Se denominan así ciertos capitales especulativos privados destinados a comprar deudas de gobiernos o de entidades públicas que están al borde de la insolvencia. Se pagan por ellas entre el 20 y el 30% de su valor nominal y después se presiona a los deudores originarios la cancelación del 100% del valor original.
Esos empresarios se apropian así de deudas públicas externas de los países cercanos a la suspensión de pagos y obtienen muy altos rendimientos con su especulación financiera.
Los fondos-buitre se denominan en inglés holdouts (palabra que viene de “to hold out”, que significa quedarse fuera, y que en este caso se refiere al tenedor de bonos de deuda pública que queda al margen de las negociaciones de amortización y corre peligro de incurrir en cesación de pagos o default).
Con seguridad el nombre de estos fondos nació de la comparación entre el paciente sobrevuelo de los buitres alrededor de sus presas antes de lanzarse contra ellas y la actitud de ciertos capitalistas —“buitres financieros”— que rondan tranquilamente en torno de los Estados sobre-endeudados o de sus debilitadas empresas, en espera del momento oportuno de abalanzarse sobre ellos.
Los fondos-buitre se iniciaron en los años 50 del siglo anterior a partir de los frecuentes episodios de no pago de las deudas a los acreedores comerciales por los gobiernos emisores con problemas fiscales, que generalmente pertenecían a los países del tercer mundo, puesto que los países desarrollados tenían leyes que prohibían la compra de deudas estatales con la intención de litigar sobre ellas.
Esas crisis financieras se agravaron en los años 70 y 80. Lo cual llevó al Secretario del Tesoro norteamericano James Baker a plantear en la reunión del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, celebrada en Seúl en octubre de 1985, que la banca privada concediera 20.000 millones de dólares en préstamos durante los años 1986 a 1988 a los países deudores y que el Banco Mundial duplicara los suyos a cambio de que ellos adoptaran políticas de saneamiento fiscal. Pero la respuesta de la banca privada fue fría y excesivamente condicionante. Un centenar de representantes de los grandes bancos del mundo, reunidos el 28 de octubre de 1985 en Washington, subordinaron su apoyo a una serie de seguridades que debían ofrecer los gobiernos.
La iniciativa de Baker se diluyó.
En esas circunstancias, el nuevo Secretario del Tesoro Nicholas Brady modificó el 10 de marzo de 1989 la política de su país respecto a la deuda internacional.
Bajo la nueva política, conocida como el “Plan Brady”, el gobierno norteamericano instó a los prestamistas para que, de manera voluntaria, condonaran parte de la deuda no atendida por los países menos desarrollados, reestructuraran el saldo de la deuda que estaba pendiente de pago y otorgaran préstamos adicionales a los países en dificultades.
Y es que por aquellos años el endeudamiento externo de los Estados latinoamericanos alcanzó cifras astronómicas. En 1985 —el “año pico” de la deuda— ésta sumó un billón de dólares. Según las estimaciones que por entonces se hicieron, el total de la deuda regional equivalía aproximadamente a la mitad de su producto interno bruto, en tanto que el pago regular de su servicio representaba el doble del valor de sus exportaciones anuales. Pero, además, las tasas de interés se habían multiplicado por seis.
Enrique Iglesias, en ese momento Presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, anotaba que “las remesas anuales de América Latina por este concepto aumentaron de 6.900 millones de dólares en 1977 a alrededor de 39.000 millones de dólares en 1982”.
Los países del tercer mundo más endeudados en aquellos años, según la clasificación del Banco Mundial —highly indebted countries—, fueron Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Cote d’Ivoire, Ecuador, México, Marruecos, Nigeria, Perú, Filipinas, Uruguay, Venezuela y Yugoeslavia.
La situación se tornó insostenible para la región. Diez de los quince países con mayor deuda relativa pertenecían a la América Latina. Y las cosas condujeron en 1982 hacia la más aguda, prolongada y generalizada crisis de la deuda que haya soportado la región hasta ese momento desde la gran depresión de los años 30.
