Palabra formada por el prefijo "para", que significa semejante, y el vocablo "militar", del latín militaris, que designa a la persona que profesa la milicia. En la nomenclatura política, paramilitar es una organización civil dotada de estructura y disciplina castrenses, que interviene irregularmente en la vida pública con medios y acciones violentos al margen de la ley.
1. Colombia. En lo que a América Latina concierne, el movimiento paramilitar irrumpió en Colombia a raíz del asesinato del líder popular Jorge Eliécer Gaitán y del <“bogotazo” de 1948, con los “pájaros” y “chulavitas” al servicio de los gobiernos conservadores para eliminar al Partido Liberal y a los liberales. Se formaron escuadrones de la muerte, órganos de administración de justicia privada, bandas de sicarios y otros grupos de “limpieza política”. La violencia causó centenares de miles de asesinatos políticos. La guerra civil entre liberales y conservadores derivó más tarde en movimientos guerrilleros de izquierda, que empezaron a operar a comienzos de los años 60. Y, como respuesta a ellos, surgieron en los 80 las llamadas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) fundadas por los hermanos Fidel, Carlos y Vicente Castaño —el denominado "clan Castaño"—, quienes iniciaron la lucha antiguerrillera a raíz del secuestro y asesinato de su padre en 1981 por el movimiento marxista de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
Hay, pues, una vieja tradición de violencia y paramilitarismo en Colombia.
Las AUC eran un grupo paramilitar clandestino de ultraderecha integrado en aquellos años por cerca de 30.000 efectivos armados que combatían a la guerrilla izquierdista y que presumiblemente contaban, como todos los movimientos paramilitares, con el apoyo de algunos miembros de las fuerzas armadas regulares. Estaban financiadas con el aporte voluntario o forzado de terratenientes, ganaderos y comerciantes de sus zonas de operación y, por supuesto, con importantes subvenciones del narcotráfico. Cometieron masacres de campesinos bajo la acusación de ayudar a la guerrilla y destruyeron sus viviendas. Esto provocó masivos éxodos de los trabajadores del campo en busca de seguridad. Durante los días de las conversaciones de paz del presidente Andrés Pastrana con los líderes de las FARC a comienzos de 1999, los miembros de las AUC dieron muerte a cerca de 150 campesinos de la zona norte del país —Urabá, Toluviejo, El Piñón, Magdalena, César, Toledo— como represalia por el ataque perpetrado días antes por las FARC contra el cuartel central del líder paramilitar, en que murieron 24 personas.
A finales del siglo pasado, los efectivos de las AUC, bajo el mando del Estado Mayor Central, estaban organizados en seis bloques y divididos en cuarenta grupos emplazados en el norte y centro del territorio colombiano.
Fidel Castaño, fundador y líder máximo de esta fuerza paramilitar, desapareció sin dejar rastro a mediados del 94 junto a cinco compañeros suyos mientras se desplazaban por la selva colombiana hacia Panamá. Se dijo que se perdió en la selva. Su hermano Carlos, al referirse a la desaparición, expresó: “Pienso que a nosotros nos sucedió con Fidel lo mismo que le pasó a Arturo Cova, el protagonista de 'La Vorágine', la novela de José Eustasio Rivera: lo devoró la selva”. Y asumió el liderato de la organización con implacable ferocidad. “Nosotros nos caracterizamos por respetar al gobierno que se mantenga en el poder”, dijo en una entrevista a la revista “Semana” de julio 9-16 de 1996, con ocasión de los 15 años de lucha contra la <guerrilla. Pero el 30 de mayo del 2001 se vio forzado a dimitir por causa de conflictos internos, fue reemplazado por Salvatore Mancuso y un Estado Mayor de nueve miembros y murió asesinado en abril del 2004 por orden de su hermano mayor Vicente Castaño. Sus restos fueron encontrados el 1 de septiembre del 2006 en una fosa de Córdoba —cuya ubicación fue dada por un paramilitar desmovilizado— y fueron verificados por medio de una prueba de ADN efectuada por la Fiscalía de Colombia.
Dueño de una caudalosa fortuna —puesto que se dedicó también al narcotráfico—, Fidel Castaño fue un hombre extremadamente cruel: el más cruel y sanguinario del "clan Castaño". Autor de varias masacres —Segovia, Mejor Esquina, El Tomate, entre otras—, en su casa operaba un centro de torturas por donde pasaban sus enemigos.
