postguerra fría

Dos hechos emblemáticos marcaron el término de la <guerra fría en el año 1989: la caída del Muro de Berlín y el desplome de la Unión Soviética. Fueron dos acontecimientos inesperados y espectaculares. El <Muro de Berlín no era solamente una enorme pared de concreto levantada en 1961 por el gobierno marxista de la República Democrática Alemana, que partía en dos a una ciudad y que encarcelaba a diecisiete millones de alemanes, sino también el símbolo de la intransigente hostilidad entre dos sistemas filosófico-políticos. Y el colapso de la Unión Soviética, acompañado de la desintegración del bloque de países marxistas alineados bajo su poder, fue la caída de uno de los grandes imperios que ha conocido la historia.

Estos hechos, que ocurrieron en un lapso extremadamente corto, dieron a luz un nuevo orden político y económico internacional dominado por la superpotencia triunfadora de la guerra fría. La bipolaridad dio paso a la unipolaridad. Se produjeron importantes logros en el campo del desarme nuclear de alcance medio y corto. Terminó la confrontación armada. De las dos grandes alianzas militares contendientes, la una fue desmantelada y la otra hizo una conversión fundamental. Disuelto el Pacto de Varsovia, sus miembros recobraron su plena independencia. La Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), en cambio, hizo un gran viraje. Y ocurrió lo impensable: la alianza atlántica abrió sus puertas para el ingreso de los países que habían formado parte de la alianza enemiga.

Hubo otro hecho importante en el curso de la terminación de la guerra fría: fue la masacre de Tiananmen, con la que se cerró en China un proceso de protestas populares que estalló en Pekín el 15 de abril de 1989. Fueron grandes manifestaciones callejeras —lideradas por estudiantes universitarios y trabajadores— que gritaron a favor de la libertad de expresión y de la implantación de un gobierno democrático en la República Popular de China. Ellas se prolongaron por varias semanas y tuvieron resonancias en numerosas ciudades chinas —incluidas Shanghai, Urumqi y Chongqin—, por cuyas calles y plazas marcharon centenares de miles de manifestantes disconformes con el régimen autoritario impuesto por el Partido Comunista.

El gobierno presidido por el primer ministro Li Peng rechazó las reivindicaciones planteadas por los manifestantes y tomó la decisión de acallar sus protestas por la fuerza. Tras declarar el imperio de la ley marcial envió un gran contingente de tanques, vehículos blindados y fuerzas de infantería a la Plaza de Tiananmen, donde estaba concentrada la multitud, y el 4 de junio de ese año abrieron fuego para disolverla. Fue la terrible matanza —denominada masacre de Tiananmen— que puso fin al proceso de protestas populares contra el régimen político de Pekín y que marcó, sin duda, hondas heridas y cicatrices en el país asiático.

Nunca se supo el número de víctimas porque el gobierno expulsó a la prensa extranjera y controló severamente a los medios de prensa locales. Pero, según fuentes ligadas a la Cruz Roja china, los muertos sumaron 2.600 y hubo entre 7.000 y 10.000 heridos. Tras la violencia, el gobierno emprendió un gran número de arrestos para suprimir a los instigadores del movimiento, expulsó a la prensa extranjera y controló estrictamente la cobertura de los acontecimientos en la prensa china. La cruel represión de la protesta de la Plaza de Tiananmén causó la condena internacional de la actuación del gobierno de la República Popular China.

En la conclusión de la guerra fría fueron determinantes el pensamiento y la acción de Mijail Gorbachov, a la sazón Presidente del gobierno soviético, quien dio un vuelco a la organización política de su país con la <“perestroika”, es decir, el programa de reforma política y apertura económica anunciado en enero de 1987 durante la reunión del comité central del Partido Comunista de la Unión Soviética.

Gorbachov justificó su viraje ideológico y político con la invocación del fracaso en la conducción de su país en el pasado. La perestroika implicó un reordenamiento de la política interna y externa de la Unión Soviética, aunque según Gorbachov ella no significaba el abandono de las tesis marxistas sino su rectificación porque “el potencial del socialismo había sido poco utilizado”.

La perestroika produjo cambios espectaculares no sólo en la Unión Soviética sino también en el bloque de sus países satélites.

Formó parte de la perestroika el denominado <“nuevo pensamiento” de Gorbachov en materia de política internacional y, particularmente, en las relaciones de su país con los Estados Unidos de América. Él entrañó un programa de negociaciones con las potencias de Occidente sobre la reducción de las armas nucleares y convencionales y el abandono de la sobre el control soviético de los países de Europa oriental. Y para poner en evidencia su buena fe, Gorbachov ordenó el retiro de las tropas soviéticas de Afganistán. Hecho que posibilitó la concreción de varios acuerdos de desarme entre las superpotencias.

Con la conclusión de la guerra fría la humanidad empezó a respirar tranquila. Ocurrieron hechos muy auspiciosos, como aquel que tuvo lugar en el Mediterráneo, centro de tantas controversias en el curso de la confrontación Este-Oeste: el derrocamiento del denominado muro de Nicosia, que con paredes, vallas y alambradas dividía físicamente la capital de Chipre en dos: la parte norte bajo el dominio turco-chipriota y la parte sur bajo el dominio greco-chipriota. El muro fue levantado en 1974 sobre la calle Ledra, en el centro de Nicosia, a partir de la invasión y ocupación de cuarenta mil soldados turcos sobre la zona norte de la isla mediterránea. Presionado por la comunidad internacional, el Presidente de Chipre, Tassos Papadopoulos, tomó la decisión de derribarlo en marzo del 2007 y los grecochipriotas cumplieron la orden y lo abatieron. Después de la caída del muro de Berlín a fines de 1989, el de Nicosia era el único muro que dividía una ciudad europea. Separaba a las comunidades griega y turca que habitaban la pequeña isla. Fue muy significativo el acto de apertura de la calle Ledra, situada en el centro de Nicosia. Después de tres décadas de clausura volvió a ser la arteria de mayor circulación de la isla. Los chipriotas griegos y los chipriotas turcos pudieron, a partir de ese momento, cruzar su ciudad libremente.

Pero los problemas en el mundo no terminaron. Nuevos conflictos sustituyeron a los anteriores y progresivamente se desvaneció la ilusión de que el fin de la confrontación Este-Oeste traería un período de paz y de prosperidad económica, acompañadas de la reversión de los presupuestos militares. Pero la realidad fue diferente. Nuevos conflictos y nuevas tensiones surgieron o se reactivaron en el Golfo Pérsico, Somalia, Sudáfrica, la antigua Yugoeslavia, la desaparecida Unión Soviética, Checoeslovaquia, Polonia, Bangladesh, Angola, Chad, Etiopía, Burundi, Ruanda, Yemen, Angola, Sudán, Uganda, Zaire, Zimbabue, Corea, Haití, Chechenia, Sri Lanka, Liberia, Israel, Palestina, Argelia, Sierra Leona, Albania, Senegal, Kosovo, Congo, Eritrea, Timor Oriental, Cachemira, Degustán, Indonesia, Liberia nuevamente, Afganistán, Irak, Irán, Siria, Ucrania y otros lugares del planeta.

Las guerras “entre” Estados fueron sustituidas por las guerras “dentro” de los Estados por motivos políticos, culturales, étnicos o religiosos. Surgieron brotes de >racismo, >xenofobia e insanos <nacionalismos, que parecían superados por la historia y la civilización, en países europeos de refinada cultura y avanzado desarrollo económico.

La conclusión que he sacado de todo esto es que el hombre no está habituado todavía a vivir en <paz. Largamente vivió la cultura de la violencia y le cuesta mucho aclimatarse a la paz. Por eso se aleja de un conflicto y busca otro.

Esto es desconcertante.

La existencia de enemigos parece ser una necesidad psicológica del ser humano. Si no hay se los inventa. No puede vivir en paz. Los hombres y los Estados buscan superar los fracasos íntimos y las contradicciones internas por el arbitrio de crear adversarios nuevos. Con la desaparición del enemigo tradicional queda un espacio vacío en la vida individual y social que es preciso llenar. Hay que forjar, por tanto, nuevos enemigos. Vemos gigantes donde sólo hay molinos de viento, al estilo del Quijote. Imaginamos estrategias y construimos armas nuevas para la lucha. La vieja táctica de desviar la atención popular por el artificio de generar conflictos internos o externos está siempre vigente. La vida de los hombres y de los pueblos no tiene remanso.

1. El mundo unipolar. Con la disipación del conflicto Este-Oeste se puso evidencia la contradicción <norte-sur, que va camino de agudizarse bajo el esquema unipolar de poder mundial. Con la desaparición de la amenaza “comunista” la potencia dominante carece hoy de los estímulos que ayer le indujeron a “ayudar” a los países del >tercer mundo para que no cayeran en las garras de Moscú. Esto es muy grave. Y, en general, es también inconveniente para el planeta la presencia de una sola superpotencia dominante, que carece de un balance internacional de poder.

El mundo unipolar trajo una primera consecuencia de dimensión planetaria: la poderosa onda expansiva del <neoliberalismo, con su Estado desertor, la derechización política de las cúpulas dirigentes, la <globalización de las economías, la >privatización indiscriminada de los bienes y activos públicos, la llamada “desregulación”, el sometimiento de la economía a las fuerzas del mercado y otras propuestas de esta índole. Con ellas advenino una suerte de darwinismo económico que proclama la supervivencia del más apto en muchos lugares del planeta. Han renacido políticas de proteccionismo comercial en los países industriales con graves quebrantos para el mundo subdesarrollado. La agudizada dinámica de la acumulación del poder y de la riqueza causa estragos a la población pobre del planeta y las teorías económicas del “derrame” o del “goteo” en beneficio de los sectores desafortunados no han funcionado, como creían los ilusos o los interesados, ni pueden funcionar. La depresión económica tiene efectos sociales devastadores. La violencia sigue su curso. Se impone la ley del más fuerte. En fin, van en proceso de desvanecimiento las ilusiones que alentó la humanidad a partir de la conclusión de la guerra fría y dan ganas de gritar, al estilo de Madame Roland: ¡muro de Berlín, cuántos crímenes se cometen en tu nombre!

En la era digital el imperialismo es, en última instancia, el dominio de la ciencia y la tecnología. Se equivocan quienes piensan que el imperialismo es sólo fuerza física. Esa es una percepción reductora. El imperialismo es, sobre todo, manejo de la ciencia y la tecnología con fines de dominación internacional. Todos los imperios lo hicieron con los conocimientos de su época. La misma fuerza militar es, en última instancia, una cuestión científico-tecnológica: es la aplicación de los conocimientos de la ciencia al arte de la guerra.

En consecuencia, el imperialismo es hoy mucho más que ejércitos, tanques y aviones: es innovación científica y conocimiento tecnológico, es decir, patentes de invención, descubrimientos, universidades de excelencia, centros de información, producción masiva de científicos, profesores y tecnólogos, grupos de reflexión y análisis —think tanks—, ingentes inversiones en investigación y desarrollo, expansión económica, manejo de la tecnología de la información, dominio del lenguaje binario y de las fórmulas genéticas, comunicación planetaria y aplicación de todos estos conocimientos a los afanes de dominación global.

No podría entenderse el imperialismo norteamericano de la postguerra fría sin la onda cultural expansiva de las universidades de ese país, en las que se han formado y se forman generaciones enteras de estudiantes provenientes de todos los lugares del planeta, hasta el punto que, como escribió Zbigniew Brzezinski en su libro «El Gran Tablero Mundial» (1998), «es posible encontrar graduados de las universidades estadounidenses en casi todos los gabinetes ministeriales del mundo».

Hoy el símbolo emblemático del imperialismo norteamericano ya no es el Pentágono sino Silicon Valley.

Las guerras del futuro, bajo la revolución digital, no serán operaciones de tropas aerotransportadas ni desembarcos de infantes de marina sino acciones de naturaleza electrónica destinadas a paralizar al enemigo, causar el caos en su organización social y enervar totalmente su capacidad de defensa. El «bombardeo» de virus electrónicos trastornaría por completo los puntos vitales de un país: redes de informática, comunicaciones, servicios públicos, sistemas logísticos, infraestructura defensiva, tránsito terrestre y aéreo y otros sistemas cruciales.

Serían guerras devastadoras que no solamente paralizarían la defensa militar, propiamente dicha, sino que formarían el caos en la vida civil al perturbar, mediante agentes patógenos de la informática, la organización social.

Las dos grandes potencias de la cibernética en la segunda década del siglo XXI son Estados Unidos y Japón, en durísima competencia científico-tecnológica.

2. La revolución de Cuba. Un sargento llamado Rubén Fulgencio Batista Zaldívar, que se desempeñaba como taquígrafo del ejército cubano, protagonizó el 4 de septiembre de 1933 la denominada “rebelión de los sargentos” que derrocó al dictador Gerardo Machado y desordenó las jerarquías militares. Batista se autodesignó jefe de las fuerzas armadas cubanas y colocó en el poder a lo largo de siete años una sucesión de títeres suyos: Ramón Grau San Martín (1933-34), Carlos Mendieta (1934-35), José A. Barnet (1936-36), Miguel Mariano Gómez (1936) y Federico Laredo Bru (1936-40).

En las elecciones presidenciales del 14 de julio de 1940, Fulgencio Batista, al frente de la Coalición Socialista Democrática (CSD) —de la que formaban parte los partidos y grupos de izquierda, incluido el Partido Comunista— y bajo un programa de gobierno de carácter democrático y progresista, triunfó ampliamente sobre su contrincante Ramón Grau San Martín. Su gobierno coincidió con la Segunda Guerra mundial y se alineó resueltamente al lado de las fuerzas antifascistas, lideradas por los Estados Unidos de América. Cuba sufrió incluso el hundimiento de varios de sus barcos mercantes por submarinos alemanes que merodeaban las aguas del océano Atlántico y del mar Caribe. Heinz August Luning, un espía nazi implicado en esos ataques, fue fusilado en La Habana en 1942.

En marzo 10 de 1952, casi veinte años después de la “rebelión de los sargentos”, Batista dio otro golpe de Estado para echar del poder al presidente Carlos Prío Socarrás y frustrar las elecciones en las cuales él participaba como candidato a la presidencia, en el último lugar de los sondeos de opinión. Dos años después, bajo presiones norteamericanas, “legitimó” su presidencia mediante amañadas elecciones en las que él fue el único candidato. Se convirtió así en “presidente” de Cuba. Bajo su gobierno, La Habana se convirtió en el paraíso de los casinos y de las mafias del juego y de otros negocios sucios. Batista fue muy cercano amigo de los célebres gangsters Meyer Lansky y Lucky Luciano, capos de los grandes casinos cubanos, que controlaban los juegos de azar y percibían gigantescas utilidades a pesar de la depresión económica mundial, y que además promovían la comercialización de drogas. Todo esto con la complicidad del gobierno y en medio de la más escandalosa corrupción en las altas esferas del oficialismo. El historiador británico Hugh Thomas, en su obra “The Cuban Revolution” (1977), escribió: “Batista’s golpe formalized gangsterism: the machine gun in the big car became the symbol not only of settling scores but of an approaching change of government.”

Bajo su gobierno las empresas norteamericanas llegaron a ser propietarias de casi el 90% de las haciendas y predios rústicos, a manejar el 40% de la industria azucarera, controlar el 90% de las minas, gestionar el 80% de los servicios públicos y el 50% de los ferrocarriles y de la industria petrolera.

Ante ese estado de cosas, un joven abogado opositor llamado Fidel Castro Ruz, hijo de un rico terrateniente de Birán en la antigua provincia de Oriente, de origen gallego, lanzó un encendido manifiesto para condenar al gobierno batistiano, al que calificó de “golpista”, alertar a la opinión pública acerca de la era de terror que se venía y convocar a los cubanos a la lucha contra el impostor. En ese momento aquel joven era miembro del Partido Ortodoxo fundado y liderado por Eduardo Chibás. Su idea era derrocar al dictador Batista para que Cuba retornase a los cauces constitucionales. Poco tiempo después el joven Castro planificó la toma del Cuartel Moncada en Santiago de Cuba —que era la segunda fortaleza militar más importante del país— para lo cual formó un contingente de 120 jóvenes rebeldes. La operación empezó a las 05:15 horas de la madrugada del 26 de julio de 1953. Por razones tácticas se formaron tres grupos: uno de noventa combatientes comandado por Fidel Castro, que tenía la misión de atacar la fortaleza militar; otro dirigido por Abel Santamaría, segundo jefe del movimiento, para tomarse el Hospital Civil; y el tercero, liderado por Raúl Castro Ruz, cuyo objetivo era asaltar el Palacio de Justicia. Todos llevaban uniformes de sargentos del ejército de Batista. Desde las terrazas de estos dos edificios, contiguos a las barracas del cuartel, los rebeldes tenían la misión de apoyar la acción principal del primer grupo. Pero la operación terminó en un gran desorden y fracasó. En el combate los rebeldes sufrieron cinco bajas: las de los jóvenes que iban adelante y cuyo cometido era neutralizar a los centinelas y desarmarlos.

