Este es un concepto macroeconómico. Consiste en el beneficio que deja de percibir la sociedad o el gravamen que ella sufre por la ejecución de una determinada actividad económica proveniente del Estado o de los particulares.
El costo social causado por la actividad productiva realizada por un agente económico privado difiere sustancialmente del costo privado que él soporta a causa de esa misma actividad. En el primer caso es la sociedad la que sufre el impacto negativo de ella en tanto que en el segundo lo es el propio agente económico privado, en su esfera patrimonial. De modo que la misma actividad económica puede generar un costo social al propio tiempo que un beneficio individual.
El costo social no está equitativamente distribuido en la colectividad. Son los sectores más desafortunados los que usualmente soportan el mayor peso de él.
En términos objetivos, no hay duda de que el costo social es el sacrificio humano y económico que tiene que sufrir la población más pobre de un país por las medidas de <ajuste tomadas por su gobierno y por ciertas actividades de producción, distribución y consumo de los agentes económicos particulares, ya que generalmente el peso de la aplicación de tales medidas y de la ejecución de esas actividades recaen desproporcionadamente sobre los sectores sociales indigentes.
Pero no solamente es ese costo, susceptible de ser medido en términos monetarios. En el mundo contemporáneo uno de los más altos costos sociales es el de la degradación del medio ambiente a causa de las faenas económicas. Aunque aún los recursos de la naturaleza no se consideran como activos productivos, no obstante que un país puede encaminarse a la bancarrota por el deterioro de ellos, es evidente que su disminución o extinción representa un costo social elevadísimo. Sin embargo los costes ambientales son ignorados. El >producto interno bruto no toma en cuenta la depreciación de los activos naturales ni los indicadores económicos convencionales registran la disminución del capital “natural” cuando esos recursos decrecen o se destruyen. Y hasta se llega a la paradoja de contabilizar como “crecimiento económico” la destrucción de los bienes del medio ambiente, dado que el incremento de la cuenta corriente, a causa de la industrialización y comercialización de ellos, no tiene la contrapartida del decrecimiento en la cuenta de capital, por su extinción.
A pesar de que los recursos del medio ambiente no son fáciles de contabilizar, porque son bienes que no tienen asignado un precio en el mercado y algunos de los cuales son incluso intangibles, es menester incorporar el valor del medio ambiente a las cuentas nacionales. Hay que poner un precio al agotamiento de los recursos naturales, a la destrucción de los bosques, a la contaminación del aire y del agua, en suma, al deterioro del medio ambiente. Alguien tiene que pagar por ello. La fórmula quien contamina paga, aplicada por algunos países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) —Organisation de Coopération et de Développement Économiques—, debe ser perfeccionada y puesta en vigencia de modo general.
Concomitantemente es conveniente establecer incentivos directos a favor de quienes reducen el impacto negativo de sus actividades productivas sobre el medio ambiente, manejan adecuadamente los bienes de la naturaleza, reforestan los campos, racionalizan la pesca y toman otras precauciones ambientales.