Del latín scrutinium, es el examen cuidadoso de una cosa. En su acepción política, es el recuento y análisis de los votos de una elección que hace la autoridad estatal competente.
El proceso electoral, es decir, el proceso de elegir gobernantes por el voto de los electores, es un procedimiento complejo que tiene varias etapas. Comienza por la convocación a elecciones para una fecha determinada que hace el órgano competente de acuerdo con la Constitución y leyes del Estado. Luego sigue el lanzamiento de las candidaturas por los partidos y grupos políticos. A veces este acto está precedido por <elecciones primarias en los partidos que adoptan esta práctica democrática para la nominación de sus candidatos. Enseguida viene el registro de ellos en el órgano electoral, para lo cual deben cumplir los requisitos de elegibilidad constitucional y legalmente previstos. Después se abre la campaña electoral, que consiste en la promoción de los candidatos y la conquista del voto. Viene entonces el acto de la elección, en el día previamente señalado, en que los ciudadanos depositan su voto en las urnas, de acuerdo con el sistema tradicional, o lo registran electrónicamente si el proceso se desarrolla por medio de ordenadores. Al fin de esta jornada comienza el escrutinio, o sea la contabilización de los votos que ha obtenido cada candidato. Y, finalmente, la proclamación de los resultados, la declaración de los elegidos y la entrega de sus credenciales.
Así concluye el proceso electoral.
El escrutinio es, a su vez, un proceso complejo, ya se realice con los métodos tradicionales, ya con los modernos medios de la informática. En los países avanzados todo el proceso de voto y escrutinio es electrónico. En otros países se combinan los dos sistemas: la consignación del voto se hace por medio de papeletas o boletas y el escrutinio electrónicamente.
De todas maneras, según se desprende de la legislación comparada, el escrutinio debe tener tres características: ha de realizarse inmediatamente del cierre de la votación, no ha de sufrir interrupciones, debe ser público y debe abrir canales de reclamación para quienes estuvieren inconformes con el procedimiento.