Nueve años más tarde, el 27 de septiembre del 2013, agentes del Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía encontraron el cadáver de Fidel Castaño —el mayor de los hermanos Castaño— en una fosa común de una finca de San Pedro de Urabá, departamento de Antioquia, junto con otros siete cadáveres. Diferentes versiones apuntaban a que Carlos Castaño fue quien ordenó asesinar a su hermano, mientras que años más tarde Vicente Castaño mandó matar a Carlos.
Los más de veinte años de enfrentamiento con las FARC dejaron un saldo superior a los 40.000 muertos. Las AUC se autodenominaban “organización nacional contrainsurgente”, de la que dijo Castaño que no es legal pero sí legítima porque representaba el ejercicio del derecho a la defensa. Al comparecer ante la justicia como consecuencia del proceso de desmovilización, a mediados de enero del 2007, Mancuso admitió haber ordenado el asesinato de 336 personas y la ejecución de atentados contra alcaldes, lideres sindicales, fiscales y miembros de las organizaciones colombianas de derechos humanos, bajo la acusación de haber ayudado a los grupos izquierdistas alzados en armas. Reconoció también que el grupo contrainsurgente que comandaba había infiltrado elementos en las fuerzas armadas, policía e, incluso, el aparato judicial.
El pueblo colombiano salió multitudinariamente a las calles el 24 de octubre de 1999, en la más grande movilización de masas de los anales de la historia política de Colombia, para clamar por la paz ante los actores del conflicto armado. Alrededor de once millones de personas salieron a manifestar su opinión en Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Bucaramanga y las demás ciudades y poblados del país.
Hasta mediados del 2006, tras muchos meses de negociaciones, el presidente Álvaro Uribe logró la desmovilización y desarme de unos 24.000 paramilitares de la ultraderechista organización. El acuerdo, sin embargo, no incluyó a los bloques Metro y Elmer Cárdenas, que agrupaban a 3.000 efectivos, que se negaron a negociar. Como parte de este proceso de paz, el presidente Uribe promulgó en el 2005 la denominada Ley de Justicia y Paz, destinada a regular la desmovilización de los escuadrones paramilitares y su incorporación a la vida civil de Colombia. La ley creaba penas alternativas menos rigurosas que las previstas en el Código Penal —entre cinco y ocho años de privación de la libertad— para los autores de secuestros y asesinatos que abandonasen la lucha clandestina, se incorporasen a la vida civil y reparasen los daños causados a sus víctimas. Preveía, incluso, la sustitución de las penas impuestas por sentencia como recompensa por la contribución a la paz de los alzados en armas. La ley, en el fondo, aceptaba la tesis de los paramilitares de no someterse a las sanciones penales establecidas. En medio de encendidas discusiones en el seno de la sociedad colombiana que giraron alrededor del tema de si los actos de los paramilitares podían ser considerados como <delitos políticos, la ley fue aprobada por el parlamento de Colombia en junio del 2005. Los opositores, con el Partido Liberal a la cabeza, argumentaron que ella favorecía con la impunidad a los autores de atroces crímenes de lesa humanidad.
En su discurso del 24 de septiembre del 2008 ante la Asamblea General de la ONU el presidente Uribe informó con referencia a los grupos paramilitares, al Ejército de Liberación Nacional (ELN) y a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), que "de un número aproximado de 60.000 terroristas que afectaban al país al inicio del gobierno, 48.000 han abandonado sus organizaciones criminales y han hecho parte del programa de reinserción que es un gran reto de Colombia".
Según el informe de la Fiscalía General de Colombia, presentado a fines de septiembre del 2012, los grupos paramilitares desmovilizados confesaron ante la justicia la comisión de 25 mil asesinatos y homicidios, 3.459 desapariciones forzadas, 10.925 desplazamientos de personas y otros delitos. Se encontraron 4.792 cadáveres en los departamentos de Antioquia, Magdalena, Meta, Putumayo, Santander y Norte de Santander, pero Carlos Valdés, director del Instituto de Medicina Legal, indicó que alrededor de 50 mil cuerpos de víctimas de las AUC permanecían enterrados en fosas comunes.
2. Guatemala. También en otros países latinoamericanos han operado fuerzas paramilitares. En Guatemala se abrió en 1962 un proceso de indescriptible violencia política que se extendió por más de tres décadas, con el saldo de 42.275 muertos —entre hombres, mujeres y niños— y un número no bien determinado de desplazados que va de quinientos mil hasta un millón y medio, según cifras presentadas por la Comisión para el Esclarecimiento Histórico en su informe de 1998.