El asalto armado al Cuartel Moncada marcó el inicio del largo proceso insurreccional contra la dictadura de Batista aunque esta acción rebelde, en sí misma, no tuvo éxito. La represión que vino después fue implacable. Batista ordenó al general Martín Tamayo, jefe de la unidad militar, que matara diez rebeldes por cada soldado muerto. Fue la tristemente célebre “ley 10 por 1”, que rigió el proceso represivo. Fueron asesinados 56 de los jóvenes asaltantes del Moncada para llenar la cuota establecida por Batista. Castro, junto con los sobrevivientes de la aventura que no pudieron escapar, fue detenido en el Presidio Modelo de la Isla de Pinos y procesado por un tribunal de la dictadura.

Abogado como era, asumió su propia defensa. Y fue célebre por su valentía, lucidez y gallardía el alegato que pronunció el 16 de octubre de 1953 ante el tribunal penal que le juzgaba, que se convirtió en el “manifiesto político” de la oposición al régimen dictatorial. ”Termino mi defensa —expresó— pero no lo haré, como hacen siempre todos los letrados, pidiendo la libertad del defendido; no puedo pedirla cuando mis compañeros están sufriendo en Isla de Pinos ignominiosa prisión. Enviadme junto a ellos a compartir su suerte. Es concebible que los hombres honrados estén muertos o presos en una República donde está de presidente un criminal y un ladrón”. Y concluyó: “En cuanto a mí, sé que la cárcel será dura como no lo ha sido nunca para nadie, preñada de amenazas, de ruin y cobarde ensañamiento, pero no la temo, como no temo la furia del tirano miserable que arrancó la vida a setenta hermanos míos. ¡Condenadme, no importa, la historia me absolverá!”.

Fue condenado a 15 años de reclusión en la Isla de Pinos.

Beneficiado de una amnistía el 15 de mayo de 1955, se exilió en México, donde fundó el Movimiento “26 de Julio” en 1955 y planificó la lucha contra la dictadura. Allí conoció al médico argentino Ernesto Guevara, el admirable revolucionario internacional y líder político latinoamericano, quien se incorporó inmediatamente a la tarea de coadyuvar en la organización de la insurgencia armada contra Batista. A finales de 1955 Castro recorrió varias ciudades norteamericanas —Filadelfia, Nueva York, Miami, Tampa, Palm Beach y otras— para invitar a la numerosa emigración cubana a participar en sus iniciativas revolucionarias y recoger aportaciones dinerarias para la causa.

De regreso a México a fines de diciembre de ese año, el líder insurgente compró las primeras armas, tomó en arrendamiento el rancho Santa Rosa a cuarenta kilómetros de la Ciudad de México para instalar el primer campamento y empezó el riguroso entrenamiento militar de sus hombres. Después consiguió un nuevo campamento: el rancho María de los Ángeles, en Tamaulipas; y entre los elementos que se incorporaron al entrenamiento estuvo un trabajador joven, vivaz e intrépido, llamado Camilo Cienfuegos.

El general español Alberto Bayo —nacido en Camagüey antes de la independencia cubana—, que combatió en las filas republicanas durante la <guerra civil española y que se exilió en México a raíz del triunfo de las fuerzas falangistas, fue el encargado de impartir el curso de táctica militar a los jóvenes rebeldes. Bayo quería mucho a Ernesto Guevara, con quien jugaba ajedrez las noches y de quien solía decir que era su mejor alumno en las lecciones de táctica.

El expresidente Carlos Prío Socarrás contribuyó con 20 mil dólares para los actos preparativos de la expedición y ayudó en la recolección de fondos de ciudadanos mexicanos y estadounidenses.

Finalmente, en la madrugada del 25 de noviembre de 1956, ochenta y dos revolucionarios armados con 55 fusiles de mirilla telescópica, bajo el mando de Castro, zarparon silenciosamente desde el puerto mexicano de Tuxpan con rumbo a Cuba, a bordo del pequeño yate de recreo Granma —18,60 metros de eslora por 5,10 metros de manga—, que podía alojar un máximo de 25 pasajeros. Siete días más tarde, a las seis de la mañana del 2 de diciembre, después de sufrir muchas peripecias en la travesía, desembarcaron en la playa de las Coloradas de la ensenada de Turquino, al suroccidente de la isla, para adentrarse en la montaña y empezar la epopeya revolucionaria.

La sola travesía por aguas del Atlántico fue un acto casi suicida. “Llegaron por milagro”, me comentó Antonio del Conde un día de noviembre del 2006 en La Habana. Mejor conocido como “el cuate”, porque era mexicano, Antonio del Conde fue el encargado de comprar el yate Granma en México, sin despertar sospechas, para el viaje de los combatientes de la Sierra Maestra.

Los grupos revolucionarios de la isla —principalmente el Movimiento 26 de Julio, el Partido Socialista Popular y el Directorio Revolucionario— esperaban la llegada del Granma el día 30 de noviembre, pero las dificultades que la sobrecargada nave tuvo que soportar por las marejadas y los vientos del Atlántico y el daño de uno de sus motores retrasaron dos días el arribo. Lo cual produjo un grave desfase con las acciones revolucionarias que se habían programado en la isla en respaldo al desembarco. Según estaba previsto, el día 29 se inició la huelga general de trabajadores en Santiago y en la madrugada del 30 los insurgentes se tomaron las calles de la ciudad, incendiaron la jefatura de la gendarmería, asaltaron la estación de la policía marítima y atacaron la fragata Siboney. Por varias horas Santiago estuvo bajo el dominio de los rebeldes. Pero los refuerzos policiales les obligaron a replegarse en medio de choques armados que dejaron decenas de muertos y heridos.

Setenta de los ochenta y dos guerrilleros que desembarcaron en la ensenada de Turquino murieron, se dispersaron, se perdieron en la montaña o fueron arrestados durante las primeras escaramuzas y bombardeos de la aviación. Los doce restantes, que se reagruparon el 18 de diciembre en un lugar de la montaña llamado Cinco Palmas, fueron quienes empezaron la lucha armada contra el bien equipado y mejor entrenado ejército de Batista. Con los doce sobrevivientes del desembarco —entre los que estaban su hermano Raúl, Ernesto “Che” Guevara y Camilo Cienfuegos— Castro se remontó en la Sierra Maestra para emprender la lucha guerrillera. En el camino se le unieron varios expedicionarios y combatientes. El 17 de enero, a los 45 días del desembarco, los guerrilleros —que sumaban ya 32 hombres— atacaron un pequeño destacamento militar en la desembocadura del río La Plata, de donde obtuvieron ocho fusiles, una ametralladora, municiones, ropa y alimentos. Fue su primer combate victorioso. Los prisioneros fueron liberados, pero uno de ellos se incorporó a la guerrilla. Un mes después ocurrió un hecho sorprendente: el célebre periodista norteamericano del «The New York Times», Herbert L. Mattheus, se internó clandestinamente en la Sierra Maestra e hizo una dramática entrevista al comandante del Ejército Rebelde, Fidel Castro, que se difundió por el mundo entero. Este y otros reportajes generaron en el ámbito internacional, incluso en amplios sectores de la opinión pública norteamericana, una enorme simpatía por la romántica aventura de los barbudos cubanos. En agosto, mientras se consolidaban posiciones en la Sierra Maestra, los guerrilleros empezaron a formar instalaciones estables: cría de aves y animales para la alimentación, talleres de mecánica para la reparación de armamento, hospital de campaña, hornos para hacer pan, una pequeña imprenta en la que se editaba el primer periódico de la guerrilla: “El Cubano Libre”. El 24 de febrero de 1958 inició sus transmisiones desde la Sierra Maestra la “Radio Rebelde” para mantener informada a la isla de los avances de las acciones revolucionarias, con la voz de su locutora Violeta Casals.

El Ejército Rebelde comandado por Fidel Castro, combinando la táctica de movimiento con la de posiciones, amplió el ámbito operacional de la lucha y, en cada uno de los frentes —comandados por el Che Guevara, Raúl Castro, Juan Almeida—, formó nuevas columnas guerrilleras. A fines de noviembre de 1957 el Directorio Revolucionario 13 de Marzo se incorporó a la lucha armada en la Sierra del Escambray, situada en la parte central de la isla, e igual cosa hizo a comienzos del año siguiente el Partido Socialista Popular.

Crecía en la isla la animadversión popular contra Batista, que se expresaba en diversas acciones de violencia desarticuladas. Se tornó entonces necesario organizar la resistencia civil. La juventud universitaria fundó a fines de 1955 el Directorio Revolucionario, que reunió a los elementos juveniles más radicales y se constituyó en la entidad más representativa del estudiantado cubano. Su joven líder José Antonio Echeverría, Presidente de la Federación Estudiantil Universitaria (FEU) y Secretario General del Directorio Revolucionario, en un discurso pronunciado el 24 de febrero de 1956 en el Aula Magna de la Universidad de La Habana, que alcanzó una gran resonancia, proclamó que ante las circunstancias el único camino posible era el de la insurrección armada. Ese mismo día el Directorio Revolucionario emitió un “Manifiesto al pueblo de Cuba” en el que explicó las razones de su creación y resumió en veinticinco puntos su programa de acción.

El 29 de abril de 1956 se produjo un frustrado asalto al Cuartel Goicuría en la ciudad de Matanzas, dirigido por el líder de los trabajadores Reynold García. El objetivo era apoderarse de las armas para entregarlas al pueblo. Pero los mandos militares, alertados de la acción, acribillaron a balazos a los rebeldes sin que pudieran siquiera usar sus armas. Diez de ellos, incluido su líder, murieron en el combate. Los que no pudieron fugar fueron detenidos, algunos de ellos asesinados y otros sometidos a los tribunales de justicia de la dictadura.

La violencia subía de nivel en las ciudades. Proliferaban las huelgas, protestas, sabotajes y atentados. Crecía la resistencia civil. Los agentes clandestinos del Movimiento 26 de Julio y del Partido Socialista Popular (PSP) intensificaron sus acciones insurgentes. Hubo una noche —el 30 de junio del 57— en que La Habana se estremeció con más de cien explosiones. Fue la “noche de las cien bombas”. Pero paralelamente aumentaba la brutal represión de los órganos policiales y militares batistianos. La ciudad de Bayamo tuvo el 21 de octubre su “noche de San Bartolomé”: la ola de violencia militar dejó un saldo de 25 muertos y numerosos encarcelamientos. Pocos días después aparecieron siete hombres ahorcados en Sancti Spiritus y cuatro en Jovellanos. Fue asesinado y torturado el líder del transporte José María Pérez. Apareció muerto en La Habana el abogado Pelayo Cuervo Navarro, de las filas del Partido Ortodoxo. Un grupo de adolescentes de entre quince y veinte años fue abatido a balazos en las calles de Santiago.

La espiral de la violencia crecía cada vez más en la isla.

El Partido Socialista Popular, al día siguiente del desembarco, convocó a todos los grupos de oposición a respaldar a los guerrilleros del Granma y a formar un solo frente de lucha contra la tiranía. “Hay que echar atrás a la bestia que ha suprimido toda sombra de libertad y siembra el terror por todo el territorio nacional, que llena las cárceles de opositores y mata sin cesar”, decía el manifiesto.

Comandos del Directorio Revolucionario y grupos combatientes de otras filiaciones políticas atacaron el 13 de marzo de 1957 el Palacio Presidencial de La Habana. Venciendo la resistencia de la guardia, penetraron con el propósito de ajusticiar al tirano. Llegaron hasta la tercera planta del edificio pero Batista alcanzó a escapar de su despacho por una escalera secreta interior. Simultáneamente otro grupo de comandos, conducidos por José Antonio Echeverría, líder del Directorio Revolucionario, se tomó la emisora “Radio Reloj”, desde donde difundió una proclama revolucionaria en la que anunciaba la ejecución de Batista. Pero al encaminarse luego a la sede de la Federación Estudiantil Universitaria (FEU) su automóvil fue interceptado por vehículos policiales desde los cuales se abrió fuego y se abatió al valiente líder estudiantil. Más de treinta combatientes perdieron la vida en esa jornada de marzo y en los días siguientes fueron arrestados y asesinados cuatro más, incluido Fructuoso Rodríguez, Presidente de la FEU desde la muerte de José Antonio Echeverría. En homenaje a los caídos el grupo estudiantil adoptó el nombre de Directorio Revolucionario 13 de Marzo.

También la Organización Auténtica, liderada a distancia por Carlos Prío Socarrás, envió desde Miami una expedición de treinta combatientes cubanos que desembarcaron al norte de la provincia de Oriente el 24 de mayo de 1957 para incorporarse a la lucha guerrillera en la Sierra Cristal. Llegaron en el yate Corynthia. Pero cuatro días después, hambrientos y extenuados, fueron aniquilados en la montaña por las fuerzas regulares.

El 30 de julio siguiente el movimiento revolucionario sufrió una de sus más dolorosas pérdidas: la muerte en un choque armado con la policía en las calles de Santiago de Cuba del legendario combatiente Frank País, que tantos y tan importantes servicios entregó a la causa de la revolución. Frank País ejercía en ese momento la jefatura nacional de acción del Movimiento 26 de Julio en el llano, es decir, en las ciudades y poblados a donde no llegaba la lucha guerrillera. En protesta por su muerte el pueblo de Santiago, después del entierro del joven revolucionario, decretó una huelga general de trabajadores que paralizó la ciudad y que demostró el alto grado de conciencia al que había llegado el pueblo cubano respecto a la lucha contra Batista.

En febrero del 58 una noticia dio vuelta al mundo: comandos del Movimiento 26 de Julio secuestraron en La Habana a Juan Manuel Fangio, campeón mundial de automovilismo y máxima atracción de la competencia internacional que iba a realizarse en la isla.

Ante el ímpetu revolucionario en toda Cuba, se produjo en octubre de 1957 el denominado “pacto de Miami”, que juntó en esa ciudad norteamericana a representantes de numerosos partidos, grupos y organizaciones cubanos de oposición. Fue una reunión muy amplia y plural. Concurrieron el Partido del Pueblo Cubano (Ortodoxo), el Partido Revolucionario Cubano (Auténtico), la Organización Auténtica, el Directorio Revolucionario 13 de Marzo, la Federación Estudiantil Universitaria (FEU), el Directorio Obrero Revolucionario, el Partido Demócrata y delegados del Movimiento 26 de Julio. Todos los cuales acordaron la formación de la Junta de Liberación Cubana, la intensificación de la lucha contra la dictadura, la oposición a una solución electoral del conflicto y la constitución de un gobierno provisional presidido por el economista Felipe Pazos, de las filas auténticas, después de los días de Batista, para que en un plazo de 18 meses convocara a elecciones generales. El acuerdo contó con las simpatías de las esferas oficiales del gobierno norteamericano. Pero, como se vio después, la dinámica revolucionaria desbordó todo lo acordado. Los combatientes de la Sierra Maestra desautorizaron la representación del Movimiento 26 de Julio en la Junta de Liberación Cubana y repudiaron lo pactado, que no llenaba sus aspiraciones revolucionarias. Dijo Fidel Castro en esa oportunidad: “seguiremos solos la lucha como hasta hoy, sin más armas que las que arrebatamos al enemigo en cada combate, sin más ayuda que la del pueblo sufrido, sin más sostén que nuestros ideales”. Con lo cual el “pacto de Miami” perdió toda fuerza.

Mientras tanto, la lucha de los barbudos de la Sierra Maestra seguía adelante. La acción revolucionaria en las montañas, que se extendió por dos años, contó con el franco apoyo de los campesinos en los sectores rurales y de los intelectuales, estudiantes y pequeña burguesía en las ciudades.

La dictadura de Batista, como uno de sus últimos arbitrios para sofocar la insurgencia general, puso en ejecución en abril de 1958 el denominado plan FF (plan fase final), dirigido principalmente contra el primer frente guerrillero acaudillado por Fidel Castro. Movilizó hacia la Sierra Maestra cerca de seis mil hombres de infantería, artillería, vehículos blindados y aviación. La diferencia de potencial bélico resultó abrumadora para el Ejército Rebelde. Pero éste conocía mucho mejor el terreno y sacaba ventaja de los combates móviles e irregulares de sus focos guerrilleros. La táctica era golpear y replegarse y trastocar con eso la correlación de fuerzas. El objetivo guerrillero —como después enseñaría el Che Guevara en su “Manual de la guerra de guerrillas” (1963)— era lograr una superioridad ocasional en cada punto de lucha sobre la superioridad de número y armamento de las tropas regulares. Fueron numerosos los combates. Las fuerzas militares reconquistaron Las Mercedes, Santo Domingo, Vegas de Jibacoa, San Lorenzo, Minas de Frío y otras posiciones. Pero a mediados de julio se libró la batalla de El Jigüe, que fue un episodio decisorio en la guerra, en el que después de cercado fue aniquilado un batallón batistiano. Hubo más de cien combates en dos meses de enfrentamientos. En ellos el Ejército Rebelde capturó centenares de armas de diverso tipo: fusiles, ametralladoras, bazucas.

