La revolución industrial se inició en Inglaterra con la invención de la máquina de vapor por el ingeniero mecánico escocés James Watt, que fue patentada en 1776. Inmediatamente Matthew Boulton, socio de Watt, promovió el uso del nuevo artefacto como fuente de potencia para la industria textil. Treinta y cinco años más tarde el ingeniero e inventor estadounidense Robert Fulton puso en servicio el primer barco de vapor en el Río Hudson de Nueva York y dos décadas después la máquina de vapor, montada sobre ruedas, dio origen a la locomotora.

            Esto revolucionó el mundo.

            En menos de cien años se pasó de la pericia a la tecnología. La vida social y la economía cambiaron radicalmente. En 1750 los capitalistas y los proletarios eran grupos sociales marginales. Un siglo después fueron las clases más dinámicas de la estructura social europea. Hacia 1850 la máquina de vapor se había incorporado ya a todos los procesos manufactureros, había transformado el transporte por tierra y por mar y había empezado a incursionar en las tareas agrícolas.

            El vapor de agua se inscribe en la línea de los grandes explosivos, es decir, de las sustancias que, al pasar de su estado natural al gaseoso bajo la acción del fuego, el calor u otro estimulante, expanden miles de veces su volumen y necesitan por tanto un espacio inmensamente mayor que aquel donde están comprimidas, en cuya búsqueda desencadenan una gigantesca cantidad de energía.

            Esta energía fue aprovechada, en el caso del vapor de agua, para mover una máquina del mismo modo que la energía de la pólvora y de los otros explosivos fue utilizada en las armas de fuego. Pero el principio es el mismo. El vapor de agua, la pólvora, la nitroglicerina, la dinamita, el trinitrotolueno (TNT), el RDX (TNT más ciclonita), el amatol (TNT con nitrato de amonio) y varias otras sustancias explosivas obedecen al mismo principio de dilatación de gases, aunque naturalmente con abismales diferencias de potencia expansiva.

            El vapor se dilata 1.600 veces más que el agua pero los gases que emanan del estallido de la dinamita ocupan un espacio 10.000 veces mayor que el de la sustancia original. El motor de explosión se rige por la misma ley: la mezcla de gasolina y oxígeno, al encenderse con la chispa de la bujía, genera un enorme volumen de gases que, en su búsqueda de salida, impulsan la base del cilindro que pone a girar el cigüeñal para comunicar movimiento a la máquina.

            Más tarde, desde 1947, en que el matemático William Schockley de la empresa norteamericana Bell inventó el transistor, se superpuso a la anterior una segunda revolución industrial: la revolución electrónica, que buscó sustituir, no ya la energía física del ser humano, sino su energía cerebral. El propósito fue crear máquinas que reemplazaran algunas de las funciones del cerebro humano. Por eso estas máquinas al comienzo se llamaron cerebros electrónicos porque su función era “pensar” como el hombre.

            Algunos analistas de la historia  —el español Manuel Castells, entre ellos—  consideran que hay una cierta discontinuidad entre el proceso científico que sustentó a la revolución industrial de la máquina de vapor y el que vino cien años después con la invención de la electricidad, el teléfono, el telégrafo y el motor de combustión interna. Y hablan por eso de tres revoluciones industriales: la primera vinculada a la máquina de vapor, la segunda a la electricidad y la tercera a la electrónica. División que se funda en las energías de naturaleza diferente imperantes en cada época. Cada una de las revoluciones industriales tuvo su cuna: Inglaterra para la primera, Alemania y Estados Unidos para la segunda y Estados Unidos para la tercera. Afirman que el conocimiento científico necesario para desencadenar las innovaciones tecnológicas se desarrolló principalmente en esos países, aun cuando los cambios tecnológicos no son acontecimientos aislados sino que obedecen a una secuencia que viene de atrás y que acumula conocimientos que en un momento dado, con la presencia de un científico innovador, permiten dar un salto cualitativo en las formas tecnológicas.

            Castells anota como hecho curioso que un lugar llamado Silicon Valley, situado a 48 kilómetros al sur de San Francisco de California, se convirtió a partir de 1956 en un centro extraordinario de actividades científicas que iniciaron la revolución electrónica. Bajo el liderazgo de la Universidad de Stanford y con el financiamiento del Departamento de Defensa de Estados Unidos convergieron allí científicos de varios lugares del mundo para unir sus conocimientos e intercambiar experiencias en torno a las nuevas tecnologías. Hacia allá concurrieron William Hewlett y David Packard  —los creadores de la empresa Hewlett-Packard—,  William Shockley  —el inventor del transistor—,  Bill Gates  —el fundador de Microsoft para dar el sistema operativo a los microordenadores—,  jóvenes ingenieros de los Laboratorios Bell y muchos otros brillantes investigadores.

            Nacieron allí por esos años las empresas más importantes del ramo electrónico, como Apple, Comeco y North Star. Silicon Valley se convirtió así en el centro nervioso que dio origen a la revolución digital de nuestros días.

            La extendida aplicación de la microelectrónica en fábricas y oficinas dio nuevo impulso al trabajo humano. El microprocesador chip de silicio, con su bajo costo y su miniaturización, permite dotar de un cerebro y memoria prodigiosos a cualquier equipo diseñado por el hombre.

            Los ordenadores originarios eran aparatos muy grandes que ocupaban salas enteras. Hoy se han miniaturizado hasta extremos impresionantes. Para tener una idea de cuánto han evolucionado resulta muy ilustrativa la explicación que hace Christopher Evans en su obra «Les Géants Minuscules» (1979). Dice que el cerebro humano tiene aproximadamente 10.000 millones de minúsculas unidades binarias, llamadas neuronas. Si a alguien se le hubiera ocurrido construir un ordenador durante la década de los cincuenta  —ordenador de la primera generación—  que tuviera la misma capacidad del cerebro humano, hubiera tenido que montar un aparato del tamaño de la ciudad de París y para ponerlo en funcionamiento habría requerido toda la energía eléctrica de la red del metro. Con los transistores de los años sesenta, un ordenador de igual capacidad hubiera tenido el volumen del Teatro de la Opera de París y hubiera podido funcionar con un generador de diez kilovatios. El mismo ordenador hubiera sido del tamaño de un autobús y habría podido ser conectado a la red eléctrica ordinaria, con el circuito integrado y la tecnología disponibles en los años 60. Y a partir de 1980, concluye Evans, un ordenador de igual potencia alcanzaría el tamaño del cerebro humano pero se iría reduciendo incesantemente, como en efecto ha ocurrido, con el sorprendente proceso de miniaturización de la tecnología electrónica que vino después.

            La potencia y capacidad de los ordenadores ha entrado en la era del crecimiento exponencial y sus influencias para transformar la industria y la economía y la sociedad son simplemente impredecibles. Es muy difícil, incluso, captar el concepto matemático de lo exponencial para poder imaginar el desarrollo futuro de la revolución electrónica. El escritor y político francés Jean-Jacques Servan-Schreiber, en su libro «El Desafío Mundial» publicado en 1980, trata de explicar con un ejemplo el efecto del crecimiento exponencial. Escribe que si tomáramos una hoja de papel de grosor medio y pudiéramos doblarla por la mitad cincuenta veces  —olvidando por un momento la dificultad física de hacerlo—  el grosor del papel, después de terminada la operación, sobrepasaría teóricamente la distancia que nos separa de la Luna y también la de Marte y alcanzaría el cinturón de los asteroides.

            Este es el concepto matemático del crecimiento exponencial, y eso que en el ejemplo sólo hemos acudido al factor exponencial 2, es decir, al efecto meramente duplicador. Pues bien, la tecnología electrónica ha entrado en la era del crecimiento exponencial y esto vuelve simplemente impredecibles sus efectos sobre la organización social, la economía y las relaciones de producción del futuro.

            Empero el proceso de la revolución industrial no sólo comprende el afinamiento de la tecnología en la construcción de equipos y herramientas, cada vez más sofisticados y eficaces, sino también la incorporación de ella a las tareas administrativas del Estado y de las empresas privadas. Se ha dado con ello lo que el escritor norteamericano Peter F. Drucker, en su obra “Post-Capitalism Society” (1993), llama la “revolución administrativa” propia de la moderna “sociedad del conocimiento”, que consiste en la extremada racionalización de la organización de la sociedad, de su gobierno, del proceso de la producción y del trabajo social para obtener los mejores rendimientos. Esta nueva forma de organización grupal, que este y otros autores llaman “postcapitalismo”, nace de la aplicación del conocimiento científico a los procesos sociales contemporáneos.

            La invención del transistor, que reemplazó a las válvulas de vacío anteriores, dio origen a una generación de ordenadores más rápidos, más potentes, más eficientes y más pequeños. Ellos se han desarrollado rápidamente desde la primera hasta la quinta generación.

            En el año 2005 la empresa IBM construyó el supercomputador más poderoso y rápido de la historia hasta ese momento: el Blue Gene/L, capaz de realizar 200 trillones de operaciones en un segundo. El aparato consumía quince veces menos energía y era entre cincuenta y cien veces más pequeño que las más rápidas supercomputadoras de su tiempo. Tres años más tarde, la misma International Businees Machines (IBM), duplicando el récord de velocidad establecido por su Blue Gene/L, construyó en el Laboratorio Nacional de Los Álamos el ordenador más potente y rápido del mundo en ese momento: el Roadrunner, que alcanzó la velocidad de 1,7 petaflops, es decir, más de 1.000 trillones de operaciones por segundo. El flop es, en el mundo de la informática, el acrónimo de floating-point operations per second, y el petaflop es 1.000 trillones de operaciones por segundo. Para tener una idea de lo que esto significa se podría decir que los 7.290 millones de personas del planeta (cifra del 2016), con una calculadora electrónica casera cada una, demorarían 46 años de trabajo ininterrumpido para completar el cúmulo de cálculos que el nuevo computador hace en un solo día. El supercomputador militar Roadrunner fue destinado también a cuidar la seguridad de las instalaciones y los arsenales nucleares norteamericanos en el desierto de Nuevo México, pero además se ocupa de las áreas científicas de la astronomía, la genómica y el cambio climático.

            A partir de 1955 en que el científico hindú Narinder Kapany descubrió las potencialidades de la fibra óptica y de su primera aplicación en 1977 por la compañía norteamericana AT&T, que tendió los cables de este material bajo las calles de Chicago, se abrió en el campo de las comunicaciones la posibilidad de transmitir la información en mayor volumen, a mayor velocidad y a distancias más grandes.

            Por eso, algunos pensadores hablan de una revolución industrial intermedia: la de las comunicaciones, situada entre la primera revolución industrial que tomó impulso en el siglo XIX y la revolución electrónica de nuestros días.

            La fibra óptica es un cable de vidrio más fino que un cabello, destinado a la transmisión de la luz. Consiste en un núcleo cilíndrico de cristal de cuarzo (sílice fundido) de altísima pureza, rodeado de un revestimiento concéntrico del mismo material. Durante los últimos treinta años la investigación científica ha producido cinco “generaciones” diferentes de fibra óptica, cada vez más eficiente. Ella ha remplazado al cable de cobre, con la ventaja de que no es metálica, como éste, sino de vidrio, y utiliza luz y no electricidad para transmitir la información, lo cual da una gran calidad a la señal transmitida porque está libre de interferencias eléctricas y no puede ser interceptada.

            La fibra óptica es tan fina que miles de cables de cobre pueden ser sustituidos por uno solo del nuevo material, que además resulta mucho más fácil de mantener y de cuidar.

            La fotónica  —que es la transmisión de información en forma de señal óptica a alta velocidad mediante impulsos de rayos láser enviados a través de cables de fibra óptica—  será la tecnología del siglo XXI en materia de comunicaciones. Y ahorrará la conversión de la señal óptica en eléctrica para que pueda cursar por el cable de cobre. La señal óptica llegará sin conversiones a su destinatario. Para usar la nueva tecnología, las empresas AT&T y Kokusai Denshin Denwa proyectan tender un cable submarino por el Océano Pacífico con una capacidad de 500 mil llamadas telefónicas simultáneas, esto es, doce veces mayor que la de los actuales cables transoceánicos.

            La incorporación de la informática a todos los campos de la vida humana ha transformado no sólo las relaciones de producción sino la totalidad de las actividades humanas. La extendida aplicación de la microelectrónica en fábricas y oficinas les ha dado nuevo impulso. El microprocesador chip de silicio, con su bajo costo y su miniaturización, ha permitido dotar de cerebro y memoria prodigiosos a cualquier equipo diseñado por el hombre.

            Una de las mayores y más sofisticadas expresiones actuales de la informática es, sin duda, internet, creada en Estados Unidos en 1979 para interconectar un gran número de centros de investigación, universidades, bibliotecas, archivos, museos y laboratorios. Se trata de una gigantesca “telaraña electrónica” de computadoras enlazadas que cubre el planeta con su información. A través de ella pueden obtenerse en cualquier parte del mundo los datos que se requieran sobre miles y miles de temas distintos. No hace falta más que apretar unas teclas del ordenador e inmediatamente la pantalla presenta el “menú” de posibilidades de información. El investigador puede entonces seleccionar la que desea y tendrá enseguida ante sus ojos todo el material que se haya publicado sobre un asunto.

            Internet abre horizontes inimaginables al desarrollo científico y se ha constituido en el símbolo de la >sociedad del conocimiento.

            Forma parte de esta red el llamado correo electrónico (expresión tomada del inglés electronic mail o E-mail) que es un sistema para comunicarse y mantener correspondencia, a través de la pantalla de la computadora, con personas situadas en diferentes lugares del mundo. Ya no se necesita papel ni hace falta echar una carta al buzón del correo. Basta con escribir en el ordenador el mensaje que se desea transmitir para que sea recibido en el acto por otro u otros ordenadores en cualquier lugar del planeta. Por este medio se pueden enviar cartas, planos, dibujos, archivos, fotografías y cualesquier textos o gráficos que puedan almacenarse en el disco duro del ordenador.

            Estamos en los umbrales de una nueva revolución industrial que, como sus antecesoras, modificará por su base la organización de la sociedad, transformará sus actividades productivas, reformará las relaciones de trabajo, creará nuevos grupos de poder económico y político y afectará el comercio internacional, aunque en una escala mucho más amplia, profunda y globalizada que las revoluciones anteriores: será la revolución nanotecnológica, basada en el manejo y manipulación de cuerpos de escala ínfima.

            Fruto de las investigaciones de la nanociencia, la <nanotecnología (del latín nanus, que significa “enano”) es una nueva dimensión tecnológica, que se propone manipular el comportamiento y propiedades específicas de los materiales en escalas mínimas para crear otros más eficientes, resistentes, dúctiles y durables.

            El objeto de estudio y de trabajo de la nanotecnología es la dimensión nanométrica de las cosas. Se sumerge en las escalas ínfimas de ellas, donde se produce un cambio fundamental en las propiedades, características y comportamientos de la materia. Llámase “efecto cuántico” a la modificación de las propiedades físicas y químicas de la materia en función de su escala nanométrica.

            Las escalas en que se mueve la nanotecnología son diminutas. Pensemos en que un átomo de hidrógeno mide 0,1 nanómetros de diámetro y el tamaño de una molécula de ADN es de 2,5 nm. El nanómetro es la medida de longitud que representa la millonésima parte de un milímetro. Es curioso observar que la resistencia, la durabilidad, la consistencia, la conductividad eléctrica, la reactividad, la elasticidad, entre otras propiedades, cambian en los elementos dependiendo de su escala.

            En la medida en que, al actuar sobre las estructuras moleculares y los átomos, descubre y aprovecha las propiedades totalmente nuevas de ellos, la nanotecnología tendrá repercusiones en todos los ámbitos productivos, desde la química hasta la física cuántica, desde la medicina a la industria, desde la biología a la informática, desde la agricultura a los transportes, desde las comunicaciones a la robótica. Para dar una idea de lo que se avecina es preciso saber que la nanotecnología estará en posibilidad de crear, a través de la producción molecular, nuevas y mejores materias primas para la producción industrial, dotadas de características hasta hoy desconocidas en los materiales tradicionales.

            Muchas y muy beneficiosas podrán ser las consecuencias económicas y sociales de la futura revolución industrial nanotecnológica. Sin embargo, como ha ocurrido con las anteriores revoluciones industriales, podrá ella tener un impacto negativo sobre los países atrasados, especialmente sobre aquellos cuya economía es excesivamente dependiente de la exportación de uno o más productos básicos. Representantes de estos países, en el curso del primer diálogo norte-sur sobre nanotecnología realizado en Trieste y patrocinado por las Naciones Unidas en febrero del año 2005, dejaron ver su preocupación en torno a los retos y oportunidades de la revolución nanotecnológica no solamente por la “brecha” de conocimientos que en materia de ingeniería cuántica les separa de los Estados del norte sino también por el peligro de que en la “era de la nanotecnología” sus exportaciones básicas puedan ser sustituidas por otras más baratas y resistentes, fruto de la revolución nanotecnológica de los países industriales.

            El cobre es una de las materias primas amenazadas puesto que la futura producción de los denominados nanotubos, que son moléculas largas y delgadas de carbono cristalino puro de uno a tres nanómetros de diámetro  —es decir, de una a tres milmillonésimas partes de un metro—,  por varios milímetros de longitud, de forma tubular, que ofrecen una conductividad eléctrica superior (sin pérdidas de energía), reemplazará a la de los cables de cobre tradicionales. Cada nanotubo puede conducir hasta veinte microamperios de electricidad, de modo que un cable de media pulgada de grosor integrado por un haz de nanotubos tendría la capacidad de conducir más de cien millones de amperios de corriente eléctrica. Pero además los nanotubos son también capaces de transmitir señales electrónicas a un chip con mucho mayor rapidez que los cables tradicionales de cobre o de aluminio. El profesor Peter Burke de la Universidad de California explicó en el 2005 que, según sus investigaciones, los nanotubos pueden transmitir señales electrónicas de un transistor a otro mucho más rápidamente que los materiales tradicionales, de modo que se abren grandes perspectivas de aplicación de las moléculas cilíndricas de carbono puro a la electrónica. Pronto ellas reemplazarán al cobre en el cableado de interconexión entre los transistores de la misma manera como a finales de los años 90 del siglo anterior el cobre sustituyó al aluminio porque era más rápido para conducir las señales eléctricas.

            La irrupción del nuevo material afectará los intereses comerciales de los grandes productores mundiales de cobre: Chile, Estados Unidos, Australia, Indonesia, Zambia y otros países. El más afectado será Chile, como primer proveedor de este metal y poseedor de   aproximadamente un tercio de las reservas mundiales. La venta de cobre representa para Chile el mayor componente de sus exportaciones  —45% en el año 2004—  y una de las mayores fuentes de empleo para su población económicamente activa. 

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                 La apreciación de Mitterrand fue muy certera. Gorbachov produjo los cambios más importantes en la historia de la Unión Soviética desde 1917. Cuando asumió el poder en 1985 inició un vuelco en la organización política de su país con la “perestroika”, que fue el nombre que dio el líder soviético al programa de reforma política y apertura económica que anunció en enero de 1987, durante una reunión del comité central del Partido Comunista de la Unión Soviética, y que ratificó en diciembre de 1988 ante las Naciones Unidas.

                 “Perestroika” fue también el título del libro en el que explica la naturaleza y alcances de su propuesta.

                   En ruso “perestroika” significa “reestructuración”, pero el término adquirió inmediatamente una connotación ideológica porque Gorbachov justificó el conjunto de sus planes bajo la invocación del fracaso de la conducción política de su país en el pasado. La perestroika, en consecuencia, fue un programa más político que económico. Político en el amplio sentido de la palabra. Comprensivo de la reordenación interna de su país y también de sus relaciones con el exterior. Gorbachov pretendió extenderla hacia todos los sectores del Estado, con inclusión de los militares y de los partidistas. Si bien la perestroika no tuvo la intención de cambiar el sistema socialista sino de rectificarlo porque, según las propias palabras del líder soviético, “el potencial del socialismo había sido poco utilizado”, sus tesis encontraron, como es lógico suponer, muy dura resistencia en ciertos círculos castrenses y, por supuesto, en el >politburó y el comité central del Partido Comunista, hasta el punto de que Gorbachov sufrió un intento de derrocamiento en agosto de 1991 por el <complot de un grupo de políticos y militares de la “vieja guardia”.

                 En realidad, al interior de la Unión Soviética el planteamiento de Gorvachov fue recibido con fuego cruzado. Los viejos militantes comunistas, muchos de ellos incrustados en el comité central del partido, veían en la perestroika un devaneo de jóvenes e ilusos economistas movidos por la “euforia del mercado”, mientras que otros dirigentes, cercanos a Boris Yeltsin, encontraban que ella era muy limitada en sus objetivos.

                Por esta razón, el efecto práctico de la perestroika fue muy limitado al comienzo pero después, como suele ocurrir con las ideas visionarias, produjo cambios espectaculares no sólo en la Unión Soviética sino también en el bloque de sus países satélites.

                Ella fue una suerte de renacimiento de la sociedad soviética, en el sentido de descubrir al hombre y su destino frente a la divinización del Estado.

                En el 28º Congreso del Partido Comunista de la Unión Soviética reunido en julio de 1990 se aprobó una Declaración Programática en la que se definía a la perestroika como “la transición de un autoritario y burocrático sistema a una sociedad de socialismo humano y democrático” en la cual el desarrollo social sea un desarrollo humano. Y agregaba que una sociedad de esta clase “trabajaría consistentemente en favor de una pacífica y equitativa cooperación entre las naciones”.

                En lo que fue una muy valiente autocrítica, Gorbachov afirmó en su libro que “con sorprendente exactitud nuestros cohetes pueden encontrar el cometa Halley y volar a Venus, pero codo a codo con esos triunfos científicos y tecnológicos hay una evidente falta de eficiencia en el uso de los logros científicos para las necesidades económicas, y muchos de los artefactos domésticos soviéticos son de mala calidad”.

                La perestroika, tal como la planteó Gorbachov, incluyó un elemento muy importante, que fue la “glasnost”, es decir, la >transparencia y la publicidad en todos los actos de gobierno.

                La idea de Gorbachov, que por cierto tuvo mucho apoyo en la opinión pública de su país y del exterior, fue eliminar el secretismo con que tradicionalmente se habían manejado las cuestiones del Estado en los países comunistas. Esto, según él, era profundamente antidemocrático. Había, por tanto, que modificarlo, que echar “más luz para la glasnost” y crear una atmósfera de amplia transparencia informativa para que la gente sepa cómo se manejan los asuntos públicos.

                En su libro “Carta a la Tierra” (2003) Gorbachov explicó: “A medida que yo iba subiendo por la escalera de mando, se me iba haciendo evidente la magnitud de la catástrofe económica, social y ecológica en la que se había hundido la Unión Soviética. Es necesario recordar que casi toda la información concerniente a la verdadera situación del país era secreta por aquel entonces y sólo en 1970, cuando me convertí en diputado del Soviet Supremo de la URSS y miembro de la comisión para la protección de la naturaleza, tuve acceso parcial por primera vez. Fue sólo al ocupar el puesto de secretario general del Comité Central del Partido Comunista de la Unión Soviética que ese acceso fue completo”.

                Formó también parte de la perestroika el denominado <“nuevo pensamiento” de Gobarchov, que se refiere a la transformación fundamental de su política internacional y, particularmente, de la conducción de las relaciones de su país con los Estados Unidos de América. El nuevo pensamiento entrañó un programa de negociaciones con Estados Unidos sobre reducción de armas nucleares y convencionales y el abandono de la <doctrina Brezhnev, lo cual significaba la eliminación de los controles soviéticos sobre los países de Europa oriental.

                Para poner en evidencia su buena fe, Gorbachov ordenó el retiro de sus tropas de Afganistán. A partir de ese momento se produjo en Washington un cambio de actitud hacia Moscú. Esto posibilitó la concreción de varios acuerdos de desarme entre las superpotencias. Fue muy sintomático de la mutación de la situación internacional el abierto respaldo que el gobierno norteamericano dio a Gorbachov cuando un grupo de políticos y militares de la “vieja guardia” intentó derrocarlo en agosto de 1991.

                Como explica el propio Gorbachov en su mencionado libro, “la perestroika y el nuevo pensamiento político que ésta trajo consigo pusieron fin a la carrera armamentista y a la división del planeta en dos grandes campos contendientes, inaugurando así la posibilidad de una genuina colaboración por encima de todas las barreras”.

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            Porfirio Díaz se alargó en el poder por siete períodos y tres décadas. Su séptima reelección fue el 26 de junio de 1910, en “elecciones libres”, mientras su principal contrincante, un joven hacendado de Coahuila llamado Francisco Ignacio Madero, permanecía en la cárcel de Monterrey por orden suya.

            El largo gobierno de Porfirio Díaz  —denominado el porfiriato—  contribuyó a concentrar la riqueza en pequeños grupos privados, a profundizar la pobreza de amplios sectores de la población y a entregar los recursos naturales  —especialmente los minerales metálicos y no metálicos—  a empresas extranjeras gracias a una interpretación jurídica que adjudicaba al propietario del suelo el dominio del subsuelo. Por este medio las compañías foráneas, particularmente norteamericanas, se apropiaron de los más importantes recursos naturales. Y la naciente riqueza petrolera despertó la codicia de los círculos financieros e industriales extranjeros.

            Todo lo cual generó un clima de insatisfacción popular muy profunda. La gran mayoría de mexicanos  —las capas medias, los obreros, los campesinos—  estaba en contra de un nuevo mandato presidencial para Díaz, rechazaba el estilo aristocratizante y afrancesado que imperaba en las elites sociales y políticas y condenaba el entreguismo de la gestión económica y la restricción de las libertades individuales bajo el régimen dictatorial.

            La no reelección presidencial se convirtió en una amplia y sentida consigna popular. El libro «La sucesión presidencial en 1910″, escrito por el joven agricultor llamado Francisco Ignacio Madero, cuya circulación prohibió el gobierno, se convirtió en el “manifiesto político” de los grupos de oposición al porfiriato.

            Madero se colocó a la cabeza del movimiento contra el continuismo y en favor del sufragio libre. Y el 5 de octubre de 1910 expidió la proclama revolucionaria de San Luis Potosí en la que convocó al pueblo a las armas y planteó la necesidad de reparar el despojo de las tierras de los campesinos pobres, hecho en beneficio de los terratenientes por la llamada ley de desamortización del 25 de junio de 1856.

            El gobierno trató de acallar por la fuerza las protestas pero el 20 de noviembre estallaron los primeros motines populares.

            En ese ambiente bastó una chispa para encenderlo todo.

            El asesinato en Puebla del modesto líder artesanal y dirigente maderista Aquiles Serdán, el 18 de noviembre de 1910, promovió un motín y este episodio dio comienzo a la Revolución Mexicana.

            Un campesino analfabeto y pobre de Morelos, llamado Emiliano Zapata, a la cabeza de un movimiento agrarista reivindicador, se alzó en armas en mayo de 1910 y se convirtió en una de las figuras emblemáticas de la Revolución. Bajo la consigna de que “la tierra es de quien la trabaja”, se incorporó con su ejército de campesinos reclutados en los pueblos y haciendas de Morelos a la Revolución Mexicana, liderada en ese momento por Francisco I. Madero, para derrocar el régimen de Porfirio Díaz.

            Miles de campesinos indigentes se organizaron en el zapatismo y lucharon por nueve años en guerra de <guerrillas, bajo las órdenes de su líder agrarista, para defender los derechos de los trabajadores de la tierra en el sur de México.

