Es la ciencia social que estudia el proceso de la producción, distribución y consumo de bienes y servicios económicos en el Estado. Interesará, sin duda, saber que el filósofo griego Aristóteles (384-322 a. C.) fue el primero en llamar economía política al análisis de las finanzas públicas de su tiempo, es decir, de las finanzas de la polis griega, y que más tarde Antoine de Montchrétien de Vetteville en 1613 acuñó esta expresión en su obra “Traité d’économie politique”, que después de un largo olvido fue recogida en 1733 por el economista y empresario francés Pierre Samuel Dupont de Nemours en su “Table raisonnée des principes d’économie politique” y por el investigador inglés James Steuart en su obra “An Inquiry into the principles of Political Economy” (1767), que fue probablemente el primer tratado completo y sistemático sobre economía. Más tarde, el filósofo alemán Emmanuel Kant (1724-1804) desarrolló el tema al separar la economía pública de la economía de las personas privadas y señalar sus diferencias en la obtención y empleo de los recursos. En este período se situaron numerosos pensadores que trataron la cuestión de las finanzas públicas, pero lo hicieron fragmentariamente y como parte de otras disciplinas científicas. Sólo muy avanzado el siglo XVIII apareció la ciencia de las finanzas públicas, como un haz armónico de pensamientos coherentes —e independientes de otras ciencias— sobre el problema de la obtención de recursos por el Estado, la financiación de su funcionamiento y los principios de la administración del patrimonio público.
El elemento común entre las diversas economías es la escasez de los recursos para atender ilimitadas demandas humanas y, por tanto, la necesidad de hacer una elección del destino de ellos. En el caso de la economía política es menester elegir las demandas individuales, corporativas o sociales que deben atenderse con preferencia y cómo ha de hacérselo. Esto implica naturalmente adoptar medidas para optimar la producción, velar por la equidad en la distribución de los bienes producidos y promover el consumo. De donde resulta que son tres los elementos esenciales la economía política: la escasez de recursos, la prioridad de atención de las necesidades humanas y la metodología para su satisfacción.
De allí que el Estado forzosamente tiene que plantearse el qué, el cuánto, el cómo y el para quién de la producción de los bienes y servicios. Siempre tendrá que afrontar la necesidad de establecer prioridades en la producción, señalar las cantidades de bienes a producirse, establecer la metodología para su distribución y determinar los beneficiarios de ella.
En esta, como en las otras ramas de la economía, se plantea el problema del uso óptimo de los recursos para atender con ellos el mayor cúmulo posible de necesidades sociales.
Es preciso recalcar que no es lo mismo economía política que política económica. Aquí hay algo más que un juego de palabras. La primera, como hemos visto, es la teoría general de la actividad productiva de la sociedad dentro del Estado, mientras que la segunda es el conjunto de programas y medidas de carácter concreto que toma la autoridad pública, en concordancia con el diferente radio de acción que le ofrecen las leyes —en un marco que puede ir desde el abstencionismo estatal hasta el estatismo intervencionista— para ordenar la producción, distribución y consumo de los bienes económicos.
La política económica, en consecuencia, se desglosa en una multitud de ramas, según el campo en el que se apliquen esos programas y medidas: políticas monetaria, cambiaria, crediticia, agraria, industrial, comercial, de precios, de empleo, de transporte, etc. La política económica se refiere a los medios concretos de que se vale el gobierno para regular u orientar la actividad de los agentes económicos y alcanzar determinados fines macroeconómicos.
Para decirlo en otras palabras, la economía política es el conocimiento teórico mientras que la política económica es su aplicación práctica a casos y cosas concretos.