En su acepción político-administrativa, es el cúmulo de poderes y atribuciones jurídicamente delimitados que las leyes asignan al titular de un >órgano estatal y en razón de los cuales los actos ejecutados por éste son imputables al Estado. Los tratadistas del Derecho Administrativo suelen describir la competencia como la aptitud de obrar que tienen los titulares de los órganos estatales.
A ningún funcionario público le es lícito hacer algo para lo cual no esté explícita y previamente autorizado por la ley. La voluntad del titular de un órgano oficial vale como voluntad estatal y sus actos vinculan al Estado siempre que se realicen dentro de la esfera de su competencia. Las atribuciones de los funcionarios del Estado pertenecen al >Derecho Público y, en consecuencia, no pueden rebasar los límites de la ley. Es bien conocido el principio de que, en este campo, no se puede ir más alla de lo que la ley autoriza así como en el del >Derecho Privado está permitido hacer todo lo que no esté expresamente prohibido.
Cada titular de un órgano estatal tiene su propia competencia, o sea su acervo de atribuciones y facultades jurídicamente demarcadas. No le es permitido invadir las competencias de otro. Con todo, hay materias de competencia exclusiva de un órgano, en el que éste por sí solo es suficiente y no requiere la cooperación de otro u otros para que sus actos tengan plena validez jurídica, y también materias de competencia concurrente para cuya gestión se requiere la intervención simultánea o consecutiva de más de un órgano estatal a fin de que las decisiones tengan eficacia jurídica.
Esta es la acepción jurídico-administrativa de la palabra competencia.
Pero ella tiene también una significación en el campo de la economía. Denota la concurrencia de varios agentes económicos, en libertad de movimiento, para disputar la realización de un negocio o de una transacción comercial. El escenario de esta confrontación es el >mercado. Lo mismo si se trata de vender bienes o servicios que de comprarlos, la competencia tiende a ser una contienda entre dos o más personas para alcanzar en el mercado sus designios económicos.
Los agentes económicos concurren al mercado con sus bienes o servicios. Esta es la oferta. Por la otra parte concurren los compradores para sacar el mayor provecho posible a su dinero. Es la demanda. Todos actúan teóricamente sin otros condicionamientos que los estrictamente comerciales. Se traba así la competencia.
Para realizar sus propósitos los agentes económicos oferentes tratan de colocar sus mercancías o servicios en las mejores condiciones posibles de precio, cantidad y calidad. Acuden a diferentes arbitrios: nuevas técnicas productivas, innovación tecnológica, mejoramiento de calidades, mejores fuentes de aprovisionamiento de materias primas e insumos, baja de los costes de producción, ahorro de energía, disminución de precios y otros arbitrios, a los que el economista austriaco Joseph Alois Schumpeter (1883-1950), en su historia del análisis económico, llamó “destrucción creativa” porque las innovaciones tecnológicas tienden a aniquilar los métodos y viejas estructuras que no se adecúan a las demandas del progreso.
A la capacidad de los países y de sus empresas de participar exitosamente en la competencia internacional se llama >competitividad.
En el campo de la teoría económica se pueden distinguir dos clases de competencia: la perfecta y la imperfecta. La primera requiere una serie de condiciones que se dan parcialmente o no se dan en la segunda. Supuesta la hipótesis de una absoluta libertad para el ejercicio de las actividades productivas, sin la interferencia de acuerdos corporativos o maniobras proteccionistas, la competencia perfecta exige un amplio número y diversidad de oferentes y demandantes de los mismos bienes y servicios, de modo tal que ninguno de ellos pueda influir sobre los precios, y una cierta homegeneidad de los productos ofrecidos que torne prácticamente indiferente la elección por el comprador. La fluidez del mercado, es decir la recíproca adaptación entre la oferta y la demanda, es una condición de la competencia perfecta. El término fluidez —que ha sido tomado de la hidráulica— significa básicamente que compradores y vendedores puedan ajustar los precios y determinar las cantidades de su oferta y demanda en forma libre y continua y sin presiones distorsionantes de la libertad de contratación.
La competencia perfecta se da:
1) cuando cada uno de los agentes económicos es tan pequeño en relación con el conjunto del mercado que no puede ejercer una influencia perceptible sobre los precios,
2) cuando los productos que se venden son homogéneos,
3) cuando hay libre movilidad de todos los recursos, y
4) cuando los actores económicos del mercado tienen un conocimiento completo de las características y calidades de los bienes y servicios que se ofrecen.