            Y otro campesino  —fugitivo de la justicia—  llamado Doroteo Arango pero mejor conocido como Pancho Villa se rebeló contra el gobierno y el statu-quo el 20 de noviembre de 1910 en Chihuahua, ofreció sus servicios a Madero y en los campos de batalla demostró sus extraordinarias capacidades de organizador táctico y combatiente. En enero de 1911 se insubordinaron los hermanos Flores Magón en la Baja California y los hermanos Figueroa en Guerrero.

            Por su lado, a la cabeza de un ejército de insurrectos, Madero participó en la campaña militar que culminó con la toma de Ciudad Juárez en mayo de 1911. Y entonces, acosado por diversos flancos, el autócrata se vio obligado a renunciar el 25 de ese mes y abandonó el país.

            Cinco meses después Madero fue elegido Presidente de la República y asumió el poder el 6 de noviembre de 1911.

            Se produjo entonces la primera ruptura de las filas revolucionarias: Zapata, empeñado en el reparto de tierras, tomó la opción de la lucha armada revolucionaria contra el gobierno de Madero, pero el ejército federal, al mando del general Victoriano Huerta, reprimió duramente a los revolucionarios. En febrero de 1913 hubo una sangrienta batalla en Ciudad de México entre los insurrectos y las tropas oficiales, que causó alrededor de 2.000 muertos y más de 6.000 heridos.

            La Revolución Mexicana, como todas las revoluciones, empezó a devorar a sus propios hijos.

            Es difícil encontrar un país donde la concentración de la tierra en pocas manos hubiera alcanzado los extremos del México del porfiriato. Durante la larga dictadura paternalista el 40% de la tierra agrícola fue de propiedad de 840 hacendados. Uno solo de ellos, el general Terrazas, que fue seguramente el terrateniente más poderoso del mundo, poseía en Chihuahua, al norte de México, un predio cuya superficie era mayor que los territorios de varios países europeos juntos. Otro de los grandes latifundistas fue la Iglesia Católica, aliada del porfiriato, que a través de diversos medios de persuasión o de presión sobre los fieles acumuló ingentes cantidades de tierra.

            Por eso el <agrarismo fue la médula de la ideología y acción revolucionarias. Acicateados por el propósito de obtener tierras para trabajarlas, los campesinos empuñaron las armas a las órdenes de dos líderes populares: Pancho Villa en el norte y Emiliano Zapata en el sur. Sus demandas se concretaron, primero, en la proclama revolucionaria de San Luis Potosí formulada por Francisco Madero el 5 de octubre de 1910 y, después de derrocado Porfirio Díaz, en el denominado Plan de Ayala firmado por Zapata y otros caudillos populares el 28 de noviembre de 1911, que se considera el documento fundamental del agrarismo mexicano.

            Siguiendo el sino trágico de todas las revoluciones  —la discrepancia entre los sectores radicales y los moderados—,  ante las vacilaciones del gobierno de Madero en lo referente a la reforma agraria, el zapatismo volvió a tomar la armas para insistir en que se devolvieran a sus dueños legítimos las tierras y las aguas usurpadas por los latifundistas y que se expropiara un tercio de la superficie de los latifundios, previa indemnización a sus propietarios, para destinarlo a la <reforma agraria.

            En una de las impredecibles vicisitudes de la Revolución Mexicana, el general Victoriano Huerta, comandante de la plaza militar de Ciudad de México, dio un <golpe de Estado contra el presidente Madero el 19 de febrero de 1913, se declaró dictador y cuatro días más tarde mandó asesinarlo.

            Después de haber combatido en los ejércitos de Madero, Pancho Villa sirvió a las órdenes del general Victoriano Huerta, pero poco tiempo después éste lo condenó a muerte por insubordinación. Villa escapó a Estados Unidos y regresó tras el asesinato de Madero para incorporarse al Plan de Guadalupe proclamado el 26 de marzo por Venustiano Carranza, gobernador de Coahuila, en el que desconoció la dictadura de Huerta, y para unirse a las fuerzas de la “revolución constitucionalista”, a las que también se juntó Emiliano Zapata en el sur.

            Las tropas constitucionalistas, formadas por campesinos y ciudadanos pobres, derrotaron al ejército federal de Huerta. Al frente de un improvisado ejército, Villa asumió el control de Chihuahua y Durango e invadió la ciudad de Zacatecas para hacer contacto con Emiliano Zapata en Xochimilco; el coronel Álvaro Obregón venció en Sonora, Sinaloa y Jalisco con el cuerpo del ejército del noroeste; tropas de la infantería de marina norteamericana desembarcaron en Veracruz el 21 de abril de 1914 para apoyar a los insurgentes (antes el presidente Woodrow Wilson de Estados Unidos había destituido a su embajador en México, Henry Lane Wilson, por sus abiertas simpatías con Huerta); y, después de sucesivas victorias a lo largo de un año, las armas constitucionalistas ocuparon Querétaro, Guanajuato y Guadalajara, y obligaron al general golpista a dimitir el 15 de julio y a abandonar el país. Y en el Tratado de Teoloyucán se acordó la disolución del ejército federal y las fuerzas constitucionalistas entraron a la capital federal el 15 de agosto de 1914.

            Asumió el poder provisional Carranza pero los líderes agraristas rompieron con él. Fue una nueva escisión en las filas revolucionarias entre los radicales  —villistas y zapatistas—  y los moderados  —seguidores de Carranza—  en función de sus distintas cosmovisiones, condicionadas por la diferente extracción social de sus miembros. En medio de esta pugna se reunió la Convención de Aguascalientes, en noviembre de 1914, en la que Carranza presentó su dimisión como jefe del ejército constitucionalista, se designó a Eulalio Gutiérrez presidente provisional y se nombró a Pancho Villa jefe del ejército de la convención.

            Pero las hostilidades no cesaron. En las batallas de Celaya, Guanajuato, León y Aguascalientes, entre abril y julio de 1916, los ejércitos de Carranza, al mando del coronel Obregón, derrotaron a los de Villa. Éste se retiró al estado de Chihuahua, arrebató las haciendas de los grandes terratenientes y volvió a sus andanzas de guerrillero de los primeros años. Las tropas de Zapata también fueron derrotadas y obligadas a replegarse a las montañas entre julio y septiembre de 1915.

            En un país dividido en facciones de lucha  —Gutiérrez llevó el gobierno a San Luis Potosí, Carranza se estableció en Veracruz y la ciudad de México quedó en poder de Villa y de Zapata, reconciliados en ese momento, con 60.000 hombres sobre las armas—  se reunió la Asamblea Constituyente de Querétaro para expedir la nueva Constitución el 5 de febrero de 1917, en la que se institucionalizaron las conquistas sociales de la Revolución.

            En ese año Carranza fue elegido Presidente Constitucional de México y se posesionó de su cargo el 10 de mayo. Pero su gobierno afrontó muy duros conflictos. Unos por causa de la decisión presidencial de limitar la propiedad extranjera y de nacionalizar los yacimientos petroleros y las minas; y otros por la larga lucha armada promovida en el sur por Zapata, hasta que fue muerto en una emboscada en la hacienda de San Juan Chinameca el 10 de abril de 1919. Lo cierto fue que, antes de terminar su período y al plantearse la sucesión presidencial de 1920, políticamente derrotado por los generales Plutarco Elías Calles y Álvaro Obregón, el presidente Carranza se vio forzado a optar por el camino del exilio, en cuyo curso cayó asesinado en la población de Tlaxcalantongo.

            La Constitución de 1917 estableció la forma federal de Estado y la forma de gobierno republicana en los Estados Unidos Mexicanos. Como reacción al porfiriato prohibió la reelección presidencial. Reivindicó para el Estado el dominio de las tierras y aguas comprendidas dentro de su territorio y limitó el derecho de propiedad privada en función de las necesidades sociales. Su artículo 27 dispuso que “la Nación tendrá en todo tiempo el derecho de imponer a la propiedad privada las modalidades que dicte el interés público”. Mandó el fraccionamiento de los latifundios e impulsó el desarrollo de la pequeña propiedad agrícola. Transfirió los predios rústicos de propiedad de la Iglesia Católica al dominio del Estado y prescribió que “las asociaciones religiosas denominadas iglesias, cualquiera que sea su credo, no podrán en ningún caso tener capacidad para adquirir, poseer o administrar bienes raíces”. Incluso “los templos destinados al culto público son de propiedad de la Nación” y “los obispados, casas curales, seminarios, asilos o colegios de asociaciones religiosas, conventos o cualquier otro edificio que hubiere sido construido o destinado a la administración, propaganda o enseñanza de un culto religioso, pasarán desde luego, de pleno derecho, al dominio directo de la Nación”. Implantó la absoluta separación entre el Estado y las iglesias de los diversos cultos. El artículo 130 dispuso que “la ley no reconoce personalidad alguna de las agrupaciones religiosas denominadas iglesias”. Consideró al sacerdocio como una profesión cuyo ejercicio estaba sometido a las leyes y autoridades del Estado. Para desempeñar el ministerio de cualquier culto se requería ser mexicano por nacimiento. Prohibió la formación de agrupaciones políticas “cuyo título tenga alguna palabra o indicación cualquiera que las relacione con alguna confesión religiosa”. Implantó la educación estatal gratuita y laica. Se adelantó a su tiempo al establecer que toda persona tiene derecho a decidir de manera libre, responsable e informada sobre el número y el espaciamiento de sus hijos.

            La Revolución Mexicana retomó las conquistas laicas establecidas a fines de los años 50 del siglo XIX por Benito Juárez a través de sus Leyes de Reforma, que establecieron la separación del Estado y la iglesia en el marco de la supremacía de aquél sobre ésta, que nacionalizaron los bienes eclesiásticos (12 de julio de 1859), que establecieron el matrimonio civil (23 de julio de 1859), que mandaron la cesación de toda intervención del clero en los cementerios y camposantos mexicanos, que prohibieron la asistencia de funcionarios públicos a ceremonias de culto, que implantaron la libertad religiosa dentro de la ley y que sometieron el ejercicio de los cultos a las normas estatales.

            La referida Constitución de 1917  —que, con reformas, fue la única Constitución que tuvo México en el siglo XX—,  superando las ideas liberales que imperaban en América Latina en aquella época, fue la precursora del <constitucionalismo social  —o sea del reconocimiento formal, al más alto nivel jurídico, de los derechos sociales y su consagración junto a los demás derechos de la persona humana—,  que después tuvo ecos en la Constitución soviética de 1918 expedida por el tercer congreso panruso de los soviets, en la Constitución alemana de 1919, surgida después del derrumbe del gobierno imperial del Kaiser Guillermo II, y en las constituciones de Austria (1920), Estonia (1920), Polonia (1921), Yugoeslavia (1921) y España (1931).

            En el campo de las relaciones laborales, el artículo 123 de la Constitución de 1917, que se refiere al trabajo y a la previsión social, tuvo como antecedentes las leyes del trabajo (Veracruz 1914), la ley de asociaciones profesionales (Veracruz 1915), la ley de conciliación y el tribunal de arbitraje (Yucatán 1915), el proyecto de ley sobre contratos de trabajo formulado por Zubarán Capmany (1915) y la legislación laboral de Coahuila (1916). Todas estas leyes obedecieron a un proceso iniciado desde 1914 para regular las jornadas máximas de trabajo, el descanso obligatorio, el salario igual para trabajo igual, la responsabilidad patronal en los accidentes de trabajo, las enfermedades profesionales, el derecho de sindicalización de los trabajadores y otros temas de carácter laboral.

            El historiador peruano Luis Alberto Sánchez, en su «Historia General de América» (1945), afirma que “la revolución mexicana es uno de los acontecimientos más importantes del siglo XX. Si esa revolución hubiera tenido un plan concreto previo, habría sido más importante que la rusa y tanto como la francesa”.

            El momento culminante del movimiento agrarista llegó con el gobierno del general Lázaro Cárdenas (1895-1970), en el período de 1934 a 1940, en que a través del programa de reforma agraria se distribuyeron más de 18 millones de hectáreas a favor de un millón de campesinos. Para tener una idea de lo que esto significaba es preciso anotar que esa suma equivalía aproximadamente a la repartida en todos los años de la revolución mexicana hasta ese momento. Simultáneamente se fundaron la Confederación Nacional Campesina (1938) y el sector campesino del Partido de la Revolución Mexicana  —nombre que adoptó el Partido Nacional Revolucionario desde 1938—,  que fue el antecesor del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

            En el gobierno de Cárdenas se introdujeron profundas reformas políticas, económicas y sociales tendientes a institucionalizar y tornar irreversibles las conquistas de la Revolución. Para superar el desorden y anarquía, causados por la insurgencia desde 1911 de numerosos grupos políticos nacionales y regionales, se fundó en 1929 el Partido Nacional Revolucionario (PNR)  —que en 1938 cambió su nombre por Partido de la Revolución Mexicana y que desde 1946 se denominó Partido Revolucionario Institucional (PRI)—,  como medio de estabilizar la situación política de México y de regimentar a las masas para la defensa de su Revolución. Se creó la Confederación de Trabajadores de México (CTM), cuya secretaría general fue desempeñaba desde 1936 por Vicente Lombardo Toledano, y la Confederación Nacional Campesina (1938). Se instrumentó un profundo proceso de reforma agraria con base en la desmembración de los latifundios y la entrega de parcelas a los campesinos sin tierra. Los ejidos se transformaron en propiedad comunal. Y, en medio de grandes tensiones internacionales, se promovió la nacionalización de las compañías petroleras extranjeras para crear la empresa nacional Petróleos Mexicanos (PEMEX). Fue secularizada la educación y se dio amplio impulso a la enseñanza rural.

            En el campo de la política internacional, el gobierno de Cárdenas asumió una ejemplar conducta de apoyo a los republicanos españoles durante la guerra civil de 1936 a 1939 y, a partir de este año, de no reconocimiento de la dictadura franquista. Numerosos refugiados españoles fueron recibidos solidariamente en México, a quienes incluso se les otorgó la nacionalidad mexicana.

            En el marco de la Revolución Mexicana  —y de sus caudillos bárbaros—  surgió la literatura revolucionaria, que reflejó la intensidad de la vida de aquella época. Muchas de las obras publicadas entre 1928 y 1940 fueron escritas por quienes participaron en el movimiento revolucionario; otras por quienes recrearon la lucha armada con un lenguaje renovador y una estructura novelística innovadora. El ciclo se inició en 1911 con la novela «Andrés Pérez, maderista» de Mariano Azuela y poco tiempo después «Los de abajo» (1916) del mismo autor. Luego vinieron «El águila y la serpiente» (1928) y «La sombra del caudillo» (1929) de Martín Luis Guzmán, «¡Vámonos con Pancho Villa!» (1931) de Rafael Muñoz, «Tropa vieja» (1931) de Francisco L. Urquizo, «Campamento» (1931) de Gregorio López y Fuentes, «Desbandada» (1934) de José Rubén Romero, «El resplandor» (1937) de Mauricio Magdaleno, «Cartucho» (1931) y «Manos de mamá» (1937) de Nellie Campobello, «El luto humano» (1943) de José Revueltas, «Al filo del agua» (1947) Agustín Yáñez y «El llano en llamas» (1953) y «Pedro Páramo» (1955) de Juan Rulfo.

            Un papel fundamental en la promoción de la literatura y pintura de protesta jugó José Vasconcelos, como Secretario de Educación Pública durante el gobierno del general Álvaro Obregón (1920-1924).

            La pintura de la Revolución fue el expresionismo, en que el pintor volcó sus sentimientos y emociones con toda la fuerza de los colores violentos y de la distorsión y exageración de las figuras. En su pincel estalló el drama humano en múltiples formas y mensajes. Con energía inédita, el expresionismo mexicano transmitió la cosmovisión dolida y torturante de la injusticia social, de la explotación de los encomenderos y del vasallaje que había imperado durante la época colonial y buena parte de la era republicana. La pintura compulsiva de los expresionistas mexicanos fue muy diferente del expresionismo alemán de principios del siglo XX  —con Ernst Ludwig Kirchner, Erich Heckel y Karl Schmidt-Rottluff, del grupo Die Brücke de Dresde, a los que se sumaron después Emil Nolde, Max Pechstein y Otto Müller—  y, en general,  de los precursores del expresionismo europeo  —Vincent van Gogh, Paul Gauguin y Edvard Munch—,  aunque tuvo puntos de contacto con ellos por la crítica corrosiva a la burguesía y la intensidad expresiva lograda por medio de la intensidad cromática y de la exageración de las líneas.

            La pintura mural  —el muralismo—  fue el “arte oficial” de la Revolución, como reacción contra la pintura tradicional de caballete, el academicismo y la alienación artística tradicional. Muy elocuente fue el Manifiesto del Sindicato de Pintores y Escultores de México de 1923  —dedicado a “la raza indígena, humillada durante siglos, a los soldados que lucharon en pro de las reivindicaciones populares, a los obreros y a los campesinos, y a los intelectuales no pertenecientes a la burguesía”—,  en el que los jóvenes artistas revolucionarios proclamaban: “Repudiamos la pintura llamada de caballete y todo arte de cenáculo ultraintelectual por aristocrático, y exaltamos las manifestaciones de arte monumental por ser de utilidad pública. Proclamamos que toda manifestación estética ajena o contraria al sentimiento popular es burguesa y debe desaparecer porque contribuye a pervertir el gusto de nuestra raza, ya casi completamente pervertida en las ciudades. Proclamamos que los creadores de belleza deben esforzarse porque su labor presente un aspecto claro de propaganda ideológica en bien del pueblo, haciendo del arte una finalidad de belleza para todos, de educación y combate”.

            Es difícil encontrar un arte más comprometido que el muralismo mexicano. Fue un arte monumental destinado a la multitud, que desbordó la exclusividad de los salones. El mural fue una suerte de “propiedad pública”, de arte democrático, que se evadió del exclusivismo de las telas para plasmarse en la arquitectura virreinal y en los edificios públicos. Con él “florecieron las paredes”, como escribió más tarde Pablo Neruda. Surgió de las honduras del telurismo. Sus grandes exponentes fueron Diego Rivera, José Clemente Orozco, David Alfaro Siqueiros y Juan O’Gorman, que se convirtieron en una suerte de cronistas de la historia mexicana. En sus monumentales testimonios desfilaron desde la idílica vida de las primitivas culturas indígenas hasta la explotación económica y la lucha de clases de la naciente era industrial, pasando por el feudalismo de la colonización española. Con rasgos caricaturizados aparecieron el terrateniente, el burgués, el sacerdote, el militar y el político comprometidos con el orden social de explotación de los indios. Las técnicas de los muralistas fueron innovadoras: redescubrieron el uso del fresco, del encausto y del mosaico.

            En el recorrido pictórico de la Revolución Mexicana  —que tuvo al indio como su figura principal, junto con el obrero y el soldado, y en el que predominaron como temas fundamentales el testimonio de la acción revolucionaria, sus antecedentes históricos, las tradiciones precolombinas, las iniquidades del republicanismo y las personalidades de la Revolución—  hubo también una explosión del grabado, producido principalmente por el Taller de Gráfica Popular, como complemento de la palabra y del mensaje revolucionarios.

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La integración tiene varias etapas. Comienza con la formación de una >zona de libre comercio entre dos o más países, sigue con la implantación de la >unión aduanera y termina con el establecimiento del >mercado común. Incluso puede ir más lejos, como lo ha hecho la Unión Europea, con la adopción de una moneda común y la creación de un aparato institucional comunitario para el manejo de la política monetaria, cambiaria y crediticia de todos los países miembros; pero ésta es ya una integración política y no meramente económica.

En todo caso, el proceso de integración puede tener varios grados de intensidad.

La zona de libre comercio se forma por el abatimiento de las barreras arancelarias y la apertura recíproca de mercados entre los países que la conforman. El territorio de ellos forma un solo y gran mercado para los productos de los países integrados, pero cada uno de ellos mantiene sus aranceles aduaneros con respecto a los países de fuera de la región.

La unión aduanera adviene cuando a la zona de libre comercio se le añade un arancel externo común, destinado a gravar los bienes procedentes de “terceros países”, o sea de países de fuera del área.

Si además se armonizan las legislaciones y las políticas macroeconómicas, se avanza hacia el mercado común, que implica el libre tránsito de todos los factores productivos, esto es, personas, bienes, servicios, capitales y tecnologías.

Este es el proceso de integración económica.

Se puede ir más allá, como pretende la Unión Europea, pero esta es ya una dimensión política y no solamente económica de la integración porque además de haber adoptado el 1º de enero de 1999 una moneda común  —el <euro—,  de haber creado un aparato institucional encargado de manejar la política monetaria compartida y de establecer parámetros dentro de los cuales han de moverse las variables de la deuda pública, la inflación, el déficit fiscal, las tasas de interés y los tipos de cambio de todos los países miembros, establece como condición de pertenencia la implantación en ellos de las garantías del Estado de Derecho, la estabilidad de sus instituciones democráticas, la observación de los derechos humanos y el respeto a las minorías étnicas y culturales.

La integración económica no es una panacea para todos los males de un país. Considerarlo así es un error que se comete con frecuencia. No se puede pedir a la integración más de lo que ella está llamada a dar. La integración es sólo un instrumento para impulsar el <desarrollo de los países integrados, especialmente el desarrollo industrial que, por la vía de creación de demandas, reactiva las otras áreas de la economía: la agricultura, la agroindustria, los servicios y el comercio.

Al comienzo, ella fue un instrumento de los países pequeños, cuya estrechez del mercado, bajo poder adquisitivo de la población y altos índices de >marginación social produjeron un estrangulamiento económico que resultaba imposible de superar dentro de los marcos nacionales. La integración fue, para ellos, una solución a su estancamiento económico. Habían agotado las posibilidades de su desarrollo y no tenían otra manera de superar sus limitaciones internas que por medio de la formación de ámbitos económicos mayores en los que pudieran circular libremente los factores de la producción en el más amplio sentido: personas, fuerza laboral, bienes, servicios, capitales, conocimiento científico, tecnología e información.

Sin embargo, más tarde los países grandes vieron también en ella un instrumento para acelerar su desarrollo. El MERCOSUR, que agrupa a Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay y Venezuela, así como el Tratado de Libre Comercio (TLC), que integra a las tres principales economías hemisféricas que, en conjunto, representan el 81% de la población, el 72% de la superficie territorial, el 97% del producto bruto y el 93% de las exportaciones de la región, demuestran que la integración puede ser útil también para los países grandes que buscan mejorar su competitividad en la economía mundial y colocar sus excedentes de producción en mercados ampliados.

La integración supone la creación de autoridades comunitarias con poder para legislar, imponer el cumplimiento de los acuerdos entre los países, dirimir los conflictos que surjan entre ellos y, en general, conducir el proceso integrador. En otras palabras, implica erigir un poder vinculante sobre los países miembros. Hacia el año 2000 la Unión Europea, por ejemplo, había formulado el 75% de la legislación económica vinculante de sus Estados miembros. Y eso, por supuesto, suscitó un problema de soberanía. ¿Hasta qué punto la creación de organismos supranacionales, dotados de normas y autoridad cuyas disposiciones son de obligatoria observación para los Estados, significa una merma del concepto de soberanía? ¿La formación de un organismo comunitario, con facultades para tomar decisiones erga omnes sobre los Estados, es compatible con ella?

Este tema empezó a discutirse hace mucho tiempo, en los albores mismos de los proyectos de integración. Recuerdo haber asistido en febrero de 1967 en Bogotá a una mesa redonda organizada por el Instituto Interamericano de Estudios Jurídicos Internacionales y patrocinada por la Universidad Nacional de Colombia, que enfrentó a constitucionalistas e internacionalistas en la discusión de este asunto. La conclusión fue que, en materia de principios, no hay incompatibilidad entre integración y soberanía. La formación de órganos comunitarios, bajo un sistema jurídico específico  —el Derecho de Integración o Derecho Comunitario—,  no menoscaba sino que reafirma el concepto de soberanía puesto que cada uno de los Estados que participa en el proceso lo hace voluntariamente y limita los alcances de su propio poder a cambio de las ventajas económicas que la supeditación a un orden comunitario le puede ofrecer. Se trata, en realidad, de una autolimitación. Y esta es una potestad propia de los entes soberanos. La >soberanía es, por definición, la facultad de los Estados para auto-obligarse y auto-determinarse.

                             1. Las primeras iniciativas de integración.     A finales de la década de los años 40, con el establecimiento de la >unión aduanera entre Bélgica, Holanda y Luxemburgo (Benelux) y con la formación de la Organización Europea de Cooperación Económica (OECE), de la Unión Europea de Pagos y de la Autoridad Internacional del Ruhr, se dieron en Europa las primeras iniciativas de integración. Esta original fase del proceso culminó con la suscripción del Tratado de Roma el 25 de marzo de 1957, que estableció laComunidad Económica Europea (CEE).

El >plan Marshall de Estados Unidos, que se implantó en 1948 para la rehabilitación económica de los países europeos afectados por la >segunda guerra mundial, creó la Organización Europea de Cooperación Económica (OECE), que fue probablemente el primer escalón del proceso de integración de Europa occidental. La OECE con el pasar del tiempo se transformó, en 1960, en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), que tiene los siguientes miembros plenos: Alemania, Australia, Austria, Bélgica, Canadá, Corea del Sur, Dinamarca, España, Estados Unidos, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Irlanda, Islandia, Italia, Japón, Luxemburgo, México, Noruega, Nueva Zelandia, Países Bajos, Polonia, Portugal, Reino Unido, República Checa, Suecia, Suiza, Turquía, Israel, Estonia, Eslovaquia, Eslovenia y Chile.

Como respuesta al Plan Marshall y a la OECE, los países de la órbita marxista formaron el Consejo de Ayuda Mutua Económica (CAME), conocido también como Council of Mutual Economic Assistance (COMECON). Esto ocurrió en enero de 1949. Sus fundadores fueron la Unión Soviética, Checoeslovaquia, Hungría, Rumania y Bulgaria. Después ingresó Albania pero abandonó la organización en 1968, a raíz de las desavenencias sino-soviéticas. En 1962 entró Mongolia y Cuba en 1973. Si bien el COMECON nació con objetivos de cooperación solamente, en 1974 amplió sus horizontes hacia la integración entre los países marxistas al incorporar a sus fines los Principios Fundamentales de la División Internacional Socialista del Trabajo y el Programa Completo de Profundización y Perfeccionamiento de la Cooperación y el Desarrollo de la Integración Económica Socialista.

Sus resultados, sin embargo, fueron muy pobres. Desde su fundación hasta la muerte de Stalin en 1953, su acción se limitó casi por completo a registrar los acuerdos de pagos bilaterales concluidos entre los países miembros. A partir de 1954 el  COMECON dinamizó algo su operación. Propició la celebración de los llamados acuerdos de especialización, con el énfasis puesto en la industria pesada, en virtud de los cuales cada país miembro tomó para sí la construcción de determinados tipos de máquinas a fin de aprovechar la economía de escala. Pero los países tuvieron que afrontar serios problemas de costes, de calidad y de precios en su producción industrial, así como de convertibilidad en la moneda que utilizaban en sus transacciones, puesto que ni aun los rublos convertibles llegaron a ser eficaces medios de pago internacionales. La organización hizo crisis en 1990, en la reunión celebrada en Sofía, en que se produjeron las más virulentas críticas al sistema. Los delegados, al evaluar sus rendimientos en cuarenta años, condenaron el “despilfarro energético”, el “sobredimensionamiento de la industria pesada”, la “subordinación a los intereses soviéticos” y muchas otras anomalías. Las dificultades fueron tan grandes que el 27 de junio de 1991 se firmó el acuerdo de disolución del COMECON.

