Es lo que guarda conformidad con la justicia, la equidad, la paz, la dignidad del hombre, la >libertad, los <derechos humanos y otros valores trascendentales y permanentes de la vida social. Es lo que tiene justificación ética. No siempre la legalidad y la legitimidad marchan juntas. Lo deseable es que lo hagan, sin embargo con frecuencia hay pugna entre estos valores. Existen actos, e incluso normas jurídicas, que son legales —la ley, por naturaleza, no puede ser ilegal— pero que no son legítimos. La legitimidad está vinculada a la realización en la sociedad de valores morales más altos que la mera juridicidad, valores que están más allá de la gramática de las leyes y en virtud de los cuales éstas cobran validez deontológica.
La >ley está llamada a servir a la justicia —este es su designio natural— pero no siempre lo hace porque ella con frecuencia es fruto de la correlación de fuerzas políticas y, eventualmente, de la superposición de intereses económicos concretos en el parlamento, que causan distorsiones en la legislación, invalidan a la ley como instrumento de la justicia y desquician la equidad social. Así pueden darse leyes ilegítimas, es decir, leyes que no sirven a las conveniencias de la moral o de valores que trascienden la mera legalidad.