A partir de ese momento el Ejército Rebelde asumió la iniciativa de la guerra. Y Fidel Castro empezó a tomar decisiones de gobierno. El 10 de octubre de 1958 expidió la ley de reforma agraria que reconocía en beneficio de los arrendatarios, aparceros, colonos, subcolonos y demás trabajadores precaristas la propiedad de la tierra que laboraban. Emitió varias otras leyes revolucionarias y ordenó recaudar impuestos y contribuciones para financiar las operaciones insurgentes.

Batista, entretanto, con la intención de amainar el conflicto, convocó elecciones generales para el 3 de noviembre. Pero la mayoría de electores se abstuvo de acudir a las urnas a pesar de las amenazas oficiales de despedir del trabajo a quienes no votaran. Ellas fueron boicoteadas por las fuerzas opositoras, que impidieron la operación de muchos colegios electorales, cerraron carreteras y calles para impedir el paso de los electores y obstaculizaron de varias maneras la marcha del proceso eleccionario. De modo que el candidato oficial, Andrés Rivero Agüero —que se había desempeñado como ministro de educación del régimen— quedó burlado y nadie reconoció la legitimidad de su elección.

En el mes de diciembre la victoriosa contraofensiva revolucionaria en los ya numerosos frentes de lucha obligó al repliegue de las fuerzas batistianas. Una tras otra cayeron las ciudades y fueron declaradas territorios liberados por las fuerzas insurreccionales. El día 18 se encontraron en tierras orientales los jefes de los tres frentes de combate que avanzaban hacia la capital de la provincia de Oriente: Fidel Castro, Raúl Castro y Juan Almeida. El 1 de enero de 1959 se rindió el Cuartel Leoncio Vidal, el más poderoso de la región central de la isla y uno de los últimos bastiones del gobierno. Se inició entonces la ofensiva final del Ejército Rebelde sobre Santiago de Cuba bajo el mando directo de comandante Fidel Castro. En la madrugada del 1 de enero de 1959, ante el arrollador avance del Ejército Rebelde sobre las provincias orientales, se rindió Santiago de Cuba y, con esa rendición, se desplomó la resistencia militar en toda la isla. La victoria revolucionaria fue saludada con desbordante alegría por el pueblo cubano.

Cuando todo estuvo perdido y fracasadas sus maniobras para designar presidente provisional al magistrado más antiguo del Tribunal Supremo de Justicia, Batista entregó la jefatura general de las fuerzas armadas al general Eulogio Cantillo, abandonó su cargo y fugó del país con sus colaboradores más cercanos. Después de una larga marcha de cinco días y cinco noches desde Santiago de Cuba, los barbudos de la Sierra Maestra, con Fidel Castro a la cabeza, entraron apoteósicamente a La Habana el 8 de enero para asumir el poder.

Se cerró el telón de una de las más ominosas dictaduras de América Latina.

Después de un fugaz período de ejercicio de la presidencia por Manuel Urrutia y luego por Osvaldo Dorticós, el comandante Castro —que para entonces ya era Fidel— asumió el poder absoluto en Cuba, en febrero de 1959, como primer ministro del gobierno revolucionario, función que desempeñó hasta 1976 en que tomó la presidencia del Consejo de Estado que, según la nueva Constitución revolucionaria, reunía la jefatura del Estado y del gobierno. Sin duda, fue esta la forma de resolver las encendidas contradicciones que surgieron entre los grupos dirigentes desde el primer momento del triunfo de las armas revolucionarias. Como ocurre siempre en estos casos, es más fácil estar en contra de algo que a favor de algo. Unidos en la lucha contra Batista, se distanciaron después en función de gobierno. Fue en ese momento que se crearon los tribunales revolucionarios para juzgar a los verdugos de la dictadura, a los criminales de guerra y a los enriquecidos a costa del erario público. Confiscáronse los bienes mal adquiridos. Se disolvieron el ejército, la policía nacional, la policía secreta y los organismos represivos del régimen anterior. Las elecciones, al principio aplazadas, fueron luego suprimidas definitivamente. Colapsaron los partidos políticos tradicionales, muy desprestigiados por sus silencios o complicidades con la dictadura. La prensa fue unificada. La oposición al gobierno fue perseguida por contrarrevolucionaria y disueltos los partidos y grupos políticos discrepantes. “Se ha mantenido el principio del partido único —afirma Ignacio Ramonet, en su libro “Cien horas con Fidel” (2006)— y el régimen ha tenido tendencia a sancionar con severidad las discrepancias, aplicando a su manera el viejo lema de san Ignacio de Loyola: en una fortaleza asediada, toda disidencia es traición”. Se dictaron las primeras medidas de la Revolución, entre ellas la Ley de Reforma Agraria el 17 de mayo de 1959, que entregó la tierra a los campesinos, y la Ley de Reforma Urbana, del 14 de octubre de 1960, que reordenó la propiedad de los predios de vivienda en las ciudades. Se declararon de uso público todas las playas del país. Se expidió la ley de alfabetización. Se universalizaron los servicios de educación, salud y seguridad social a cargo del Estado. En aplicación de los principios revolucionarios, se modificó radicalmente el modo de producción y se transformaron las relaciones de propiedad en todos los sectores de la economía. Las empresas agrícolas, industriales, financieras, comerciales y de servicios fueron expropiadas y transferidas al Estado. Se afectaron con eso los intereses de ciudadanos y compañías estadounidenses que eran propietarios de tales empresas. El gobierno norteamericano reclamó por ello y vino el rompimiento entre los dos regímenes.

Con el paso de unos años, el Departamento de Justicia de Estados Unidos reunió 8.821 reclamaciones de empresas y empresarios norteamericanos por la expropiación y estatificación de sus propiedades y empresas decretadas por la Revolución.

El 17 de abril de 1961, bajo el gobierno de John F. Kennedy, la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos (CIA) promovió el desembarco armado de más de 1.800 contrarrevolucionarios cubanos en la Bahía de Cochinos al mando de Manuel Artimes, antiguo compañero de Fidel, en un intento de invasión a Cuba para derrocar al gobierno. Pero la operación fracasó catastróficamente. Los invasores —adiestrados por la CIA desde los tiempos del gobierno de Dwigth Eisenhower— fueron interceptados por el ejército cubano. Murieron centenares de ellos y los restantes quedaron prisioneros, para ser rescatados posteriormente, previo pago, por grupos privados norteamericanos.

En la mañana del 17 de abril los hombres de la brigada 2506 —que era el nombre secreto de la operación— llegaron a Bahía de Cochinos y libraron una sangrienta batalla de 72 horas contra las tropas de Cuba, pero fueron aparatosamente derrotados. Centenares de soldados invasores murieron, otros se ocultaron en la selva y los restantes fueron apresados. A finales de diciembre de 1962, mediante una transacción de canje por 53 millones de dólares, éstos fueron liberados y retornaron a Miami.

La operación de Bahía de Cochinos fue un completo fracaso para los norteamericanos y las acusaciones apuntaron directamente contra el presidente Kennedy, su gobierno, el Pentágono y la Agencia Central de Inteligencia. Lo que hubo en el fondo fue un triple error de cálculo: militar, político y táctico. Los jefes de la CIA —alentados por el éxito en Guatemala del denominado Ejército de Liberación, entrenado y apoyado por ella, que invadió ese país en 1954 bajo las órdenes del coronel Carlos Castillo Armas y que ocupó rápidamente los centros neurálgicos para derrocar al presidente izquierdista Jacobo Arbenz— creyeron que esa experiencia podría repetirse en Cuba. No se percataron de las diferencias. Los soldados cubanos estaban bien entrenados y tenían además una gran mística de lucha por sus ideales. Su número era superior en casi 200 a 1 a los invasores. En lo político, estuvieron profundamente equivocados al suponer que la simple noticia del desembarco de los anticastristas insubordinaría al pueblo cubano contra Fidel. Y en lo táctico, la noticia de la misión secreta del desembarco llegó antes a las páginas del «The New York Times».

Sin embargo, es de justicia señalar que el presidente Kennedy, recién llegado a la Casa Blanca, condenó la operación, se negó a ordenar a la Fuerza Aérea el apoyo a los mercenarios y, después del fracaso de ella, destituyó a sus principales responsables: Allen Dulles, director de la CIA; Charles Cabell, director adjunto; y Richard Bissell, director del stay behind. Además ordenó al general Maxwell Taylor que realizara una investigación interna para establecer responsabilidades. Lo cual, naturalmente, indignó a los “anticomunistas histéricos”, como los llamaba Kennedy, quienes le declararon “traidor”.

La invasión de Bahía de Cochinos tuvo una gravitante importancia en el curso de la revolución cubana porque contribuyó a endurecer y radicalizar la posición de Fidel frente a Estados Unidos y exacerbó en el pueblo antillano sus sentimientos nacionalistas. Según los documentos de la CIA desclasificados en 1998, la aventura paramilitar fue concebida, preparada y aprovisionada por ella desde los tiempos de Eisenhower, quien autorizó el desembarco en las costas cubanas. El nuevo presidente norteamericano, John F. Kennedy, tomó el proyecto dejado por su antecesor, que no era la infiltración de un pequeño grupo de guerrilleros sino una invasión total, cuyos costos de preparación y ejecución subieron de 4 millones de dólares a más de 40 millones. La fecha de la expedición fue fijada para el 17 de abril de 1961. Dos días antes, en una operación encubierta, 8 aviones de combate norteamericanos pilotados por cubanos anticastristas trataron de destruir los aparatos de la fuerza aérea de Castro en sus propios hangares, cosa que lograron parcialmente. Pero dos de los 8 bombarderos tenían una misión diferente: sobrevolar Cuba y retornar a Florida, donde sus pilotos debían declarar a la prensa que habían desertado de las fuerzas armadas cubanas y que habían sido ellos quienes bombardearon los aeropuertos militares. Sin embargo, el embuste no prosperó porque fueron los propios periodistas estadounidenses quienes descubrieron que esos aviones eran los B-26 norteamericanos pintados con las insignias militares cubanas. Lo cual llevó a Kennedy a cancelar la orden de un segundo bombardeo previsto para la mañana de la invasión a fin de proteger desde el aire a los expedicionarios en la playa.

El descalabro de Bahía de Cochinos puso de manifiesto no solamente el tortuoso papel que jugó el gobierno norteamericano en esa ocasión sino que además colocó a Fidel Castro (1926-2016) en el punto focal de la política internacional.

Este incidente, unido a la incomprensión y a la hostilidad del gobierno de Estados Unidos, fue uno de los factores determinantes de la alineación de Cuba con el bloque comunista bajo la férula de Moscú. El 1º de diciembre de 1961 Fidel se declaró públicamente marxista-leninista, aunque antes —el 13 de febrero de 1960— había firmado un tratado comercial de largo plazo con la Unión Soviética y después otros convenios sobre asistencia económica, científica, técnica y militar. Nunca se sabrá si él fue ya comunista en el curso de la revolución o se convirtió traumáticamente al comunismo como respuesta a las presiones norteamericanas o si vio que la confrontación con Estados Unidos, a 90 millas de sus costas, era el único camino para ocupar un lugar —como de hecho ocupó— entre los más importantes personajes de la historia universal del último siglo.

Lo cierto es que Fidel hizo una expresión pública de fe en el marxismo-leninismo, alineó a su país con el bloque soviético y a lo largo de casi cinco décadas usó hábilmente la hostilidad de la primera potencia mundial para poner el nacionalismo del pueblo cubano al servicio de la revolución. En febrero de 1963 el gobierno de Moscú expresó que incluía a Cuba en el grupo de los países socialistas. En una pintoresca declaración Nikita Kruschov dijo: “Yo no sé si Fidel es comunista, lo que sí sé es que yo soy fidelista”. Antes el gobierno de Mao en China había saludado con entusiasmo el triunfo de Fidel y había reconocido el carácter socialista de la revolución. Pero todo esto causó una profunda escisión en las fuerzas que habían acompañado al líder cubano a lo largo de su lucha contra la dictadura de Batista. Algunos de sus compañeros —que incluso estuvieron en la Sierra Maestra— se alejaron de él o fueron separados por él de las funciones públicas que ejercían. Otros salieron hacia el exilio o fueron encarcelados cuando se negaron a dar el viraje hacia el comunismo.

La dirigencia comunista tradicional de Cuba, agrupada en el denominado Partido Popular Socialista fundado en 1925, y el movimiento obrero controlado por ella calificaron de aventurerismo el asalto de Fidel al cuartel Moncada y asumieron una actitud de total pasividad durante los años de lucha en la Sierra Maestra. Sólo cuando la pelea fue ganada se adhirieron con oportunismo a la causa fidelista. Para solucionar las discrepancias internas, en el verano de 1961, bajo la batuta de Fidel, todas las fuerzas de izquierda —el Movimiento 26 de Julio, el Partido Popular Socialista (PPS), el Directorio Revolucionario 13 de Marzo y otros grupos pequeños— se unieron en las Organizaciones Revolucionarias Integradas (ORI), más tarde convertidas en el Partido Unido de la Revolución Socialista de Cuba, que el 2 de octubre de 1965 cambió su nombre por el de Partido Comunista de Cuba, cuyo Secretario General fue Fidel y en cuyo secretariado colectivo del Comité Central sólo dos comunistas importantes fueron admitidos: Blas Roca y Carlos Rafael Rodríguez.

Mientras estuvo en Cuba, su hermana Juanita —la quinta de los siete hermanos Castro Ruz: cuatro mujeres y tres hombres— colaboró con las organizaciones contrarrevolucionarias de la isla por su aversión al comunismo. Eso afirma ella en su libro «Fidel y Raúl, mis hermanos. La historia secreta», publicado en octubre del 2009 durante su dilatado exilio voluntario en Estados Unidos. Relata que ingresó a la CIA en junio de 1963 y que se separó de ella indignada, cuatro años después, cuando dos agentes de la entidad de inteligencia procedentes de Washington la visitaron para comunicarle que debía bajar su nivel de beligerancia contra el régimen de sus hermanos porque, bajo el entrante gobierno de Richard Nixon, la nueva política internacional de Estados Unidos con la Unión Soviética así lo demandaba. En la carta que ella envió a fines de aquel año a Richard Helms, Director de la Agencia Central de Inteligencia —cuya copia consta en su libro—, le dice que, «arriesgando mi vida y renunciando a todo lo que podía haber en el orden personal con el régimen de Fidel, me situé al lado de ustedes. Creí que lucharían sin claudicar contra el enemigo común: el comunismo y sus agentes. Creí que eran amigos y aliados sinceros de los que trabajan lealmente junto a ustedes y a su país (…) Parece que se quieren variar nuestras relaciones de lucha y yo me siento abandonada…»

Así llegó a su fin su activa colaboración con la CIA.

Después de que sus padres murieron, ella partió de Cuba el 19 de junio de 1964 para establecer su residencia en Miami, con la decisión de no retornar a La Habana mientras estuviera el gobierno marxista-leninista.

A fines del 2009 publicó el mencionado libro que recoge todos sus intensos recuerdos, experiencias, emociones y frustraciones desde que sus dos hermanos dirigieron el ataque al Cuartel Moncada, fueron aprisionados en la Isla de Pinos, recuperaron su libertad, se exiliaron en México, se adiestraron en la guerra de guerrillas, vivieron la impresionante aventura del Granma, se internaron a combatir en la selva contra las fuerzas militares batistianas, derrocaron al dictador Fulgencio Batista, entraron triunfalmente a La Habana el 8 de enero de 1959 y asumieron el poder en la isla.

Narra su decepción y su rabia por la decisión de sus hermanos combatientes de optar por la línea marxista en el gobierno, con la que ella nunca estuvo de acuerdo. Atribuye esa decisión al Che Guevara —con quien dice no haber congeniado: «nunca me gustó y nunca me simpatizó», escribió en su libro— y a su influencia sobre el gobierno de La Habana.

Las relaciones con Estados Unidos se rompieron definitivamente. Los círculos oficiales norteamericanos nunca comprendieron el proceso revolucionario cubano y nada hicieron para promover un acercamiento. Las campañas de prensa y las hostilidades contra Fidel crecieron. Las propiedades de personas y empresas norteamericanas en la isla fueron nacionalizadas entre agosto y octubre de 1960. En represalia el gobierno norteamericano dejó de comprar a Cuba su tradicional cuota de azúcar, con lo cual le infirió un duro golpe económico. Cuba buscó entonces los mercados del área comunista y centralizó en un ministerio el manejo del comercio exterior.

En marzo de 1960 se creó la Junta Central de Planificación, que se encargó del planeamiento económico centralizado. Se inició un proceso de estatificación de los instrumentos de la producción, al más puro estilo soviético. Los latifundios ganaderos y arroceros se convirtieron en granjas del pueblo y las empresas azucareras privadas se transformaron en granjas cañeras sometidas al sistema cooperativo. Mediante la Ley de Reforma del Estado, expedida el 14 de octubre de 1960, fueron expropiadas las casas de arrendamiento. Los bienes de producción que aún quedaban en manos privadas: almacenes, pequeñas empresas artesanales, restaurantes, gasolineras y otros negocios particulares, pasaron también al dominio estatal. La economía en su conjunto fue gestionada por el Estado, a través de ministerios y corporaciones públicas.