2. La Comunidad Económica Europea.      La formación de la Comunidad Económica Europea, a partir de la suscripción del Tratado de Roma el 25 de marzo de 1957 por parte de los seis países iniciadores  —Bélgica, Alemania, Francia, Italia, Luxemburgo y Holanda—,  fue la culminación de los esfuerzos emprendidos desde la terminación de la Segunda Guerra Mundial para unificar Europa occidental y formar su mercado común. En 1973 ingresaron tres nuevos países a la Comunidad: Dinamarca, Irlanda e Inglaterra; en 1981 se incorporó Grecia; en 1986 España y Portugal; en 1995 Austria, Finlandia y Suecia; en el 2004: Chipre, Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, Lituania, Letonia, Hungría, Malta, Polonia y República Checa; en el 2007 ingresaron Bulgaria y Rumania y en el 2013 se sumó Croacia. De modo que la Unión Europea está compuesta  —sin que ésta sea una cifra final—  por 28 países, cuyos territorios y economías forman un solo mercado común, y es el proyecto más avanzado del mundo en materia de integración. En el año 2013 tenía una población total de 530’200.000 habitantes distribuidos en los territorios de sus países miembros.

Todos aquellos países cumplieron con los denominados «criterios de Copenhague» para poder ingresar, lo cual significaba que, en lo político, eran considerados Estados  —según el concepto geopolítico europeo—  en los que imperaban instituciones garantizadoras de la democracia, la vigencia del Derecho, la protección de las minorías y el respeto a los derechos humanos; y, en lo económico, tenían sistemas de mercado con niveles de competitividad para desenvolverse en el ámbito mercantil de Europa y respetaban el Acuerdo Europeo de las «cuatro libertades básicas», que se resumían en la libre circulación de personas, capitales, mercancías y servicios. En tales condiciones, cada uno de ellos asumió las obligaciones inherentes a su membresía de la Unión, especialmente en lo relativo a la política exterior y de seguridad común.

El proceso avanzó a pesar de los temores de que la integración traería altos índices de inmigración y la afluencia de mano de obra barata que perjudicaría a los trabajadores europeos, y del choque cultural y el impacto de los bajos estándares medioambientales de los países del este europeo que ingresaban a la Unión.

El Tratado de la Unión Europea  —conocido también como Tratado de Maastricht—  firmado el 7 de febrero de 1992, dio una nueva estructura y alcances al proceso de integración de Europa, entre otras razones, porque produjo el nacimiento de la Unión Económica y Monetaria (UEM), creó el <euro como moneda común europea y estableció las autoridades supranacionales para administrarla.

Para afrontar el reto de una Unión Europea (UE) con veintiocho miembros, la cumbre de jefes de Estado y de gobierno celebrada en Niza a principios de diciembre del 2000 reformó las instituciones europeas de la integración. El parlamento comunitario de 626 diputados pasó a ser de 728, la comisión europea tuvo un comisario por país  —o sea 27 en aquel tiempo—  y el consejo de ministros adoptó un nuevo método de cómputo para la votación. En la cumbre de Gotemburgo, Suecia, celebrada a mediados de junio del 2001, los líderes de la UE ratificaron su decisión de admitir nuevos socios a condición de que ellos afirmaran su respeto a los derechos humanos y aproximaran sus indicadores económicos y sociales a los de los países miembros.

Su ampliación hacia el este no sólo que modificó el mapa europeo  —porque Alemania y Austria, que fueron el lindero oriental de la Europa occidental, se han convertido en su centro geográfico—  sino que además tiene incidencia en el orden político y económico internacional del siglo XXI. Una Europa con alrededor de 500 millones de habitantes, una área agropecuaria de 200 millones de hectáreas (según cifras del 2009) y una potencia económica incrementada tiene un peso específico mayor en la toma de las decisiones mundiales. La admisión de los nuevos socios significó un aumento del 29% en la población total de la  UE, del 33% en la superficie territorial y del 44% en el área cultivable. Pero la incorporación de los países del este europeo implicó también profundas transformaciones en el interior de ellos, puesto que debieron hacer grandes esfuerzos de preparación para ingresar a la comunidad. Esfuerzos dirigidos hacia el fortalecimiento del Estado de Derecho, la estabilidad de sus instituciones democráticas, la garantía plena de los derechos humanos, el respeto a las minorías étnicas y culturales y la apertura económica. La incorporación a la UE significó para ellos el abandono de ciertos patrones culturales tradicionales, la armonización de políticas económicas con Occidente y la apertura de sus mercados a la competencia interregional. Todo lo cual supuso importantes cambios en las instituciones políticas y económicas de países sometidos antes a la planificación, gobierno y administración centralistas.

Este proceso de “absorción” de los nuevos socios en el seno de la UE no estuvo exento de dificultades causadas, entre otros factores, por el inferior grado de desarrollo económico, la menor renta nacional, las bajas prestaciones sociales y los elevados índices de desempleo laboral que imperaban en los países del este europeo. Uno de los problemas que ello planteó fue que los fondos estructurales, los fondos de cohesión, el fondo social europeo y el fondo europeo de orientación y garantía, contemplados en los presupuestos de la UE para financiar obras viales, aeropuertos, ferrocarriles y desarrollo turístico y potenciar sectores productivos, fomentar el empleo, capacitar mano de obra calificada, impulsar la agricultura y la ganadería y ayudar a las regiones más deprimidas de Irlanda, España, Portugal y Grecia, tuvieron que redistribuirse para atender las necesidades de los nuevos socios de inferior grado de desarrollo relativo, cuyas economías eran esencialmente agrarias, en perjuicio de los países anteriormente beneficiados con esos recursos financieros.

El tan controvertido Tratado de Maastricht, firmado el 7 de febrero de 1992, ratificado en fechas distintas por los Estados suscriptores y en vigencia desde fines de 1993, entrañó un viraje en el proceso de integración europea y pretendió sentar las bases de la futura integración política. Después de haber acogido la propuesta del Canciller Helmud Kohl de Alemania y del Presidente de Francia François Mitterrand y de haberla completado con la sugerencia de Felipe González, a la sazón Presidente del Gobierno Español, en ese tratado por primera vez se plantearon los objetivos políticos de la Unión Europea (UE), entre ellos los de instituir la ciudadanía común, crear la moneda única, institucionalizar el Banco Central Europeo (BCE), implantar una política exterior y de seguridad compartida, establecer la cooperación aduanera y formular normas comunes en materia de asilo, inmigración, delincuencia, drogas, terrorismo y asuntos fronterizos.

El tratado buscó la Unión Económica y Monetaria (UEM) de los países europeos y estableció el programa de convergencia que cada uno de ellos debe seguir en su manejo macroeconómico para alcanzar este objetivo. Señaló que su inflación no puede ser superior en el 1,5% anual a la media de los tres países miembros de menor inflación. El déficit fiscal no debe ser mayor al 3% del PIB del propio país. La deuda pública no puede pasar del 60% de su producto interno. El >tipo de interés no debe exceder del 2% de la media de los tres países miembros con tipos oficiales de interés más bajos. Y en cuanto al >tipo de cambio, las monedas que aspiren a pasar a la unión monetaria deben haber permanecido por lo menos durante los dos últimos años dentro de la banda estrecha del sistema monetario europeo.

En cumplimiento de estos propósitos y metas, el primero de enero de 1999 se inició la tercera fase del proceso de implantación de la moneda común europea, denominada <euro, y de la creación del aparato institucional encargado de manejar la política monetaria de los países integrantes de la Unión Económica y Monetaria (UEM).

A partir del primer día de 1999 se abrió un período de transición durante el cual las monedas nacionales dejaron de ser independientes, puesto que se vincularon irrevocablemente aleuro, aunque mantuvieron su condición de medios de pago de curso legal hasta que fueron reemplazadas por los billetes y monedas <euro desde el 1 de enero del 2002.

En el curso de los últimos seis meses del período de transición  —o sea de enero a junio del 2002—  se desarrolló un proceso de conversión entre las monedas nacionales y la moneda común de acuerdo con las tasas de cambio fijadas irrevocablemente, no obstante lo cual los pagos pudieron hacerse todavía en cualquiera de esas monedas. Durante ese lapso nadie estuvo obligado a utilizar el euro pero tampoco impedido de hacerlo, según el principio de no obligación, no prohibición. Este proceso concluyó el 30 de junio del 2002, ya que al día siguiente entraron en circulación los billetes y monedas euro que empezaron a regir como signos monetarios únicos. De allí en adelante las monedas nacionales pudieron ser canjeadas por euros pero no usadas como medios de pago.

En cuanto a la distribución de competencias entre la Comunidad y los Estados miembros, el tratado en su artículo 3.B adoptó el principio de la subsidiaridad en virtud del cual “la Comunidad actúa en los límites de competencia que le son concedidos y de los objetivos que le asigna el presente tratado. En los ámbitos que no sean de su competencia exclusiva, la Comunidad no interviene, conforme al principio de subsidiaridad, más que en la medida en que los objetivos de la acción prevista no pueden ser satisfechos de manera suficiente por los Estados miembros y pueden, por tanto, realizarse mejor a escala comunitaria”.

Esto significa que se atribuyeron a la autoridad comunitaria sólo las funciones que no eran ejercidas a escala nacional por los gobiernos, sin menoscabo de la cohesión de la unión económica y monetaria de laUnión Europea.

El proceso comunitario europeo es, sin duda, el más avanzado que está en marcha en el mundo. Después de la integración económica se propone llegar a la integración política. Sin embargo, a cada paso se suscitan confrontaciones entre “la Europa de las diversidades” y la “Europa de la unión”, ya que a pesar de todo siguen pesando las disparidades históricas, culturales, políticas y económicas que crean obstáculos en el camino de la integración.

La Unión Europea de los 28  —de los 27, en realidad, porque en el año 2017 inició su separación Inglaterra—  supone la existencia de alrededor de 1.300 regiones, comunidades autónomas, distritos, departamentos, länder y grupos de municipios. Tiene un territorio común de 4’689.000 kilómetros cuadrados y agrupa a 505’864.900 personas  —cifras del 2012—  que tienen diferentes culturas y que hablan más de setenta lenguas nacionales o regionales, de las cuales veinte son las oficiales de laUnión. Forman parte de ella: Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Chipre, Croacia, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Holanda, Hungría, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Polonia, Portugal, Reino Unido, República Checa, Rumania y Suecia. Es este, por tanto, un proceso muy complejo de integración que avanza trabajosamente. Hay miedo a la inmigración, a la pérdida de identidad nacional, a los choques culturales, a las disparidades políticas, a las diferencias religiosas, a la diversidad idiosincrásica, a la pérdida de cohesión social, al incremento de la delincuencia y al terrorismo. Todo esto a pesar de que la Carta Europea de Derechos Fundamentales establece que «la Unión respeta la diversidad cultural, religiosa y lingüística».

Ya en el pasado el Tratado de Maastricht levantó encendidas polémicas en Europa a la hora de ratificarlo. La beligerancia se planteó entre los “europeístas”, que sostenían la conveniencia de la moneda común y de sus instituciones, y los opositores que afirmaban que ellas crearían una instancia monetaria supranacional que afectaría a la soberanía de los Estados y que excluiría la posibilidad de instrumentar políticas monetarias nacionales e independientes. Y algunos fueron más lejos: sostuvieron que la moneda única sería perjudicial para el desarrollo de las economías nacionales. Lo cierto fue que la ratificación del tratado tuvo tropiezos. La mayoría de los Estados lo hizo por la vía de decisiones parlamentarias en tanto que otros acudieron al expediente del >plebiscito, en el que obtuvieron generalmente estrechos resultados en favor de la ratificación. Dinamarca, sin embargo, votó en contra y Noruega se excluyó del proceso comunitario.

En septiembre de 1994 los gobiernos de Francia y  Alemania, impacientes ante la lenta marcha de la integración, adoptaron la idea de la “Europa a varias velocidades” y plantearon la división de los países miembros de la Unión Europea en tres grupos concéntricos, según su nivel de adaptación a la legislación comunitaria: los países más integrados formaban el núcleo central (presumiblemente Francia y Alemania), luego vino el grupo de los Estados que aún no estaban preparados económica o políticamente para la plena integración y, finalmente, el tercer círculo de países menos comprometidos con la unión total.

La tesis de la “Europa a varias velocidades” aseguraría que los Estados deseosos de ingresar a la U. E. no detuvieran el avance del proceso integrador.

La construcción de la Unión Europea representa un fenómeno nuevo en la Ciencia Política, en el Derecho Constitucional y en el Derecho Internacional. La suya no es una vinculación federal ni conferederal de Estados. Es algo diferente. Pretende la creación de un espacio político en el que deben coexistir los Estados miembros con la Unión y somete a la soberanía a un desdoblamiento funcional entre la esfera de autoridad de los Estados y una suerte de “soberanía comunitaria” o “soberanía compartida” en áreas definidas como de interés común. El Tratado de Maastricht no sólo que dio nacimiento a la Unión Económica y Monetaria (UEM), o sea a la moneda única y a las autoridades supranacionales para administrarla, sino que además sometió a la jurisdicción comunitaria ciertos elementos de la política exterior, de la seguridad común, de la justicia y de la policía de los Estados europeos, que tienen que ver con lo que clásicamente se ha considerado el “núcleo duro” de la soberanía.

En el curso de la formación de la unión política de Europa y como parte de este proceso, los líderes europeos reunidos durante los días 15 y 16 de octubre de 1999 en la cumbre de Tampere, al sur de Finlandia, esbozaron los primeros trazos de la integración judicial de sus Estados que implica el reconocimiento recíproco de la validez de las sentencias y autos judiciales, de modo que las órdenes emanadas de los jueces y tribunales de un país pueden y deben cumplirse en otro. A fin de combatir la delincuencia internacionalmente organizada, la cumbre de Tampere aprobó el programa de formación de la eurojust, o sea del sistema de justicia comunitaria europeo.

Europa se anticipó en descubrir que la integración económica, con la ampliación de los ámbitos productivos y comerciales, puede ser un eficaz instrumento de desarrollo de los países integrados. Como vimos antes, las primeras iniciativas de complementación económica se dieron a finales de la década de los 40 del siglo XX con el establecimiento de la >unión aduanera entre Bélgica, Holanda y Luxemburgo  —el Benelux—  y luego con la formación de la Organización Europea de Cooperación Económica (OECE), la Unión Europea de Pagos y la Autoridad Internacional del Ruhr. Esta primera fase del proceso integracionista culminó con la suscripción del Tratado de Roma el 25 de marzo de 1957, que estableció la Comunidad Económica Europea (CEE). Después el Tratado de Maastricht en 1992 creó el euro como moneda regional única e institucionalizó el Banco Central Europeo.

Para avanzar hacia la integración política y la implantación de una Constitución europea con órganos supranacionales de gobierno en ciertas áreas de la gestión pública comunitaria, los presidentes y jefes de gobierno de los entonces veinticinco Estados de la Unión Europea suscribieron solemnemente en Roma el 29 de octubre del 2004 el tratado por el que se aprobó el proyecto de Constitución destinada a establecer un gobierno transnacional sobre los Estados de la Unión Europea tan pronto como éstos lo ratificaran de acuerdo con sus normas de Derecho internas.

La Constitución Europea persigue, entre otros, los siguientes objetivos en materia económica: «a) los Estados miembros de la Unión Europea aplicarán a sus intercambios comerciales con los países y territorios el régimen que se otorguen entre sí en virtud de la Constitución; b) cada país o territorio aplicará a sus intercambios comerciales con los Estados miembros y con los demás países y territorios el régimen que aplique al Estado europeo con el que mantenga relaciones especiales; c) los Estados miembros contribuirán a las inversiones que requiera el desarrollo progresivo de estos países y territorios; d) para las inversiones financiadas por la Unión, la participación en adjudicaciones y suministros estará abierta, en igualdad de condiciones, a todas las personas físicas y jurídicas que tengan la nacionalidad de los Estados miembros o de los países y territorios; e) en las relaciones entre los Estados miembros y los países y territorios, el derecho de establecimiento de los nacionales y sociedades se regulará (…) de forma no discriminatoria».

Manda esa Constitución que «las importaciones originarias de los países y territorios se beneficiarán, a su entrada en los Estados miembros, de la prohibición de los derechos de aduana entre Estados miembros establecida en la Constitución» y por tanto«quedan prohibidos (…) los derechos de aduana que graven, a su entrada en cada país y territorio, las importaciones procedentes de los Estados miembros y de los demás países y territorios. No obstante, los países y territorios podrán percibir derechos de aduana que correspondan a las exigencias de su desarrollo y a las necesidades de su industrialización, o derechos de carácter fiscal destinados a nutrir su presupuesto».

La Unión Europea persigue el desarrollo armonioso del conjunto de sus países, para lo cual «desarrollará y proseguirá su acción encaminada a reforzar su cohesión económica, social y territorial. En particular, la Unión intentará reducir las diferencias entre los niveles de desarrollo de las distintas regiones y el retraso de las regiones menos favorecidas». En esta dirección, «el Fondo Europeo de Desarrollo Regional estará destinado a contribuir a la corrección de los principales desequilibrios regionales dentro de la Unión mediante una participación en el desarrollo y en el ajuste estructural de las regiones menos desarrolladas y en la reconversión de las regiones industriales en declive». Además, «un Fondo de Cohesión, creado mediante ley europea, proporcionará una contribución financiera a la realización de proyectos en los sectores del medio ambiente y de las redes transeuropeas en materia de infraestructuras del transporte».

La Constitución garantiza, en el ámbito europeo que rige, «la libre circulación de personas, bienes, servicios y capitales y la libertad de establecimiento», bajo el principio de que «todo ciudadano de la Unión tiene derecho a circular y residir libremente en el territorio de los Estados miembros».

El Banco Central Europeo y los bancos centrales de los Estados miembros que han adoptado el euro forman el Sistema Europeo de Bancos Centrales, bajo cuya responsabilidad está la definición de la política monetaria de la Unión, mientras que los Estados que no han adoptado la moneda europea mantienen la plenitud de sus competencias en el ámbito monetario.

El proyecto de Constitución para Europa, después de haber sido suscrito el 29 de octubre del 2004 por los representantes de los entonces veinticinco Estados miembros de la Unión Europea, debió ser sometido al proceso de ratificación por cada uno de ellos, de acuerdo con sus normas internas, es decir, por la vía del referéndum, en unos casos, o por la aprobación parlamentaria, en otros.

Sin embargo, el resultado no fue uniforme. Hasta mediados del 2006, Alemania, Austria, Bélgica, Chipre, Eslovaquia, Eslovenia, España, Grecia, Hungría, Italia, Letonia, Lituania y Luxemburgo ratificaron el tratado por vía parlamentaria. España y Luxemburgo lo hicieron también por esta vía pero con previos referendos no vinculantes, cuyos resultados fueron favorables a la ratificación. Dinamarca lo ratificó mediante referéndum vinculante. Pero Francia y Holanda dijeron «no» a la Constitución europea en sus respectivas consultas populares y paralizaron con ello el proceso. Cosa que ocurrió, en el caso de Francia, a pesar de la vocación integradora de su gobierno, que en octubre del 2002 propuso la elección por el Consejo de Europa de un Presidente Europeo para un período de cinco años.

No obstante, a finales del 2009 los líderes de la Unión Europea, al completar el número de ratificaciones, pusieron en vigencia el Tratado de Lisboa, que «organiza el funcionamiento de la Unión y determina los ámbitos, la delimitación y las condiciones de ejercicio de sus competencias».

Este instrumento internacional, que entró a los predios de la integración política, confiere a la Unión Europa atribuciones exclusivas y atribuciones compartidas. Las primeras le dan la potestad de legislar y adoptar actos jurídicamente vinculantes para todos Estados miembros; y, en virtud de las segundas, ella y los Estados que la integran pueden legislar y adoptar determinados actos con sus voluntades concurrentes.

Son competencias exclusivas de la Unión Europea expedir y ejecutar las normas jurídicas en las siguientes áreas:

a) la unión aduanera,

b) el mercado interior (mercado común),

c) la política monetaria en el área del euro,

d) la conservación de los recursos biológicos marinos dentro de la política pesquera compartida, y

e) la política comercial común.

Las decisiones en los siguientes ámbitos de acción se toman por voluntades concurrentes:

a) el mercado interior,

b) la política social definida por el Tratado,

c) la cohesión económica, social y territorial,

d) la agricultura y la pesca, con exclusión de la conservación de los recursos biológicos marinos;

e) la regulación del medio ambiente,

f) la protección del consumidor,

g) los transportes,

h) las redes transeuropeas,

i) la energía,

j) la libertad, seguridad y justicia; y

k) los asuntos comunes de seguridad en la salud pública.

El Tratado de Lisboa, en cierta manera, sustituyó a la frustrada Constitución Europea y su propósito central fue forjar una Europa unida más eficiente, democrática, solidaria, respetuosa de los derechos y valores ético-sociales, que pudiera ser una actora importante en la escena global.

De acuerdo con él, la Unión Europea es competente «para definir y aplicar una política exterior y de seguridad común, incluida la definición progresiva de una política común de defensa». Sus Estados miembros «coordinarán sus políticas económicas en el seno de la Unión» y el Consejo dará las orientaciones generales de las políticas económicas, sociales y de empleo.

La Unión  —»que constituye un espacio de libertad, seguridad y justicia dentro del respeto de los derechos fundamentales y de los distintos sistemas y tradiciones jurídicos de los Estados miembros»—  luchará «contra toda discriminación por razón de sexo, raza u origen étnico, religión o convicciones, discapacidad, edad u orientación sexual».

Los ciudadanos de la Unión tienen el derecho de «circular y residir libremente en el territorio de los Estados miembros», de ejercer el «sufragio activo y pasivo en las elecciones al Parlamento Europeo y en las elecciones municipales del Estado miembro en el que residan, en las mismas condiciones que los nacionales de dicho Estado»; de acogerse, en el territorio de un tercer país, «a la protección de las autoridades diplomáticas y consulares de cualquier Estado miembro en las mismas condiciones que los nacionales de dicho Estado»; de «formular peticiones al Parlamento Europeo, de recurrir al Defensor del Pueblo Europeo, así como de dirigirse a las instituciones y a los órganos consultivos de la Unión en una de las lenguas de los Tratados y de recibir una contestación en esa misma lengua».

La Unión «garantizará la ausencia de controles de las personas en las fronteras interiores y desarrollará una política común de asilo, inmigración y control de las fronteras nacionales que esté basada en la solidaridad entre Estados miembros y sea equitativa respecto de los nacionales de terceros países». Reforzará su lucha contra «la delincuencia, el racismo y la xenofobia». Ejercerá «los controles de las personas y la vigilancia eficaz en el cruce de las fronteras exteriores». Establecerá una «política común de visados y otros permisos de residencia de corta duración». Y aplicará «una política común de inmigración» destinada a garantizar «una gestión eficaz de los flujos migratorios», así como la «prevención de la inmigración ilegal y de la trata de seres humanos».

El Tratado contiene normas relativas a la institucionalidad, finanzas, educación, formación profesional, juventud y deporte; salud pública; protección de los consumidores; investigación y desarrollo tecnológico; medio ambiente y cambio climático; energía; turismo; protección civil; cooperación administrativa; acción exterior; y a otras materias cuyo manejo y jurisdicción pertenecen a la Unión.

Los órganos institucionales de la Unión Europea son: el Consejo Europeo, el Parlamento Europeo, el Tribunal de Justicia Europeo, el Consejo Europeo, el Consejo y la Secretaría General, la Comisión, el Tribunal de Cuentas, la Fiscalía Europea, el Comité de las Regiones, el Comité Económico y Social, el Comité Económico y Financiero, el Comité de Conciliación, el Sistema Europeo de Bancos Centrales, el Banco Central Europeo, elBanco Europeo de Inversiones, el Defensor del Pueblo Europeo, el Alto Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, la Europol y el Diario Oficial de la Unión Europea. 

                                 3. La CEPAL.    En Latinoamérica, laComisión Económica para América Latina (CEPAL), creada en 1948 por las Naciones Unidas, empezó a hablar en aquellos años del proyecto de unión aduanera y de la unidad de cuenta entre los países latinoamericanos y posteriormente, en 1956, defendió la idea de constituir un “mercado regional” sudamericano como instrumento para acelerar el proceso de industrialización en que estaban empeñados los gobiernos de la región.

El mercado común centroamericano fue el primero de los proyectos de integración subregional de América Latina. Tomó forma mediante el Tratado de Tegucigalpa, celebrado el 10 de junio de 1958, entre Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua. Posteriormente estos países suscribieron otro instrumento para establecer las nuevas bases y proyecciones de su proceso integrador: fue el Tratado General de Integración Económica Centroamericana celebrado en Managua el 13 de diciembre de 1960. Pero los problemas políticos y militares que se suscitaron en la zona detuvieron el proceso integrador por largo tiempo y, pacificada la subregión, comenzó nuevamente a marchar.

Bajo los auspicios de la CEPAL se produjo en Santiago de Chile, 1958, la Primera Reunión de Consulta sobre Política Comercial en el sur del continente, con la asistencia de representantes de Argentina, Brasil, Chile y Uruguay, una de cuyas conclusiones fue que, sin perjuicio de los estudios relativos al mercado común latinoamericano, los cuatro países debieran adoptar, en el plazo más corto, una «política de liberación progresiva de su comercio recíproco». 

En 1960, como culminación de esta primera etapa de lucubraciones integracionistas, se firmó en Montevideo el tratado que creó laAsociación Latinoamericana de Libre Comercio (ALALC) para la conformación de una >zona de libre comercio como paso previo a la implantación de un >mercado común regional en el plazo de doce años.

                                 4. El Pacto Andino.    Nueve años más tarde  —dentro del marco del Tratado de Montevideo—  Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador y Perú firmaron el 26 de mayo de 1969 el Acuerdo de Integración Subregional —llamado también Acuerdo de Cartagena o Pacto Andino—  que dio inicio al proceso de integración de la subregión andina, al que se adhirió Venezuela en 1973 y del que se desprendió Chile bajo la dictadura de Pinochet en 1976.

Sus dos principales instrumentos fueron el programa de liberalización comercial automático e irreversible, en el que Colombia y Chile tenían ventajas evidentes, y el sistema de programación industrial que se propuso distribuir equitativamente las oportunidades de los sectores más dinámicos de la industria, que requieren amplias escalas de producción y suponen importantes saltos tecnológicos  —como la industria automotriz, la petroquímica, la siderúrgica, la farmacéutica—  entre los países miembros, a fin de lograr en lo posible un desarrollo equilibrado de todos ellos. El programa de la industria metalmecánica se aprobó en agosto de 1972 y el de la industria petroquímica fue suscrito en agosto de 1975. Sin embargo, ambos programas fracasaron poco después porque resultaron inaplicables en la práctica.

En 1970 se aprobó el Régimen Común de Tratamiento a la Inversión Extranjera y sobre Marcas y Patentes  —mejor conocido como la Decisión 24—  que contuvo una serie de normas muy severas para la recepción de capitales del exterior, la operación de las empresas extranjeras, la transferencia de sus acciones a inversionistas nacionales, la expatriación de capitales, la remisión de utilidades y, en general, el manejo de la inversión extranjera directa e indirecta en los países andinos.

Fue precisamente la discrepancia de opiniones respecto de este documento el principal motivo del retiro de Chile del Acuerdo de Cartagena en 1976, bajo la dictadura del general Augusto Pinochet.

Para su operación, el Pacto Andino creó una secretaría técnica, que fue laJunta  —representante del interés comunitario y con iniciativa para desplegar acciones integradoras—  y la Comisión que fue el órgano colegiado compuesto por los representantes de los países, con capacidad política para aprobar decisiones colectivas y recomendar medidas a la Junta. El originario esquema operativo del Pacto Andino demandó también un fuerte aparato institucional en cada uno de los países. Unos crearon ministerios de la integración, otros unidades administrativas especiales, pero todos asistieron al proceso con poderosos instrumentos gubernativos.

