, el almacenamiento y el transporte de ellos; y 4) a que establecieran y mantuvieran medidas apropiadas y eficaces de protección física, de control fronterizo y de policía con el fin de detectar, desalentar, prevenir y combatir, incluso por medio de la cooperación internacional cuando fuese necesario, el tráfico y la intermediación ilícitos de esos materiales.