La Central de Trabajadores de Cuba Revolucionaria asumió la conducción de los sindicatos. El Partido Comunista Cubano —partido de elite, como todos los partidos comunistas— admitió selectivamente en sus filas a alrededor de 50.000 cubanos. Los niños de 7 a 13 años fueron organizados en la Unión de Pioneros Rebeldes y los jóvenes desde los 14 años, en la Unión de Jóvenes Comunistas. Se creó también la Federación de Mujeres para organizar y concienciar al sector femenino. Los jóvenes y adultos de ambos sexos prestaban sus servicios en las milicias populares, en donde recibían adiestramiento en el manejo de armas y formación ideológica. Los varones entre 17 y 45 años de edad estaban obligados al servicio militar. Los Comités de Defensa de la Revolución (CDR) ejercían un control muy estricto de la población en cada manzana de las ciudades y eran los encargados de correr lista a los ciudadanos de su respectivo sector en las movilizaciones de masas. Todo estaba diseñado para la formación de la conciencia revolucionaria en el pueblo cubano.

La Constitución expedida en 1976 y reformada en 1992 dice que “Cuba es un Estado socialista de trabajadores” (Art. 1), en el que se establece el sistema de partido único, que es “el Partido Comunista de Cuba, martiano y marxista-leninista, vanguardia organizada de la nación cubana”, constituido en la “fuerza dirigente superior de la sociedad y del Estado, que organiza y orienta los esfuerzos comunes hacia los altos fines de la construcción del socialismo y el avance hacia la sociedad comunista”.

El artículo 14 manda que “en la República de Cuba rige el sistema de economía basado en la propiedad socialista de todo el pueblo sobre los medios fundamentales de producción y en la supresión de la explotación del hombre por el hombre”, en el cual impera el principio de distribución socialista “de cada cual según su capacidad, a cada cual según su trabajo”. Los bienes estatales “no pueden transmitirse en propiedad a personas naturales o jurídicas, salvo los casos excepcionales en que la transmisión parcial o total de algún objeto económico se destine a los fines del desarrollo del país y no afecten los fundamentos políticos, sociales y económicos del Estado, previa aprobación del Consejo de Ministros o su Comité Ejecutivo”.

El <internacionalismo proletario llevó al gobierno de Cuba a participar militarmente en los conflictos armados de Angola, el Congo, Guinea-Bissau, Somalia, Etiopía, Mozambique y Yemen del Norte, siempre de lado de las fuerzas antiimperialistas, y a impulsar y financiar movimientos guerrilleros en varios países de América Latina. En esta línea de pensamiento y acción, el gobierno cubano envió en diferentes épocas a casi medio millón de sus ciudadanos a cumplir misiones internacionales fuera de sus fronteras, ya como combatientes en acciones revolucionarias o en guerras de liberación, o como maestros, o alfabetizadores, o técnicos en diferentes áreas, o médicos o trabajadores de la salud.

El líder de la revolución cubana, en sus largas conversaciones con Ignacio Ramonet —que se plasmaron en el libro “Cien horas con Fidel” (2006)— informó que en ese momento “más de tres mil especialistas en Medicina General Integral y otros trabajadores de la salud laboran en los lugares más recónditos de 18 países del tercer mundo, donde mediante métodos preventivos y terapéuticos salvan cada año cientos de miles de vidas y preservan o devuelven la salud a millones de personas sin cobrar un solo centavo por sus servicios”. Bajo el patrocinio del gobierno cubano se reunió en La Habana en 1966 la Conferencia Tricontinental —conocida simplemente como “la tricontinental”— que intentó unificar las fuerzas anticolonialistas y antiimperialistas de África, Asia y América Latina para luchar en favor de la paz, el desarme mundial, la soberanía de los pueblos, la liberación de los pueblos sometidos a coloniaje y la solidaridad con los países que combatían por su independencia nacional. De esa reunión nació la Organización de Solidaridad de los Pueblos de África, Asia y América Latina (OSPAAAL), que juntó a movimientos revolucionarios de 82 países, y de allí surgió también la idea de formar la Organización Latinoamericana de Solidaridad (OLAS), que tuvo su primera conferencia en La Habana en 1967 pero que no llegó realmente a operar y que poco tiempo después murió por consunción, afectada entre otras cosas por el conflicto chino-soviético, las discrepancias tácticas y estratégicas entre sus miembros, la exterminación de una serie de movimientos guerrilleros y la muerte de Ernesto Che Guevara en las montañas de Bolivia.

La intervención cubana de mayor entidad fue en la guerra civil de Angola, para apoyar a las fuerzas del MPLA, respaldadas por la Unión Soviética, que combatían furiosamente contra las tropas de la UNITA, apoyadas por Estados Unidos y Sudáfrica, por el control del gobierno de la excolonia portuguesa después de que ella alcanzó su independencia el 11 de noviembre de 1975.

Bajo el principio del internacionalismo proletario el líder cubano envió ese año al país africano 36.000 soldados de sus fuerzas armadas regulares y miles de médicos, maestros e ingenieros. Más de 2.000 soldados cubanos murieron en combate. En agosto de 1988 se acordó un plan de paz, que no resultó duradero. En mayo de 1991 las últimas tropas cubanas abandonaron Angola y el gobierno del MPLA firmó un cese del fuego con UNITA supervisado por los observadores de las Naciones Unidas.

El triunfo de la revolución cubana obligó a los teóricos soviéticos a enmendar su concepción acerca del proceso revolucionario en América Latina y, en general, en el tercer mundo, en el sentido de que no era despreciable el camino guerrillero, que había demostrado su eficacia en la isla caribeña. Esta fue una discusión doctrinal que venía de atrás. Los teóricos soviéticos, muy influidos por el >trotskismo, sostenían que las revoluciones siempre son urbanas y las hacen las masas guiadas por su vanguardia: el movimiento obrero. Por consiguiente, es el “pueblo en armas”, y no la guerrilla, el que hace las revoluciones. La toma del armamento indispensable para que la revolución tenga éxito proviene del asalto a los cuarteles, que sólo es posible con una insurrección de masas y con la ayuda de complotados militares. Pero, a partir del triunfo del movimiento guerrillero cubano, los ideólogos de Moscú tuvieron que hacer ciertas enmiendas en sus concepciones “científicas” sobre la revolución con referencia al >tercer mundo, en el cual el <proletariado es incipiente y no están dados los demás presupuestos de la revolución marxista.

Cuba fue una suerte de cabeza de puente del movimiento internacional comunista en América Latina y jugó un papel muy importante en el curso de la <guerra fría, uno de cuyos más dramáticos episodios tuvo lugar precisamente en territorio cubano. Fue el de la instalación de los misiles nucleares soviéticos durante el otoño de 1962, que puso al mundo al borde de la guerra nuclear. Después de que un avión de espionaje U-2 de Estados Unidos fotografió desde el espacio la construcción de alrededor de setenta plataformas para el lanzamiento de misiles nucleares de alcance medio, el presidente John F. Kennedy consideró amenazada la seguridad de su país puesto que los emplazamientos estaban a noventa millas de sus costas y los misiles podían alcanzar cualquier punto de Estados Unidos. Puso un >ultimátum a Kruschov para que los retirara en 48 horas. Rodeó de barcos artillados la isla a fin de impedir el paso de los artefactos nucleares enviados desde la URSS y las naves soviéticas viraron en redondo para evitar el choque. Conminó al gobernante soviético el inmediato desmantelamiento de las instalaciones. Puso en estado de máxima alerta a todas sus fuerzas militares en el mundo. Desplegó en Berlín y en otros puntos claves de la guerra fría la operación llamada “en guardia”. Todo lo cual produjo una peligrosísima confrontación personal y directa entre Nikita Kruschov y Kennedy. Finalmente la firme determinación de éste llevó al gobernante soviético a ordenar el desmontaje de los misiles.

Fue evidente que las negociaciones secretas entre los líderes de las dos superpotencias se hicieron por encima de Fidel. Lo cual molestó mucho al jefe del gobierno cubano. Molestia que la expresó en cinco cartas que escribió a Kruschov, en una de las cuales, fechada el 26 de octubre de 1962, le hizo saber su temor de que cediera ante las exigencias de Kennedy y retirara los misiles, lo cual, según el gobernante cubano, significaría la invasión contra Cuba en los siguientes tres días. Y, ante esta eventualidad, le sugirió dar un golpe nuclear a Estados Unidos.

Estas cartas fueron publicadas por el periodista francés Jean-Edern Hallier en el diario «Le Monde» de París hace varios años.

A comienzos de los años 90 se produjo el colapso y desaparición de la Unión Soviética. Muchos vaticinaron entonces el hundimiento de la revolución cubana, puesto que había desaparecido su principal mercado proveedor y comprador. Quince años más tarde, Fidel comentó que “el país sufrió un golpe anonadante cuando, de un día para otro, se derrumbó la gran potencia y nos dejó solos, solitos, y perdimos todos los mercados para el azúcar y dejamos de recibir víveres, combustible, hasta la madera con que darles cristiana sepultura a nuestros muertos. Nos quedamos sin combustible de un día para otro, sin materias primas, sin alimentos, sin artículos de aseo, sin nada”. Y agregó: “Nuestros mercados y fuentes de suministros fundamentales desaparecieron abruptamente. El consumo de calorías y proteínas se redujo casi a la mitad. Pero el país resistió y avanzó considerablemente en el campo social. Hoy ha recuperado gran parte de sus requerimientos nutritivos y avanza aceleradamente en otros campos” (Ignacio Ramonet, “Cien horas con Fidel”, 2006).

En medio de tan angustiosas circunstancias, en octubre de 1992 el Congreso de Estados Unidos aplicó un bloqueo comercial contra Cuba a través de la Cuban Democracy Act —mejor conocida como la ley Torricelli, en razón del nombre de su impulsor: el representante de New Jersey Robert Torricelli—, en virtud de la cual, con el propósito de “buscar una transición pacífica a la democracia y un restablecimiento del crecimiento económico de Cuba”, se autorizó al Presidente norteamericano para que impusiera sanciones a los países que mantuvieran relaciones comerciales o financieras con Cuba o le prestaran algún género de asistencia.

Las sanciones previstas podían ser: la exclusión de los países que hayan comerciado con Cuba de la recepción de ayuda norteamericana al amparo de la ley de asistencia extranjera de 1961 y la declaración de “no elegibles” para los programas de reducción de deuda con Estados Unidos.

La ley extendió sus sanciones a las filiales de empresas estadounidenses en el exterior y a los buques procedentes de puertos cubanos. Éstos no podían embarcar ni desembarcar carga en Estados Unidos sino después de transcurridos 180 días de su salida de Cuba y previa autorización del Departamento del Tesoro; y en el caso de los buques que transportasen pasajeros desde Cuba o hacia ella, no podían entrar a un puerto norteamericano.

Este bloqueo fue, sin duda, una forma de intervención indebida de Estados Unidos no solamente en los asuntos de Cuba sino también en los países que no acataran sus disposiciones.

En 1996 el congreso de Washington expidió la Cuban Liberty and Democratic Solidarity Act —mejor conocida como “ley Helms-Burton”, en razón del nombre de sus autores: el senador republicano Jesse Helms y el representante demócrata Dan Burton— que fue aprobada bajo la presión del <lobby de los exiliados cubanos en Miami, especialmente de la Fundación Nacional Cubano-Americana (FNCA) que en ese tiempo estaba liderada por Jorge Mas Canosa.

La ley formaba parte de los arbitrios que los sucesivos gobiernos norteamericanos habían adoptado para aislar a Cuba y ejercer un <bloqueo y un embargo económicos y comerciales sobre ella.

Se compuso de cuatro capítulos. El primero disponía que todas las instituciones de crédito internacionales debían rechazar cualquier tipo de operación financiera en favor de la isla so pena de que Estados Unidos restara de sus aportaciones a la entidad de crédito la suma correspondiente al préstamo que se concediera al gobierno cubano. Disponía también que las ayudas financieras de Estados Unidos a favor de los países que surgieron de la fractura de la Unión Soviética sufrirían una reducción equivalente al auxilio que éstos prestaran a Cuba y que igual merma soportarían las ayudas financieras norteamericanas a Rusia en las sumas que ésta entregara a Cuba por el uso de la estación interceptora instalada en Lourdes, en suelo cubano. Amenazaba con bloquear todas las ayudas financieras norteamericanas —públicas o privadas— a países que participaran en la construcción de la central de energía nuclear de Juraguá o que otorgaran créditos para este fin. Y, so pena de sanciones, prohibía la importación de productos que contuvieran materias primas cubanas.

El segundo capítulo de la ley incluía las políticas norteamericanas para con los gobiernos cubanos del futuro, en términos de una “asistencia para una Cuba libre e independiente”. Preveía que el Presidente de Estados Unidos sólo podría levantar el bloqueo cuando se instaurara en Cuba un gobierno de transición —entendido como un gobierno que no incluyera a Fidel ni a Raúl Castro— que hubiera legalizado todas las actividades políticas y “disuelto el actual departamento de seguridad estatal del Ministerio del Interior, incluyendo el Comité para la Defensa de la Revolución y las brigadas de respuesta rápida”; gobierno que hubiera prometido elecciones supervisadas internacionalmente; que garantizara el ejercicio de una justicia independiente, el funcionamiento de sindicatos libres y la existencia de medios de información privados; que tomara “las medidas adecuadas” para la devolución de las propiedades confiscadas a los ciudadanos y empresas norteamericanos o para su se indemnización; y que asegurara el derecho de propiedad privada.

No obstante esto, los componentes más controversiales de la ley fueron sus capítulos III y IV. El uno otorgó a las empresas y ciudadanos norteamericanos que sufrieron la confiscación de sus bienes en Cuba (incluidos los exiliados que eran cubanos al momento de la expropiación y que después optaron por la ciudadanía norteamericana) el derecho de demandar ante los tribunales estadounidenses a las compañías extranjeras que hubieran invertido en las propiedades confiscadas, las hubieran usufructuado o se hubieran beneficiado de alguna manera con ellas. La ley utilizó para el efecto un concepto jurídico tan vago como el de “trafficks”. La amplitud de esta disposición tornó previsible que se presentaran, al entrar en vigencia estas normas de la ley, entre 300 mil y 400 mil demandas judiciales por este motivo. El otro capítulo prohibió la entrada a Estados Unidos de los propietarios o accionistas mayoritarios de tales compañías (incluidos sus parientes) así como de su personal directivo.

La ley dio a sus disposiciones efecto extraterritorial puesto que creó sanciones contra las personas naturales y empresas ubicadas en otros países que comerciaran o invirtieran en Cuba. Cosa que asustó y enardeció incluso a los grandes socios comerciales de Estados Unidos, que consideraron que ella contradecía principios fundamentales del derecho internacional y afectaba sus intereses económicos.

A los países de la Unión Europea, antes que el volumen de inversión o de comercio afectado —ya que Cuba era una plaza más bien pequeña—, les preocupó el precedente jurídico que la extraterritorialidad de dicha ley podía establecer en las relaciones económicas internacionales y por eso decidieron no acatar sus preceptos, no obstante lo cual adoptaron una “posición común para promover la apertura democrática en Cuba».

La ley Helms-Burton tuvo no sólo características de bloqueo sino también de embargo porque a más de cercar comercialmente a Cuba posibilitó la acción judicial contra los bienes de personas y empresas que tenían inversiones en la isla caribeña o hacían negocios con ella.

Obviamente, las medidas contra Cuba tenían caracteres de bloqueo pero también de embargo, en la medida en que entrañaban la amenaza de retención de recursos financieros de terceros países o de entidades internacionales de crédito que mantuvieran contactos comerciales o financieros con Cuba.

Desde la promulgación de la ley, la aplicación de su capítulo III —referente a las acciones judiciales contra las empresas que hubieran invertido o invirtieran en propiedades que fueron despojadas a ciudadanos norteamericanos o cubanos por el gobierno revolucionario— fue aplazada en varias ocasiones por el presidente Bill Clinton, en ejercicio de la facultad que le dio la propia ley, pese a las protestas de los grupos anticastristas en Estados Unidos. En realidad, la ejecución de ese capítulo y el ejercicio de los derechos que él amparaba se mantuvieron suspensos. Esto pareció ser el resultado de un acuerdo expreso o tácito con los europeos. En la medida en que ellos se alinearan con la política norteamericana respecto a Cuba el capítulo III de la ley Helms-Burton se mantendría suspenso. Lo cual movió a los europeos a insistir, ante el gobierno cubano, en la liberación de los presos políticos, la reforma del derecho penal y la consagración de la libertad de reunión como signos de la apertura que impulsaban. El hecho de que la suspensión del capítulo III hubiera podido renovarse cada seis meses, a voluntad del Presidente de Estados Unidos, hizo que el asunto cubano apareciera frecuentemente en la agenda de la Unión Europea, lo cual sin duda fue un logro de la política exterior norteamericana.