Fue el período más ominoso y devastador de la historia guatemalteca, en que desfiló por la jefatura del Estado una sucesión de gobernantes militares que tomaron el poder por la vía de golpes de Estado —general Carlos Manuel Arana Osorio (1970-1974), general Kjell Lauguerud García (1974-1978), general Fernando Romeo Lucas García (1978-1982), general Efraín Ríos Montt (1982-1983), general Oscar Humberto Mejía Victores (1983-1986)— que auspiciaron, impulsaron y recompensaron a las bandas paramilitares en sus tareas de combatir el comunismo
Y es que una combinación de factores políticos antidemocráticos, viejas injusticias en la distribución del ingreso, militarismo abusivo, violencia contestataria y sesgos culturales racistas llevaron a la lucha armada. Tras las jornadas de movilización estudiantil de marzo y abril de 1962, el grupo insurgente de izquierda MR-13 se levantó en armas contra el gobierno del general Miguel Ydígoras Fuentes —1958-1963— y poco después, con base en la unión de tres pequeñas agrupaciones guerrilleras de orientación marxista con el Partido Guatemalteco del Trabajo (PGT) —que era el nombre del partido comunista—, se formaron las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR) que, bajo la comandancia de Marco Antonio Yon Sosa, prendieron en diciembre de 1962 los primeros focos guerrilleros en las montañas de Mico, Izabal, Granadilla, Zacapa y Sierra de las Minas.
Eran los tiempos en que la revolución cubana irradiaba ilusiones de transformación revolucionaria por toda América Latina y alentaba a los grupos insurgentes. Lo cual empujó a muchos jóvenes a empuñar las armas para la toma del poder por la única vía que ellos consideraban posible en las circunstancias guatemaltecas: el alzamiento armado revolucionario.
La respuesta del gobierno y de las fuerzas militares guatemaltecas fue la dura represión armada, las detenciones y ejecuciones a cargo de tribunales castrenses, la formación de una fuerza militar contrainsurgente denominada kaibiles —en cuyo decálogo se leía: “el kaibil es una máquina de matar”— y los escuadrones de la muerte, que fueron grupos paramilitares que contaron con el estímulo y el encubrimiento de las autoridades del Estado. Más aún: muchas de sus acciones de represión, guerra psicológica, propaganda e intimidación obedecieron a instrucciones de los mandos gubernativos, para cuya ejecución recibieron financiamiento, instrucción operacional, armas, equipos y vehículos. Fueron, en definitiva, unidades militares clandestinas para realizar operaciones encubiertas contra los subversivos, cuyas listas les eran proporcionadas por los servicios de inteligencia militar.
La Comisión para el Esclarecimiento Histórico describe la extremada vesania con que llevaron su acción contrainsurgente los paramilitares y los escuadrones de la muerte en el país centroamericano. Afirma en su documentado y prolijo Informe que “en la mayoría de las masacres se han evidenciado múltiples actos de ferocidad que antecedieron, acompañaron o siguieron a la muerte de las víctimas. El asesinato de niños y niñas indefensos, a quienes se dio muerte en muchas ocasiones golpeándolos contra paredes o tirándolos vivos a fosas sobre las cuales se lanzaron más tarde los cadáveres de los adultos; la amputación o extracción traumática de miembros; los empalamientos; el asesinato de personas rociadas con gasolina y quemadas vivas; la extracción de vísceras de víctimas todavía vivas en presencia de otras; la reclusión de personas ya mortalmente torturadas, manteniéndolas durante días en estado agónico; la abertura de los vientres de mujeres embarazadas y otras acciones igualmente atroces constituyeron no sólo actos de extrema crueldad sobre las víctimas, sino, además, el desquiciamiento que degradó moralmente a los victimarios y a quienes inspiraron, ordenaron o toleraron estas acciones”.
Pero la Comisión señala también que “las organizaciones guerrilleras cometieron hechos violentos de extremada crueldad que aterrorizaron a la población y dejaron en ella secuelas importantes. Fueron las ejecuciones arbitrarias, sobre todo las cometidas frente a familiares y vecinos, las que agudizaron el clima de miedo, arbitrariedad e indefensión ya generalizado en la población”.
En la vorágine de violencia entre los grupos contendientes perdieron la vida miles y miles de guatemaltecos y muchos más fueron obligados a abandonar sus tierras o sus ciudades y a desplazarse internamente o buscar refugio en el exterior.
Recuerdo que dos amigos personales: Alberto Fuentes Mohr y Manuel Colom Argueta, opositores al gobierno del general Romeo Lucas García, fueron asesinados por los escuadrones de la muerte en 1979. Ninguno de ellos "marxista", ninguno “subversivo”. Se
