Esta palabra significa, en el ámbito económico, la entrega por el Estado de una subvención monetaria o de una ventaja medible en dinero a favor de una empresa o entidad pública o privada a fin de coadyuvar para el financiamiento de su actividad, bien sea la fabricación de bienes o la prestación de servicios.
El subsidio puede perseguir dos finalidades primordiales: bajar los precios de los productos de consumo masivo o las tarifas de servicios públicos básicos por la vía de compartir los costes de producción; o estimular el crecimiento de ciertos sectores de la economía.
En el primer caso, al compartir costes con el Estado, las empresas públicas o privadas pueden bajar sus precios y tarifas a los compradores de los bienes o a los usuarios de los servicios que producen.
Esto favorece, cuando los subsidios son selectivos y no indiscriminados, a los sectores más pobres de la población.
El subsidio puede presentarse en varias formas: ventajas fiscales, exoneraciones tributarias, tarifas preferenciales en la energía o entrega directa de recursos financieros. Su propósito es, según los casos, compensar a la entidad beneficiaria por la disminución de sus ingresos a causa del cobro a los consumidores de precios o tarifas reducidos; aumentar su tasa de utilidades, si la idea es alentar la producción de una área económica; o fomentar las exportaciones de un determinado producto.
En el primer caso, el Estado contribuye a solucionar el déficit causado porque los ingresos de la empresa no pueden cubrir sus gastos; en el segundo, estimula con mejores índices de rentabilidad al sector productivo que desea impulsar y, en el tercero, al compartir con las empresas sus costes de producción, estimula las exportaciones con mejores precios en los mercados exteriores.
Generalmente los subsidios responden a motivaciones de carácter social. Son parte de las políticas de equidad de los gobiernos. Constituyen una manera de defender los intereses de los consumidores pobres. El sistema funciona a través de limitaciones tarifarias impuestas por el gobierno para la venta de productos o la prestación de servicios de consumo masivo y la compensación, a las empresas que los producen, por la disminución de sus ingresos.
El tema es materia de duras controversias entre los partidarios de la intervención del Estado en el mercado y los que sostienen que éste debe permanecer al margen de toda interferencia extraña. Los primeros, inspirados en los ideales de justicia social, defienden los subsidios selectivos, focalizados en los bienes de primera necesidad, mientras que los otros pretenden mantener a las fuerzas del mercado libres de toda “distorsión” causada por los subsidios estatales. Piensan que éstos falsean el mecanismo automático de la fijación de los precios, desvirtúan la libre competencia y reducen la responsabilidad y la eficiencia de las empresas subvencionadas. Por supuesto que se refieren a los subsidios con propósito social, porque los otros no les desagradan a pesar de su adhesión a las leyes naturales del mercado.
La asistencia a los sectores de menores recursos, a través de subsidios a los productos de primera necesidad y a los servicios básicos, ha formado parte de la política social de algunos gobiernos. Son instrumentos de compensación socioeconómica muy importantes, no obstantes las deficiencias que a veces tienen estos sistemas, que al no poder focalizar con precisión el gasto público y las subvenciones sobre los bienes y servicios consumidos por los estratos más pobres de la población, terminan por favorecer también, y acaso más, a los sectores de ingresos medios.
Los subsidios estatales suelen darse también en el comercio internacional, especialmente con relación a los productos agrícolas. El Estado puede subvenir la producción de ellos para tornarlos competitivos en los mercados de fuera. La subvención puede eventualmente producir un <dumping, que es una de las formas de competencia desleal en el comercio exterior, si los precios de los bienes exportados son inferiores a los del mercado interno e incluso a lo que cuesta producirlos.