Pueden establecerse tres etapas en el desarrollo de la integración andina: la primera, muy dinámica, que se extendió hasta 1975 en que se crearon los órganos metanacionales para la conducción del proceso, se establecieron programas de desgravación arancelaria, se adoptó un régimen común de tratamiento a la inversión extranjera y sobre marcas y patentes y se implantaron programas sectoriales de desarrollo industrial; después la etapa de estancamiento, en que el proceso perdió dinamismo a causa de las dificultades financieras de los países integrados, que bajaron los niveles de su comercio recíproco, y de los incumplimientos de los compromisos contraídos; y la tercera etapa, de recuperación y reactivación del Pacto Andino, que se inició en 1989 gracias al impulso dado en Caracas por los presidentes Carlos Andrés Pérez de Venezuela, Virgilio Barco de Colombia, Rodrigo Borja de Ecuador y Alan García de Perú, a la vigilancia presidencial directa de la marcha del proceso de integración y a la reunión de los gobernantes dos veces por año en el  marco del Consejo Presidencial Andino  —que fue la nueva y superior instancia política que ellos crearon—  para pasar revista a las acciones cumplidas en el semestre.

Esto dio un relativo dinamismo al proceso.

En aquella etapa se estableció la zona de libre comercio y, con la adopción del arancel externo común, se formó sobre ella la unión aduanera a partir del 1 de febrero de 1995, en preparación del mercado común andino.

Durante el período comprendido entre 1990 y 1995, según informaciones de la Junta del Acuerdo de Cartagena (JUNAC), el grupo andino incrementó su comercio intrasubregional a un ritmo del 27% anual, aunque no fue un crecimiento simétrico puesto que Ecuador alzó sus ventas de 188,5 millones de dólares a 364 millones, Bolivia de 59,9 a 199 y Perú de 214 a 412, mientras que Colombia las aumentó de 327,7 a 1.805 y Venezuela de 493,6 a 1.847 millones de dólares. Lo cual demostraba que, con mucho, estos dos países fueron los beneficiarios principales de la integración puesto que quintuplicaron y cuadruplicaron respectivamente sus colocaciones en el mercado andino.

No obstantes sus tropiezos y limitaciones, el proceso de integración andina fue, sin duda, desde el punto de vista técnico e institucional, el mejor logrado de los que se habían puesto en marcha en América Latina hasta ese momento y era el único que tenía una instancia judicial comunitaria  —el Tribunal Andino de Justicia—  para solucionar las controversias entre los países miembros con ocasión o por consecuencia de los acuerdos de integración.

Sobre la base de la zona de libre comercio formada por los países andinos, se implantó a partir del primero de febrero de 1995 la unión aduanera entre tres de ellos: Venezuela, Colombia y Ecuador, que desde esa fecha aplicaron un arancel externo común a su comercio con los restantes países del mundo. Este arancel tenía tres niveles: 5% de gravamen para materias primas, entre el 10% y el 15% para productos semielaborados y el 20% para productos terminados. Sin embargo, el AECadoptado por los tres países andinos comprendía el 90% del universo arancelario. El 10% restante, contenido en el anexo de excepciones, fue incorporado paulatinamente en el arancel.

En abril de 1996 los presidentes de los países andinos, reunidos en la ciudad de Trujillo, Perú, tomaron dos resoluciones de carácter formal: sustituir la denominación “Pacto Andino” con que se conocía desde su nacimiento a este sistema de integración por la de «Comunidad Andina de Naciones (CAN»), obedeciendo probablemente a la influencia europea, y crear una instancia intermedia de conducción del proceso: el Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores.

En consecuencia, los órganos de conducción y de administración de la integración subregional fueron:

a) el Consejo Presidencial Andino, constituido por los jefes de Estado de los países integrados, que ejercía la máxima autoridad en el proceso integrador y cuya misión principal era definir políticas, emitir normas directrices, evaluar el proceso de integración y supervisar la conducta de los órganos inferiores;

b) el Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores que formulaba la política exterior de los países miembros en los asuntos de interés subregional;

c) la Comisión de la Comunidad Andina, compuesta por los ministros encargados del comercio exterior, que conducía el intercambio de productos en el mercado ampliado, evitaba las distorsiones en la competencia y adoptaba las decisiones necesarias para la marcha del proceso;

d) la Secretaría General, que era el órgano ejecutivo que aplicaba las resoluciones de los órganos anteriores y ejercía las funciones administrativas;

e) el Parlamento Andino, compuesto de cinco legisladores de cada uno de los países miembros, que era un foro de discusión y apoyo político al proceso de integración. A partir del año 2005 los parlamentarios andinos fueron elegidos directamente por los ciudadanos de cada Estado, en forma semejante a la del Parlamento Europeo;

f) el Tribunal Andino de Jsticia, que era el órgano jurisdiccional de la Comunidad encargado de declarar a quién asistía el Derecho en los casos de litigio entre los países por causa de violación de las normas de la integración o de incumplimiento de los compromisos contraídos; y

g) los consejos consultivos empresarial y laboral que, integrados por dirigentes de las cámaras de la producción y de los sindicatos de trabajadores, respectivamente, participaban en las deliberaciones de la integración andina.

La Comunidad Andina contaba con la Corporación Andina de Fomento (CAF) y con elFondo Latinoamericano de Reservas (FLAR) como entidades financieras y crediticias encargadas de costear los proyectos de importancia de sus países en el ámbito de la integración o fuera de él.

Además existían tres convenios relacionados con su política social: el Convenio Andrés Bello, instrumento de integración cultural y educativa con sede en Bogotá; el Convenio Hipólito Unanue referente a la salud humana, con sede en Lima; y el Convenio Simón Rodríguez, localizado en Quito, que versaba sobre la integración laboral y la seguridad social.

Formaban también parte de la estructura operativa de la Comunidad: el Consejo Consultivo Laboral Andino y el Instituto Laboral Andino, con sede en Caracas, encargados de desarrollar programas de capacitación laboral; la Asociación de Empresas Estatales de Telecomunicaciones (ASETA), con la misión de impulsar el desarrollo y la modernización de las telecomunicaciones para servir a la integración andina; y los consejos de planificación monetaria y cambiaria, de financiamiento, de política fiscal, de  comercio exterior, de turismo, de cuestiones sociales, de salud, de integración física, de asuntos agropecuarios, de materias aduaneras, de política industrial y de ciencia y tecnología, que operaban como entes consultivos de los órganos comunitarios.

Sin embargo, algunos observadores han mirado como inciertas las posibilidades de la Comunidad Andina, ya por su estancamiento, ya por las persistentes contradicciones internas entre los países que a ella pertenecen.

En abril de 1997 el gobierno de Perú anunció la decisión de separarse definitivamente de la Comunidad Andina, con la que había suspendido sus compromisos a partir de 1992 a causa de su crisis económica interna, aunque más tarde revisó esa decisión. El gobierno peruano estuvo en desacuerdo con el arancel externo común, que de todas maneras significaba cierto grado de protección industrial. El presidente Alberto Fujimori explicó en aquella oportunidad que su país «ha abierto su economía al mundo aplicando una política económica basada en el principio de la libre competencia, que debe ser el sustento de su relacionamiento con las demás naciones del mundo» e insistió en que deben eliminarse los subsidios y otras medidas que afectaban en la subregión al comercio libre, dinámico, transparente y leal.

El 19 de abril del 2006, reunidos en Asunción para tratar el proyecto de construcción de un gasoducto para abastecer de gas boliviano a Paraguay y Uruguay, los presidentes Evo Morales de Bolivia y Hugo Chávez de Venezuela declararon «muerta» a la Comunidad Andina a causa de los tratados de libre comercio celebrados por Colombia y Perú con Estados Unidos. Chávez afirmó que la CAN «sólo sirve a las elites y a las transnacionales». Y pocos días después el gobierno venezolano comunicó formalmente la separación de su país de la Comunidad Andina. Esa separación se concretó el 22 de abril del 2011.

              «Por extraño que parezca, el Acuerdo de Cartagena es la más antigua de las agrupaciones de integración del mundo en desarrollo que se haya mantenido sin cambios fundamentales en sus reglas de origen», afirmó el economista ecuatoriano Germánico Salgado (1925-1999). No obstante, en su libro «El Grupo Andino» (1998) sostuvo que este proceso integrador«resultó a la postre inviable (…) sobre todo teniendo en cuenta la heterogeneidad de la estructura económica y grado de desarrollo de los participantes». Afirmó que se subestimaron las diferencias de capacidad entre los países miembros  —referíase a las distancias económicas y productivas que mediaban entre Bolivia y Ecuador, por un lado, y Venezuela, Chile y Colombia, por otro—  y que «la diferencia de infraestructura industrial y desarrollo tecnológico entre los cinco países eran muy marcadas». Escribió que «el grupo andino partía de la tesis de que el objetivo primordial era la industrialización mediante la ampliación del mercado. Es decir, un cambio de la estructura industrial anterior, basada fundamentalmente en el mercado nacional, por una estructura en la que fuera posible el desarrollo de industrias con mayores escalas de producción y un mayor progreso tecnológico gracias a la especialización».

                    En este marco de ideas, el economista y profesor ecuatoriano Francisco Pareja Cucalón, en su trabajo sobre «La integración regional en Sudamérica: entre el designio y la realidad» (2014), sostiene que «la lenta erosión y desgaste del proceso andino de integración culminó en 2013 con la decisión de las autoridades andinas de emprender un proceso de ‘reingeniería’ del Sistema Andino de Integración y una redefinición de sus prioridades. A partir de esa decisión la CAN entró en un proceso de lenta agonía, si bien al menos dos de sus instituciones, la Corporación Andina de Fomento, hoy transformada en Banco de Desarrollo de América Latina, y la Universidad Andina Simón Bolívar, han logrado fortalecer y acrecentar su actividad».

                    Reitera Pareja que, a pesar de los importantes volúmenes de comercio intracomunitario alcanzados por los países andinos  —que en el año 2012 sumaron 10.349 millones de dólares, de los cuales el 73% correspondió a bienes manufacturados—  y no obstantes “los avances recientemente logrados en materia de cultura, migraciones, ciudadanía andina y protección consular”, el proceso de integración andina entró en severa crisis a causa de “una sucesión de omisiones y de acciones disonantes protagonizadas en diversos momentos por uno u otro de los países miembros” de la comunidad andina. Y cita como ejemplos de esa distonía las decisiones de Colombia y Perú de negociar acuerdos de comercio con Estados Unidos al margen de las normas comunitarias, la salida de Venezuela de la Comunidad Andina(CAN), “la incapacidad de los países andinos para acordar la negociación en bloque de un Acuerdo de Asociación con la Unión Europea y, por último, la compleja adhesión de Bolivia al MERCOSUR sin abandonar la Comunidad Andina”.

                    Con referencia a la “reingeniería” decretada por la Comunidad Andina en su Decisión 792, para adecuarla a los retos del contexto internacional, anota Pareja que, “según se desprende de pronunciamientos del Consejo Presidencial en 2011 y de las normas comunitarias expedidas en 2012 y 2013, ella comprendería al menos tres ámbitos: selección de los temas a los que el proceso andino de integración debe abocarse prioritariamente, revisión de la institucionalidad de la CAN (tanto del sistema en su conjunto como de sus diversos componentes) y acercamiento al MERCOSUR, UNASUR y la ALADI con miras a la convergencia de los esquemas y procesos de integración suramericanos”.

                    Afirma Pareja que resulta significativo que la CEPAL destacara “como premisas para asegurar el éxito del proceso de ‘reingeniería’ no sólo la imprescindible preservación del acervo histórico de la CAN, sino también una actitud de positiva flexibilidad por parte de los países miembros para procesar sus diferencias y preservar la unidad, claro llamado de atención y advertencia para impedir que las fuerzas centrífugas que condujeron a la crisis terminen por asfixiar al proceso de integración” puesto que los países andinos eran también parte de UNASUR, ALADI y CELAC y miembros asociados del MERCOSUR. Adicionalmente, Colombia y Perú pertenecían a la Alianza del Pacífico  —juntamente con Chile y México—  mientras que Ecuador y Bolivia formaban parte de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA). Es decir que las fuerzas centrífugas habían cobrado notable intensidad.

                    En junio del 2013 las autoridades comunitarias andinas, mediante la Decisión 791, integraron un grupo de trabajo formado por sus miembros y representantes y por delegados de los ministerios de asuntos internacionales para que, con base en los informes de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y la Fundación Getulio Vargas (FGV), preparase un documento de síntesis sobre “la nueva visión, los lineamientos estratégicos y la priorización de los ámbitos de acción de la Comunidad Andina”, dando prioridad a los elementos sociales de la integración económica, profundizando la complementación comercial, fortaleciendo la interconexión eléctrica entre los países andinos y avanzando en la articulación y convergencia entre la UNASUR y el MERCOSUR.

                    En aquel momento Pareja añadió que “el estado actual de la integración en Suramérica puede calificarse como confuso e incierto. Persiste una retórica de la integración que, al menos, mantiene vivos el anhelo y el designio integracionistas y que admite acciones de cooperación y concertación, sobre todo política, cuya importancia no cabe subestimar. Pero no puede desconocerse que la integración profunda, la que conduce desde la integración económica hasta la unión política, no se encuentra en el orden del día”.

                    Lo cual podía significar, según pensaba Pareja, que la integración dejara de cumplir sus objetivos y que los países de la región optaran por insertarse individualmente en la economía global. Situación que ponía de manifiesto y denunciaba  —de acuerdo con el criterio del mencionado analista económico—  la aversión de los Estados sudamericanos a la supranacionalidad y a la cesión o compartimiento de soberanía.

Todo esto a pesar de que los miembros del Parlamento Andino  —que entró en funciones a partir de 1984—  fueron elegidos democráticamente por los ciudadanos de sus respectivos Estados: en Perú a partir del año 2006, en Ecuador 2009 y en Colombia 2010. Observa Pareja que, en este aspecto, «mutatis mutandis sus circunstancias son similares a las del Parlamento Europeo».

                                5. The Caribbean Community & Common Market (CARICOM).     Fue establecido el 4 de julio de 1973 para propender a la integración económica de los pequeños países del Caribe, coordinar su política exterior y fortalecer la cooperación económica, cultural, científica y tecnológica entre ellos.

El acuerdo preveía varias instancias administrativas, la principal de las cuales era la conferencia semestral de jefes de Estado. La reunión periódica de los ministros era también otro de sus mecanismos de operación. La Secretaría Permanente funcionaba en Puerto España, capital de Trinidad & Tobago.

Formaban parte de este organismo de integración subregional: Belice, Jamaica, Trinidad & Tobago, Bahamas, Barbados, Dominica, Granada, Guayana, Saint Kitts & Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent, Antigua & Barbuda, Anguilla, Bermuda, Caicos Islands, Turks Islands, Montserrat, Virgin Islands, Saint Thomas y otras islas caribeñas.

El CARICOM ha tenido más éxito en la coordinación de las políticas exteriores de sus miembros que en la integración económica subregional del Caribe.

                                6. Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI).     Ante la frustración de la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio (ALALC), que no pudo constituir la prometida zona de apertura comercial, los países de la región crearon, por medio del Tratado de Montevideo suscrito en 1980, la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI) para alcanzar a través de renovadas estrategias los objetivos de la integración latinoamericana. Este fue otro de los frustrados intentos integracionistas de la región.

Sus propósitos originales fueron: promover el desarrollo económico y social de los países miembros, reducir las trabas al comercio entre ellos, fortalecer sus vínculos de cooperación e ir hacia el mercado común. Todo esto dentro del pluralismo político y del tratamiento diferencial en función del nivel de desarrollo de sus socios y mediante preferencias arancelarias, acuerdos de alcance regional o parcial, apertura de mercados y cooperación científica y tecnológica.

Sus órganos directivos son el Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores, la Conferencia de Evaluación y Convergencia, el Comité de Representantes  —que es su órgano ejecutivo—  y la Secretaría General.

                                 7. North American Free Trade Agreement (NAFTA).     Sobre la base del acuerdo de libre comercio suscrito entre Estados Unidos y Canadá el 2 de enero de 1988, que entró en vigencia el primero de enero de 1989, y bajo la inspiración de la <Iniciativa para las Américas que propuso en junio de 1990 el presidente George Bush, con el planteamiento de nuevas formas de vinculación entre América Latina y Estados Unidos basadas en la intensificación del comercio, en nuevas inversiones y en la solución del problema de la deuda, se suscribió el 12 de agosto de 1992 el Tratado de Libre Comercio (TLC)  —llamado en inglés North American Free Trade Agreement (NAFTA)—  entre Estados Unidos, Canadá y México, y al que se adhirió después Chile.

Con ser muy importante por el tamaño de los Estados comprometidos  —370 millones de habitantes y 6.5 billones de dólares de producción conjunta—,  este no fue sin embargo un proyecto de gran envergadura en materia de integración. Se propuso solamente establecer una zona de libre comercio  —como, en efecto, empezó a establecerla a partir del 1 de enero de 1994—  y no fue más allá en el proceso integrador. Estados Unidos y Canadá tenían interés en producir más barato en México para mejorar su competitividad internacional. La integración ofrece esta ventaja: se puede producir donde es más barato hacerlo, independientemente de las fronteras nacionales. México, por su parte, buscaba asegurarse el mercado norteamericano y recibir caudalosas inversiones para dinamizar su economía y ampliar las posibilidades de empleo. Y todos ellos buscaban, en conjunto, adquirir nuevos mercados fuera de su región.

8. Grupo de los Tres (G-3).     Por medio de la Declaración de Nueva York, a fines de septiembre de 1990 se constituyó, como un mecanismo informal de consulta y concertación políticas, el llamado Grupo de los Tres (G-3), compuesto por México, Colombia y Venezuela. El grupo no se fundó en un tratado internacional ni contó con una estructura institucional. Mantuvo por ello su informalidad. Fueron varias coincidencias políticas, geopolíticas y económicas el factor de su unidad. El grupo instrumentó un programa común de desgravación arancelaria y la formación de una zona de libre comercio para la eventual implantación ulterior de un mercado común entre sus miembros. Ha desarrollado programas de cooperación sectorial en los campos de la energía, el comercio, el transporte, las telecomunicaciones, el turismo, la ciencia y la tecnología y, además, programas de complementación en las áreas de las industrias petrolera, química y siderúrgica.

El 13 de junio de 1994 el grupo firmó en Cartagena los documentos para establecer la zona de libre comercio entre los tres países, que en conjunto tenían una población de 150 millones de habitantes y cuyo producto interno bruto era de alrededor de 400 mil millones de dólares.

El próximo paso era la formación de su mercado común, que originalmente estuvo previsto para el 1 de enero de 1995 pero que sufrió postergaciones.

9. El Mercado Común del Sur (MERCOSUR).     Fue creado en marzo de 1991 para integrar, en una zona de libre comercio, primero, y después en un mercado común, a Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay.

Este proceso de integración del cono sur se inició con la celebración del Tratado de Asunción del 26 de marzo de 1991. Allí se acordó abatir los aranceles entre los cuatro países miembros a partir del 1 de enero de 1995  —como en efecto se lo hizo—,  autorizar el libre tránsito de personas, bienes, capitales y tecnología entre ellos y preparar las condiciones para el mercado común. Después, el 17 de diciembre de 1994, los presidentes de los cuatro países firmaron en Ouro Preto, Brasil, los acuerdos que establecieron las bases de la unión aduanera que, aunque incompleta, empezó a operar a partir del 1 de enero de 1995 bajo la vigencia de un arancel externo común que contempla gravámenes que van del 0 al 20% para 9.000 productos.

El Tratado de Asunción  —que es el nombre oficial de este instrumento—  invocó como propósito de la integración “la ampliación de las actuales dimensiones de sus mercados nacionales” como “condición fundamental para acelerar sus procesos de desarrollo económico con justicia social”, para lo cual acordó la libre circulación de bienes, servicios y factores de la producción entre los cuatro países, con eliminación de los derechos aduaneros y restricciones no arancelarias; el establecimiento de un arancel externo común y la adopción de una política comercial compartida con relación a terceros países o agrupaciones de países; y la coordinación de políticas macroeconómicas y la armonización de las legislaciones entre los Estados-partes en las áreas fiscal, monetaria, cambiaria, industrial, del comercio exterior, transportes, agricultura y comunicaciones.

El MERCOSUR ha tenido una institucionalidad muy incipiente. Según el Protocolo de Ouro Preto  —protocolo adicional al Tratado de Asunción—  sus órganos directivos, de carácter intergubernamental, son el Consejo del Mercado Común, el Grupo Mercado Común, la Comisión de Comercio, la Comisión Parlamentaria Conjunta, el Foro Consultivo Económico-social y la Secretaría Administrativa.

El Consejo del Mercado Común  —integrado por los ministros de relaciones exteriores y de economía, cuya presidencia se ejerce rotativamente por los Estados miembros en períodos semestrales—  es “el órgano superior al cual incumbe la conducción política del proceso de integración y la toma de decisiones para asegurar el cumplimiento de los objetivos establecidos por el Tratado de Asunción y para  alcanzar la constitución final del mercado común”. Se reúne cuando es necesario, pero al menos una vez cada semestre concurren a la reunión los presidentes de los Estados partes. Sus decisiones son vinculantes para ellos. El Grupo Mercado Común es el órgano ejecutivo de la entidad. Está compuesto por cuatro miembros principales y cuatro suplentes por cada país. Su función principal es cumplir y hacer cumplir las decisiones del órgano superior, aprobar el presupuesto y recibir la rendición de cuentas anual de la Secretaría Administrativa. Sus resoluciones son obligatorias para los Estados. A la Comisión de Comercio, compuesta por cuatro miembros titulares y cuatro suplentes de cada país, le “compete velar por la aplicación de los instrumentos de política comercial común acordados por los Estados partes para el funcionamiento de la unión aduanera”. El Foro Consultivo Económico-social es la instancia representativa de los sectores sociales y económicos privados de los países miembros para formular recomendaciones o plantear sus aspiraciones.

Las decisiones de los órganos colegiados son tomadas por consenso y con la presencia de todos los Estados miembros. El estatuto señala que “la Comisión Parlamentaria Conjunta es el órgano representativo de los Parlamentos de los Estados Partes en el ámbito del MERCOSUR”. Está integrada por igual número de parlamentarios de cada uno de los Estados miembros, designados por los respectivos parlamentos nacionales de acuerdo con sus normas internas. Sus responsabilidades principales son coadyuvar a la incorporación de las normas emanadas de los órganos comunitarios al ordenamiento jurídico de los Estados, trabajar en la armonización de las legislaciones nacionales y formular recomendaciones al Consejo del Mercado Común.

De acuerdo con el Protocolo de Olivos para la solución de controversias en el MERCOSUR, suscrito el 18 de febrero del 2002, los tribunales arbitralesad hoc, de primera instancia, y el Tribunal Permanente de Revisión se encargan de solucionar los conflictos jurídicos que surjan entre los Estados o entre éstos y las personas naturales o jurídicas como consecuencia del proceso de integración.

Dice el Protocolo de Ouro Preto que la Secretaría Administrativa, con sede en Montevideo, es un “órgano de apoyo operativo” encabezado por un Director designado por el Consejo del Mercado Común para el período de dos años, bajo cuya responsabilidad está la prestación de servicios a los demás órganos comunitarios, el mantenimiento del archivo oficial, la provisión de apoyo logístico a las reuniones de los órganos colegiados de la integración, la prestación de los servicios de secretaría, la entrega de información a los gobiernos acerca de la marcha del proceso de integración y el desempeño de las tareas que le sean encomendadas por el Consejo del Mercado Común, el Grupo Mercado Común y la Comisión de Comercio.

Hay reuniones de ministros de economía, agricultura, industrias, minas y energía, trabajo, salud, desarrollo social, turismo, educación, cultura, medio ambiente. Funcionan numerosos foros, reuniones técnicas, reuniones especializadas, grupos de alto nivel, grupos y subgrupos de trabajo, grupos ad hoc, todos ellos integrados por delegados y representantes de los Estados miembros.

Este instrumento de integración contiene, como documentos anexos, el programa de liberación comercial, el régimen general de origen, la normativa de solución de las controversias, las cláusulas de salvaguardia y el esquema de los subgrupos de trabajo del Grupo Mercado Común.

El 31 de julio del 2012 se incorporó Venezuela al MERCOSUR como su quinto miembro pleno.

10. La Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR).     Los gobernantes de los doce Estados sudamericanos, reunidos en la ciudad del Cuzco el 8 de diciembre del 2004, proyectaron crear la Comunidad Sudamericana de Naciones con el fin de desarrollar un espacio«integrado en lo político, social, económico, ambiental y de infraestructura”. Decisión que fue ratificada en las cumbres presidenciales de Brasilia en septiembre del 2005 y de Cochabamba en diciembre del 2006, en las que los presidentes reafirmaron que “la integración sudamericana no sólo es necesaria para resolver los grandes flagelos que afectan a la región, como son la pobreza, la exclusión y la desigualdad social persistentes, que se han trasformado en los últimos años en una preocupación central de todos los gobiernos nacionales, sino que es un paso decisivo para lograr un mundo multipolar, equilibrado, justo y basado en una cultura de paz”.

Con estos antecedentes, los gobernantes de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Guyana, Paraguay, Perú, Surinam, Uruguay y Venezuela, reunidos en la isla venezolana de Margarita, resolvieron consensualmente el 16 de abril del 2007 fundar la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR)  —cuyo tratado constitutivo fue suscrito en Brasilia el 23 de mayo del 2008—,  señalar a Quito como su sede y elegirme para presidir la Secretaría General de la naciente entidad.

Según dijeron los presidentes, la sustitución del nombre: de “comunidad” por “unión”, fue un cambio deliberado para expresar su designio de dar una estructura institucional más apretada a la nueva entidad.

Dada mi vieja y ferviente vocación integracionista, acepté la responsabilidad e inmediatamente puse en manos de los jefes de Estado y de gobierno un proyecto de estatuto fundacional que contenía mis puntos de vista acerca de lo que debía ser y hacer UNASUR. En él manifesté mi opinión de que debían subsumirse en la nueva institución integracionista, de escala regional, todas las entidades subregionales existentes, a fin de avanzar de la dimensión subcontinental  —representada en ese momento por la Comunidad Andina de Naciones (CAN) y el Mercado Común del Sur (MERCOSUR)—  hacia la integración continental sudamericana, con base en las experiencias, logros y frustraciones de los sistemas subregionales.

El desafío era  —y sigue siendo—  pasar de la escala subregional a la escala regional en la integración sudamericana, como etapa previa de la integración global de América Latina y el Caribe. Para lograr este objetivo era indispensable concentrar en una sola todas las entidades subregionales de integración y evitar la triplicación de esfuerzos, burocracias y presupuestos.

Los principales cometidos de UNASUR debieron ser la integración cultural, educativa, energética, financiera, informática, de telecomunicaciones, de transportes y el avance científico y tecnológico de la región  —puesto que en la sociedad del conocimiento el saber y la información son los «insumos» con que funcionan los modernos instrumentos de la producción—;  el desarrollo sustentable, compatible con la defensa de los ecosistemas; la promoción y priorización las numerosas obras de integración física proyectadas en los campos de la energía, vialidad, telecomunicaciones, informática, transportes y muchos otros; la corrección de las asimetrías de la globalización para que ella produzca beneficios globales, es decir, beneficios para todos.

UNASUR debía responder a la vieja y morosa idea de conectar a través del territorio sudamericano el Atlántico con el Pacífico  —como lo hizo América del Norte en el siglo XIX—  para impulsar el desarrollo regional.