Sin duda que la ley Helms-Burton no se propuso solamente el cambio de gobierno sino la instauración de un nuevo orden político y económico en Cuba, en concordancia con el pensamiento norteamericano, y la asunción de la tutoría sobre la vida cubana del futuro a través del dispositivo que permitía al gobierno de Estados Unidos levantar gradualmente el bloqueo.

Por esos días el senador Helms dijo en un discurso: “Estemos claros. A mí no me importa si el señor Castro abandona Cuba en posición vertical o en posición horizontal. Eso es asunto suyo y del pueblo cubano. Pero debe y tiene que irse de Cuba”.

La ley Helms-Burton y las anteriores, así como el cerco norteamericano de más de 40 años, no alcanzaron su objetivo de inducir a una apertura política en Cuba y tampoco es probable que en el futuro esta apertura se logre por esos medios; pero sí han contribuido a menoscabar la situación económica de la isla, agravada por el colapso de su más importante socio comercial, que era la Unión Soviética. Durante su intervención en el V Congreso del Partido Comunista Cubano en octubre de 1997, Fidel reafirmó que, no obstante las aperturas económicas hechas por su gobierno a causa de la caída de los principales regímenes comunistas, Cuba no se dirigirá hacia el capitalismo. Durante casi medio siglo Fidel vio imperturbable desfilar por la Casa Blanca a Dwight Einsenhower, John F. Kennedy, Lyndon B. Johnson, Richard Nixon, Gerald Ford, Jimmy Carter, Ronald Reagan, George Bush, Bill Clinton, George W. Bush y Barack Obama, algunos de quienes a su hora trataron de deponerlo por diferentes medios.

El presidente George W. Bush anunció a comienzos de mayo del 2004 la toma de nuevas medidas para «acelerar el fin de la dictadura cubana». Tales medidas incluyeron la restricción de visitas de cubano-estadounidenses a sus familias en la isla, para impedir que llegaran remesas de dólares, y la intensificación de la propaganda anticastrista mediante las emisiones de la radio y televisión Martí desde aviones militares C-130 en vuelo, cuyas señales no podían ser bloqueadas por el régimen cubano.

Bajo las nuevas reglas, un cubano-estadounidense sólo podía visitar a sus parientes una vez cada tres años por un máximo de catorce días y le estaba vedado, a su retorno, llevar bienes y productos cubanos a Estados Unidos o aceptar regalos durante su permanencia en la isla. El monto de dinero que podía llevar a Cuba se redujo de tres mil a trescientos dólares, el máximo de gastos autorizados en la isla bajó de 167 a 50 dólares diarios y la maleta de cada viajero no podía pesar más de 44 libras.

No dejaron de ser infames esas medidas ya que ellas afectaron más al pueblo de Cuba que a su gobierno.

El presidente Barack Obama, durante su primer período administrativo que se inició en enero del 2009, mantuvo básicamente la misma política frente a Cuba, aunque permitió el envío de remesas monetarias y la realización de viajes a la isla por razones deportivas, educativas o religiosas.

Los jefes de Estado y jefes de gobierno que asistieron a la XV Cumbre Iberoamericana reunida en Salamanca durante los días 14 y 15 de octubre del 2005, en una declaración pública expresaron su condena al bloqueo de Cuba y manifestaron su «enérgico rechazo a la aplicación de leyes y medidas contrarias al Derecho Internacional, como la Ley Helms-Burton», por lo que exhortaron al gobierno norteamericano a que pusiera fin a esta medida coercitiva unilateral que afectaba el bienestar del pueblo cubano y obstruía los procesos de integración.

La XVI Cumbre Iberoamericana, celebrada en Montevideo del 3 al 5 de noviembre del 2006, volvió a pedir al gobierno de Estados Unidos que pusiera fin al bloqueo económico, comercial y financiero contra Cuba. El foro iberoamericano condenó el bloqueo por primera vez en su reunión de 1993 en Salvador, Brasil, y, desde entonces, el tema ha constado en su agenda, aunque antes hablaba de embargo y después de bloqueo, que resultaba más pertinente.

En la V Cumbre de las Américas reunida del 17 al 19 de abril del 2009 en Puerto España, capital de Trinidad & Tobago, con asistencia de 34 jefes de Estado y de gobierno de la región —a la que no fue invitado el gobernante cubano Raúl Castro—, varios presidentes latinoamericanos presionaron en sus discursos al jefe de Estado norteamericano Barack Obama, presente en la reunión, para que levantara el bloqueo económico y comercial contra Cuba. Lo calificaron como un «anacronismo». Y se suscitó un consenso en torno a la idea de insistir ante el gobierno norteamericano para que lo suprimiera, si bien la decisión competía al Congreso y no al Presidente de Estados Unidos porque fue el congreso el que impuso el bloqueo contra Cuba a través de la Cuban Democracy Act y lo endureció posteriormente con la ley Helms-Burton.

El 28 de octubre del 2009 la Asamblea General de las Naciones Unidas —por decimoctava ocasión consecutiva— aprobó una resolución de rechazo al bloqueo contra Cuba. Lo hizo por la abrumadora mayoría de 187 votos —de los 192 miembros de la Organización Mundial en ese año— contra tres votos contrarios —Estados Unidos, Israel y Palau— y dos abstenciones —Micronesia y las Islas Marshall—.

Por vigésimo primer año consecutivo, la Asamblea General aprobó el 13 de noviembre del 2012 por la amplia mayoría de 188 votos contra 3 —los de Estados Unidos, Israel y Palau— una nueva declaración condenatoria del bloqueo financiero y comercial de Cuba. Durante el debate el canciller cubano atacó «la política inhumana, fracasada y anacrónica de once administraciones sucesivas de Estados Unidos»; y el representante norteamericano replicó que los cubano-estadounidenses enviaron a la isla dos mil millones de dólares en remesas de dinero y bienes durante el año 2011 y que su país flexibilizaría el bloqueo si el gobierno comunista emprendía cambios económicos y sociales. El diplomático estadounidense Ron Godard, encargado de los asuntos latinoamericanos ante la Asamblea General, comentó momentos antes de la votación que los problemas económicos y sociales de Cuba no se debían al bloqueo sino a las políticas económicas restrictivas implantadas por su propio gobierno, que afectaban negativamente a sus habitantes.

Igual que en el año 2013, la Asamblea General —con el apoyo de 188 de sus 193 Estados miembros, los votos contrarios de Estados Unidos e Israel y las abstenciones de Micronesia, Palau y las Islas Marshall— volvió a aprobar una resolución de rechazo al bloqueo económico contra Cuba el 28 de octubre del 2014 e instó a Washington para que lo levantara.

Año tras año la Asamblea General de las Naciones Unidas ha aprobado resoluciones de condena del bloqueo y ha pedido al gobierno de Estados Unidos que lo clausurara, pero sus decisiones han carecido de valor vinculante.

Los ministros de asuntos exteriores de los Estados miembros de la Unión Europea, reunidos en Bruselas el 19 de noviembre del 2012, resolvieron reanudar el diálogo político con La Habana e iniciar gestiones para la negociación de acuerdos de cooperación con el gobierno castrista pero no sin reclamar libertades y cambios económicos en la isla y sin abandonar la llamada «posición común» acordada en 1996 por los países europeos, que sometía los tratos con Cuba a la democratización de la isla. La decisión de Bruselas significó un cambio de rumbo de la Unión Europea con relación al régimen cubano.

En ese momento el bloque de países europeos era titular de cerca de la mitad de las inversiones extranjeras directas en la isla y más de la mitad de turistas que a ella llegaban procedían de Europa.

De otro lado, desde el 2008 el gobierno cubano había flexibilizado su régimen social y económico, que había dejado de ser ortodoxamente marxista. Disminuyó el tamaño del aparato estatal, redujo la burocracia, bajó los subsidios estatales, se propuso erradicar la corrupción administrativa, creó posibilidades de empleo por cuenta propia para los trabajadores estatales excedentarios, abrió espacios para la iniciativa privada, decretó la apertura controlada de la inversión extranjera, liberalizó algunos sectores del comercio, legalizó del mercado inmobiliario —con la limitación de que una persona sólo podía ser propietaria de una vivienda—, aprobó reformas sustanciales en el uso de la tierra agrícola, entregó en usufructo a los agricultores las tierras estatales ociosas y abrió posibilidades de inversión para el capital extranjero.

Las burguesías, especialmente latinoamericanas, han criticado duramente el bajo nivel de vida y de consumo del pueblo cubano. Lo han hecho desde su posición de clase privilegiada. Ciertamente que, comparativamente con los niveles de vida y de consumo de ellas, los del pueblo antillano han sido mucho más bajos. Pero no es esa la comparación que ha debido hacerse, sino la de la calidad de vida de las masas empobrecidas de nuestra América, que no poseen más que su fuerza de trabajo, con la de las masas cubanas que al menos han tenido asegurados niveles básicos de empleo, vivienda, alimentación, salud y educación. En la última vez que visité Cuba —diciembre del 2006—, pude ver que la calidad de vida del pueblo cubano era sin duda más baja que la de un burgués medio latinoamericano —su capacidad de consumo era mucho menor y más restringido el volumen y la diversidad de los bienes y servicios que se le ofrecían— pero mucho mejor que la de las masas pobres de la América Latina capitalista. La población cubana tenía al menos la seguridad de trabajo, salario, educación, servicios médicos —seguridad en su futuro— de la que carecían los amplios sectores indigentes de los otros pueblos latinoamericanos. En la isla no se veían mendigos, ni analfabetos, ni desocupados, ni niños descalzos, ni borrachos, asaltantes, ladrones o drogadictos, ni <mafias, ni <pandillas juveniles.

Poco tiempo antes de cumplir sus 80 años, Fidel Castro sufrió una dolencia intestinal y fue sometido a intervenciones quirúrgicas poco exitosas. Sus condiciones de salud se deterioraron gravemente, hasta el punto de que se vio forzado a encargar provisionalmente el poder a su hermano Raúl, en su calidad de Segundo Secretario del Partido y Primer Vicepresidente del Consejo de Estado, y se recluyó en su domicilio.

Días antes de la fecha en que el parlamento debía elegir al Presidente del Consejo de Estado y Comandante en Jefe, el líder cubano tomó una de las más dramáticas decisiones de su dilatada vida política: renunciar al poder.

Lo hizo mediante una carta dirigida el 18 de febrero del 2008 a sus “entrañables compatriotas”, publicada con gran despliegue en la prensa cubana, en la cual les comunicó que no aceptaba una nueva designación para esa función por su mal estado de salud. “Traicionaría mi conciencia —les decía— ocupar una responsabilidad que requiere movilidad y entrega total que no estoy en condiciones físicas de ofrecer”. Y agregó que el proceso revolucionario “afortunadamente cuenta todavía con cuadros de la vieja guardia, junto a otros que eran muy jóvenes cuando se inició la primera etapa de la Revolución”. Y, en una casi tierna invocación a los jóvenes para que asumieran la responsabilidad de conducir hacia adelante el proceso revolucionario, les dijo que “algunos casi niños se incorporaron a los combatientes de las montañas y después, con su heroísmo y sus misiones internacionalistas, llenaron de gloria al país” y hoy “cuentan con la autoridad y la experiencia para garantizar el reemplazo”. Aconsejó a quienes lo sustituyan “ser tan prudentes en el éxito como firmes en la adversidad”, ya que el camino “siempre será difícil y requerirá el esfuerzo inteligente de todos”. Con referencia al pueblo cubano, expresó que “prepararlo para mi ausencia, sicológica y políticamente, era mi primera obligación después de tantos años de lucha”. Dijo que se dedicará a escribir sus reflexiones, pero prometió cumplir con su deber frente a Cuba “hasta el último aliento”.

En consecuencia, la Asamblea Nacional del Poder Popular eligió el 24 de febrero del 2008 al general Raúl Castro Ruz, de 76 años de edad, Presidente del Consejo de Estado y Comandante en Jefe para el período de cinco años, en sustitución de su hermano Fidel.

En ese momento se abrió, sin duda, una etapa nueva en la historia de Cuba: era la primera vez, en medio siglo, que el líder de la revolución estaba ausente del gobierno.

Al asumir el mando ante la Asamblea, en un discurso que tuvo un cierto dejo de autocrítica acerca de lo que se había hecho o dejado de hacer a lo largo del gobierno revolucionario, Raúl Castro se refirió a “la producción de alimentos y sus altos precios”, que tienen un “impacto directo y cotidiano en la vida de la población, sobre todo de las personas con menores ingresos”, y dijo que “se ha avanzado en los estudios (…) para que la tierra y los recursos estén en manos de quienes sean capaces de producir con eficiencia”. Expresó que tomará medidas “dirigidas a la paulatina solución de diversos problemas en la educación, la salud, el transporte, la vivienda, la recreación”, entre otros. Habló también de introducir tecnologías modernas en el proceso de la producción y organizar mejor la mano de obra para incrementar la productividad y la capacidad exportadora del país, todo lo cual debe hacerse “con la participación activa de todos”. Con relación a la deuda externa manifestó: “Estamos obligados a defender la credibilidad del país ante los acreedores y garantizar los recursos necesarios para las inversiones que aseguren el desarrollo”. Reconoció que “son justas las críticas de la población por el uso irracional de los recursos en determinadas entidades estatales por desorganización, falta de control y exigencia, mientras se encuentran pendientes de solución necesidades sociales y económicas”. “A eso se suman —dijo— las pérdidas derivadas del bloqueo económico contra Cuba y la necesidad de enfrentar las consecuencias de desastres naturales de magnitud y frecuencia crecientes, producidos por el cambio climático”.

En su discurso, Raúl Castro explicó a la Asamblea que “hoy se requiere una estructura más compacta y funcional, con menor número de organismos de la Administración Central del Estado y una mejor distribución de las funciones que cumple”. Y agregó: “Lo anterior permitirá reducir la enorme cantidad de reuniones, coordinaciones, permisos, conciliaciones, disposiciones, reglamentos circulares, etcétera, etcétera”, que han mediatizado la administración estatal. Señaló además que “contribuirá a concentrar algunas actividades económicas decisivas, hoy dispersas en varios organismos y hacer mejor empleo de los cuadros”.

Pero antes, como Vicepresidente en ejercicio delegado de la Presidencia, Castro había adelantado ya ciertas líneas maestras de su futuro gobierno. El 26 de julio del 2007, al conmemorarse el aniversario del asalto al Cuartel Moncada, trazó un verdadero programa de acción gubernativa. Desde la tribuna que por casi medio siglo ocupó invariablemente Fidel, prometió ante una multitud de cien mil personas promover cambios en la economía de la isla, incluida la apertura controlada de la inversión extranjera siempre que “se preserven el papel del Estado y el predominio de la propiedad socialista”, y buscar nuevos rumbos en su política internacional, especialmente en la relación con Estados Unidos. Adelantó su disposición a dialogar con el nuevo gobierno norteamericano en el 2009, cuando hubiere dejado el poder el “retrógrado y fundamentalista” George W. Bush. El nuevo gobierno estadounidense —dijo en aquella ocasión— “tendrá que decidir si mantiene la absurda, ilegal y fracasada política contra Cuba o acepta el ramo de olivo que le extendemos”.

Aunque con abundantes citas a su hermano Fidel, habló de “no caer en los errores del pasado”. Reconoció problemas existentes en la alimentación, la vivienda y el transporte. Propuso reactivar la economía de la isla y mejorar la calidad de vida de sus habitantes. Dijo que “el salario es claramente insuficiente para satisfacer todas las necesidades” y que la política salarial cubana no cumplía “el principio socialista de que cada cual aporte según su capacidad y reciba según su trabajo”. Habló de la posibilidad de trabajar con “empresarios serios y sobre bases jurídicas bien definidas que preserven el papel del Estado y el predominio de la propiedad socialista”.

Por esos años, mientras Cuba soportaba las millonarias pérdidas por el paso de los huracanes Gustav e Ike, que produjeron una aguda crisis alimentaria, Fidel hizo una declaración pública en la que exhortaba a combatir el desvío o apropiación de recursos estatales y, en general, “toda manifestación de privilegio, corrupción o robo” sin “excusa posible en esto para un verdadero comunista”.

En concordancia con los anteriores postulados, el presidente Castro reconoció y reforzó el valor de la propiedad privada individual, liberalizó algunos sectores del comercio, hasta ese momento restringidos, y autorizó la venta de automóviles, computadoras, teléfonos móviles y otros aparatos electrónicos. Legalizó el mercado inmobiliario aunque con ciertas limitaciones, entre ellas, que una persona sólo podía ser propietaria de una vivienda. Dentro de su estrategia de reactivar la agricultura, dispuso el 10 de julio del 2008 la entrega en usufructo de las tierras estatales ociosas a los agricultores con el fin de ponerlas a producir, estimular la generación de alimentos y reducir las importaciones, que en ese momento representaban el 84% de los alimentos que se consumían en la isla. Los agricultores recibieron entre 13,4 y 40,6 hectáreas a un plazo de diez años prorrogables, si eran personas naturales, o de veinticinco años prorrogables, si eran cooperativas, granjas estatales o entidades agropecuarias. Los beneficiarios debían pagar un impuesto por el uso de las tierras. El Consejo de Ministros, en sus sesiones del 16 y 17 de julio del 2010, acordó flexibilizar las relaciones laborales para reducir el empleo estatal y crear mayores posibilidades de trabajo por cuenta propia, “como una alternativa más de empleo de los trabajadores excedentes”.