El “Plan Brady” —que debe el nombre a su promotor, el Secretario del Tesoro de los Estados Unidos Nicholas Brady, quien presentó su propuesta el 10 de marzo de 1989— perseguía, según dijo su autor, aplicar un programa de reducción de deuda dentro de determinados procedimientos y parámetros. Proponía que los bancos acreedores suspendieran por tres años las cláusulas sobre tratamiento igualitario a todos los deudores, a fin de que procedieran con cada uno de ellos conforme a convenios expresamente adoptados; que los gobiernos deudores, por su parte, ofrecieran fórmulas contables, tributarias y de garantía capaces de alentar a los acreedores para que participaran en los programas de reducción de deuda; que el FMI y el Banco Mundial asistieran con nuevos préstamos a fin de coadyuvar a la recuperación de los países deudores; y que el FMI financiara en ellos, en condiciones especiales, la aplicación de programas de ajuste.
Con este plan el Secretario del Tesoro pretendió rebajar las obligaciones globales del conjunto de los países endeudados en cerca del 20%. El primer país en acogerse a él fue México en 1989. La operación abarcó tres modalidades diferentes: reducción del capital adeudado, baja de los intereses y nueva financiación. Sobre esa base algunos bancos acreedores intercambiaron sus préstamos por bonos especiales de México, a 30 años de plazo y con un 35% de descuento sobre su valor nominal; intercambiaron a la par su deuda por bonos mexicanos, a 30 años, con el 6,25% de tipo fijo de interés, o sea inferior al pactado en la deuda original; y, finalmente, concedieron a México nuevos préstamos hasta por el 25% del capital en riesgo, a tipos de interés iguales a los de los créditos anteriores.
En la iniciativa de acogerse al plan Brady México fue seguido por Filipinas, Costa Rica, Venezuela, Uruguay y otros países.
Como resultado de ese proceso las viejas estructuras se rompieron y muchas deudas reincidentes quedaron disponibles para su compra con descuentos que superaban el 80% del valor nominal.
Entonces operaron los fondos rapaces o fondos buitres, que eran especuladores que compraban por centavos deudas de países pobres en problemas con el propósito ilícito de entablar procedimientos judiciales para obtener en el cobro sumas considerablemente mayores, de hasta el 400% de lo que pagaron por ellas. Los fondos buitres compran esas deudas precisamente con la oculta intención de plantear juicios y litigar contra los deudores.
Cuando un país está en tales condiciones y sus problemas económicos tienden a empeorar, los bonos de las deudas estatales tienden a depreciarse en los mercados financieros y es cuando sus asustados tenedores, convencidos de que las cosas van a empeorar, los venden a cualquier precio a los rapaces tenedores de los fondos-buitre.
Ellos suelen demandar judicialmente sus sucias acreencias ante las cortes judiciales de los Estados que aún no han prohibido su comparecencia.
En el pasado reciente se han denunciado casos escandalosos de operaciones de fondos-buitre, como aquella que reveló la investigación conjunta de “The Guardian” y la “BBC Newsnight” sobre el cobro de una deuda de cien millones de dólares a Zaire —actualmente Congo— que los fondos rapaces la habían comprado en apenas 3,3 millones de dólares. O el caso del intento de cobro a Zambia de una deuda por $ 55 millones de los años 70 que había sido adquirida por los fondos buitres en 3 millones de dólares. O el intento de cobro de 56 millones de dólares de deuda oficial peruana demandada por un grupo de acreedores rapaces ante un tribunal de justicia de Nueva York. Y muchísimos otros casos de ilícitas pero rentables operaciones de este tipo.
En tales circunstancias fue que el parlamento británico aprobó la prohibición de la operación de estos fondos rapaces que se aprovechan de las deudas de algunos de los países del tercer mundo. Y el Fondo Monetario Internacional advirtió que las demandas por alrededor de 1.800 millones de dólares propuestas por 46 fondos-buitre acreedores contra los once países más pobres —de los 24 considerados en el estudio— amenazaban los programas de cancelación de deudas impulsados en el año 2005 por el Grupo de los Ocho (G-8) en Gleneagles.