Como puede verse, la competencia perfecta es realmente difícil de alcanzar aun en los mercados amplios. Los elementos de “perfección” no corresponden a la realidad de la vida económica. La que normalmente se da es la competencia imperfecta, que está viciada por una serie de factores estructurales y coyunturales del mercado, reductores de la libre concurrencia.
Y no me refiero a las maniobras del mundo de las finanzas que se manifiestan a través de los >holdings, <carteles, >trusts y otros mecanismos concentradores del capital financiero, que no solamente que conspiran contra la libre competencia sino que apuntan decisivamente hacia el >monopolio, el >duopolio o el >oligopolio, ni a los excesos de la publicidad que afectan la libertad de los consumidores, sino a otros elementos que, al margen de estas maniobras, restringen la competencia pura. Algunos de ellos se deben al tamaño del mercado o a la naturaleza de algunas ramas de la producción, como la de ciertos equipos y maquinarias, o a las dificultades reales de reunir capitales al amparo de la “libertad de ejercicio” en el sector productivo. En esas condiciones la fluidez del mercado resulta muy disminuida en la práctica debido a la falta de “atomización” de la oferta y la demanda, por lo que la competencia perfecta resulta una quimera como mecanismo “automático” de formación de los precios.
El economista norteamericano Joseph E. Stiglitz, premio Nobel de Economía 2001 y exjefe del consejo de asesores económicos del presidente Bill Clinton de Estados Unidos, sostiene que en ninguna parte —y, por supuesto, menos aún en los países del mundo subdesarrollado— los mercados funcionan a la perfección como “suponen los modelos simplistas que presumen competencia e información perfectas”. Eso no se da. En su análisis de la economía de la información afirma el profesor de la Universidad de Columbia que en todas las economías surgen profundas y generalizadas asimetrías de información entre el empresario y el trabajador, el prestamista y el prestatario, el asegurador y el asegurado, de manera que ni en los países desarrollados y menos todavía en los subdesarrollados hay realmente una competencia perfecta fundada en una información eficiente.
En el implacable mundo del comercio internacional —con sus grandes monopolios, megafusiones, proteccionismos, neoproteccionismos, subsidios— la libre competencia no se detiene sino cuando los poderosos han expulsado del mercado a sus contrincantes, en una lucha darviniana de poderes económicos. Y con frecuencia no sólo son empresas las excluidas sino países enteros, bajo el predominio descarnado y cínico del mejor dotado.
De la libre competencia se puede decir lo mismo que Bernard Shaw dijo del cristianismo: el único defecto que tiene es que no se ha aplicado nunca. En realidad, la libre competencia —competencia perfecta— es difícil de darse en los países grandes y virtualmente imposible en los pequeños. Las deformaciones del mercado por el lado de la oferta —monopolio, duopolio y oligopolio— tanto como las de la demanda —monopsonio, duopsonio y oligopsonio— impiden u obstaculizan su aplicación.
En el marco de la >globalización, la >ronda Uruguay reprodujo en el comercio internacional el viejo error de los liberales clásicos del siglo XVIII: no dar un trato diferenciado a los actores económicos en función de su grado de desarrollo.
Durante la dilatada negociación de la ronda Uruguay —que se inció en la ciudad de Punta del Este en 1986 y que concluyó siete años y medio después en Marrakech— los países pobres lucharon denodadamente para defender sus intereses, pero finalmente fueron derrotados y tuvieron que someterse a un orden comercial internacional adverso. Fueron presionados políticamente para aceptar el nuevo orden bajo la amenaza de aislamiento internacional. En ese contexto, se los forzó a aprobar las normas de liberalización y flexibilización del comercio mundial que favorecían a las grandes empresas del primer mundo, habilitadas para operar en escala planetaria, que constreñían el radio de acción de millones de pequeñas y medianas empresas, negocios informales, pequeños agricultores y toda la gama de microempresarios de la ciudad y del campo en los países atrasados, que quedaron fuera de competencia.
Fue especialmente injusto el tratamiento que se dio al sector agropecuario de los países subdesarrollados, cuyos agricultores y ganaderos no subvencionados se vieron obligados a competir en desventaja en los mercados de exportación y en sus propios mercados con los agricultores de los paÌses desarrollados que gozaban de subsidios estatales a la producción y exportación de sus productos y de protección de sus mercados nacionales. Los efectos distorsionantes fueron calamitosos porque la ayuda interna representaba anualmente centenares de miles de millones de dólares.