Podía contar con la Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Suramericana (I.I.R.S.A.) que, con «el objeto promover el desarrollo de la infraestructura de transporte, energía y comunicaciones bajo una visión regional, procurando la integración física de los doce países suramericanos y el logro de un patrón de desarrollo territorial equitativo y sustentable», nació en la reunión de presidentes sudamericanos celebrada en Brasilia en agosto del 2000. Sobre diez ejes multinacionales de integración física horizontal y vertical, I.I.R.S.A. ha desenvuelto centenares de proyectos  —unos concluidos, otros en ejecución y otros en preparación—  para construcción de rutas y carreteras entre los países, puentes internacionales, ferrovías, gasoductos, vías de agua y puertos fluviales.

Ese era el camino para alcanzar los objetivos del desarrollo humano, social y económico de los pueblos sudamericanos, potenciar su inserción en el mundo internacional implacablemente competitivo de la postguerra fría, impulsar la cooperación sur-sur  —que ha sido un viejo e incumplido anhelo de los pueblos del tercer mundo—  y alentar la formulación de un régimen jurídico compartido que permitiera a los sudamericanos tener una nacionalidad común, ser considerados en pie de igualdad en todos los Estados de la región, cruzar sus fronteras nacionales sin necesidad de visa ni pasaporte, circular libremente en los territorios de los Estados miembros, fijar su residencia y trabajar lícitamente en cualquiera de ellos, montar empresas y hacer inversiones con arreglo a las leyes de los Estados receptores.

Pero la instrumentación del proyecto tuvo tropiezos. El propósito original de los presidentes fue mediatizado por las burocracias de cancillería, en medio de imprecisiones conceptuales. No se formó una institución orgánica capaz de hacer cosas y de dar resultados tangibles y cuantificables, sino un nuevo foro para los presidentes, proclive a inflar la retórica espumosa que por más de medio siglo ha envuelto a los procesos de integración latinoamericanos.

Decidí entonces declinar la alta responsabilidad de presidir la Secretaría General de UNASUR el 21 de mayo del 2008 y veinticuatro meses después fui sustituido por el expresidente Néstor Kirchner de Argentina.

Al momento de la creación de la nueva entidad, el subcontinente de 17’752.014 kilómetros cuadrados de territorio tenía alrededor de 380 millones de habitantes, un producto interno bruto de 1,9 billones de dólares, abundantes riquezas energéticas renovables y no renovables, grandes reservas minerales, enormes recursos hídricos y riquísima biodiversidad.

                              11. Alianza del Pacífico.     El 28 de abril del 2011, con las firmas de los presidentes Felipe Calderón, Juan Manuel Santos, Sebastián Piñera y Alan García, se constituyó en Lima el Área de Integración Profunda (AIP) compuesta por México, Colombia, Chile y Perú.

Este nuevo mecanismo de integración subregional, al que se denominó Alianza del Pacífico, se puso en marcha el 6 de junio del 2012 cuando los presidentes de México, Colombia, Perú y Chile, reunidos en el desierto chileno de Atacama, firmaron su acta constitutiva. La nueva entidad integracionista representaba una población de 215 millones de habitantes, más de un tercio del producto interno bruto de América Latina y más de la mitad de su volumen comercial. Sus fundadores subrayaron que el objetivo era la libre circulación de bienes, servicios, capitales, tecnologías y energía, la construcción de obras de infraestructura común entre los países aliados y el libre tránsito de personas entre ellos. Pusieron énfasis en que la nueva entidad integracionista latinoamericana, a diferencia de las otras, no impulsaba ni defendía mecanismos proteccionistas y estaba abierta al amplio comercio internacional con arreglo a las conveniencias de sus países miembros.

El presidente Santos manifestó que «la Alianza no va contra nadie», no es «excluyente ni incompatible» con los otros procesos de integración, estará abierta a la incorporación de nuevos socios y será el proceso de integración regional más importante de América Latina para su desarrollo económico.

Pero la formación de la Alianza del Pacífico generó «celos» políticos y comerciales en la UNASUR.

A la VII cumbre de la Alianza del Pacífico, celebrada el 22 y 23 de mayo del 2013 en la ciudad de Cali, asistieron los presidentes Juan Manuel Santos de Colombia, Enrique Peña Nieto de México, Sebastián Piñera de Chile y Ollanta Humala de Perú, miembros plenos de la entidad, y estuvieron presentes como observadores: el presidente del gobierno de España, Mariano Rajoy; el primer ministro Stephen Harper de Canadá; la presidenta Laura Chinchilla de Costa Rica; el presidente Otto Pérez Molina de Guatemala; el presidente Ricardo Martinelli de Panamá; el vicepresidente de Uruguay, Danilo Astori; y altos representantes de Australia, Nueva Zelandia y Japón.

En esa reunión se incorporó Costa Rica como miembro pleno de Alianza del Pacífico y se refrendaron los objetivos fundamentales de la entidad, en torno de los cuales se aprobaron diversos acuerdos para liberar del pago de tributos arancelarios al 90% de su comercio intrarregional, intensificar los flujos de comercio e inversión, fomentar la inversión extranjera, mejorar los estándares de protección de las inversiones nacionales, regionales y extra-regionales, perfeccionar los mecanismos de solución de las controversias internacionales, ampliar la cooperación integracionista hacia terceros países, revisar los avances arancelarios  —reglas de origen, facilitación del comercio, instrumentación aduanera—,  crear sinergias para la competitividad de las medianas y pequeñas empresas de los países miembros, implementar la mayor transparencia fiscal internacional y combatir la evasión y elusión tributarias, impulsar el turismo hacia la región, establecer medidas sanitarias y fitosanitarias en torno al comercio de medicamentos, abrir canales de cooperación entre las oficinas de propiedad intelectual, impulsar la investigación científica de los cambios climáticos, favorecer el comercio transfronterizo, avanzar en las negociaciones multilaterales en telecomunicaciones, servicios financieros y transporte aéreo y marítimo de pasajeros y carga, establecer terceras, cuartas y quintas libertades en vuelos interregionales y abrir embajadas, consulados y oficinas comerciales compartidas por los países miembros en algunos Estados asiáticos y africanos.

Desde la perspectiva geopolítica, la Alianza del Pacífico obligó a México a mirar hacia el sur en su estrategia de contrarrestar la influencia económica de Brasil. Y se proyecta hacia el Pacífico mientras que el MERCOSUR se proyecta hacia el Atlántico.

                               12. Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC).      En la reunión cumbre de 33 jefes de Estado o de gobierno celebrada en Caracas los días 2 y 3 de diciembre del 2011 se constituyó la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), integrada por 33 Estados de la región, con el objetivo declarado de profundizar la integración regional en el marco de la «solidaridad, cooperación, complementariedad y concertación política» entre los países, bajo la convicción de que «la unidad e integración política, económica, social y cultural de América Latina y el Caribe constituye, además de una aspiración fundamental de los pueblos aquí representados, una necesidad para enfrentar con éxito los desafíos que se nos presentan como región».

La CELAC es, en realidad, un foro intergubernamental que, según dice su declaración de principios, constituye un «mecanismo de diálogo y concertación» dentro de la «unidad en la diversidad» de los países que la integran con el fin de «promover y proyectar una voz concertada de América Latina y el Caribe en la discusión de los grandes temas y en el posicionamiento de la región ante acontecimientos relevantes».

Forman parte de este foro continental: Antigua & Barbuda, Argentina, Bahamas, Barbados, Belice, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Dominica, Ecuador, El Salvador, Grenada, Guatemala, Guyana, Haití, Honduras, Jamaica, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, San Cristóbal y Nieves, San Vicente y las Granadinas, Santa Lucía, Surinam, Trinidad & Tobago, Uruguay y Venezuela.

La población de estos países, a la fecha de constitución de la CELAC, rodeaba los 589 millones de habitantes  —174 millones de pobres y 73 millones en pobreza extrema—  sobre 50,5 millones de kilómetros cuadrados de territorio, con un 4,7% de producto interno bruto.

                                13. La integración: instrumento de desarrollo.     En las condiciones surgidas en la postguerra fría, la integración se presenta como un instrumento indispensable para el desarrollo humano, social y económico de los países pobres de Asia, África y América Latina. En el nuevo orden económico y político internacional, acaudillado por las potencias vencedoras de la confrontación Este-Oeste, el proceso de megafusiones ha producido una constelación de corporaciones transnacionales privadas de dimensiones colosales, cuyas cifras de ventas anuales superan el producto interno bruto de muchos países y cuyas asignaciones para investigación científica rebasan muchos presupuestos nacionales. Según datos del Instituto de Estudios Políticos de Estados Unidos, en el año 2000 de las cien entidades económicamente más poderosas del planeta, 51 eran corporaciones privadas y 49 eran Estados. Las empresas transnacionales se han convertido en grandes imperios globales  —que no han podido ocultar su vocación de sustituir a los Estados en el ejercicio de sus facultades soberanas—,  hasta el punto que los imperialismos del futuro no tendrán a los grandes Estados como sus únicos protagonistas.

14. El proceso de integración en Asia y África.     En estos dos continentes también se han dado pasos hacia la integración económica, aunque menos decisivos que los de Europa y América Latina. Varias organizaciones subregionales se establecieron en África en la década de los 60: la Comunidad Económica de África Oriental, la Comunidad Económica de los Estados de África Occidental, el Comité Consultivo Permanente del Maghreb, la Unión Aduanera y Económica de África Central.

En la región árabe se estableció el Consejo de Cooperación del Golfo.

La mayor zona de libre comercio del mundo es la integrada por Estados Unidos, Canadá, México, Chile, Perú, Japón, Corea del Sur, China, Taiwán, Tailandia, Malasia, Filipinas, Brunéi, Indonesia, Papúa-Nueva Guinea, Australia, Nueva Zelandia, China-Hong Kong, Vietnam, Rusia y Singapur. Se trata del proceso de integración de los países de la cuenca del Pacífico en la región de intercambio libre más grande del planeta, que representa más de la mitad del comercio mundial y que tiene enormes potencialidades de desarrollo.  El llamado Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (Asia Pacific Economic Cooperation, APEC), al que concurrió la mayoría de los países del área, representados por sus gobernantes, lo decidió en la reunión celebrada en Yakarta, capital de Indonesia, el 14 y 15 de noviembre de 1994. Allí se estableció el plazo de 25 años para alcanzar este objetivo. El plazo tenía dos tramos: uno para la apertura de los mercados en los países industrializados en el año 2010, y otro para los demás, fijado en el 2020.

El organismo, surgido en 1989 como un grupo informal de diálogo de doce miembros, ha precisado sus metas de comercio abierto, de libre inversión y de cooperación económica y tecnológica en el área Asia-Pacífico y ha previsto sus métodos para alcanzarlas a lo largo de sus reuniones cumbres en Blake Island, Seattle, en noviembre 20 de 1993; en Bogor, Indonesia, el 15 de noviembre de 1994; en Osaka, Japón, el 19 de noviembre de 1995; en Subic, Filipinas, el 25 de noviembre de 1996; en Vancouver, Canadá, el 25 de noviembre de 1997; en Kuala Lumpur, Malasia, el 18 de noviembre de 1998; en Auckland, Nueva Zelandia, el 13 de septiembre de 1999; en Bandar Seri Begawan, Brunéi, en noviembre del 2000; en Shanghai, China, el 21 de octubre del 2001; en Ciudad de México el 26 de octubre del 2002; Bangkok el 20 de octubre del 2003; en Santiago de Chile el 20 de noviembre del 2004; en Corea del Sur el 18 de noviembre del 2005; en Hanoi, Vietnam, el 18 de noviembre del 2006; en Sydney, Australia, en noviembre del 2007. En ese año el foro tenía 21 miembros. Los jefes de Estado y de gobierno de ellos se reúnen anualmente para ajustar sus estrategias.

Esta es la culminación del proceso de crecimiento de las economías del sudeste asiático, lideradas por el Japón después de su reconstrucción tras la Segunda Guerra Mundial, que les llevará a jugar un papel aun más importante en la economía global y a estrechar sus vínculos con los Estados Unidos de América. En septiembre de 1980 se reunió el primer consejo de cooperación económica (Pacific Economic Cooperation Council, PECC) en Canberra para acercar las actividades comerciales, pesqueras, mineras, energéticas y otras de naturaleza económica entre los países de la región. Este organismo estableció una secretaría permanente con sede en Singapur, que un año después convocó una amplia conferencia de los ministros responsables del comercio exterior. Y en noviembre de 1993 el presidente Bill Clinton de Estados Unidos invitó a los gobernantes de todos esos países a la primera cumbre de Asia-Pacífico en Blake Island, cerca de Seattle, donde quedó integrada esta amplia y poderosa zona de libre comercio, fundada sobre los principios del libre intercambio internacional, la libertad de inversión y la cooperación económica y técnica.

Ella hizo el milagro de reunir en un propósito comercial común a las dos grandes economías asiáticas: China (Hong Kong incluido) y Taiwán, por encima de los gravísimos y recurrentes conflictos suscitados en el estrecho que las separa.

                               15. El Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA).     Con la intención de impulsar otro proceso integrador se reunieron el 12 de diciembre de 1994 en Miami, por iniciativa del presidente Bill Clinton de Estados Unidos, treinta y cuatro jefes de Estado y de gobierno de América Latina y el Caribe para crear el Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA)  —Free Trade Area of the Americas (FTAA)—  a partir del año 2005 con el propósito de “abrir los mercados y crear una zona de libre comercio en nuestro hemisferio, reforzar el notable movimiento hacia la democracia y dar a nuestras naciones la posibilidad de mejorar la calidad de vida para todos nuestros pueblos”, según dijo Clinton en el discurso de apertura de la reunión.

Era el proyecto norteamericano de integración para América Latina.

El documento fundacional señalaba que “la eliminación de los obstáculos para el acceso al mercado de bienes y servicios entre nuestros países promoverá nuestro crecimiento económico. Una economía mundial en crecimiento aumentará también nuestra prosperidad interna. El libre comercio y la creciente integración económica son factores clave para elevar el nivel de vida, mejorar las condiciones de trabajo de los pueblos de las Américas y proteger mejor el medio ambiente”. Y agregaba que era un imperativo eliminar los obstáculos para el acceso al mercado común de los bienes y servicios de los países de la región, bajo la hipótesis de que “una clave para la prosperidad es el comercio sin barreras, sin subsidios, sin prácticas desleales y con un creciente flujo de inversiones productivas”. 

A la que se denominó primera cumbre de las Américas concurrieron los líderes de Antigua y Barbuda, Argentina, Bahamas, Barbados, Belice, Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Dominica, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos de América, Granada, Guatemala, Guyana, Haití, Honduras, Jamaica, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas, Surinam, Trinidad y Tobago, Uruguay y Venezuela. El único país excluido fue Cuba por falta de credenciales democráticas, según explicaron los promotores de la iniciativa. Todos los países miembros asumieron el compromiso de liberalizar en el futuro, a través de un proceso de negociación multilateral, el comercio y las inversiones en las Américas e impulsar el intercambio comercial “sin barreras, sin subsidios, sin prácticas desleales y con un creciente flujo de inversiones productivas”.

Para ello se obligaron a desmantelar gradualmente las barreras al comercio y a la inversión e implantar una zona de libre intercambio entre los países participantes a más tardar en el año 2005. Con tal propósito se conformó un comité tripartito integrado por la Organización de los Estados Americanos (OEA), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), que sirviera de apoyo técnico y de asesoría.

La segunda cumbre del ALCA se celebró en Santiago de Chile en 1998 y la tercera en Quebec en abril del 2001. Ambas reuniones estuvieron hostilizadas en la calle por los activistas antiglobalización. En el curso de las primeras deliberaciones se conformaron los órganos de gobierno, administración y negociación del ALCA y en ellas participaron no solamente el sector oficial representado por los jefes de Estado y de gobierno y por los ministros y viceministros de comercio de los países miembros sino también los empresarios privados, que a través de los foros empresariales de las Américas habían tenido y tienen la posibilidad de expresar sus puntos de vista y de defender sus intereses corporativos.

Si el ALCA hubiera funcionado, habría sido, por el volumen de su comercio, el más grande de los programas de integración económica después de la Unión Europea, antes que el NAFTA y, con distancia considerable, el MERCOSUR. Pero esta iniciativa nunca funcionó. Se incumplieron los plazos y las previsiones. Los partidos de izquierda y los movimientos sociales latinoamericanos opusieron una tenaz resistencia al establecimiento de la zona de libre comercio con Estados Unidos. Hasta sectores empresariales privados manifestaron su oposición al proyecto. Y, entonces, el gobierno norteamericano optó por suscribir tratados bilaterales de apertura comercial con varios países de la región.

El ALCA agrupaba a países que representaban una enorme disparidad en cuanto al tamaño de sus economías y a su grado de desarrollo. Y allí radicaba su debilidad  —al menos su debilidad para con los países de menor fuerza económica—  puesto que no podía garantizar la equitativa distribución de los costes y beneficios de un área de libre comercio tan extremadamente amplia y heterogénea. Tal como estaba planteado, la ejecución del proyecto hubiera profundizado las diferencias entre los países grandes y los pequeños por carecer de la flexibilidad necesaria para dar un tratamiento diferenciado a los de menor desarrollo, sea por medio de programas especiales de facilitación de su comercio, sea mediante la postergación en relación con ellos del programa de desgravación  —a fin de que las economías débiles pudieran tener tiempo para adaptarse a las nuevas condiciones de competencia—  o sea a través del acceso preferencial de sus productos y servicios al eventual mercado ampliado.

La definición de las pequeñas economías pasaba por la consideración de su ingreso per cápita, nivel de pobreza, necesidades básicas insatisfechas, índices de productividad, tasa de alfabetismo, grado de escolaridad, desarrollo industrial, índice de computadores por habitante, nivel de participación en el comercio internacional, cifras de endeudamiento externo con relación a las exportaciones, infraestructura económica y social y otros indicadores cualitativos y cuantitativos del desarrollo económico y humano.

Sin duda, estos temas fueron el punto central de las discusiones entre los miembros de la organización en el seno del Comité de Negociaciones Comerciales. Allí se planteó la cuestión de las asimetrías y se formularon sugerencias para fijar plazos y condiciones diferenciales en la liberación arancelaria, normas de origen, subsidios y mecanismos de defensa de las economías pequeñas, con el fin de evitar que las economías grandes sacaran provecho abusivo del comercio ampliado mientras que las pequeñas, perforados sus mercados nacionales, no tuvieran posibilidad alguna de participar equitativamente en el intercambio y fueran constreñidas a pequeños “nichos”  —market niches—  en los mercados exteriores para colocar sus exportaciones, generalmente compuestas de productos con muy poco o sin ningún valor agregado.

Por eso Brasil y Venezuela, no obstante su mejor equipamiento comparativo para la competencia, expresaron sus reservas a la iniciativa norteamericana de anticipar la operación del ALCA hacia el año 2003. Brasil originalmente propuso el 2010 como fecha de partida, a fin de que los países latinoamericanos y caribeños tuvieran el tiempo necesario para abatir los aranceles  —que les proporcionaban buena parte de sus recursos presupuestarios—  y se prepararan para competir con la producción de Estados Unidos y Canadá.

El presidente de México Vicente Fox, teniendo en mente a la Unión Europea, propuso en Quebec destinar un porcentaje de los recursos financieros del ALCA para formar un fondo de cohesión social que posibilitara el reflotamiento de los sectores más empobrecidos de América Latina y el Caribe. El fondo de cohesión de la Unión Europea, creado a finales de 1992 con el propósito de impulsar el desarrollo armónico de todos sus miembros, ha servido para asistir financieramente a los países de menor fuerza económica  —en este caso: España, Portugal, Grecia e Irlanda—  en la construcción de obras de infraestructura medio-ambientales y en la promoción de los transportes.

También los empresarios privados han llamado la atención hacia las asimetrías de este proceso integrador y en los grupos de trabajo de los que han formado parte han demostrado mucho interés por definir lo que debe entenderse como economías pequeñas y los términos diferenciales de tratamiento en plazos, acceso a mercados y derechos compensatorios que les deben ser reconocidos.

En este campo, como en otros, la “igualdad ante la ley” entre los países poderosos y los débiles no sirve a los intereses de la equidad. Es evidente que bajo la enseña de “comercio libre” los países desarrollados son, con mucho, los que más posibilidades tienen para aprovechar las ventajas de un mercado ampliado.

No hay que perder de vista que, a partir de los años 70 del siglo XX, las políticas agrícolas de los gobiernos norteamericanos apuntaron a fortalecer a los gigantes del comercio de granos y cereales  —Archer Daniels Midland (ADM), Cargill, Monsanto y otros—  para que invadieran el planeta con sus productos de mejor calidad y menores precios. Este ha sido el modelo económico que, desde entonces, ha estado detrás de la legislación norteamericana y ha inspirado a sus equipos negociadores en el ámbito internacional. Su finalidad estratégica es la captura de mercados. La <globalización y los convenios de libre comercio no son más que estrategias para alcanzar este objetivo. Por eso los gobiernos estadounidenses presionan tanto, con la ayuda del Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y la Organización Mundial del Comercio (OMC), para que los países del tercer mundo abrieran sus puertas arancelarias. El momento en que esto ocurra  —a título de ALCA o de tratados de libre comercio—  la producción local será aniquilada por las exportaciones agrícolas norteamericanas amparadas por los subsidios y los precios bajos. A eso han apuntado todas las leyes agrícolas de Estados Unidos (la Ley de Libertad de Cultivar de 1996, el Farm Bill del 2002): a producir en masa, bajar los precios de los productos  —algodón, arroz, maíz, trigo, cebada, soya, avena y sorgo—  con ayuda de los subsidios y “barrer” la competencia. Lo dijo en alguna ocasión el presidente George W. Bush: “los mercados extranjeros son esenciales para la supervivencia de  nuestros agricultores y granjeros”. 

El mecanismo de subsidios agrícolas funciona a través de tres dispositivos: pagos fijos directos, pagos contracíclicos y préstamos ventajosos para promociones de mercado. El alto nivel de subsidios ha conducido a niveles elevados de sobreproducción y a la formación de enormes volúmenes de excedentes exportables. Se calculaba en el año 2005 que una cuarta parte de la gigantesca producción agrícola norteamericana estaba destinada la exportación.

Ahora bien, nada hay que atente más contra el libre comercio que las subvenciones estatales a la producción. Latinoamericanos, africanos, asiáticos, europeos y hasta sus socios canadienses han levantado la voz de protesta por el doble discurso norteamericano, que defiende la libertad de comercio pero vende productos agrícolas subsidiados. Las Naciones Unidas han estimado que las exportaciones agrícolas de Estados Unidos causan en los países más pobres alrededor de cincuenta mil millones de dólares anuales de lucro cesante.

A comienzos de siglo, durante el gobierno de George W. Bush, en nombre de la “libertad de comercio» y de la “igualdad de derechos» económicos, aumentaron las presiones norteamericanas para que los países latinoamericanos, ya no en el marco del ALCA sino de los tratados bilaterales o multilaterales de libre comercio, liberalizaran sus mercados para el intercambio de bienes industriales, productos agrícolas, compras gubernamentales e inversiones extranjeras directas. Pero, como hemos visto, el contexto internacional no era realmente de liberalización sino de un proteccionismo comercial creciente. Estados Unidos mantenían los subsidios a sus agricultores y con ellos reducían la <competitividad de los productos agrícolas que importaban. Lo cual afectaba severamente las economías de los países del tercer mundo. El neoproteccionismo que practicaban los países ricos echaba al traste los esfuerzos que hacían los países pobres para lograr su desarrollo con base en la ampliación de sus exportaciones. Ellos encontraban crecientes dificultades para atender el servicio de sus abultadas deudas externas y se veían forzados a disminuir sus importaciones para sanear sus balanzas comerciales.

Las “libertades” e “igualdades” mercantiles que planteaban los dirigentes norteamericanos colocaban en total desigualdad de condiciones en el punto de partida a los países ricos y a los pobres. Dar derechos iguales a socios desiguales era una manera de beneficiar a los económicamente fuertes a costa de los débiles.

Por estas y otras razones se despertó una tenaz resistencia en los países de América Latina contra el ALCA. Entonces los Estados Unidos prefirieron concertar acuerdos de libre comercio de carácter bilateral con muchos de los países latinoamericanos.

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Los Juegos Olímpicos se iniciaron en el año 776 antes de Cristo como parte del festival religioso en honor de Zeus, el mayor de los dioses griegos. Se celebraban en Olimpia durante el verano de cada cuatro años. Olimpia no era una ciudad sino un santuario en el que había varios templos, el principal de los cuales era el consagrado a Zeus, seguido en importancia por el Heraion, que era el templo en honor de Hera, la esposa de Zeus. La escultura del padre de los dioses era una figura de 12 metros de altura labrada en oro y marfil por el célebre escultor griego Fidias a mediados del siglo V a. C., que fue considerada por los historiadores romanos una de las siete maravillas del mundo. Hacia su lado oriental estaban emplazados el estadio y el hipódromo, donde tenían lugar las competiciones; y en el oeste se encontraban la palestra  —o escuela de lucha—  y el gimnasio, donde los competidores tenían que entrenar por lo menos un mes antes de las competencias.

          En el año de los juegos se enviaban mensajeros para invitar a las ciudades griegas a rendir homenaje a Zeus. Ellas enviaban sus delegaciones para competir con las otras en los eventos atléticos. En las competiciones sólo podían participar hombres honorables de ascendencia griega. Los juegos comenzaban con una ceremonia y un sacrificio ofrecido a los dioses en el estadio donde estaba la exedra, o sea la zona de asientos para los espectadores.

          En ellos se dilucidaban no sólo las emulaciones deportivas sino también las rivalidades políticas entre las ciudades griegas. Durante su celebración se cumplía la denominada “tregua olímpica”, o sea la suspensión de los conflictos bélicos. Entre los años 472 y 350 a. C. los Juegos alcanzaron su máxima popularidad y adquirieron las características que les hicieron célebres en la posteridad.

          La palestra en que corrían los atletas tenía la forma de un óvalo con una longitud de 192 metros. Los corredores daban una o más vueltas a la pista, cada una de las cuales era un estadio. Los ganadores eran coronados con una rama de olivo y recibían además honores y privilegios. Al comienzo los juegos duraban sólo un día. Después se incorporaron los combates, el lanzamiento de disco y de jabalina, saltos y otras actividades atléticas e hípicas. A lo largo de toda la historia de los Juegos Olímpicos no cesaron de añadirse nuevos deportes y nuevas modalidades deportivas.

          En Olimpia había cuatro clases de carreras: stadion (que era una vuelta a la palestra de 192 metros); dos stadion, larga distancia (de 7 a 24 vueltas) y una carrera con armadura, casco y escudo metálicos que pesaban entre 50 y 60 libras. Luego las competencias olímpicas se extendieron a cinco días en que se realizaban las diferentes pruebas: carreras pedestres y ecuestres, luchas, boxeo y pancracio (que era un combate gímnico que combinaba la lucha, el pugilato, la zancadilla y los puntapiés, hasta que alguno de los contendientes reconocía su derrota). El boxeo se hizo cada vez más duro; al principio los pugilistas se envolvían los dedos con tiras de cuero para amortiguar los golpes, pero más tarde se añadió metal para aumentar su efecto contundente.

          Las carreras de caballos fueron una de las atracciones más populares. Al comienzo había una sola competencia, que era la carrera ecuestre de velocidad. Los jinetes corrían sin estribos alrededor de 4 millas de distancia. Después vinieron las competencias de carretas tiradas por dos caballos (bigas) o por cuatro caballos (cuadrigas), que corrían 12 vueltas alrededor del hipódromo, o sea una distancia de 9 millas aproximadamente. A la carrera de caballos le seguía el pentatlón, que comprendía una serie de cinco pruebas: carrera de velocidad, salto de longitud, lanzamiento de jabalina, lanzamiento de disco y lucha. El disco era un plato de bronce y la jabalina una suerte de lanza que se arrojaba con la ayuda de una cinta enrollada en el asta, que producía un movimiento de rotación para darle mayor distancia y precisión. La prueba de salto era de longitud, no de altura. Las competencias se clausuraban con una carrera en la que los atletas corrían con la armadura puesta. Los ganadores de las pruebas recibían como premio guirnaldas de olivo, honores y privilegios.