Esas reformas económicas —o contrarreformas, desde la perspectiva de la ortodoxia revolucionaria cubana— estaban destinadas a impulsar la producción y la productividad de Cuba, en un momento en que sufría una muy severa crisis económica y social, probablemente la más grave del período revolucionario.

A partir de la actitud presidencial, los dos periódicos oficiales: «Granma» y «Juventud Rebelde», empezaron a emitir críticas sobre la ineficiencia y la corrupción en ciertas áreas de la administración pública cubana y a formular referencias inéditas al desempleo, el mal funcionamiento de algunas empresas estatales y las deficiencias en la asistencia médica.

En lo político, el régimen permitió que tres grupos disidentes —la Corriente Socialista Democrática y el Partido del Pueblo, en el interior de Cuba, y la Coordinadora Socialdemócrata en el Exilio, con sede en Miami— se fundieran en un solo partido político opositor, de tendencia izquierdista-democrática, denominado Arco Progresista, cuyo portavoz era el historiador Manuel Cuesta Morúa, radicado en Cuba.

Por supuesto que se trataba de un partido político pequeño, integrado por 400 afiliados y algo más de simpatizantes.

Abandonando los temas tradicionales de la disidencia, Cuesta Morúa formuló una nueva agenda opositora. Condenó el bloqueo económico norteamericano y elogió los avances alcanzados por el régimen cubano en la salud pública y en la educación. Postuló que dos de sus objetivos fundamentales eran la democratización y el bienestar del pueblo cubano, pero no para ir hacia una democracia tradicional latinoamericana y reproducir las viejas prácticas políticas, que no resultaban convincentes para el pueblo de Cuba, sino para avanzar hacia “una concepción gradual de los cambios, institucionalización de las alternativas y del debate político” y respeto a los derechos humanos. Pero para que ello pudiera avanzar —expresó Cuesta Morúa— era necesario “un lenguaje apropiado al diálogo y climas distendidos” —todo ceñido a “nuestro tiempo y a nuestras circunstancias concretas”— e interpuso distancias con la derecha anticastrista que pretendía “convertir a Cuba en el próximo espacio de un experimento neoliberal que enfríe el empuje de las fuerzas progresistas en el continente latinoamericano”. Y criticó, en clara alusión a ciertos gobiernos de la región en la primera década del siglo XXI, la emergencia de “nuevos populismos” que pretendían “monopolizar las opciones de izquierda” en América Latina y el Caribe.

Quedó claro que Arco Progresista no aspiraba a un cambio súbito sino gradual y que, como condición para el éxito de sus estrategias, defendía “una transición en los marcos de la soberanía nacional y a distancia de la política norteamericana hacia Cuba”.

El gobierno de Raúl Castro toleró que el nuevo partido formulara algunos pronunciamientos públicos de crítica a las políticas gubernativas. Sin embargo, impidió la asistencia de Cuesta Morúa al Congreso de la Internacional Socialista en Atenas del 30 de junio al 2 de julio del 2008 y a la convención del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) en Madrid por esos días. Las autoridades de migración cubanas no dieron trámite al permiso de salida del dirigente opositor.

Mientras tanto, Fidel Castro, desde su lugar de retiro del poder, recibió con palabras muy amistosas la elección de Barack Obama como Presidente de Estados Unidos. El 22 de enero del 2009 escribió: “El rostro inteligente y noble del primer presidente negro de Estados Unidos desde su fundación hace dos y un tercio de siglos como república independiente, se había autotransformado bajo la inspiración de Abraham Lincoln y Martin Luther King, hasta convertirse en símbolo viviente del sueño americano”.

Su hermano Raúl, en ejercicio de la presidencia, expresó varias veces su disposición de reunirse con el nuevo gobernante de Estados Unidos para mejorar las relaciones entre los dos países.

Por su parte, el presidente Barack Obama, mediante decreto del 12 abril del 2009 —dentro de sus primeros cien días de ejercicio del poder—, levantó las restricciones de viaje o de envío de remesas de dinero o de bienes hacia la isla que pesaban sobre los cubano-estadounidenses residentes en Estados Unidos, sin límites temporales ni de frecuencia. Esas restricciones estuvieron vigentes durante más de tres décadas y su levantamiento benefició a los habitantes de la isla, que pudieron mejorar sus condiciones de vida. En la V Cumbre de las Américas reunida del 17 al 19 de abril del 2009 en Puerto España, capital de Trinidad & Tobago, con asistencia de 34 jefes de Estado y de gobierno de la región —a la que no fue invitado el gobernante cubano Raúl Castro—, varios presidentes latinoamericanos presionaron en sus discursos al jefe de Estado norteamericano Barack Obama, presente en la reunión, para que levantase el bloqueo económico y comercial contra Cuba. Lo calificaron como un “anacronismo”. Y se suscitó un consenso en torno a la idea de solicitar al gobierno norteamericano que lo suprimiera, si bien la decisión competía al congreso y no al presidente de Estados Unidos porque fue el congreso el que impuso el bloqueo comercial contra Cuba a través de la Cuban Democracy Act y lo endureció posteriormente con la ley Helms-Burton.

La Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA), reunida en San Pedro de Sula, Honduras, el 3 de junio del 2009, resolvió por consenso dejar sin efecto la resolución que excluyó a Cuba del sistema interamericano hace cuarenta y siete años.

La decisión de la Asamblea General —que contó con la adhesión del gobierno norteamericano presidido por Barack Obama, cuyo delegado estuvo presente en la reunión— suscitó reacciones encontradas. Fue recibida con satisfacción por los pueblos y gobiernos latinoamericanos y despertó simpatías en los países europeos. Pero Fidel Castro, en un artículo escrito desde su retiro y publicado en el periódico cubano “Granma”, reiteró sus viejas acusaciones contra la OEA —de la que afirmó que “fue cómplice de todos los crímenes cometidos contra Cuba”— y desechó la posibilidad de reincorporarse a ella; y siete congresistas republicanos estadounidenses manifestaron, por su lado, que “readmitir a esa brutal dictadura es insensato, irresponsable y antidemocrático”, por lo que pidieron suspender la entrega de los aportes financieros de su país para el funcionamiento de la organización regional.

Hay que recordar que Cuba fue expulsada de la OEA el 31 de enero de 1962, en la VIII Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores en Punta del Este, Uruguay, bajo la consideración de que —según decía la resolución en el barroco estilo anticomunista de los tiempos de la guerra fría— su gobierno “oficialmente se ha identificado como un gobierno marxista-leninista”, cosa que “es incompatible con los principios y propósitos del Sistema Interamericano”, y de que “la adhesión de cualquier miembro de la Organización de los Estados Americanos al marxismo-leninismo es incompatible con el Sistema Interamericano y el alineamiento de tal gobierno con el bloque comunista quebranta la unidad y la solidaridad del Hemisferio”.

Aquella decisión de Punta del Este —que fue un episodio más de la guerra fría— fue tomada bajo la presión del gobierno norteamericano por catorce votos favorables, uno en contra y seis abstenciones.

Pero 47 años más tarde —el 3 de junio del 2009— los cancilleres latinoamericanos y caribeños reunidos en la Asamblea General de la OEA en San Pedro Sula, Honduras, bajo la presidencia del canciller canadiense Lawrence Cannon, acordaron derogar la mencionada resolución de 1962 y abrir la posibilidad de reintegración de Cuba tras un proceso de diálogo con su gobierno de conformidad con «las prácticas, los propósitos y principios de la OEA».

Cuba forma parte de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), fundada en la cumbre de 33 jefes de Estado o de gobierno celebrada en Caracas el 2 y 3 de diciembre del 2011 e integrada por 33 Estados de la región, cuyo objetivo declarado es profundizar la integración regional, bajo la convicción de que «la unidad e integración política, económica, social y cultural de América Latina y el Caribe constituye, además de una aspiración fundamental de los pueblos aquí representados, una necesidad para enfrentar con éxito los desafíos que se nos presentan como región».

Forman parte de este foro continental: Antigua & Barbuda, Argentina, Bahamas, Barbados, Belice, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Dominica, Ecuador, El Salvador, Grenada, Guatemala, Guyana, Haití, Honduras, Jamaica, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, San Cristóbal y Nieves, San Vicente y las Granadinas, Santa Lucía, Surinam, Trinidad & Tobago, Uruguay y Venezuela.

La población de estos países, a la fecha de constitución de la CELAC, rodeaba los 589 millones de habitantes —174 millones de pobres y 73 millones en pobreza extrema— sobre 50,5 millones de kilómetros cuadrados de territorio.

La crisis financiera y económica que estalló en Wall Street en septiembre del 2008 —y que se extendió rápidamente por el mundo globalizado— golpeó duramente a Cuba. Según el diario oficial «Granma», que citó un informe presentado a la comisión económica parlamentaria por el ministro de comercio exterior e inversiones extranjeras, Rodrigo Malmierca, en el año 2009 de las 314 empresas con capital extranjero afincadas en Cuba —que trabajaban en las áreas de turismo, petróleo, comunicaciones, minería y servicios— 56 abandonaron el país a causa de la crisis global, las dificultades internas de la economía cubana, el bloqueo norteamericano y los devastadores efectos de tres huracanes que azotaron la isla en el 2008.

Uno de los problemas económicos más graves que afrontaba Cuba en ese momento era el déficit alimentario, que obligó al gobierno a importar más de dos mil millones de dólares en alimentos en el año 2009, a pesar de que el 54% de la tierra agrícola —o sea 1’230.000 hectáreas— no estaba cultivado y permanecía ocioso. Fue entonces que el gobierno presidido por Raúl Castro autorizó a los campesinos que sembraran los cinturones de tierras que rodeaban a los 169 municipios de la isla —que sumaban alrededor de 600 mil hectáreas— para mejorar la provisión de alimentos a las ciudades y contribuir a estabilizar los precios. Esta red de agricultura suburbana, ubicada en los linderos municipales, estaba constituida por fincas de entre 3 y 20 hectáreas, sometidas al trabajo familiar y al lucro privado.

El 7 de julio del 2010 ocurrió un sorprendente suceso: se juntaron en La Habana el jefe del gobierno cubano Raúl Castro, el Ministro de Asuntos Exteriores de España Miguel Ángel Moratinos y el cardenal Jaime Ortega, representante de la Iglesia Católica cubana, para tratar la situación de cincuenta y dos presos políticos —pertenecientes al denominado Grupo de los 75, detenido en la primavera del 2003— que permanecían en prisión desde ese año. Como consecuencia del inédito encuentro, el gobierno cubano resolvió liberarlos y aceptar la invitación española para que algunos de ellos viajasen a España con sus familiares.

El 18 de diciembre del 2010 el presidente Raúl Castro, en un severo y crítico discurso ante la Asamblea Nacional, se refirió a “los errores cometidos” en las últimas cinco décadas y afirmó que, “o rectificamos o ya se acabó el tiempo de seguir bordeando el precipicio; nos hundimos y hundiremos el esfuerzo de generaciones enteras”. Expresó: “Es necesario cambiar la mentalidad de los cuadros y de todos los compatriotas al encarar el nuevo escenario que comienza a delinearse. Se trata sencillamente de transformar conceptos erróneos e insostenibles acerca del socialismo, muy enraizados en amplios sectores de la población durante años, como consecuencia del excesivo enfoque paternalista, idealista e igualitarista que instituyó la Revolución en aras de la justicia social”. Agregó: “Muchos cubanos confundimos el socialismo con las gratuidades y subsidios, la igualdad con el igualitarismo, no pocos identificamos la libreta de abastecimientos como un logro social que nunca debiera suprimirse”. En su largo discurso anunció oficialmente el ajuste y la actualización del modelo económico cubano, la reducción a partir del 2011 de más de 500 mil puestos de trabajo en el sector estatal, el impulso al pequeño empleo privado y la autorización del trabajo por cuenta propia o asalariado. En ese momento había en la isla 11 millones de habitantes y 4,95 millones de ocupados, de los que el 80% trabajaba en el sector estatal de la economía y el resto tenía licencia para trabajar por cuenta propia o en forma cooperativa.

Los ajustes fueron muy duros.

Pero el presidente aclaró que los cambios eran para hacer sostenible el socialismo, no para regresar al capitalismo. Primará “la planificación y no el libre mercado” y “no se permitirá la concentración de la propiedad”.

Manifestó que “la construcción del socialismo debe realizarse en correspondencia con las peculiaridades de cada país. Es una lección histórica que hemos aprendido muy bien. No pensamos volver a copiar de nadie, bastantes problemas nos trajo hacerlo y porque además muchas veces copiamos mal (…) aunque no ignoramos las experiencias de otros y aprendemos de ellas, incluyendo las positivas de los capitalistas”.

Otro pronunciamiento muy importante fue el referente al secretismo. “Es preciso —afirmó Castro— poner sobre la mesa la información y los argumentos que fundamentan cada decisión y, de paso, suprimir el exceso de secretismo a que nos habituamos durante más de cincuenta años de cerco enemigo. Siempre un Estado tendrá que mantener en lógico secreto algunos asuntos, eso es algo que nadie discute, pero no las cuestiones que definen el curso político y económico de la nación”.

El 19 de abril del 2011, ante el VI Congreso del partido celebrado en La Habana, el presidente Raúl Castro asumió, en reemplazo de su hermano y líder de la Revolución, la función de mayor poder político dentro de la estructura gubernativa de Cuba: la primera secretaría del Comité Central del Partido Comunista cubano.

El Congreso —reunido en un momento de severa crisis social y económica de Cuba— aprobó 313 reformas en los sectores claves de la economía —agricultura, industria, comercio, turismo, transporte, comunicaciones— dirigidas hacia la descentralización administrativa y económica y hacia la implantación de un modelo de apertura que “tendrá en cuenta las tendencias del mercado”.

En el Congreso se aprobaron sorprendentes reformas políticas, sociales y económicas, dentro del plan de acción quinquenal propuesto por Castro, que contemplaba la descentralización del aparato estatal, la apertura de la economía hacia el sector privado, el recorte de empleos públicos, la reducción de subsidios, la supresión de la libreta de abastecimiento en virtud de la cual once millones de cubanos recibían alimentos subsidiados, la autogestión empresarial y otras reformas tendientes a “actualizar el socialismo” y armonizar los principios socialistas con el mercado.

En su discurso de clausura Raúl Castro expresó: “para alcanzar el éxito, lo primero que estamos obligados a modificar en la vida del partido es la mentalidad que, como barrera psicológica, ha permanecido atada durante largos años a los mismos dogmas y criterios obsoletos”. Y añadió: “la mentalidad de la inercia debe ser desterrada definitivamente para desatar los nudos que atenazan el desarrollo de las fuerzas productivas”.

Esta fue la mayor reestructuración económica desde las radicales reformas instrumentadas por Fidel Castro en los albores de la revolución.

Siete meses después, en ese camino de liberalización de la economía marcado por el congreso del Partido Comunista, el régimen cubano autorizó por primera vez en cincuenta años la compraventa de viviendas con el propósito de impulsar la economía de la isla y reducir el agudo déficit habitacional, según informó el diario oficial «Granma». Y agregó: “Las nuevas normas jurídicas reconocen la compraventa, permuta, donación y adjudicación —por divorcio, fallecimiento o salida definitiva del país del propietario— de viviendas entre personas naturales cubanas con domicilio en el país y extranjeros residentes permanentes en la Isla”.

La nueva legislación estableció que sólo se podía ser propietario de una vivienda como residencia permanente y otra en zonas de descanso o veraneo.

Estas y otras reformas formaron parte del paquete de estímulos para expandir el sector privado de la economía, ampliar las opciones de empleo privado y vigorizar la solvencia fiscal.

Como consecuencia de esas reformas de libre mercado, el gobierno cubano expidió un código tributario que, sustituyendo los subsidios estatales anteriores, obligó a los ciudadanos al pago de impuestos a partir del 1 de enero del 2013. Fueron 19 tributos en diferentes ámbitos imponibles: ventas, transporte, explotación agrícola, medio ambiente, herencias y otros, que afectaron a las grandes y pequeñas empresas privadas, explotaciones agrícolas particulares y trabajadores por cuenta propia.

La producción de fármacos y productos químicos y la prestación de servicios médicos de alta tecnología —unas de las principales fuentes de ingreso de moneda dura en Cuba—, que antes estuvieron bajo la autoridad directa del gobierno, pasaron a regirse por “principios empresariales” aunque sometidas a la “planificación centralizada”.

Como parte de este proceso de ajustes y flexibilización económicos aprobados en el 2011 por el Sexto Congreso del Partido Comunista de Cuba para dinamizar la deteriorada economía de la Isla, el 11 de diciembre del 2012 entró en vigor el decreto-ley del gobierno que amplió gradualmente la implantación del cooperativismo —que hasta ese momento estaba permitido solamente en el sector agropecuario— hacia los servicios personales y domésticos, la actividad gastronómica, el transporte, la construcción, la recuperación de materias primas y otros sectores de la economía.

