Siguiendo la usanza implantada a partir del escándalo de espionaje electrónico en el Hotel Watergate de Washington —célebre caso al que se lo denominó >watergate—, que costó la renuncia de Richard Nixon a la presidencia de Estados Unidos el 9 de agosto de 1974, la prensa y la opinión pública norteamericanas llamaron enrongate al laberinto que provocó la quiebra fraudulenta de la compañía energética Enron —que aparecía como una de las siete corporaciones más grandes de Estados Unidos— durante el gobierno de George W. Bush.
A mediados de noviembre del 2001, abrumada por sus deudas, colapsó la empresa, con sede en Houston, Texas. Después de divulgar sus millonarias cifras de pérdidas, se declaró en quiebra el 2 de diciembre de ese año. Su presidente, Kenneth Lay, cercano amigo del presidente George W. Bush y de su familia, y la compañía habían hecho importantes aportaciones a su campaña electoral.
En torno al escándalo enrongate hubo tráfico de influencias, uso de información privilegiada, prácticas contables fraudulentas, engañosas cotizaciones en la Bolsa, evasión tributaria, ventajista transferencia de acciones, destrucción de documentos y silencio de testigos.
Miles de sus empleados quedaron sin trabajo y vieron licuarse sus ahorros invertidos en acciones de la compañía, cuya situación de bancarrota se mantenía en reserva mientras sus ejecutivos vendían sus participaciones por mil millones de dólares cuando ella empezó a dar los primeros y encubiertos signos de debilidad. Todo esto en medio de informaciones privilegiadas e irregularidades en su contabilidad. El legislador demócrata John Dingell, miembro del Comité de Comercio y Energía de la Cámara de Representantes, afirmó que “hay fuertes pruebas de que hubo abuso de información privilegiada”.
El enrongate fue uno de los mayores escándalos financieros en Estados Unidos.
La empresa Arthur Andersen, que auditaba a Enron, levantó un huracán cuando reconoció que habían desaparecido documentos relacionados con la investigación. Bush y el vicepresidente Richard Cheney sostuvieron numerosas reuniones con los ejecutivos de Enron, quienes tuvieron participación en la formulación de la política energética a cargo de Cheney. Estas reuniones fueron investigadas por la General Accounting Office del Congreso norteamericano. Se acusó a Bush de haber hecho >lobby en beneficio de la Enron por medio del bufete de abogados Vinsons & Elkins. Y las varias comisiones del Congreso que investigaron el caso vieron obstruido su trabajo por la invocación de los ejecutivos de Enron de la quinta enmienda a la Constitución que mandaba que nadie está obligado a responder de un delito castigado con la pena capital o con otra infamante si un Gran Jurado no denunciaba o acusaba. Dice la enmienda: “No person shall be held to answer for a capital, or otherwise infamous crime, unless on presentment or indictment of a Grand Jury…”
Bush, colocado en el dilema de castigar a los ejecutivos deshonestos de Enron —y de algunas otras grandes corporaciones que aportaron para su campaña electoral—, optó por abstenerse de hacerlo y tuvo que asumir los costos políticos de la impunidad a que condujo su abstención.
El caso se tornó político puesto que Enron fue una de las principales financiadoras de la campaña de Bush y de otros candidatos republicanos y su presidente era amigo personal suyo y de su familia.
Ese fue el enrongate.