          La maratón es, en estricto sentido, la carrera pedestre de resistencia cuyo recorrido es de 42 kilómetros y 195 metros, aunque por extensión se suele denominar con esta palabra a otras pruebas atléticas de resistencia. La palabra se originó en el nombre de un antiguo poblado de Grecia  —Maratón—  situado a 42 kilómetros de Atenas, en cuyas inmediaciones Milcíades obtuvo una gran victoria militar sobre los persas el 13 de septiembre del año 490 a. C.  Dice la leyenda que un mensajero llamado Filípides corrió esa distancia para llevar a Atenas la buena noticia de que el ejército persa de Darío I había sido derrotado y luego de comunicarla cayó muerto por la fatiga. En recuerdo de esta legendaria proeza se denomina maratón a la mayor carrera de resistencia que se realiza en los Juegos Olímpicos.

          Los romanos, después de conquistar Grecia en el año 146 a. C., prosiguieron con los juegos. Y a partir de la tradición greco-romana ellos se han celebrado desde hace siglos cada cuatro años en alguna ciudad del planeta, con la concurrencia de miles de deportistas y atletas de numerosos países.

          Sin embargo, el desarrollo de los Juegos Olímpicos  —cuyo nombre deriva del lugar donde se celebraban: Olimpia, que era el más antiguo centro religioso del mundo helénico—  ha tenido dos grandes etapas históricas: la antigua, que se extendió desde el año 776 antes de la era cristiana hasta el 394 después de ella, año en que el emperador Teodosio I el Grande (346-395)  —el último gobernante del Imperio Romano indiviso—  abolió las competencias por su simbología pagana; y la etapa moderna, a partir de 1896, en que ellas se reanudaron para “promover el buen entendimiento y la amistad entre las naciones”.

          Entre la una etapa y la otra hubo una interrupción de 1.502 años, después de la cual los Juegos Olímpicos se reanudaron en Atenas en 1896 por iniciativa del educador francés barón Pierre de Coubertin. Desde ese momento ellos se han realizado cada cuatro años con excepción de 1916, 1940 y 1944, en que fueron suprimidos por causa de la primera y segunda guerras mundiales. Durante la etapa clásica se efectuaron 320 juegos olímpicos.

          En 1894 se fundó el Comité Olímpico Internacional (COI)  —que lo presidió el historiador y educador francés Pierre de Coubertin desde 1896 hasta 1925—,  organismo encargado de establecer la política olímpica a escala mundial, organizar los juegos, escoger su sede, calificar a los países participantes, incorporar o suprimir disciplinas deportivas y negociar los derechos de emisión televisual de las competencias.

          En los primeros Juegos de la era moderna que tuvieron lugar en Atenas en 1896 participaron 295 deportistas de 13 países para competir en 42 pruebas y 9 deportes. 104 años más tarde, en los Juegos Olímpicos de Sydney, Australia, celebrados del 15 de septiembre al 1 de octubre del 2000, se registró la participación de 10.200 deportistas en representación de 199 países para competir en 300 pruebas y 34 deportes.

          En la era moderna los Juegos Olímpicos se han realizado en Atenas en 1896, París 1900, San Luis (Estados Unidos) 1904, Londres 1908, Estocolmo 1912, Antuerpia (Bélgica) 1920, París 1924, Amsterdam 1928, Los Angeles 1932, Berlín 1936, Londres 1948, Helsinki, 1952, Melbourne 1956, Roma 1960, Tokio 1964, Ciudad de México 1968, Munich 1972, Montreal 1976, Moscú 1980, Los Angeles 1984, Seúl 1988, Barcelona 1992, Atlanta 1996, Sydney 2000, Atenas 2004, Pekín 2008, Londres 2012, Río de Janeiro 2016.

          A lo largo de todos estos años se han incorporado incesantemente nuevas y numerosas disciplinas atléticas y deportivas.

          Hay también las Olimpiadas Gays, que se realizan cada dos años, y en las que participan miles de deportistas homosexuales y lesbianas. Los sextos Juegos Olímpicos Gays se celebraron en noviembre del 2002 en Sydney, los séptimos en Montreal en julio y agosto del 2006, los octavos en Barcelona en el 2008. En ellos, además de las disciplinas deportivas y atléticas clásicas, se practica el aerobic, la petanca y los bailes de salón.

          Es interesante señalar que la originaria significación de las palabras “estadio” y “olimpiada” difiere de su sentido actual. Para los griegos antiguos olimpiada era el periodo de cuatro años que se extendía entre dos celebraciones sucesivas de los juegos olímpicos. Se usaba la palabra con un sentido cronológico. Así aparece en la literatura de aquel tiempo. Éste fue el sentido que le dio, por ejemplo, el historiador griego Timeo (356-260 a. C.) en sus escritos. De modo que olimpiada era originalmente una medida del tiempo: el intervalo de cuatro años entre dos juegos olímpicos. Por eso los griegos acostumbraban contar el tiempo por olimpiadas a partir del solsticio de verano del año 776 antes de Cristo, en que se realizaron los primeros Juegos Olímpicos. Y la palabra estadio fue para los helenos una medida de la distancia: eran los 192 metros lineales que solían cubrir los corredores en sus competencias al cumplir una vuelta a la pista ovalada, aunque algunos historiadores afirman que esa distancia era de 185 metros. Había competencias de uno o más estadios. Hoy la significación de estas palabras ha cambiado: se llaman olimpiadas a los juegos mismos y estadios, a los escenarios donde ellos se realizan.

          Organizados por el Comité Olímpico Internacional, los Juegos Olímpicos se efectúan cada cuatro años en diversos países. Entonces la atención del mundo se fija en ellos. La televisión los transmite para miles de millones de espectadores. La ceremonia de apertura comienza con la izada de la bandera olímpica  —cinco aros de diversos colores engarzados sobre fondo blanco, que simbolizan la unidad de los cinco continentes—  mientras se tocan las notas del himno olímpico, y sigue con el desfile de los deportistas del mundo precedidos por el equipo griego  —como un homenaje a los fundadores de las competencias olímpicas—  y con la entrada de la antorcha olímpica, encendida en las ruinas de Olimpia y llevada a la sede por tierra, mar y aire en brazos de relevos de atletas célebres, con la cual se enciende la tea olímpica en la parte más prominente del estadio.

           Entonces el Jefe del Estado anfitrión declara inaugurados los juegos y el presidente del Comité Olímpico toma el juramento solemne a los deportistas.

           En los Juegos Olímpicos de Barcelona en 1992  —a cuya ceremonia inaugural me fue grato asistir en compañía del rey Juan Carlos I, del jefe del gobierno español Felipe González y de varios gobernantes iberoamericanos—  se dio la exhibición de nuevas disciplinas deportivas que aspiraban a incorporarse a las competencias olímpicas: el hockey sobre patines, el taekwondo y la pelota vasca. En los Juegos Olímpicos de Atlanta de 1996 se incorporaron oficialmente el voleibol de playa y el softball femenino. En los Juegos de Sydney en el año 2000 aumentaron en número los deportes olímpicos: bádminton (individual y dobles), baloncesto, balonmano, béisbol, boxeo, clavados, carreras de velocidad de 100, 200 y 400 metros llanos, carreras de medio fondo de 800, 1.500, 3.000 y 5.000 metros lisos, carreras de fondo de 10.000 y de 40.195 metros, carreras de obstáculos, carreras de relevos, carreras de vallas, ciclismo (ruta, pista y montaña), decatlón, equitación (salto de obstáculos, adiestramiento y campo traviesa), esgrima (sable, florete y espada), fútbol, gimnasia (rítmica, artística y de cama elástica), golf, heptatlón, hockey de campo, yudo, lanzamiento de bala, lanzamiento de disco, lanzamiento de jabalina, lanzamiento de martillo, levantamiento de pesas, lucha (libre y grecorromana), maratón, marcha (entre 1.500 metros y 50 kilómetros), natación (cuatro diferentes estilos: libre, pecho, espalda y mariposa, en distancias de 50, 100, 200, 400, 800 y 1.500 metros, y relevos 4 x 100 y 4 x 200 estilo libre y 4 x 100 combinados), pentatlón (tiro de pistola neumática, esgrima, natación, salto de obstáculos a caballo y carrera a campo traviesa), polo acuático (waterpolo), remo (canoa canadiense y kayak), salto de altura, salto de longitud, salto con pértiga, salto triple, softball, tenis (individual y dobles), tenis de mesa (individual y dobles), taekwondo, tiro (pistolas de aire y de fuego, escopeta, rifle neumático y rifle de fuego), tiro con arco, triatlón (ciclismo de ruta de 40 kilómetros, natación 1.500 metros y carrera de 10 kilómetros), voleibol, voleibol de playa y vela (europe, finn, laser, mistral, 49er, 470, soling, star, tornado).

          En medio de grandes medidas de seguridad ante la amenaza del terrorismo islámico, del 13 al 29 de agosto del 2004 se efectuaron en Atenas los XXVIII Juegos Olímpicos mundiales, que fueron ganados por Estados Unidos (35 medallas de oro, 39 de plata y 29 de bronce) seguidos por China (32 de oro, 17 de plata y 14 de bronce), Rusia, Australia, Japón, Alemania y Francia. Cuba fue el país latinoamericano mejor ubicado, con 9 medallas de oro, 7 de plata y 11 de bronce. En ellos se dio la sorprendente ganancia del equipo de baloncesto de Puerto Rico sobre el “dream team” norteamericano con la amplia diferencia de 19 puntos, triunfo boricua que rompió el invicto que por doce años había mantenido el elenco estadounidense.

          A lo largo de todos estos años se han incorporado incesantemente nuevas y numerosas disciplinas atléticas y deportivas. Nueve de ellas se incluyeron en los Juegos Olímpicos de Pekín en agosto del 2008: 10 kilómetros masculino y femenino en natación, ciclismo BMX femenino y masculino, 3.000 metros con obstáculos en atletismo femenino, pruebas masculina y femenina en tenis de mesa, sable femenino por equipos y florete femenino por equipos en esgrima. Pero, en cambio, se eliminaron: el kilómetro contrarreloj masculino y los 500 metros contrarreloj femenino en ciclismo de pista, el blanco móvil masculino y doble foso femenino en tiro olímpico y espada femenina por equipos y el florete masculino por equipos en esgrima. Además fue esa la última ocasión en que se jugaron el béisbol y el softball como deportes olímpicos, que fueron eliminados del programa de la olimpiada de Londres en el 2012.

          En la olimpiada de Pekín participaron 10.500 deportistas de ambos sexos procedentes de 204 países. Los que mayor representación acreditaron fueron Estados Unidos con 670 deportistas, China 639, Alemania 439, Australia 433, Italia 344, Canadá 332, Francia 323, Brasil 277 y Ucrania 254.

          Las 28 disciplinas deportivas practicadas fueron: atletismo (que incluyó 24 diferentes pruebas masculinas y 23 femeninas), bádminton (individuales, dobles y mixtos), baloncesto (masculino y femenino), balonmano (masculino y femenino), béisbol (masculino), boxeo (11 categorías masculinas), ciclismo (BMX, montaña, pista y ruta: 11 pruebas), equitación (6 pruebas), esgrima (5 pruebas masculinas y 5 femeninas), fútbol (masculino y femenino), gimnasia (artística, rítmica y acrobática: 9 pruebas masculinas y 9 femeninas), halterofilia (8 pruebas masculinas y 7 femeninas), hockey (masculino y femenino), lucha (estilo libre y grecorromana: 14 pruebas masculinas y 4 femeninas), natación (incluidos nado sincronizado, natación, saltos y waterpolo: 22 pruebas masculinas y 24 femeninas), pentatlón moderno (masculino y femenino), piragüismo (12 pruebas masculinas y 4 femeninas), remo (8 pruebas para hombres y 6 para mujeres), softball (femenino), taekwondo (4 pruebas masculinas y 4 femeninas), tenis (masculino y femenino, juegos individuales y dobles), tenis de mesa (masculino y femenino, juegos individuales y dobles), tiro (rifle, pistola y escopeta: 9 pruebas masculinas y 6 femeninas), tiro con arco (2 pruebas masculinas y 2 femeninas), triatlón (masculino y femenino), vela (4 pruebas masculinas y 4 femeninas), voleibol (masculino y femenino, indoor y de playa) y yudo (7 pruebas masculinas y 7 femeninas).

          China y Estados Unidos fueron los grandes triunfadores de la olimpiada de Pekín. China obtuvo el mayor número de medallas de oro  —51 medallas de oro, 21 de plata y 28 de bronce—  en tanto que Estados Unidos  —con 36 medallas de oro, 38 de plata y 36 de bronce—  alcanzó el primer lugar en la suma total de trofeos. Los dos países supieron proyectar ante el mundo, por los medios de comunicación de alcance planetario, sus imágenes de superioridad deportiva y, con ello, capitalizaron los mayores beneficios de prestigio y buena imagen internacional.

          Les siguieron Rusia con 23 medallas de oro, Inglaterra 19, Alemania 16, Australia 14, Corea del Sur 13, Japón 9, Italia 8, Francia 6. Los países de América Latina y el Caribe mejor situados en la tabla de posiciones fueron Jamaica con seis medallas de oro (13º lugar), Brasil con tres medallas (23º), Cuba con dos medallas (28º), Argentina con dos medallas (34º) y México con dos medallas (36º).

          Los tres primeros ganadores de cada prueba reciben medallas de oro, plata y bronce, respectivamente. Se izan sus banderas nacionales mientras suena el himno del país al que pertenece el deportista ganador de la medalla de oro. Aunque los Juegos Olímpicos son una competición de atletas individuales y no de países, los medios de comunicación suelen informar de los resultados y del número de medallas por países.

          Ha habido peticiones al Comité Olímpico para que se incluyeran en la agenda de los Juegos Olímpicos el golf, el paracaidismo, el billar, la petanca, los bolos, el patinaje sobre ruedas y otros juegos real o supuestamente deportivos. Reiteradamente se ha descartado la inclusión de los bailes de salón  —cha-cha-chá, rumba, samba, pasodoble, jive, foxtrot, vals vienés, vals inglés, tango, quickstep y otros—  en los Juegos Olímpicos, a pesar de que, según sostienen sus defensores, son una actividad lúdica que potencia la capacidad psicomotriz y la coordinación corporal y que presenta características semejantes a la gimnasia rítmica o al patinaje artístico. En algunos de los países en que se los practica son reconocidos como deporte. Tales países están representados en la International Dance Sport Federation (IDSF), que es miembro de la General Association of International Sports Federations (GAISF) desde 1992, reconocida como federación deportiva internacional por el Comité Olímpico Internacional (COI) en 1997.

          Los XXX Juegos Olímpicos, que se desarrollaron en Londres del 27 de julio al 12 de agosto del 2012, promovieron la participación de 204 países, con 10.919 deportistas que compitieron en 39 disciplinas deportivas. A la ceremonia inaugural realizada en el estadio londinense de Stratford asistieron 80 mil espectadores y unos 4.000 millones la siguieron por televisión.

          Estados Unidos ocupó el primer lugar en el medallero olímpico con 46 medallas de oro, 29 de plata y 29 bronce; le siguieron China con 38 de oro, 27 de plata y 23 de bronce; Gran Bretaña 29 de oro, 17 de plata y 19 de bronce; Rusia 24 de oro, 26 de plata y 32 de bronce; Corea del Norte 13 de oro, 8 de plata y 7 de bronce; Alemania 11 de oro, 19 de plata y 14 de bronce; Francia 11 de oro, 11 de plata y 12 de bronce; Italia 8 de oro, 9 de plata y 11 de bronce. En América Latina y el Caribe los tres primeros lugares fueron para Cuba con 5 medallas de oro, 3 de plata y 6 de bronce; Brasil 3 de oro, 5 de plata y 9 de bronce; y México 1 de oro, 3 de plata y 3 de bronce.

         Del 5 al 21 de agosto del 2016 se celebraron en Río de Janeiro, Brasil, los XXXI Juegos Olímpicos, que fueron inaugurados en el estadio Maracaná con la impresionante y masiva ceremonia en la que desfilaron 11.551 deportistas y atletas de 206 países para participar en 42 deportes y disciplinas atléticas, incluidos el golf y el rugby  —el rugby 7, que es una variante con siete jugadores por equipo en vez de quince—  que formaron parte de la agenda olímpica del 2016.

            Fue, en realidad, una reincorporación puesto que estos deportes habían participado en olimpiadas anteriores: el golf en los Juegos de París en 1900 y San Luis 1904; y el rugby en París 1900 y 1924, Londres 1908 y Amberes 1920.

            A esa fecha el COI había ya retirado el softball, el baseball y otros juegos deportivos de las competencias olímpicas de Río de Janeiro por ser juegos minoritarios.

            En Brasil se rompieron 17 marcas mundiales y 15 olímpicas, se repartieron 101 medallas de oro y no se registró acto terrorista alguno, como se temía en razón de los terribles atentados islámicos consumados durante aquel año en diversos países europeos.

            Estados Unidos fueron los triunfadores de esos juegos olímpicos con 121 medallas: 46 de oro, 37 de plata y 38 de bronce; seguidos de Inglaterra con 27 medallas de oro, 23 de plata y 17 de bronce; China 26 de oro, 18 de plata y 26 de bronce; Rusia 19 de oro, 18 de plata y 19 de bronce; Alemania 17 de oro, 10 de plata y 15 de bronce; Japón 12 de oro, 8 de plata y 21 de bronce; Francia 10 de oro, 18 de plata y 14 de bronce; Corea del Sur con 9 de oro, 3 de plata y 3 de bronce; Italia con 8 de oro, 11 de plata y 10 de bronce; Australia con 8 de oro, 11 de plata y 10 de bronce; y Brasil con 7 de oro, 6 de plata y 6 de bronce.

            Los cinco primeros lugares entre los países de América Latina y el Caribe fueron ocupados por Brasil con 7 medallas de oro, 6 de plata y 6 de bronce; Jamaica 6 de oro, 3 de plata y 2 de bronce; Cuba 5 de oro, 2 de plata y 4 de bronce; Colombia 3 de oro, 2 de plata y 3 de bronce; y Argentina 3 de oro y 1 de plata.

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Es el que sufre nuestro planeta a causa de los gases tóxicos emanantes de la superficie terrestre, que se concentran en la atmósfera y forman una pantalla que atrapa el calor y la radiación infrarroja emitidos por la superficie terrestre.

Esos gases  —especialmente el dióxido de carbono (CO2) proveniente de la quema de combustibles fósiles y de la oxidación del carbono—   tienen un efecto invernadero, ya que al condensarse en la atmósfera forman una capa que impide la salida de las emisiones de calor de la superficie terrestre y origina el aumento de la temperatura del planeta.

Fue el científico sueco Svante Arrhhenius (1859-1927) quien se anticipó en descubrir en 1896 que la quema de los combustibles fósiles podría producir el calentamiento de la Tierra. Y estableció la relación entre las concentraciones de dióxido de carbono en la atmósfera y la temperatura de la superficie terrestre.

El incremento de la temperatura planetaria produce, a su vez, graves desórdenes en el clima  —tormentas tropicales, lluvias torrenciales, inundaciones, deshielo de los glaciares, aumento del nivel de los mares, sequías, olas de frío o de calor—  que pueden llegar a ser catastróficos para la vida humana sobre la Tierra.

Estudios científicos señalan que los bosques y los suelos almacenan unos 200.000 millones de toneladas de carbono, que es aproximadamente el triple de la cantidad concentrada en la atmósfera por efecto de la combustión.

Los bosques absorben anhídrido carbónico y, mediante su metabolismo, lo transforman en oxígeno.

Pero la deforestación impide que los bosques cumplan esta vital función ecológica y origina la oxidación de ese carbono y su liberación hacia la atmósfera en forma de dióxido de carbono.

Se calcula que desde 1860 hasta nuestros días la tala de bosques en el mundo ha lanzado al aire, de esta manera, entre 90.000 millones y 180.000 millones de toneladas de carbono. La deforestación es culpable de enviar a la atmósfera más del doble de bióxido de carbono (CO2) que el que lanza la combustión sumada de petróleo, gas natural y carbón para fines industriales. Esto significa que los países en desarrollo de África, Asia y América Latina, que en la actualidad son los principales deforestadores en el planeta, tienen también responsabilidad en la formación de la capa de gases de efecto invernadero.

La ingeniera forestal costarricense Doris Cordero Camacho, en su estudio sobre los bosques de América Latina elaborado para la Friedrich Ebert Stiftung en el año 2011, sostiene  —con amplio conocimiento en la materia—  que los bosques del planeta ocupan un área global de 4.000 millones de hectáreas, de las cuales 861,5 millones de hectáreas  —o sea el 22%—   se ubican en América Latina y el Caribe; y que «en América del Sur se encuentra el mayor bloque de bosque tropical, en la cuenca amazónica, la misma que comprende una enorme diversidad de especies, hábitats y ecosistemas».

Precisa que, según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura  —Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO)—,  de la extensión forestal mundial, que cubre el 31% de la superficie del planeta, 831,5 millones de hectáreas están en América del Sur, 22,4 millones en América Central y 5,9 millones en el Caribe.

Sostiene que «los bosques del mundo almacenan 289 giga-toneladas de carbono sólo en su biomasa. De estas, alrededor de 100 giga-toneladas están almacenadas en los bosques de América del Sur»  —giga significa mil millones de veces una unidad de medida—,  pero «la deforestación, la degradación y la escasa ordenación forestal las reducen».

Afirma Doris Cordero que, «además de la importancia de los bosques como medios de vida para las poblaciones rurales y su rol en la conservación de la biodiversidad y el mantenimiento de las reservas de carbono, los bosques proveen otros servicios imprescindibles para la vida humana y societal, como son la regulación hídrica, la conservación de suelos, la provisión de espacios para recreación y turismo, además de ser el continente de valores sociales, culturales y espirituales asociados».

Y pone énfasis en que «la producción maderera sigue siendo peligrosamente alta en algunos países de la región. Los bosques son gestionados principalmente mediante concesiones privadas a largo plazo, y abarcan desde extensiones pequeñas hasta grandes áreas de más/menos 200 mil hectáreas en países como Bolivia, Guyana y Surinam. En la mayoría de las concesiones, la extracción selectiva de las maderas más valiosas en el mercado es el principal objetivo que se persigue».

La Asamblea General de las Naciones Unidas, en un instrumento aprobado en diciembre del 2007, definió el manejo forestal sostenible (MFS): es «la ordenación sostenible de los bosques, como concepto dinámico en evolución, cuyo objeto es mantener y aumentar el valor económico, social y medioambiental de todos los tipos de bosques, en beneficio de las generaciones presentes y futuras», para lo cual los Estados miembros deben formular y ejecutar «programas forestales nacionales u otras estrategias de ordenación sostenible de los bosques», teniendo en cuenta la cantidad de recursos forestales de cada país, su diversidad biológica, salud y vitalidad, sus funciones productivas y la protección de los recursos forestales de acuerdo con las demandas ecológicas y la calidad de vida de las poblaciones.

Lamentablemente poco o nada de esto se cumple en los procesos productivos, especialmente de los países latinoamericanos y caribeños, sea por negligencia o por corrupción de las autoridades encargadas del control forestal sostenible y del manejo y conservación de los bosques, en complicidad con empresarios privados nacionales e internacionales. Por lo cual sigue adelante la deforestación destructiva e ilegal con todos sus perniciosos efectos ambientales.

Pero no son solamente los bosques los afectados sino también los ríos. Una alta proporción de los recursos hídricos superficiales del planeta está infectada porque los ríos y lagos se han convertido en depósitos de los desechos tóxicos de la agricultura, de la industria y de los desagües urbanos.

Doscientos cincuenta de los quinientos ríos más importantes del mundo están seriamente afectados. Sólo cinco de los cincuenta y cinco grandes ríos europeos se consideran limpios. Cada día dos millones de toneladas de basura van a parar a los cauces de agua. En la India el fanatismo religioso se encarga de contaminar el Ganges  —el «río sagrado»—,  donde sumergen a los difuntos y con ello transmiten a los vivos que se bañan en sus aguas el cólera, el tifus y numerosas enfermedades gastrointestinales.

Sólo dos ríos importantes en el planeta, que son el Amazonas (6.788 kilómetros de largo) y el Congo (4.670 kilómetros), se pueden considerar sanos gracias a que no tienen en sus orillas centros industriales ni grandes ciudades.

En Europa el 80% de los humedales ha sido drenado por la agricultura, el urbanismo o el desarrollo industrial. Cerca de la mitad de los lagos se ha degradado por los desechos industriales y las actividades económicas. Por eso los científicos recomiendan iniciar la «revolución azul» para administrar y conservar las reservas de agua dulce y defenderlas de la contaminación de los fertilizantes y pesticidas iniciada por la «revolución verde» de los años 60 del siglo anterior.

Y otro flagelo de la humanidad en los tiempos venideros será la escasez de agua dulce. Desde la perspectiva económica, el agua es uno de los recursos naturales básicos, junto con el aire, la tierra, los bosques, la vegetación. El 75% de la superficie terrestre está cubierto por agua, que circula por los mares, los ríos, los lagos, el suelo, el subsuelo, los embalses, los casquetes glaciares, la atmósfera. Pero el 97,5% es agua salada que se encuentra en los mares y los océanos. Sólo el 2,5% es agua dulce. Y de ese porcentaje únicamente el 0,26% es recuperable para usos humanos, ya que el resto está atrapado en lugares inaccesibles: casquetes polares, capas subterráneas profundas y nieves permanentes de volcanes y cordilleras.

El economista británico Nicholas Stern, en su estudio «The Economics of Climate Change» publicado en octubre del 2006, sostiene que la agricultura y otros usos de la tierra son responsables del 32% de las emisiones de CO2, la producción de energía el 24%, la industria el 14%, los transportes el 14% y otras actividades el 16%.

El efecto invernadero producirá un aumento en el calentamiento global estimado entre 1,6 y 4,7 grados centígrados hacia el año 2030 y de 2,9 a 8,6 hacia el año 2075.

Según algunos científicos, el aumento de la temperatura terrestre es ya perceptible y a él se atribuyen las grandes sequías, inundaciones, tormentas tropicales y otros desórdenes del clima que sufren muchos lugares de la Tierra.

Uno de los efectos catastróficos que tendrá el aumento de la temperatura terrestre será la subida de nivel de los mares a causa de los deshielos de los glaciares. La cual producirá la inundación de ciudades y zonas costeras bajas y la destrucción de regiones agrícolas y pondrá en peligro la vida de millones de personas.

El incremento de 1,5 a 4,5 grados centígrados en la temperatura de la Tierra causaría un aumento del nivel general de los mares de 40 a 120 centímetros, suficiente para producir indecibles estragos en vastas zonas del planeta. Según cálculos científicos, la elevación de un metro en el nivel de las aguas marinas inundaría alrededor del 15% de las tierras labrantías de Egipto y comprometería la vida del 16% de su población, y en Bangladesh perjudicaría a tierras que albergan al 8,5% de sus habitantes. En Asia dejaría sumergidas enormes extensiones de manglares, especialmente en los deltas de los grandes ríos Ganges y Mekong. Si el nivel de las aguas marinas aumentara de 1,4 a 2,1 metros, se perdería por inundación del 40 al 76% de las tierras húmedas en producción de 52 áreas estudiadas por los científicos en Estados Unidos de América.