En la reunión del Consejo de Ministros de Cuba, celebrada el 4 de junio del 2013, el vicepresidente Marino Murillo —quien era además coordinador del programa de reformas que impulsaba Raúl Castro— sostuvo que «las medidas que durante décadas se han puesto en práctica en la forma de gestionar la tierra no han conducido al necesario aumento de la producción» y propuso la rectificación de «las distorsiones que han afectado los resultados económicos» en el campo y la urgencia de «poner en igualdad de condiciones a todos los productores, liberalizar las fuerzas productivas y propiciar su eficiencia». Para lo cual el gobierno debía autorizar a los agricultores «relacionarse directamente con personas naturales o jurídicas en lo relativo al mercado de insumos, servicios y productos».

En consecuencia, el gobierno cubano decidió crear un mercado de recursos y equipamientos sin subsidios destinado a los productores agropecuarios públicos o privados, de modo que los pequeños agricultores —sean personas naturales o jurídicas— pudieran comprar los insumos que requirieran para sus tareas de producción. Todo esto fue parte de las reformas prioritarias planteadas por el régimen para revitalizar la agricultura, aumentar la producción de alimentos —asunto que se consideraba de «seguridad nacional» en un país que importaba el 80% de los víveres que consumía su pueblo— e impulsar la economía social.

Como se esperaba, Raúl Castro —de 81 años de edad en ese momento— fue reelegido como Presidente por el Consejo de Estado el domingo 24 de febrero del 2013 para su segundo y último mandato de cinco años. En el mismo acto se eligió al ingeniero electrónico Miguel Díaz-Canel —de 52 años de edad— para ocupar la segunda posición en el gobierno cubano. La elección de Díaz-Canel fue, según dijo Raúl Castro en su discurso ante el parlamento, el inicio de “la transferencia paulatina y ordenada a las nuevas generaciones” ya que «este será mi último mandato».

En el ámbito económico, con el propósito de «atraer la inversión extranjera, generar exportaciones y promover la sustitución de importaciones», las autoridades cubanas expidieron en septiembre del 2013 nuevas normas para impulsar y regular la zona económica especial alrededor del puerto de Mariel, en el occidente de la isla.

La constitución de la denominada zona de desarrollo especial de Mariel, de unos 465 kilómetros cuadrados de extensión, buscaba «atraer la inversión extranjera», «generar exportaciones» y «promover la sustitución de importaciones», según el texto publicado en la Gaceta Oficial de Cuba.

Las nuevas normas jurídicas otorgaban beneficios fiscales a las empresas que instalaran allí sus operaciones productivas.

En lo que fue una reforma de profunda importancia económica y social —porque implicó significativas concesiones al capitalismo—, el 29 de marzo del 2014 la Asamblea Nacional del Poder Popular aprobó la Ley de la Inversión Extranjera —modificatoria de la ley 77, vigente desde septiembre de 1995—, que formuló el marco jurídico de la inversión directa de capitales extranjeros en la isla, dentro del cual se establecieron las facilidades, garantías y seguridad jurídica en beneficio de los inversionistas del exterior. Los objetivos de la ley eran obtener financiamiento externo, acceder a los mercados extranjeros, ampliar y diversificar las exportaciones cubanas, sustituir importaciones, acceder a tecnologías avanzadas, crear nuevas fuentes de empleo, iniciar métodos de gerencia empresarial y modificar la matriz energética.

La norma legal aprobada definía la inversión extranjera como la «aportación realizada por inversionistas extranjeros en cualquiera de las modalidades previstas en esta ley, que implique en el plazo por el que se autorice, la asunción de riesgos en el negocio, la expectativa de obtener beneficios y una contribución al desarrollo del país».

La inversión extranjera, bajo la regulación del Consejo de Ministros, se dirigía a todos los sectores económicos y productivos del país, con excepción de los servicios de salud y educación de la población, las instituciones armadas y los medios de comunicación. Podía encaminarse hacia la explotación de recursos naturales no renovables, la producción agrícola y pecuaria, la administración hotelera y turística, la construcción de inmuebles y el sector servicios. Todo esto bajo tres posibles modalidades: empresa de capital totalmente extranjero, empresa mixta o asociación económica internacional.

Previa autorización del Banco Central de Cuba, los inversionistas extranjeros podían abrir y operar cuentas en moneda libremente convertible en bancos del exterior.

De acuerdo con la ley, el inversionista extranjero podía enajenar sus bienes y participaciones accionarias, previa autorización oficial, y recibir el precio libremente pactado en moneda convertible. Además, el Estado garantizaba al inversionista extranjero la libre transferencia al exterior, en moneda convertible y sin pagar tributos ni gravámenes por la transferencia, de los dividendos y utilidades que obtuviere de sus inversiones en territorio cubano.

La ley admitía la inversión de los exiliados cubanos y de los ciudadanos norteamericanos. Garantizaba a todos los inversionistas la plena seguridad de sus capitales y la no expropiación de sus bienes, les exoneraba del impuesto sobre sus utilidades durante los primeros ocho años y, exepcionalmente, por un período superior y les eximía del pago del impuesto aduanero durante el proceso de su inversión.

En el curso del proceso de apertura económica, el Consejo de Estado aprobó el 24 de octubre del 2014 una «cartera de oportunidades» que contenía 246 nuevos proyectos de inversión en diversas áreas de la economía cubana por un monto de 8.710 millones de dólares. Fue ésta otra reforma de fondo destinada a atraer al capital extranjero. La cartera de estas nuevas inversiones comprendía la agricultura, la construcción, la industria farmacéutica, la biotecnología, la energía renovable y otras áreas de inversión.

En un acto que despertó el asombro del mundo, los gobernantes Barack Obama de Estados Unidos y Raúl Castro de Cuba mantuvieron el 17 de diciembre del 2014 una cordial conversación telefónica directa —preparada y coordinada por sus respectivos equipos diplomáticos—, en la que acordaron restablecer las relaciones diplomáticas entre sus Estados y abrir las respectivas embajadas en La Habana y Washington.

El episodio sorprendió al mundo. No había ocurrido nada parecido en sesenta años, desde que se frustraron, por la muerte del presidente John F. Kennedy, las negociaciones en torno a una reunión al más alto nivel entre los dos gobiernos.

En su informe televisual al país Obama explicó que “es hora de poner fin a una política hacia Cuba que está obsoleta y que ha fracasado durante décadas”. Dijo que confiaba en que el Congreso Federal levantara el bloqueo económico, financiero y comercial impuesto a Cuba, que ha fracasado en toda la línea.

El gobernante cubano, por su parte, manifestó públicamente en su comparecencia televisiva que siempre estuvo dispuesto a mantener “un diálogo respetuoso con Estados Unidos, sobre los principios de soberanía y Derecho a la autodeterminación de los pueblos”, y agregó que la decisión del presidente Obama “merece el respeto y reconocimiento del pueblo cubano”.

No obstante, personajes ultraderechistas del Partido Republicano y buena parte de los exiliados cubanos en Estados Unidos criticaron acerbamente la decisión de Obama, con eco en los círculos políticos conservadores de América Latina y el Caribe, que se unieron a las críticas contra la iniciativa del gobernante norteamericano.

Dentro de este proceso de acercamiento diplomático el presidente Obama envió al Congreso Federal la petición de retirar a Cuba de la lista de países promotores del terrorismo que mantiene el Departamento de Estado. Cuarenta y cinco días después, al expirar el plazo que tenía el Congreso para oponerse o bloquear esa medida, el presidente norteamericano tomó el 29 de mayo del 2015 la decisión de suprimir a la isla antillana de la mencionada lista negra de países comprometidos con el terrorismo internacional —a la que fue incorporada Cuba en el año 1982— y dijo que lo hacía al margen de las significativas divergencias que mantenía con ese país. El Departamento de Estado declaró que Cuba «no había proporcionado ningún soporte al terrorismo internacional en los últimos seis meses» y que «ha dado garantías de que no apoyará actos de terrorismo en el futuro».

La resolución entró en vigencia el 4 de junio del mismo año con su publicación en el diario oficial «Federal Register» del gobierno norteamericano.

Se eliminó así uno de los obstáculos para la normalización de las relaciones diplomáticas bilaterales.

En el curso de la VII Cumbre de las Américas celebrada en Panamá 10 de abril del 2015 se produjo un encuentro y amigable conversación entre Barack Obama y Raúl Castro. Inmediatamente personeros diplomáticos de los dos gobiernos mantuvieron conversaciones reservadas a lo largo de varios meses con el fin de restablecer las relaciones diplomáticas entre sus dos países. Y finalmente se reabrieron las embajadas en solemnes ceremonias: el 20 de julio de ese año la embajada cubana en Washington y el 14 de agosto la sede diplomática de Estados Unidos en La Habana.
Quedaron reanudadas las relaciones diplomáticas entre los dos países después de 54 años de ruptura.

Los departamentos del Tesoro y Comercio del gobierno norteamericano eliminaron el 18 de septiembre de ese año algunas de las limitaciones al comercio con Cuba, abrieron los viajes hacia este país y eliminaron las limitaciones a determinados tipos de remesas de dinero de los cubanos emigrantes a su país.

Fue hasta ese momento la mayor ampliación de operaciones comerciales y financieras desde que se inició el proceso de acercamiento entre los dos países.

No obstante, persistía el bloqueo económico y financiero, que solamente podía ser desmontado por el Congreso Federal a través de medios legales.

El límite de dos mil dólares de remesas por trimestre hacia Cuba fue eliminado, igual que el máximo de dinero en efectivo que podía ser llevado a la isla (3.000 dólares para cubanos y 10.000 para extranjeros).

Se mantenía la prohibición de las remesas hacia Estados Unidos de funcionarios del gobierno cubano o del Partido Comunista de Cuba.

El nuevo paquete de medidas permitió el transporte por barco hacia la isla de viajeros autorizados, quienes podían abrir y mantener cuentas bancarias en Cuba para afrontar sus gastos mientras se encontraban en el país. Ciudadanos estadounidenses pudieron tener “presencia comercial” en Cuba a través del establecimiento de empresas de capital mixto.

Jacob Lew, Secretario del Tesoro, señaló en aquella oportunidad que “una relación más fuerte y más abierta entre Estados Unidos y Cuba tiene potencial de crear oportunidades económicas para estadounidenses y cubanos”.

Pero a pesar de ese nuevo paquete de medidas, los vuelos regulares hacia Cuba aún sufrían restricciones, los viajes eran objeto de licencias específicas para las personas interesadas y persistían los bloqueos a la exportación de ciertos bienes hacia la isla.

Todo esto fue parte, obviamente, del proceso de aproximación y apertura entre los dos países promovido por sus gobernantes.

En lo que fue la primera vez que un presidente norteamericano lo hiciera, el 28 de septiembre del 2015 desde la tribuna de la Asamblea General de las Naciones Unidas y ante los representantes de 193 países —el gobernante cubano Raúl Castro incluido—, Barack Obama planteó la conveniencia de terminar con el embargo contra Cuba —bloqueo, en realidad—, aunque esa decisión dependía del Congreso de Estados Unidos.

Ante la sorpresa del mundo, el 17 de diciembre del 2014 los gobernantes Barack Obama de Estados Unidos y Raúl Castro de Cuba mantuvieron una cordial conversación telefónica directa —preparada y coordinada por sus respectivos equipos diplomáticos—, en la que acordaron restablecer las relaciones diplomáticas entre sus Estados y abrir las respectivas embajadas en La Habana y Washington.

El acto sorprendió a la opinión pública mundial. No había ocurrido nada parecido en sesenta años, desde que se frustraron, por la muerte del presidente John F. Kennedy, las negociaciones en torno a una reunión al más alto nivel entre los dos gobiernos.

En su informe televisual al país Obama explicó que “es hora de poner fin a una política hacia Cuba que está obsoleta y que ha fracasado durante décadas”. Dijo que confiaba en que el Congreso Federal levantara el bloqueo económico, financiero y comercial impuesto a Cuba, que ha fracasado en toda la línea.

El gobernante cubano, por su parte, manifestó públicamente en su comparecencia televisiva que siempre estuvo dispuesto a mantener “un diálogo respetuoso con Estados Unidos, sobre los principios de soberanía y Derecho a la autodeterminación de los pueblos”, y agregó que la decisión del presidente Obama “merece el respeto y reconocimiento del pueblo cubano”.

No obstante, personajes ultraderechistas del Partido Republicano y buena parte de los exiliados cubanos en Estados Unidos criticaron acerbamente la decisión de Obama, con eco en los círculos políticos conservadores de América Latina y el Caribe, que se unieron a las críticas contra la iniciativa del gobernante norteamericano.

En el curso de la VII Cumbre de las Américas celebrada en Panamá 10 de abril del 2015 se produjo un encuentro y amigable conversación entre Barack Obama y Raúl Castro. Inmediatamente personeros diplomáticos de los dos gobiernos mantuvieron conversaciones reservadas a lo largo de varios meses con el fin de restablecer las relaciones diplomáticas entre sus dos países. Y finalmente se reabrieron las embajadas en solemnes ceremonias: el 20 de julio de ese año la embajada cubana en Washington y el 14 de agosto la sede diplomática de Estados Unidos en La Habana.

Quedaron reanudadas las relaciones diplomáticas entre los dos países después de 54 años de ruptura.

En lo que fue la primera vez que un presidente norteamericano lo hiciera, el 28 de septiembre del 2015 desde la tribuna de la Asamblea General de las Naciones Unidas y ante los representantes de 193 países —el gobernante cubano Raúl Castro incluido—, Barack Obama planteó la conveniencia de terminar con el embargo contra Cuba —bloqueo, en realidad—, aunque esa decisión dependía del Congreso de Estados Unidos.

Sin embargo, la Asamblea General de las Naciones Unidas, por vigésima cuarta ocasión, votó en contra del bloqueo a Cuba en la sesión del 27 de octubre del 2015 con 191 votos versus 2: el de Estados Unidos y el de Israel. Ronald Godard, embajador norteamericano, explicó su voto con el argumento de que el proyecto de resolución presentado por Cuba, casi idéntico al del año anterior, no reflejaba la situación de acercamiento entre los dos países que en ese momento impulsaban sus gobernantes y que les llevó, incluso, a abrir sus respectivas embajadas en Washington y La Habana.

Los departamentos del Tesoro y Comercio del gobierno norteamericano eliminaron el 18 de septiembre de ese año algunas de las limitaciones al comercio con Cuba, abrieron los viajes hacia este país y eliminaron las limitaciones a determinados tipos de remesas de dinero de los cubanos emigrantes a su país. Fue hasta ese momento la mayor ampliación de operaciones comerciales y financieras desde que se inició el proceso de acercamiento entre los dos países.

No obstante, persistía el bloqueo económico y financiero, que solamente podía ser desmontado por el Congreso Federal a través de medios legales.

El límite de dos mil dólares de remesas por trimestre hacia Cuba fue eliminado, igual que el máximo de dinero en efectivo que podía ser llevado a la isla (3.000 dólares por cubanos y 10.000 por extranjeros).

Se mantenía la prohibición de las remesas hacia Estados Unidos de funcionarios del gobierno cubano o del Partido Comunista de Cuba.

El nuevo paquete de medidas permitió el transporte por barco hacia la isla de viajeros autorizados, quienes podían abrir y mantener cuentas bancarias en Cuba para afrontar los gastos durante su permanencia en el país.

Ciudadanos estadounidenses pudieron tener «presencia comercial» en Cuba a través del establecimiento de empresas de capital mixto.

Jacob Lew, Secretario del Tesoro, señaló en aquella oportunidad que «una relación más fuerte y más abierta entre Estados Unidos y Cuba tiene potencial de crear oportunidades económicas para estadounidenses y cubanos».

Pero a pesar de ese nuevo paquete de medidas, los vuelos regulares hacia Cuba aún sufrían restricciones, los viajes eran objeto de licencias específicas para las personas interesadas y persistían los bloqueos a la exportación de ciertos bienes hacia la isla.

En el ámbito del turismo, el gobierno cubano señaló a mediados de junio del 2016 que, en el curso de los primeros seis meses de ese año, la entrada de turistas a la isla creció en el 12% con relación a igual período del año anterior. Según información del Ministerio de Turismo, los visitantes procedieron especialmente de Canadá, Alemania, Reino Unido, Estados Unidos, Francia, Italia, España, México y Argentina.

Todo esto fue parte, obviamente, del proceso de aproximación y apertura entre los dos países promovido por sus gobernantes.

Fue hasta ese momento la mayor ampliación de operaciones comerciales y financieras desde que se inició el proceso de acercamiento entre los dos países.

Como parte de ese proceso, el presidente Barack Obama visitó Cuba los días 20, 21 y 22 de marzo del 2016. Fue esa la primera visita presidencial desde 1928, en que el gobernante norteamericano John Calvin Coolidge llegó a la isla caribeña para participar en la VI Conferencia Panamericana.

