En enero del 2009 hizo su ingreso a internet el bitcoin, que es una moneda digital descentralizada que se utiliza a través de la red como medio de pago por la adquisición de bienes y servicios de todo tipo. Ella cumple todas las funciones de la moneda —medio de pago, instrumento de cambio, medida del valor, unidad de cuenta, mecanismo de ahorro— pero no es emitida por un gobierno ni está controlada por un banco central —como las monedas convencionales: el dólar, el euro, la libra esterlina, el yuan y todas las demás— sino que es un medio de pago descentralizado, sin anclajes en un instituto emisor ni sometimiento a una política monetaria estatal.
A diferencia de las monedas regulares, el bitcoin no está legal ni económicamente sustentado por un gobierno, que responde por su operación ante la comunidad interna y la comunidad internacional. Es una moneda sin respaldo ni limitaciones estatales y, por eso, los agentes económicos privados la pueden utilizar libremente para sus fines. “La diferencia —afirmó “The Economist”— es que las monedas establecidas están sustentadas legalmente por el gobierno, quien es, en principio al menos, responsable ante sus ciudadanos. Los bitcoins en cambio son una moneda de comunidad. Requieren autocontrol de sus usuarios”.
Consecuentemente, esta moneda digital no está sometida, como las monedas convencionales, a una política monetaria estatal ni al control de un banco central ni sirve a los designios oficiales de regulación, estabilidad financiera y presión impositiva en cada país. Es una moneda de comunidad sujeta al autocontrol de sus usuarios, utilizada para hacer pagos en línea directamente entre las partes interesadas.
El crecimiento de la masa monetaria del bitcoin se controla por medio de un muy complicado diseño matemático para alcanzar la “escasez” necesaria que estabiliza su valor. Esa masa monetaria no puede crecer arbitrariamente sino a ritmos regulados por el sistema, de modo de mantener su poder de cambio y prevenir su desvalorización en el mercado financiero y monetario. Pero, de todas maneras, la volatilidad de la moneda virtual es muy alta.
Sus intercambios con las divisas nacionales se realizan persona a persona por internet en los denominados “mercados de intercambio”, que son páginas web que conectan instantáneamente a usuarios vendedores y compradores de la moneda virtual. En enero del 2014 el precio de un bitcoin rondaba los 600 euros y la base monetaria del sistema se acercaba a los 7.000 millones de euros.
Pero esta moneda digital tiene varios riesgos, entre ellos, los errores en el software y virus informáticos. Igual que las monedas convencionales, el bitcoin puede emplearse ilegalmente: compra de drogas y otras mercancías ilegales, lavado de dinero sucio, evasión de impuestos, operaciones especulativas. Los ciudadanos son libres de utilizarla bajo su propio riesgo. Y los gobiernos no están en posibilidad de controlar esas actividades ilegales hechas en la red.
Todo indicaba que Satoshi Nakamoto —supuesto ingeniero electrónico de origen japonés, residente en California— era el diseñador en el año 2008 del código electrónico de creación y funcionamiento del bitcoin, controlado por software —que buscaba inmunidad ante la depredación de los políticos y los banqueros, según afirmaban sus propulsores—, incorporado un año después a internet, dentro de cuya red electrónica opera y se desenvuelve.
Como resultado de sus investigaciones, la revista norteamericana “Newsweek”, en su edición del 16 de marzo del 2014, afirmó que Satoshi Nakamoto era el inventor de esta criptodivisa —cryptocurrency— que ganaba espacio virtual en internet. Pero el misterioso personaje —de quien se suponía que vivía modestamente y sumido en el anonimato en la pequeña ciudad de Temple City, al sur de Los Ángeles, sin disfrutar de sus millones— había negado persistentemente ser el creador de aquella moneda.
A partir de la aparición del bitcoin surgieron por imitación o como alternativa numerosas monedas digitales en la red —litecoin, dogecoin, namecoin, peercoin, stablecoin, mastercoin y muchas otras—, con diferentes niveles de éxito, cotización y proyección de futuro. Pero ninguna de ellas es moneda de curso legal en un país o en una región. Son monedas puramente virtuales, que no tienen billetes, piezas metálicas o tarjetas para sus transacciones. Ellas se almacenan en los ordenadores. Todas se basan en protocolos criptográficos a los que no tienen acceso las autoridades estatales.
Los gobiernos, sin duda, no las miran con simpatía porque temen perder el control del dinero, que es una herramienta fundamental para el manejo de la economía, y además porque las transacciones virtuales no pagan impuestos. Tampoco los bancos las ven con agrado dado que las transacciones virtuales no pasan por sus dominios financieros. Para defender su dinero de curso legal los gobiernos no admiten pagos tributarios con dinero electrónico.
El 2 de mayo del 2016 la Agence France-Presse (AFP) publicó que, “tras años de misterio y de especulaciones, el verdadero creador de la moneda virtual bitcoin reveló su identidad a la BBC, a The Economist y a la revista GQ: se trata del empresario australiano Craig Wright”, quien presentó las pertinentes claves criptográficas para demostrarlo.
Y, en realidad, todo parecía indicar que el nombre Satoshi Nakamoto —que hasta ese momento aparecía como el autor del programa de la moneda virtual— era simplemente un pseudónimo.
Según la agencia periodística British Broadcasting Corporation (BBC) de Londres, Craig explicó que había utilizado para sus fines el apellido de Tominaga Nakamoto, filósofo japonés del siglo XVIII.