Estas serían algunas de las consecuencias devastadoras que produciría la elevación de la temperatura de la Tierra, a causa del llamado efecto invernaderode los gases que la deforestación, los procesos industriales, los transportes y otras actividades humanas emiten desde la superficie terrestre.

El exvicepresidente norteamericano Al Gore, en su documental cinematográfico «Una Verdad Incómoda»  —An Inconvenient Truth—,   bajo la dirección de Davis Guggenheim, estrenado en Estados Unidos el 24 de mayo del 2006 y difundido después en DVD, sostiene que treinta enfermedades nuevas han emergido en el último cuarto de siglo por causa del calentamiento global: ebola, arena virus, hantavirus pulmonary syndrome, severe acute respiratory syndrome (SARS), lyme disease, legionnaires, vibrio cholerae, avian flu y otras. Y que además han resurgido enfermedades que estaban controladas, como la malaria, el dengue, la leptospirosis o el west nile virus.

Afirma Gore que el calentamiento global rompe el equlibrio ecológico.  Y pone como ejemplo, entre tantos otros, el de las plantaciones de pinos en Estados Unidos.  Dice que los climas helados matan a los  escarabajos de pinos  que se comen la corteza de los árboles; pero que como hoy hay menos días helados que antes  —por los cambios anómalos de las estaciones—  quedan vivos muchos escarabajos que devastan los bosques de pinos. En prueba de su afirmación, Gore mostró en su documental una dramática imagen tomada de las 5,5 millones de hectáreas de abetos en Alaska asolados por el escarabajo.

Según informó en marzo del 2002 el Centro Norteamericano de Datos sobre las nieves y los hielos (NSIDC, siglas en inglés), el calentamiento del clima planetario produjo a fines de enero de ese año una gigantesca fractura y hundimiento de la plataforma glacial Larsen B del continente antártico, que se fragmentó en miles de icebergs que quedaron flotando en el mar de Weddell. Esta plataforma, cuya formación se remonta a 12 mil años, tenía 720.000 millones de toneladas de hielo. Los científicos afirman que con este hundimiento los glaciares de la región antártica han disminuido su volumen en 13.500 kilómetros cuadrados a partir de 1974 y han producido un aumento del nivel de los mares.

El NSIDC, cuya principal función es la vigilancia de los glaciares, obtuvo la información mediante imágenes enviadas por satélite.

A comienzos de noviembre del 2006 las autoridades marítimas de Nueva Zelandia alertaron a los navegantes que alrededor de cien gigantescos bloques de hielo  —el mayor de los cuales medía 1,8 kilómetros de largo por 1,3 kilómetros de ancho y 130 metros de altura—,  desprendidos del continente antártico, flotaban a 250 kilómetros de distancia de las costas del sur de Australia.

Según esta misma revista  —edición del 15 de octubre del 2003—,  científicos de la National Aeronautics and Space Administration (NASA) y del Departamento de Defensa de Estados Unidos midieron por medio de satélites la disminución de dos campos de hielo en el extremo austral de Sudamérica  —que abarcaban 17.000 kilómetros cuadrados y 63 glaciares—  y descubrieron que el volumen de su derretimiento se había duplicado entre los años 1995 y 2000. Los investigadores estimaron que los glaciares pierden 41,68 kilómetros cúbicos de hielo por año, volumen que aumenta el nivel de los mares en 0,102 milímetros anualmente.

El British Antartic Survey (BAS) denunció a finales de marzo del 2008 que un gigantesco bloque de hielo de una superficie de 16.000 km2  —que había estado allí por centenares de años—  amenazaba con desprenderse de la meseta Wilkins, en la península antártica, «mucho más rápido de lo pensado», según dijo el profesor David Vaughan, aunque ese desprendimiento «no tendrá ningún efecto en los niveles de los mares, pues ya estaba flotando; pero es otro indicador del impacto que el cambio climático tiene en esa región».

Al Gore sostiene dramáticamente que si se descongelara la península antártica occidental o la mitad de Groenlandia por los efectos del calentamiento global, el aumento del nivel de los mares causaría la inundación de buena parte de Florida, de San Francisco de California, de la isla de Manhattan en Nueva York y de muchas otras partes del territorio norteamericano. Holanda desaparecería del mapa, una amplia zona de Pekín, donde viven millones de personas, sería cubierta por las aguas y lo mismo ocurriría con Shanghai, Calcuta, Bangladesh y muchos otros lugares altamente poblados del planeta. Todo lo cual produciría el desarraigo de más de cien millones de personas.

En algún día de la segunda semana de julio del 2017 un gigantesco iceberg de más 5.800 kilómetros cuadrados de tamaño  —siete veces más grande que la ciudad de Nueva York—  y un billón de toneladas de peso se desprendió de la plataforma de hielo Larsen C al oeste de la Antártida en el Polo Sur e, impulsado por los vientos atmosféricos y las corrientes oceánicas, empezó a flotar sin rumbo y se constituyó en un peligroso obstáculo para los navegantes. Recordemos la tragedia del transatlántico británico Titanic  —el mayor barco turístico del mundo en ese momento, con capacidad para 2.787 pasajeros—,  que en la madrugada del 15 de abril de 1912, en su viaje inaugural desde el puerto inglés Southampton a la ciudad de Nueva York, chocó contra un iceberg y se hundió, causando la muerte de 1.514 pasajeros de los 2.223 que iban a bordo.

Con relación al polo norte, los investigadores de la Universidad de Alaska publicaron en la revista «Science», julio del 2002, un estudio que demostró que «desde mediados de los años 50 hasta mediados de los 90 (del siglo XX) los glaciares perdieron unos 52 kilómetros cúbicos al año» y que «en los recientes cinco años el ritmo casi se ha duplicado». Agregaron que en más de medio siglo ellos han perdido 805 kilómetros cúbicos de hielo y que esos deshielos de Alaska han contribuido con la mitad del volumen del agua que ha llegado a los océanos del planeta procedente de las montañas.

A ese ritmo  —según las apreciaciones a mediados del 2008 de los científicos del NSIDC de Boulder, Colorado, en Estados Unidos—,  muy pronto los barcos podrán cruzar la zona ártica con facilidad. Lo cual generará un problema no solamente medioambiental sino también geopolítico, ya que entrarán en disputa internacional las enormes riquezas mineras que guarda la zona polar norte del planeta. Científicos suponen que allí está la cuarta parte de las reservas mundiales de petróleo y gas. En agosto del 2007 una expedición científico-militar rusa plantó la bandera de su país en el fondo del Océano Ártico como signo de reivindicación territorial. «El Ártico ha sido y será nuestro”, dijo entonces el vicepresidente de la Cámara de Diputados de Rusia, Artur Chilingarov. La inmediata respuesta del primer ministro del Canadá, Stephan Harper, fue que su país aumentará la presencia en el Océano Ártico con la construcción de un puerto en el norte de la isla de Baffin, en el marco de una agresiva política de defensa de su soberanía sobre la región. Se volvió a escuchar entonces la retórica de la guerra fría. Pocos días más tarde Dinamarca envió una expedición para cartografiar el fondo marino del norte de Groenlandia. Y Estados Unidos situaron su propia expedición, a bordo del rompehielos Healy, para investigar el fondo del Océano Ártico. Cinco son los Estados que se disputan porciones de esas riquezas mineras por tener líneas de costa en la región: Rusia, Estados Unidos, Canadá, Dinamarca y Noruega.

En un encuentro de científicos en cambio climático celebrado en Nueva York a mediados de septiembre del 2012 bajo el patrocinio de la organización ecologista internacional Greenpeace se presentaron imágenes captadas por satélite que evidenciaban que el volumen de los glaciares del Ártico había disminuido en un 13% desde el año 1979 al 2012.

A comienzos del año 2010 un gigantesco iceberg de 19 kilómetros de largo por 8 kilómetros de ancho y 200.000 millones de toneladas de peso, desprendido de los glaciares del polo antártico diez años antes, flotaba lentamente a 1.700 kilómetros de distancia de las costas del sur de Australia. Como todos los de su clase, el iceberg terminó por fragmentarse y disolverse en las aguas del océano.

Estudios conjuntos de la National Aeronautics and Space Administration (NASA) y la Universidad de California, realizados en una amplia zona de los glaciares de la Antártida occidental, frente al mar de Amundsen  —donde se encuentran seis glaciares gigantes que se proyectan de las montañas hacia el mar—,  confirmaron a comienzos del 2014 que el proceso de derretimiento de los glaciares, causado principalmente por el aumento de las temperaturas oceánicas, había llegado a un «punto de no retorno».

Afirmó Tom Wagner, científico de la agencia espacial estadounidense, que esos estudios «no se sustentan en simulacros de computadora o modelos numéricos» sino «en la interpretación empírica de más de cuarenta años de observaciones desde satélites de la NASA». El científico norteamericano se refería a las investigaciones iniciadas por la agencia espacial norteamericana en los años 70 del siglo anterior.

Con base en tales investigaciones, las dos entidades científicas aseguraron que el derretimiento de los glaciares era más rápido de lo previsto y que, con el aumento del nivel de los mares  —82 centímetros o más hasta el fin de este siglo—  muchas ciudades costaneras del planeta tendrán que ser evacuadas en las décadas venideras.

Estas son algunas de las consecuencias debidas al calentamiento del planeta, a causa del efecto invernadero de ciertos gases.

En la búsqueda del desarrollo sustentable  —lo digo de paso—  expedí como Presidente de Ecuador un decreto el 22 de abril de 1990 mediante el cual fueron declarados los años 90 como la década del ecodesarrollo en mi país, a fin de someter todos los planes y proyectos relacionados con la producción a una calificación previa desde la óptica ambiental para que pudiesen ser ejecutados. De esa manera, según dispuso el decreto, “el desarrollo económico y social del país será planificado, ejecutado y evaluado con criterios ambientales a fin de que dicho desarrollo sea sostenido y no aniquile el medio ambiente y los recursos naturales y busque, al mismo tiempo, no sólo la acumulación material sino el mejoramiento de la calidad de vida de nuestro pueblo”. El decreto estuvo acompañado de una ley para el manejo de los recursos costeros, la conservación de las Islas Galápagos, la repartición gratuita de tierras a los grupos étnicos de la región amazónica, el canje de deuda externa para fines ambientales y la creación de la subsecretaría del medio ambiente (viceministerio) y de la corporación ambiental en la empresa ecuatoriana de petróleos.

Sin embargo, hay climatólogos  —como el francés Haroun Tazieff—  que no aceptan que el efecto invernadero sea generado principalmente por las emisiones de dióxido de carbono provenientes de la quema de combustibles fósiles. En criterio del mencionado vulcanólogo, el CO2 «juega un rol poco significativo en el efecto invernadero» y es el agua, en cualquiera de sus estados, la responsable de tal efecto. Por eso concluye que «el efecto invernadero es máximo en las regiones húmedas y mínimo en las áridas» no obstante que ambas generan la misma proporción de CO2: el 0,03%.

Según esta opinión, el aumento de la temperatura del aire incrementa la evaporación del agua en la superficie terrestre y en los océanos y genera la nubosidad que aumenta el albedo de la Tierra, o sea la reflexión del calor solar que regresa al espacio.

En varios sitios de internet pueden localizarse entidades científicas y personas escépticas de la tesis del calentamiento de la Tierra. Ellas, además, no creen que el derretimiento de los glaciares pueda tener efectos dramáticos en el aumento del nivel de los mares y en las inundaciones que prevén los científicos. Anotan que los glaciares árticos derretidos no aumentan el volumen de las aguas ya que, como son hielos flotantes sobre el océano, el espacio que ellos dejan al licuarse es el mismo que luego ocupan sus aguas. El polo ártico es en realidad un océano congelado rodeado por las tierras de América y de Asia. Para demostrar esto se remiten al vulgar experimento de colocar en un vaso dos o tres cubitos de hielo y llenarlo luego con agua tibia hasta el borde: cuando los trozos de hielo sobresalientes se derriten ni una gota de agua rebasa el vaso. No dejan de reconocer, sin embargo, que la situación del continente antártico es diferente porque allí los glaciares están asentados sobre tierra firme, de modo que sus deshielos incrementan el volumen de agua de los mares.

Desde comienzos de los años 70 del siglo anterior se ha ido forjando en el mundo una creciente preocupación por el calentamiento global y los desórdenes del clima. En junio de 1972 la degradación medioambiental entró a formar parte de la agenda internacional. El primer paso se dio entre el 5 y el 16 de ese mes con la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano que juntó en Estocolmo a 113 jefes de Estado y jefes de gobierno y a más de 400 organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales interesadas en el tema. Allí se planteó el problema del desarrollo sustentable, es decir, el desarrollo en un ambiente natural sano para beneficio de las generaciones humanas presentes y futuras.

En la declaración aprobada en Estocolmo se afirmó:

1) que el medioambiente posibilita el desarrollo intelectual, moral, social y espiritual de los seres humanos;

2) que por eso debe ser protegido y mejorado para que contribuya al bienestar y al despliegue económico de los pueblos;

3) que la destrucción y el agotamiento de recursos naturales insustituibles  —el agua, la tierra, el aire, la biósfera y otros—  atenta contra la propia existencia de los seres humanos;

4) que tanto los países en desarrollo  —con sus deficiencias en alimentación, vivienda, vestido, sanidad—  como los países desarrollados  —con su industrialización y avance tecnológico avasalladores—  deben dirigir sus esfuerzos a evitar daños al entorno medioambiental;

5) que el explosivo crecimiento de la población es una grave amenaza para la integridad del entorno natural del planeta;

6) que hemos llegado a un momento de la historia en que la conservación y mejoramiento de la naturaleza son un deber para con las presentes y futuras generaciones; y

7) que, por tanto, los gobiernos, los ciudadanos, las comunidades, las instituciones, las empresas y todos los demás entes sociales deben aceptar las responsabilidades que les incumben en la expedición de normas y toma de medidas para la protección de la naturaleza.

Repito que fue desde entonces que el tema de la degradación medioambiental entró a formar parte de la agenda de muchas reuniones internacionales.

En ese mismo año, por recomendación de la Conferencia de Estocolmo, fue creado el Programa de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente (PNUMA)  —sede en Nairobi, Kenia—  con el propósito de generar una conciencia ecológica mundial que produjera acciones en favor de la sostenibilidad del planeta.

Del 3 al 14 de junio de 1992  —a dos décadas de la reunión de Estocolmo—  tuvo lugar en Río de Janeiro la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo  —conocida como la Cumbre de la Tierra—,  a la que concurrieron gobernantes, diplomáticos, políticos y científicos de 179 países.

En 1995 vino la I Conferencia sobre Cambio Climático en Berlín, a la que siguieron las conferencias mundiales de Ginebra 1996, Kioto 1997, Buenos Aires 1998, Bonn 1999, La Haya 2000, Marrakech 2001, Nueva Delhi 2002, Milán 2003, Buenos Aires 2004, Montreal 2005, Nairobi 2006, Bali 2007, Poznan 2008, Copenhague 2009, Cancún 2010, Durban 2011, Catar 2012, Varsovia 2013, Lima 2014, París 2015.

Pero lamentablemente esa ha sido la historia de más de cuatro décadas de fracasos en encontrar soluciones eficaces al problema del calentamiento global. Los gobiernos y los grupos empresariales, en general, no han estado a la altura de la preocupación mundial y han defraudado a los pueblos con su ineficacia en la adopción y toma de soluciones. Influidos y presionados principalmente por las grandes constelaciones petroleras dedicadas a la extracción de hidrocarburos alrededor del mundo y a la comercialización de combustibles fósiles  —con sus poderosos lobbies—  o por los intereses de las grandes empresas deforestadoras, han rehuido tomar decisiones concretas y vinculantes y han dejado todo para el futuro, sin asumir sus responsabilidades frente al calentamiento global que, según sostiene el climatólogo norteamericano James Hansen, podría ser más acelerado y peligroso de lo que se supone.

La creciente preocupación por el tema se reflejó en la cumbre mundial sobre el cambio climático celebrada en la ciudad japonesa de Kioto, bajo el patrocinio de las Naciones Unidas, del 1 al 12 de diciembre de 1997, que juntó a los representantes de 159 países para tratar la cuestión de los gases de calentamiento del planeta. Tras borrascosas discusiones  —que enfrentaron a los países de la Unión Europea, partidarios de ambiciosas cifras de reducción, contra la postura reticente y conservadora de los norteamericanos, presionados internamente por sus grandes industrias—  se aprobó por consenso una convención internacional  —que entró en vigencia en el año 2005 con la ratificación de 55 países—  en virtud de la cual Estados Unidos, Unión Europea y Japón se comprometieron a disminuir durante los siguientes quince años sus emisiones de gas en el 7%, el 8% y el 6%, respectivamente, en relación con los niveles de 1990. Otros países industriales se obligaron a porcentajes menores. Los gases en cuestión fueron el dióxido de carbono, el óxido nitroso, el metano, el hexaflurido sulfúrico, el hidrofluorocarbono y el perfluorocarbono, que son los responsables directos o indirectos del calentamiento global.

Sin embargo, la organización ecologista Greenpeace calificó a la reunión como una “farsa” puesto que las medidas acordadas estaban muy lejos de disminuir los impactos ambientales.

Las discusiones de la cumbre apenas toparon el tema de la deforestación y dejaron al margen de toda obligación a los países del mundo subdesarrollado.

En realidad, las discusiones de la cumbre tocaron sólo tangencialmente el tema de la deforestación, con lo cual se exoneró de toda obligación a los países del tercer mundo, entre los que están dos grandes contaminadores: China e India, que en los últimos años han dado grandes pasos en el camino de la industrialización sin el menor respeto al medio ambiente.

De todas maneras, el Protocolo de Kyoto entró en vigor para sus 128 países suscriptores el 16 de febrero del 2005, cuando se cumplieron noventa días desde que Rusia depositó sus instrumentos de ratificación y, con ello, hizo posible el cumplimiento de la condición estipulada en el acuerdo: la adhesión de no menos de 55 países que representaran al menos el 55% de las emisiones totales de dióxido de carbono de los países miembros, en cifras de 1990.

Estados Unidos y Australia, en sometimiento a sus respectivas conveniencias económicas, se negaron a ratificar el Protocolo. El presidente norteamericano George W. Bush había argumentado en el 2001 que este era un acuerdo «carente de solidez científica»,  aunque  todo  hizo  pensar  que su decisión  —que causó gran malestar en Europa y en el mundo—  obedeció a la presión de las compañías del petróleo y del carbón.

Sin embargo, el gobierno australiano ha buscado una solución alternativa al problema de la emisión de gases de efecto invernadero. Científicos norteamericanos, japoneses, europeos y australianos, que trabajaban en una organización financiada por el gobierno de Australia, informaron en febrero del 2003 que estudiaban la posibilidad de enterrar un millón de toneladas métricas de dióxido de carbono para disminuir el efecto invernadero. De lo que se trataba era de encerrar elCO2 en enormes depósitos subterráneos, a mil metros de profundidad, para evitar que vayan hacia la atmósfera. «Australia tiene suficiente capacidad subterránea para almacenar potencialmente la totalidad de sus emisiones en los próximos 2.000 años», dijo Peter Cook, jefe del proyecto, en aquellos días.

A partir del cambio de gobierno  —la sustitución del régimen conservador por el laborista presidido por Hevin Rudd—,  Australia rectificó la postura anterior y ratificó el Protocolo de Kyoto en la conferencia sobre el cambio climático reunida en Bali, Indonesia, del 3 al 14 de diciembre del 2007.

Según datos de 1990, del total de las emisiones de dióxido de carbono producidas por los países industriales  —en los términos del artículo 25 del Protocolo de Kyoto—,  Estados Unidos eran responsables del 36,1%, Rusia 17,4%, Japón 8,5%, Alemania 7,4%, Inglaterra 4,3%, Canadá 3,3%, Italia 3,1%, Polonia 3%, Francia 2,7%, Australia 2,1%, España 1,9%, Holanda 1,2%, República Checa 1,2%, Rumania 1,2% y los otros países, de porcentajes menores.

Hacia el año 2005 cambiaron las cifras: los mayores emisores de gases de efecto invernadero fueron China, Estados Unidos, India, Rusia, Brasil, Japón, Alemania, Indonesia, Canadá, México, Inglaterra, Australia, Irán, Italia y otros países, en ese orden.

A partir de aquel año China se convirtió en el mayor contaminante de dióxido de carbono del planeta. Superó a Estados Unidos, que durante el 2008 y el 2009 habían bajado en un 9% su emisión de gases contaminantes, según información del Earth Policy Institute de Washington.

De acuerdo con datos del Instituto para Investigaciones del Impacto Climático de Potsdam, en el 2007 el país asiático emitió 8.106 millones de toneladas de CO2 mientras que de suelo norteamericano salieron 6.087 millones de toneladas. Y si todo sigue igual, en el año 2020 China lanzará a la atmósfera 11.292 millones de toneladas y Estados Unidos 6.308 millones; y, en el año 2050, China producirá 16.232 millones, Estados Unidos 7.098 millones, India 6.912 millones y la Unión Europea 5.027 millones. Esas son las proyecciones.

Un caso ejemplar fue el de Noruega. Su primer ministro Jens Stoltenberg presentó el 19 de abril del 2007 el denominado “libro blanco” sobre el clima, en el que se fijó como objetivo hacia el año 2050 convertirse en un país de “cero emisiones” de gases de calentamiento. Para alcanzarlo se instrumentará en los próximos años un intenso programa de reforestación, generación de energía limpia, promoción de biocombustibles, prohibición de la calefacción a diésel, veda de desechar material reciclable y otras medidas.

Cuatro mil expertos y asesores de 163 países se reunieron en Marrakech, Marruecos, del 29 de octubre al 9 de noviembre del 2001, en el marco de la conferencia de las Naciones Unidas sobre el cambio climático. Esta fue la VII Conferencia de las Partes prevista en el artículo 7 de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático aprobada en la sede de la Organización Mundial, Nueva York, el 9 de mayo de 1992, que entró en vigor el 24 de marzo de 1994. Las otras conferencias sobre el tema climático se realizaron: en Río de Janeiro del 3 al 14 de junio de 1992  —la denominada Cumbre de la Tierra—  con la concurrencia de 172 jefes de Estado y jefes de gobierno, en la que se estableció la Convención Marco de las Naciones Unidas para el Cambio Climático; en Berlín del 28 de marzo al 7 de abril de 1995, en Ginebra del 8 al 19 de julio de 1996, en Kioto del 1 al 10 de diciembre de 1997, en Buenos Aires del 2 al 13 de noviembre de 1998, en Bonn del 25 de octubre al 5 de noviembre de 1999, en La Haya del 13 al 24 de noviembre del 2000. Las posteriores fueron: en Nueva Delhi del 23 de octubre al 1 de noviembre del 2002, en Milán del 1 al 9 de diciembre del 2003, en Buenos Aires del 6 al 17 de diciembre del 2004, en Bali, Indonesia, del 3 al 14 de diciembre del 2007.

El objetivo de estas conferencias fue limitar, a través de consensos entre los países industrializados  —vistos sus inventarios de emisión—,  las concentraciones de los gases de efecto invernadero en la atmósfera a fin de estabilizar el clima del planeta, permitir a los ecosistemas adaptarse a los cambios previstos, asegurar la producción de alimentos e impulsar el desarrollo económico sustentable.

El  Grupo  Intergubernamental  sobre  el  Cambio  Climático   —Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC)—,  creado por las Naciones Unidas en 1988, que reunió en París a quinientos expertos de ciento treinta países a fines de enero del 2007, hizo público su cuarto informe sobre los cambios del clima en el planeta y las proyecciones de este fenómeno durante el presente siglo. Sus datos e informaciones fueron alarmantes. El Grupo Intergubernamental sostiene que las actividades humanas durante los últimos cincuenta años, con la emisión de dióxido de carbono y otros gases de efecto invernadero, fueron la causa principal del calentamiento global. El informe explica cómo la concentración de dióxido de carbono en la atmósfera impide la ventilación del planeta y provoca el aumento de su temperatura. Señala que a comienzos del 2007 esa concentración fue de 380 partes por millón en comparación a las 270 partes que había en el año 1750. Advierte que el planeta sufrirá durante este siglo un calentamiento de entre 1,8 y 4 grados, aunque en los polos será de 6,4º C. Lo cual elevará el nivel de los mares en 58 centímetros y producirá gigantescas inundaciones, fuertes olas de calor o de frío, ciclones tropicales, huracanes, tornados, tifones, sequías y otros fenómenos meteorológicos que destruirán superficies fértiles y afectarán gravemente la vida sobre la Tierra. «El aumento de 40 centímetros en el nivel de los océanos  —dice el informe—  significará que doscientos millones de personas deberán abandonar su hogar y su lugar de residencia». Y el número de «refugiados climáticos» crecerá incesantemente.

Durante la primera semana de abril del mismo año se volvieron a reunir en Bruselas más de cien expertos del IPCC para proseguir el análisis del impacto causado por el calentamiento del planeta sobre la vida humana. Como resultado de esa reunión se formuló un informe adicional titulado «El cambio climático 2007: impactos, adaptación y vulnerabilidad», que resumió los elementos de las investigaciones científicas de los cinco años precedentes, región por región, y propuso medidas para reducir el impacto de este fenómeno.

Los expertos señalaron que los daños serán mayores de lo previsto, vendrán antes y afectarán a todas las regiones del planeta pero especialmente a las zonas tropicales. En aquella ocasión el investigador hindú Rajendra Pachauri, presidente del IPCC, afirmó que las peores consecuencias las asumirán los pobres de los países pobres y los pobres de los países ricos. Algunas de las consecuencias previstas serán la caída de los cultivos de Africa, con su secuela de hambre para millones de personas; el derretimiento de los glaciares del Himalaya que alimentan los ríos de China y la India, que dejará sin agua dulce a centenares de millones de personas; olas de calor en Norteamérica y Europa; sequías e inundaciones en varias zonas del planeta; extinción del 20% al 30% de especies animales y vegetales; y disminución de los glaciares andinos, que constituyen una de las principales reservas de agua dulce de Bolivia, Perú, Ecuador y Colombia.

En la cumbre del cambio climático reunida en Bali, Indonesia, del 3 al 15 de diciembre del 2007, los Estados Unidos se adhirieron a un tibio documento de acuerdos al que llegaron los representantes de 190 países, a condición de que no se mencionaran, con carácter vinculante, normas ni medidas de reducción de las emisiones de bióxido de carbono (CO2) y de otros gases de efecto invernadero, mención que exigía la Unión Europea. En el curso de las largas y encendidas discusiones hubo un consenso respecto de los índices de emisión que no debían superar las 445 partículas por millón, pero esta información no constó en el documento final por la presión ejercida por los delegados del gobierno republicano de Estados Unidos. Uno de los argumentos de los representantes norteamericanos fue la «falta de compromiso» de los países del tercer mundo  —especialmente China, India y Brasil—  para aceptar límites en sus emisiones de CO2 generadas principalmente por la agricultura, el uso del suelo y la deforestación. Brasil, que era uno de los grandes emisores de dióxido de carbono por la tala de árboles en su región amazónica, había declarado días antes de la reunión de Bali que «no estaba dispuesto a que los países ricos le impusieran políticas ambientales». Tesis que ha sido mantenida por casi todos los gobiernos brasileños de los últimos años. La misma rigidez tienen los gobiernos de China, India y, en general, de los países del mundo subdesarrollado  —responsables de alrededor del 20 por ciento de las emisiones por la vía de la deforestación—,  que no admiten las obligaciones ambientales.

Thomas Kolly, jefe de la delegación suiza, opinó en esa oportunidad que debía incluirse a los «países emergentes» en las normas limitantes de la emisión de gases contaminantes, ya que «los países vinculados al Protocolo de Kyoto no pesan más que una cuarta parte de las emisiones de CO2».

En los círculos ambientalistas del mundo se considera que China y Estados Unidos, los mayores contaminadores, constituyen un escollo para lograr un acuerdo global de reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero. Y China, para eludir la disminución de sus emisiones, se va por la coartada de que sus emisiones per cápita representan una sexta parte de las norteamericanas.

La reunión de Bali se celebró en el momento en que la Organización Mundial de Meteorología (OMM) publicó un estudio que demostraba que se había llegado a cantidades nunca antes alcanzadas de emisión de dióxido de carbono y de óxido nitroso (N2O) y en que los climatólogos de las Naciones Unidas habían advertido que el calentamiento del planeta y el aumento del nivel de los mares habían tomado un ritmo más rápido que el previsto, con claros impactos sobre la extinción de especies y el agravamiento de las condiciones meteorológicas globales.

No obstante, no han faltado quienes han juzgado con suspicacia los informes de la IPCC, cuyos alarmantes datos los han atribuido a la intención de las Naciones Unidas de consolidar un gobierno mundial, para lo cual usan el tema del calentamiento global y de los desórdenes climáticos como piedra angular de su proyecto. Y han afirmado que los modelos matemáticos y computacionales usados por la agencia internacional  —sobre los fenómenos climáticos que pertenecen al mundo de la complejidad—  han sido poco fiables y han recibido críticas de importantes científicos, que sostienen que el efecto invernadero, en su mayor parte, es un fenómeno de carácter natural que se origina en el vapor del agua.

Pero Al Gore descalificó a esos científicos  —algunos de ellos ubicados en la Casa Blanca durante la administración de George W. Bush—  por haber estado al servicio de las grandes empresas contaminantes.

Por analogía con la denominada curva de Kuznets  —formulada en los años 50 del siglo XX por el economista norteamericano Simon Kuznets para establecer las correlaciones entre el crecimiento económico y la distribución del ingreso—,  los investigadores estadounidenses Thomas M. Selden y Daqing Song, en su libro «Environmental Quality and Development: is there a Kuznets Curve for Air Pollution Emissions?» (1994), idearon la curva ambiental de Kuznets  —environmental Kuznets curve (EKC)—  para demostrar que al iniciarse el proceso de crecimiento del ingreso per cápita en un país desarrollado se da una mayor presión sobre el medio ambiente y se aumenta su deterioro, pero que al alcanzarse niveles superiores de prosperidad económica y de ingreso per cápita surgen cambios estructurales y tecnológicos que detienen el deterioro del medio ambiente y que, incluso, lo revierten en alguna medida. Cambios estructurales que están relacionados con la declinación de industrias contaminantes y el auge de actividades económicas limpias; y cambios técnicos que van asociados a la adopción de procesos productivos menos contaminantes y a la aplicación de tecnologías reductoras del impacto medioambiental.

La curva ambiental de Kuznets  —que es la extrapolación de la hipótesis del economista norteamericano a la medición de las condiciones ambientales—  pretende demostrar que, a corto y mediano plazos, el crecimiento económico puede ser dañino para el medio ambiente; pero que, a largo plazo, detiene o disminuye ese deterioro.

Representa gráficamente las relaciones entre crecimiento económico y ambientalismo en forma de una letra «U» invertida, que indica que en las primeras etapas del crecimiento se produce un deterioro ambiental que es revertido después cuando se alcanza un determinado nivel de renta per cápita.

Selden y Song sostienen que «a medida que los ingresos aumentan, la capacidad para invertir en mejores condiciones ambientales y la disposición a hacerlo aumentan también».

Sustentan su hipótesis en el hecho de que, en la actual era postindustrial del capitalismo, los países altamente desarrollados orientan su economía preferentemente hacia el sector de los servicios  —especialmente de los servicios de la última generación tecnológica—  y encomiendan, a través del denominado offshoring, buena parte de los procesos industriales de los bienes manufacturados que consumen a países del tercer mundo de reciente industrialización, que asumen la carga del deterioro medioambiental. De modo que en no despreciable medida los bienes y mercancías que consumen los países más desarrollados se fabrican en lejanos centros industriales y, con ello, pueden mejorar sus condiciones ambientales locales.

La hipótesis, sin embargo, ha tenido muchos impugnadores. Sus afirmaciones no han sido probadas a cabalidad. Todo lleva a creer que los múltiples efectos del crecimiento producen, de todas maneras y en cualquier plazo, daños acumulativos e irreversibles en el entorno ambiental, la biodiversidad, los ecosistemas y la integridad de las especies.

En el empeño de encontrar una fórmula capaz de medir con la mayor precisión posible los avances o los retrocesos de los países en sus políticas de defensa del medio ambiente, las universidades de Yale y de Columbia en Estados Unidos, bajo la dirección de sus catedráticos Daniel C. Esty y Marc A. Levy, han propuesto el Índice de Rendimiento Medioambiental  —Enviromental Perfomance Index (EPI)—,  cuya metodología fue presentada al Foro Económico Mundial de Davos en enero del 2006.

El Índice de Rendimiento Medioambiental del año 2010, que evaluó a 163 países en función de veinticinco indicadores relacionados con la salud ambiental y la vitalidad de los ecosistemas, estableció el escalafón de acuerdo con los éxitos de cada uno de ellos en la defensa del medio ambiente. Los 25 indicadores que sirvieron de base para la medición se agruparon en diversas categorías de política ecológica: sanidad ambiental, calidad del aire, recursos hídricos, biodiversidad y hábitat, recursos naturales y cambio climático. Estas fueron las categorías de política ambiental que sirvieron para hacer las evaluaciones cuantitativas.

Islandia estuvo a la cabeza del ranking, seguida de Suiza, Costa Rica, Suecia, Noruega, Islas Mauricio, Francia, Austria, Cuba, Colombia, Malta y los demás países, todos los cuales destinaban importantes recursos y energías a la protección medioambiental; en tanto que al final quedaron situados Sierra Leona (163º) República Centroafricana (162º), Mauritania (161º), Angola (160º), Togo (159º) y Níger (158º), todos ellos en África subsahariana. Los Estados Unidos ocuparon la posición 61º a causa de su bajo nivel de eficiencia en el manejo de las energías renovables, los recursos hídricos y las emisiones de gases de efecto invernadero, y China se ubicó en el lugar 121º por su lamentable política ambiental. Los países con mejores resultados en América Latina y el Caribe fueron: Costa Rica (puesto 3º), Cuba (9º), Colombia (10º), Chile (16º), Ecuador (30º) y Perú (31º), mientras que los de menor puntuación fueron Haití (155º), Bolivia (137º), Honduras (118º), Guatemala (104º) y Trinidad & Tobago (103º).

Las cifras cambiaron un tanto en el 2012, en cuyo Índice de Rendimiento Medioambiental los primeros países fueron: Suiza, Letonia, Noruega, Luxemburgo, Costa Rica, Francia, Austria, Italia, Reino Unido, Suecia y Alemania. En ese año los mejores de América Latina fueron: Costa Rica (5º), Colombia (27º), Brasil (30º), Ecuador (31º), El Salvador (35º), Panamá (39º), Uruguay (46º), Cuba (50º y Argentina (50º).

El EPI pretende demostrar que la asignación de altos recursos financieros y la toma de medidas gubernativas para controlar la contaminación y para administrar correctamente los recursos naturales tienen incidencia beneficiosa en los resultados de la política ambiental. Obviamente, estos arbitrios están directamente relacionados con la riqueza de un país y con la eficiencia de su gobierno. Hay casos dramáticos como el de República Dominicana y Haití que, no obstante compartir la misma isla e igual entorno natural, tienen resultados diametralmente diversos en el manejo ecológico: la una está situada en el lugar 36º y el otro en el 155º del escalafón. Como bien anotó el profesor Daniel C. Esty de la Universidad de Yale, «el tipo de política medioambiental que se adopta es de vital importancia» y «el buen gobierno es un factor determinante en la consecución de la eficiencia medioambiental».

En la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, reunida en Copenhague del 7 al 19 de diciembre del 2009, no pudo alcanzarse un acuerdo amplio en torno a medidas concretas y cuantificables de regulación de las emisiones de gases de efecto invernadero. Las divergencias de opinión entre los participantes lo impidieron. En la última e interminable noche de discusión los jefes de Estado, jefes de gobierno, ministros y jefes de delegación de Estados Unidos, China, India, Brasil, Sudáfrica y veintitrés otros Estados propusieron el denominado Acuerdo de Copenhague, que carecía de valor jurídico y de objetivos concretos de lucha contra la contaminación planetaria. Pero el documento fue rechazado frontalmente por los delegados de varios países del tercer mundo en el curso de la larga, accidentada e interminable última noche de discusiones. La Conferencia llegó al borde del fracaso total. Lo cual forzó al primer ministro danés Lars Lokke Rasmussen, presidente de la Conferencia, para salir del atascadero, a renunciar a la unanimidad de votos requerida para aprobar un documento en este tipo de encuentros de las Naciones Unidas y optar por la fórmula simple de «tomar nota» de él. En medio de las caóticas y ásperas discusiones, el Acuerdo recibió dos respuestas: una esperanzadora de los países desarrollados y una duramente crítica  —y hasta violenta, en algunos casos— de los países del mundo subdesarrollado.

El Acuerdo de Copenhague fue una mera declaración de buenas intenciones, desprovista de valor jurídico y efecto vinculante, que postergó hacia el futuro los compromisos obligatorios de los países emisores. Entre esas buenas intenciones estuvo el designio de Estados Unidos y otros países desarrollados de establecer nuevas, fiables y previsibles fuentes de financiación para las tareas ecológicas del tercer mundo, su promesa de movilizar conjuntamente desde el año 2020 cien mil millones de dólares anuales en recursos financieros de diversas fuentes  —públicas y privadas, bilaterales y multilaterales, incluidas fuentes alternativas de financiación—  para impulsar la transferencia tecnológica necesaria hacia los países pobres de modo que pudieran reducir sus emisiones  —derivadas principalmente de la deforestación y la degradación de los bosques—  y la oferta de los líderes del mundo desarrollado de proveer a los países más pobres y vulnerables durante el trienio 2010-2012 recursos financieros por el monto de 30 billones de dólares  —o sea 30 mil millones, porque un billón, en inglés, significa un millar de millones de unidades, en tanto que, en castellano, expresa un millón de millones—  para que pudieran hacer frente a los cambios climáticos, previnieran la deforestación e impulsaran la silvicultura.

Todo lo cual permitió al presidente estadounidense Barack Obama, horas después de su retorno de Copenhague, declarar en Washington que se alcanzó un «avance significativo y sin precedentes» sobre el combate contra el cambio climático, que «pone las bases para la acción internacional en los años por venir», aunque advirtió que «quedaba mucho por hacer para llegar a un acuerdo efectivo y vinculante».

Como respuesta a Copenhague, se reunió la Conferencia Mundial de los Pueblos sobre el Cambio Climático y los Derechos de la Madre Tierra en la ciudad de Cochabamba, Bolivia, del 19 al 22 de abril del 2010, en la que se condenó a los países desarrollados por contaminar el planeta con los gases de efecto invernadero emitidos por sus actividades industriales. Se puso énfasis en que, «bajo el capitalismo, la Madre Tierra se convierte en fuente sólo de materias primas y los seres humanos en medios de producción y consumidores», por lo que se postuló «la necesidad de cambiar el actual sistema capitalista». Se pidió a los países desarrollados que «restablezcan a los países en desarrollo el espacio atmosférico que está ocupado por sus emisiones de gases de efecto invernadero» para ir hacia «la descolonización de la atmósfera mediante la reducción y absorción de sus emisiones». Los delegados propusieron el proyecto de Declaración Universal de Derechos de la Madre Tierra en el cual se consignaron, entre otros, su «derecho a estar libre de la contaminación y polución, de desechos tóxicos y radiactivos» y el «derecho a no ser alterada genéticamente y modificada en su estructura».

No obstante, se volvió a reproducir el conocido maniqueísmo de ignorar la deforestación como una de las causas mayores de la contaminación planetaria y de culpar exclusivamente a los países desarrollados de las agresiones contra el planeta. Se repitió el error de Kioto. Por supuesto que los países industrializados tienen una enorme culpabilidad en la tragedia planetaria, pero los países del mundo subdesarrollado no pueden eludir la suya por las emisiones de gases contaminantes provenientes de la destrucción de las selvas, los bosques y la vegetación. No hubo una sola palabra de condenación contra la deforestación de la madre tierra  —la pachamama, que dicen los pueblos andinos—,  que lanza a la atmósfera más del doble de CO2 que la combustión sumada de petróleo, gas natural y carbón para fines industriales. China, India, Brasil, Indonesia, Colombia, Cote D’Ivoire, Tailandia, Laos, Nigeria, Filipinas, Myanmar y Perú eran, en este orden, los mayores contaminadores por deforestación y uso del suelo.

Del 29 de noviembre al 10 de diciembre del 2010 se reunió en Cancún la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático  —COP16—  con la concurrencia de representantes de 194 países. Al final de sus deliberaciones aprobó por consenso el denominado Acuerdo de Cancún, en virtud del cual se dio continuidad al Protocolo de Kyoto  —que expiraba en el 2012—,  y se resolvió crear el «fondo verde climático» de 100.000 millones de dólares por año a partir del 2020 para atender las necesidades de los países más pobres ante los cambios climáticos y ayudarlos a proteger sus selvas y sus bosques y a disminuir sus emisiones por deforestación. Se aprobó también la transferencia de 30.000 millones de dólares, de financiación rápida, hasta el año 2012, desde los países industriales con el objetivo de sustentar las políticas y acciones de control climático de los países subdesarrollados; se acordó impulsar la transferencia tecnológica de los países ricos a los pobres para el manejo de los bosques, las selvas y las forestas; se recomendó a los miembros del Protocolo de Kyoto que redujeran sus emisiones de gases de efecto invernadero entre el 25% y el 40% con respecto a los niveles de 1990, que es lo que la ciencia recomendaba; y se fijó que la temperatura de la Tierra no debía aumentar más de dos grados centígrados.

El fondo verde climático, que implicaba la transferencia de recursos financieros de los países ricos a los pobres, estaba destinado a disminuir la deforestación de sus tierras. El fondo sería administrado durante los primeros tres años por el Banco Mundial  —organismo que no se había distinguido por su sensibilidad medioambiental—  y después por un consejo integrado por 24 países: 12 desarrollados y 12 subdesarrollados.

En la reunión de Cancún, como en las anteriores, no se dio un claro y concreto compromiso de los países del norte y del sur para bajar sus emisiones de los gases de calentamiento: los primeros principalmente en su industria y transportes, y los segundos, en la deforestación.

Como siempre, las opiniones respecto de la cumbre estuvieron divididas: el secretario general de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, dijo que el encuentro fue «un importante éxito para el mundo» y el negociador cubano Orlando Rey señaló que permitía «recobrar la confianza, el valor del multilateralismo y el basamento para empeños superiores», mientras que varios grupos ecologistas calificaron de «débiles», «modestos» e «ineficaces» a sus resultados.

Paralelamente a la cumbre de Cancún se congregaron en la misma ciudad alrededor de cuatrocientos altos dirigentes de empresas multinacionales privadas en el foro Green Solutions para discutir opciones alternativas «verdes» en la industria y otras actividades productivas. Defendieron la conveniencia de poner un precio a las emisiones contaminantes, eliminar los subsidios a los combustibles fósiles y dirigir apoyos económicos al desarrollo de las energías renovables.

En el seno de la reunión empresarial se criticó que se destinaran subsidios por alrededor de 300.000 millones de dólares en el mundo para la producción de combustibles fósiles, cifra que representaba casi seis veces más que lo que se otorgaba a las energías renovables eólica y solar.

Dentro de esa reunión Adnan Amin, director interino de la Agencia Internacional de Energías Renovables, subrayó que las energías fósiles resultaban más baratas que las energías renovables por los subsidios que tenían y también «porque los costos externos del petróleo, como la contaminación, no se integran en el precio de esos combustibles sino que son asumidos por la sociedad». Y agregó: «no habrá una solución de largo plazo para el problema del cambio climático hasta que pongamos un precio a las emisiones de carbono».

La XVII Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático  —COP17—,  reunida del 28 de noviembre al 10 de diciembre del 2011 en la ciudad de Durban, Sudáfrica, volvió a defraudar las aspiraciones de la opinión pública mundial que esperaba acuerdos concretos y duraderos para disminuir la emisión de los gases contaminantes. Esperaba que se establecieran compromisos entre todos los grandes emisores de CO2  —tanto los países industrializados como los no industrializados—  para bajar las emisiones. Después de enredadas discusiones  —en las que brotaron las diferencias entre China, la Unión Europea, Estados Unidos e India—,  los delegados de los 193 Estados participantes apenas pudieron aprobar la Plataforma de Durban para la Acción Reforzada, que fue un conjunto de acuerdos tibios que prorrogaron los compromisos de Kyoto  —aunque con la desvinculación de China, Rusia, Estados Unidos, Canadá y Japón—  y apuntaron hacia un eventual acuerdo en el año 2015, que entraría en vigor el 2020 con fuerza vinculante.

En Durban no pudo alcanzarse un consenso global para que los países desarrollados disminuyesen sus emisiones industriales y los países infradesarrollados bajasen sus índices de deforestación.

Sin embargo, se mantuvo el fondo verde climático cuya creación fue aprobada en Cancún para ayudar anualmente a partir del 2020 a los países subdesarrollados a afrontar los estragos de los desórdenes del clima.

La decimonovena cumbre de las Naciones Unidas sobre cambio climático  —COP19—,  celebrada del 11 al 22 de noviembre del 2013 en Varsovia con la participación de 192 países, buscó acercar posiciones hacia un acuerdo global en el año 2015, que permitiera reducir las emisiones contaminantes. Se acordó que el fondo de financiamiento de medidas de control de los fenómenos climáticos se mantentuviera en 100.000 millones de dólares anuales  —fondo que fue negociado en la COP16 de Cancún, pero que seguía sin concretarse—  y se convocó a los países industriales para integrar esa cantidad a partir del año 2020 con recursos públicos y privados.

En la conferencia de Varsovia se decidió establecer un mecanismo internacional para asistir y proteger a los países pobres más vulnerables ante los fenómenos meteorológicos severos. Y se acordó crear un instrumento  —al que se denominó Marco de Varsovia, cuyo financiamiento fue prometido por Estados Unidos, Noruega e Inglaterra—  para ayudar a los países subdesarrollados a reducir sus emisiones de gases contaminantes causadas por la deforestación y la degradación de los bosques, que son sumideros de carbono, estabilizadores del clima y hábitat de la diversidad biológica.

Sin embargo, los avances de esta conferencia no fueron mayores en las cuestiones más urgentes y vitales. La Internacional Socialista, en una declaración que formuló al respecto, afirmó que «las decisiones para sellar un nuevo acuerdo global, para reemplazar el de Kioto y lograr compromisos financieros firmes y suficientes de parte del mundo desarrollado (…) fueron débiles o estuvieron ausentes». Añadió: «sobre el tema del Consejo del Fondo Verde del Clima (…) algunos requerimientos esenciales para su administración aún no han sido finalizados y la movilización se observa débil». Y concluyó: «urgimos enérgicamente a la comunidad internacional a apoyar el Fondo con suficientes contribuciones financieras (…) porque la tarea más crucial de esta generación es asegurar la estabilidad del planeta para la raza humana, y la acción debe tener lugar en todos los rincones del mundo, en todas las naciones del planeta».

La Convencion Marco sobre el Cambio Climático  —reunida en París desde el 30 de noviembre hasta el 11 de diciembre del 2015, que entró en vigencia el 4 de noviembre del 2016—  «consciente de que el cambio climático representa una amenaza apremiante y con efectos potencialmente irreversibles para las sociedades humanas y el planeta y, por lo tanto, exige la cooperación más amplia posible de todos los países y su participación en una respuesta internacional efectiva y apropiada, con miras a acelerar la reducción de las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero (…) invita a las Partes a que comuniquen a la secretaría, en 2020 a más tardar, estrategias de desarrollo con bajas emisiones de gases de efecto invernadero a largo plazo, con vistas a mediados de siglo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4, párrafo 19, del Acuerdo, y pide a la secretaría que haga públicas, en el sitio web de la Convención Marco las estrategias que comuniquen las Partes a este respecto».

Con su exuberancia retórica volvió a aludir a las metas genéricas, imprecisas y proyectadas hacia un futuro incierto. No adoptó decisiones vinculantes sino que «instó», «alentó», «recomendó» a las Partes «aumentar sus medidas destinadas a hacer frente al clima» y tomar ciertas decisiones  —que más que decisiones eran «consejos»—  para que promuevan «la mitigación de las emisiones de gases de efecto invernadero, fomentando al mismo tiempo el desarrollo sostenible».

La Convención y el Acuerdo de París  —con textos en árabe, chino, español, francés, inglés y ruso—  se aprobaron el 12 de diciembre del 2015.

Estas convenciones han fracasado ruidosamente en la consecución de sus objetivos. Dice al respecto la investigadora y periodista canadiense Naomi Klein, en su libro «Esto lo cambia todo» (2015)  —This changes everything—,  en su dura critica a la ineficacia de las reuniones internacionales que, «en el fondo, lo único que aumenta más rápidamente que nuestras emisiones es la producción de palabras de quienes prometen reducirlas». Y culpa de ello al «capitalismo desregulado».  Agrega: «Estamos atascados porque las acciones que nos ofrecerían las mejores posibilidades de eludir la catástrofe  —y que beneficiarían a la inmensa mayoría de la población humana—  son sumamente amenazadoras para una élite minoritaria que mantiene un particular dominio sobre nuestra economía, nuestro proceso político y la mayoría de nuestros principales medios de comunicación. Ese podría no haber sido un problema insuperable de por sí si se nos hubiera planteado en algún otro momento de nuestra historia. Pero, para gran desgracia colectiva nuestra, la comunidad científica efectuó y presentó su diagnóstico decisivo de la amenaza climática en el momento preciso en que esa élite estaba disfrutando de un poder político, cultural e intelectual más ilimitado que nunca desde la década de 1920».  Y apunta directamente al «fundamentalismo del mercado» y a la colusión entre las grandes empresas nacionales o multinacionales y los gobiernos alrededor del mundo como los principales culpables del estruendoso fracaso en la lucha contra la emisión de gases contaminantes y el cambio climático, que se presentan como factores catastróficos para la conservación del planeta y la vida de la humanidad.

Ella sostiene que, «entrados ya en el nuevo milenio, con ‘mercados emergentes’ como el de China, plenamente integrados en la economía mundial, el crecimiento de las emisiones se disparó hasta niveles catastróficos y el ritmo de aumento anual alcanzó el 3,4% durante buena parte de la primera década del siglo XXI».

Con el propósito de frenar la emisión de gases de calentamiento se ha creado el denominado mercado del carbono, que busca evitar o reducir la deforestación, emprender proyectos de forestación o reforestación y hacer un manejo forestal sostenible a cambio de incentivos económicos, pagos, bonos o créditos en dinero. Los precios del CO2, la fijación de metas específicas de reducción y las demás condiciones de estas transacciones se deben acordar entre los oferentes y los demandantes de la disminución de gases contaminantes. En el seno de este mercado los emisores de gases contaminantes venden sus reducciones a gobiernos, compañías financieras, grandes corporaciones y entidades ambientalistas interesadas en bajar las emisiones de gases contaminantes. El derecho a no emitir se ha convertido en un bien valorado y canjeable.

No obstante, el tema es materia de una intensa discusión. Hay quienes consideran  —GAIA, Grupo ETC, Jubilee South, Marea Creciente Mexico, Fronteras Comunes, Carbon Trade Watch, Otros Mundos Chiapas—  que el sistema, en sus dos modalidades: cap and trade y compensación de emisiones, es un fracaso porque da vía libre a los grandes contaminadores y no es capaz de contribuir a liberar a las economías de los combustibles fósiles.

La Asamblea General de las Naciones Unidas, en su período ordinario de sesiones del año 2015, aprobó 17 objetivos globales para el desarrollo sostenible mundial en los próximos quince años, entre los cuales hubo varios relacionados con el calentamiento global y el desarrollo:

«Objetivo 2. Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la agricultura sostenible».

                  «Objetivo 6. Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para todos».

                  «Objetivo 7. Garantizar el acceso a una energía asequible, segura, sostenible y moderna para todos».

                  «Objetivo 11. Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles».

                  «Objetivo 12. Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles».

                  «Objetivo 13. Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos».

                  «Objetivo 14. Conservar y utilizar en forma sostenible los océanos, los mares y los recursos marinos para el desarrollo sostenible».

                  «Objetivo 15. Proteger, restablecer y promover el uso sostenible de los ecosistemas terrestres, gestionar los bosques de forma sostenible, luchar contra la desertificación, detener e invertir la degradación de las tierras y poner freno a la pérdida de la diversidad biológica».

Las emisiones de dióxido de carbono  —responsables de los cambios climáticos—  son también causa de la creciente acidez de los océanos y mares.

Una nueva declaración de alerta sobre la acidificación de las aguas marinas a causa de la penetración de dióxido de carbono (CO2) se dio en la 12ª reunión de las partes del Convenio sobre Diversidad Biológica de las Naciones Unidas  —Convention on Biological Diversity (1992)—,  que juntó del 6 al 17 de octubre del 2014 en la ciudad de Pyeongchang, Corea del Sur, alrededor de treinta científicos procedentes de diversas universidades y centros de investigación del mundo.

En la reunión participaron profesores, científicos e investigadores de Heriot-Watt University, Universidad de East Anglia, Universidad de Oxford y Cardiff University de Inglaterra, Enviromental Economics de Hong Kong, University of Sydney y James Cook University de Australia, University of the Ryukyus del Japón, Alfred Wegener Institute de Alemania, Universidad de Essex, Institute of Marine Research de Noruega, University of Gothenburg de Suecia, Laboratoire d’Océanographie de Villefranche en Francia y de otras instituciones de educación superior.

Los científicos afirmaron en su informe que más dos mil millones de toneladas de dióxido de carbono (CO2) entran cada año a las aguas marinas alrededor del planeta, como consecuencia de lo cual la acidez de los mares ha crecido en el 26% desde los tiempos preindustriales y crecerá, en dimensiones aun más peligrosas, hacia el futuro. El científico inglés Sebastian J. Hennige, profesor de la Heriot-Watt University de Inglaterra  —quien fue el editor principal del informe—,  afirmó: «cuanto más CO2 se libere de los combustibles fósiles a la atmósfera, más se disolverá en el océano».

Dice el informe que el vínculo entre este fenómeno y las «emisiones antropogénicas de CO2 es clara, ya que en los dos últimos siglos, el océano ha absorbido una cuarta parte del CO2 emitido por las actividades humanas».

La acidificación marina  —advierten los redactores del informe—  es de una amplitud inédita y se ha producido con una rapidez jamás vista, por lo que «es inevitable que en los próximos 50 a 100 años tenga un impacto negativo a gran escala sobre los organismos y ecosistemas marinos».

Eso se desprende, además, de los estudios y experimentos que numerosos científicos han hecho a bordo de barcos en los océanos y mares del planeta durante la primera década de este siglo.

Por eso los científicos claman por medidas urgentes para frenar la acidez de los océanos, puesto que ella daña los ecosistemas del mar, compromete su biodiversidad, altera la química de las aguas marinas, extingue algunas especies de peces y microrganismos, vulnera los ecosistemas costeros y, por tanto, baja la productividad de las faenas de pesca, perjudica a las comunidades costeras que viven de los productos del mar y afecta a centenares de millones de seres humanos alrededor del planeta que dependen de los productos marinos para su alimentación.

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