Obama fue recibido en el aeropuerto de La Habana por el canciller cubano Bruno Rodríguez. Paseó por la parte vieja de la ciudad y disfruto de un partido de béisbol, deporte cuya afición es compartida por los dos países.

En su discurso pronunciado en el Gran Teatro de La Habana, Obama explicó que su viaje se debía a la necesidad de «dejar atrás los últimos vestigios de la guerra fría» y «extender una mano de amistad al pueblo cubano». Afirmó, con referencia al bloqueo financiero y económico, que era una «carga obsoleta contra el pueblo de Cuba», razón por la cual había solicitado al Congreso federal su levantamiento. Y, en lo que implicó una crítica contra el régimen castrista, remarcó que «los ciudadanos cubanos deben tener el derecho a expresar lo que piensan».

Raúl Castro, por su parte, en el curso de las palabras de bienvenida al presidente estadounidense, insistió en la terminación del bloqueo, en los daños y perjuicios que éste le ha causado a su país y en la devolución de la base naval de Guantánamo «ilegalmente ocupada» por Estados Unidos. Guantánamo es un <enclave de 117,60 kilómetros cuadrados situado en el sureste de la isla, que fue ocupado por los norteamericanos en el año 1903.

Durante su permanencia en la isla Obama se reunió con trece líderes de la disidencia para escuchar su pensamiento.

Días después de la partida de Obama, Fidel Castro rompió su silencio y, en una declaración escrita, expresó: «no necesitamos que el imperio nos regale nada».

En Estados Unidos las opiniones estuvieron divididas. Los sectores políticamente progresistas aprobaron el viaje de Obama para acabar con el bloqueo y la hostilidad contra Cuba, pero los sectores reaccionarios, con el Partido Republicano a la cabeza, condenaron la visita y afirmaron que ella pretendía legitimar el gobierno de los Castro.

En todo caso, fue ese un importante acercamiento político y diplomático entre los dos países.

En otro campo, en lo que fue la tercera visita vaticana a la isla caribeña —antes estuvieron allí Juan Pablo II en 1998 y Benedicto XVI en el 2012— el papa Francisco I visitó Cuba del 19 al 22 de septiembre del 2015. Ofició una misa en la Plaza de la Revolución en La Habana, a la que concurrieron el comandante Raúl Castro y la presidenta argentina Cristina Fernández. Luego visitó a Fidel Castro en su casa para conversar sobre temas ecológicos y el estado de la economía global. Al día siguiente viajó a las ciudades de Holguín —capital de la provincia donde nacieron los hermanos Castro— y Santiago de Cuba, desde donde partió hacia Estados Unidos.

El 12 de febrero del 2016, en la escala de su viaje aéreo a México, el pontífice católico se reunió en el aeropuerto de La Habana con el patriarca Kirill de la Iglesia Ortodoxa Rusa para dar por terminados casi mil años de enemistad institucional, iniciados a raíz del cisma cristiano del año 1054.

Inaugurando los vuelos comerciales regulares entre Estados Unidos y Cuba —suspendidos por más de medio siglo—, a las 10:56 horas de la mañana el 31 de agosto del 2016 aterrizó en el aeropuerto internacional Abel Santamaría de la ciudad de Santa Clara en la isla caribeña el Airbus 320 de la aerolínea JetBlue Airways, que partió del aeropuerto de Fort Lauderdale en La Florida. Entre sus 150 pasajeros estuvo Anthony Foxx, Secretario de Transporte del gobierno estadounidense, quien sustuvo conversaciones en La Habana con los funcionarios cubanos de aviación.

En aquel momento las empresas norteamericanas JetBlue Airways, American Airlines, Frontier Airlines, Silver Airways, Southwest Airlines y Sun Country Airlines habían recibido los permisos de operación en cinco ciudades estadounidenses —Miami, Fort Lauderdale, Chicago, Minneapolis y Filadelfia— para volar hacia nueve destinos cubanos: Santa Clara, Santiago de Cuba, Camagüey, Cayo Largo, Cayo Coco, Cienfuegos, Holguín, Manzanillo y Matanzas.

Tras largos años de enfermedad el líder de la revolución cubana falleció en La Habana el 25 de noviembre del 2016, a los noventa años de edad. Hubo conmoción y lágrimas en la isla. Se decretó nueve días de duelo nacional. Sus restos fueron cremados y sus cenizas, después de recibir un multitudinario homenaje en la Plaza de la Revolución de La Habana, con la asistencia de varios jefes de Estado, y de recorrer las provincias de la isla con los mayores honores, fueron depositadas en el cementerio de Santa Ifigenia en Santiago de Cuba, cerca de la tumba de José Martí.

En cambio, muchos de los emigrantes cubanos bailaron en las calles de Miami y festejaron con música, banderas y carteles la tan esperada muerte del líder revolucionario.

3. Guerra del Golfo. En función de las nuevas armas y de las modernas tecnologías electrónicas empleadas, la primera guerra internacional del siglo XXI fue la denominada guerra del golfo, que enfrentó sobre territorio iraquí en enero de 1991 a una coalición internacional de fuerzas militares contra los ejércitos de Saddam Hussein, que habían invadido poco tiempo antes Kuwait para apoderarse de su riqueza hidrocarburífera.

Recuerdo, como anécdota, que el presidente George Bush (padre), en el curso de mi visita oficial a Washington como Presidente de Ecuador, mientras jugábamos un partido de tenis en la Casa Blanca la tarde del domingo 22 de julio de 1990, me comentó sin mayores detalles que “algo extraño” ocurría en ese momento en Irak porque había una inusual movilización de fuerzas militares. Pocos días después —el 2 de agosto— me enteré por la televisión en Quito que en la madrugada de ese día tres divisiones de la Guardia Republicana de Hussein habían iniciado la invasión al emirato de Kuwait para anexarse parte de su territorio y adueñarse de sus reservas petrolíferas.

Entre agosto y noviembre de ese año el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas aprobó una serie de resoluciones en torno al repliegue de las tropas iraquíes, que culminaron con la conminación terminante a Irak de que retirara incondicionalmente sus soldados de Kuwait. Como Hussein no acatara la disposición, una fuerza multinacional de 500.000 hombres de tierra, mar y aire —principalmente de Estados Unidos, Arabia Saudita, Gran Bretaña, Egipto, Siria y Francia—, bajo los auspicios de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), se movilizó hacia Irak para reducir a sus fuerzas armadas, estimadas entonces en 540.000 efectivos. Fue la denominada operación «Tormenta del Desierto». Las fuerzas militares coligadas, bajo el mando del general norteamericano H. Norman Schwarzkopf, iniciaron un intenso bombardeo aéreo sobre objetivos militares iraquíes el 17 de enero de 1991, veinticuatro horas después de cumplido el plazo dado por la ONU a Bagdad para que sus tropas abandonasen Kuwait. Se trabó así la llamada guerra del golfo. La superioridad militar y la mística de lucha de los aliados resultaron tan abrumadoras —en las primeras 24 horas hicieron 2.107 misiones aéreas de combate y dispararon 196 misiles Tomahawk, con la pérdida de apenas nueve aviones: cinco norteamericanos, dos ingleses, un italiano y un kuwaití— que los ejércitos de Hussein —incluida su Guardia Republicana de 125 mil efectivos de elite— desertaron, fueron capturados, se batieron en desordenada retirada y finalmente capitularon, no obstantes las jactancias del capitoste iraquí de que esa sería «la madre de todas las batallas».

En un plazo absurdamente corto —poco más de un mes— las fuerzas de la coalición inutilizaron los centros de mando y control iraquíes, especialmente de Bagdad y Basora, y atacaron a la infantería de Irak, que estaba atrincherada a lo largo de la frontera saudi-kuwaití. La acción aérea fue determinante. De los 1.820 aviones que participaron 1.376 fueron norteamericanos. Las bajas de la coalición fueron relativamente pequeñas, no así las de Irak. Buena parte de la aviación iraquí —que en ese momento era la sexta más grande del mundo— huyó hacia Irán a bordo de sus MIG-21, MIG-23, MIG-25, MIG-29 y MIRAGE F-1. En su retirada, las tropas de infantería iraquíes incendiaron los pozos petrolíferos de Kuwait. El 27 de febrero fue liberado el territorio de Kuwait. El 6 de abril se produjo la rendición formal de Hussein, quien se comprometió a revelar la localización de sus armas químicas y biológicas. Cosa que no ocurrió, por lo que las Naciones Unidas impusieron sanciones económicas contra Irak.

En esa guerra se probaron contra los escuadrones blindados iraquíes las armas isotópicas, capaces de levantar cortinas de rayos gamma que causaron estragos gravísimos sobre la salud de sus tripulantes y los anularon como combatientes, aunque sin causar la muerte de ellos ni daños mecánicos a las máquinas. Se probaron también varios elementos de la guerra electrónica. Según la revista norteamericana “Aviation Week & Space Technology”, que ha revelado varios de los secretos de esa guerra, en la primera noche de la “tormenta del desierto” misiles de crucero tomahawk lanzaron sobre las principales centrales eléctricas de Bagdad una lluvia de carretes de fibras de carbono, que cayeron como serpentinas y produjeron enormes cortocircuitos en los sistemas de defensa antiaérea de Irak. La reparación de las plantas tomó a los iraquíes 72 horas vitales de su tiempo de guerra, pero cuando estuvieron reparadas fueron bombardeadas.

Estas armas tácticas no convencionales de reciente producción son muy útiles para conflictos armados en los que la intención no es exterminar al enemigo sino enervar su capacidad de defensa.

El uso en Irak de ellas y de otras armas sofisticadas marcó un salto cualitativo en materia tecnológico-militar, que justifica la apreciación de los analistas especializados de que la guerra del golfo fue la primera confrontación bélica del siglo XXI.

4. El terrorismo sin fronteras. Después de cuatro décadas de la fricción ideológica, política, económica y eventualmente militar de la guerra fría, los Estados Unidos enfrentaron, en el inicio de la nueva correlación internacional de fuerzas, una diversidad de retos a su seguridad y a su liderazgo global. Esos retos de la postguerra fría —que sustituyeron al reto comunista anterior— fueron objeto de intenso debate en los años 90 dentro de los medios políticos y académicos norteamericanos. Los diversos enfoques —neoaislacionistas, internacionalistas liberales de corte wilsoniano, unilateralistas, multilateralistas y otros— pugnaban por prevalecer y buscaban todos una redefinición de lo que debía ser el “interés nacional” y la fijación de las líneas maestras de la política exterior y de defensa en la nueva etapa histórica, con todas las dificultades que entrañaba hacerlo en un país tan diversificado.

Lógicamente, la ausencia de un reto emblemático y único que permitiese articular consensos complicaba el asunto. El debate, que enfrentó a los dos partidos grandes, fue arduo. Los republicanos atacaron con dureza la política de seguridad del gobierno de Bill Clinton por haber gastado poco en defensa, conducido a la indefensión de Estados Unidos ante un ataque de cohetes nucleares, tolerado que tropas norteamericanas hubieran sido sometidas al comando del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en operaciones de paz y descuidado la seguridad de Europa.

En el debate se pudo ver, desde la perspectiva norteamericana, que habían surgido nuevas amenazas contra la seguridad de Estados Unidos, que son el contrabando y la posesión de materiales nucleares estratégicos, la proliferación de armas de destrucción masiva, la degradación ambiental, el tráfico de drogas, los gigantescos y descontrolados flujos internacionales de capital, los movimientos migratorios ilegales, las nuevas epidemias, la reacción violenta del integrismo islámico humillado por la penetración cultural de Occidente, el terrorismo sin fronteras impulsado por los fundamentalismos, el comportamiento de las denominadas «zonas de inestabilidad potencial» —que incluyen los Balcanes, Irak, Turquía, el Mediterráneo meridional, el Golfo Pérsico y partes de Europa oriental— y otras amenazas generadas dentro de las costas norteamericanas y fuera de ellas.

Pero el debate fue interrumpido el 11 de septiembre del 2001 por el estruendo de los más bárbaros e inhumanos atentados de la historia del terrorismo consumados en Nueva York y en Washington. Entre las 08:46 y las 09:40 horas de ese trágico día, comandos suicidas del fundamentalismo islámico secuestraron cuatro aviones comerciales, tres de los cuales los utilizaron como proyectiles contra las torres gemelas del World Trade Center en Nueva York y contra el Pentágono de Washington. El cuarto, que presumiblemente tenía como objetivo la Casa Blanca o el Capitolio, cayó en un terreno despoblado cerca de la ciudad de Pittsburg, en Pennsylvania, antes de que pudiese cumplir su propósito.

Estos atentados causaron 3.248 muertos, entre oficinistas, pasajeros, tripulantes y bomberos que acudieron a su rescate.

La respuesta del gobierno norteamericano fue inmediata. Movilizó un primer contingente de 40.000 soldados y parte de su flota marítima —incluidos varios portaaviones con centenares de aviones de caza F-15, F-16 y E-Strike Eagles y bombarderos B-1 a bordo— hacia el Golfo Pérsico, el Océano Índico y el Mediterráneo, cosa que hizo también Inglaterra. Tras duros combates tomaron Kabul, capital de Afganistán, a mediados de noviembre y desalojaron al gobierno talibán de Mohammed Omar, que había acogido en su territorio a Ossama Bin Laden, jefe de la banda terrorista al Qaeda y autor intelectual de los atentados. Los grupos fundamentalistas de diversos países islámicos anunciaron una “guerra santa” contra Estados Unidos y sus aliados. Desde las mezquitas condenaron la “alevosa agresión contra el islam”. En su guarida de algún lugar de Afganistán, Bin Laden declaró que el mundo se había dividido en dos campos: mahometanos e infieles. Y proclamó que los infieles son enemigos a los que hay que matar para mayor gloria de dios.

El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas condenó “en los términos más enérgicos los horrendos ataques terroristas que tuvieron lugar el 11 del septiembre de 2001 en Nueva York, Washington D.C. y Pennsylvania” y exhortó a la comunidad internacional a reprimir los actos de terrorismo.

El 11-S produjo en los círculos oficiales de Estados Unidos el replanteamiento de la doctrina de la seguridad nacional que rigió durante la guerra fría. En un discurso pronunciado en la academia militar de West Point el 1 de junio de 2002 dijo el presidente George W. Bush que en el período de la guerra fría «las armas de destrucción en masa eran vistas como armas de última instancia, en cambio hoy los grupos terroristas las consideran como opciones preferentes e inmediatas. Debemos crear defensas eficaces contra los misiles balísticos que ellos poseen. Y por sentido común y legítima defensa los Estados Unidos deben actuar contra esos peligros antes de que se pongan en marcha».

Surgió así el concepto de la «guerra preventiva», destinada a adelantarse a las acciones del terrorismo en cualquier lugar del planeta.

Este planteamiento fue parte de la denominada y de la nueva teoría de la >seguridad nacional de Estados Unidos, contenida en el documento «The National Security Strategy of the United States of America» expedido por la Casa Blanca en septiembre del 2002.

Sin embargo, ese viraje en la política de seguridad no obstó para que el Secretario de la Defensa norteamericano, Donald Rumsfeld, anunciara en mayo del 2005 el cierre de ciento cincuenta instalaciones militares establecidas por Estados Unidos en su territorio y en diversos puntos del planeta durante la guerra fría, con lo cual ahorraban cerca de cincuenta mil millones de dólares.

Los sucesos de Nueva York y Washington cambiaron muchas cosas en la historia del siglo XXI. La sensación de seguridad que se respiraba en el sólido e invulnerable primer mundo se esfumó. El miedo es uno de los elementos fundamentales de la historia. Cada época histórica tiene sus propios miedos. La pasión del miedo, que es una pasión cambiante, ha movido las civilizaciones porque desencadena procesos químicos en los sistemas neurotransmisores de los gobernantes, los líderes sociales y los pueblos. La pasión del miedo, como todas las pasiones, produce este efecto primario. Y el miedo actual de la civilización occidental es al terrorismo, no a la guerra fría ni a la confrontación nuclear entre potencias, como antes. Las decisiones gubernativas que se toman pueden explicarse en función del miedo prevaleciente en este momento, que es el miedo a cualquiera de las modalidades globales del terrorismo moderno. El terrorista Laden, en una declaración televisiva, dictó una sentencia siniestra: que se olviden los norteamericanos de la palabra “seguridad”. Dijo que poseía armas químicas y nucleares para emplearlas contra ellos. El presidente Bush, en su discurso ante la Asamblea General de las Naciones Unidas el 10 de noviembre del 2001, respondió que “esta amenaza no puede ser ignorada” ya que “la civilización está amenazada” por ”la perspectiva más horrorosa de todas”, ante lo cual pidió a los Estados del mundo que actuaran contra el terrorismo internacional.

Después de la ola de atentados islámicos en París, Bruselas y otros lugares se reunió en Washington —del 31 de marzo al 1 de abril del 2016— la IV Cumbre sobre Seguridad Nuclear —Nuclear Security Summit—, a la que concurrieron jefes de Estado, jefes de gobierno y representantes de cincuenta y dos Estados —con la notoria ausencia de los gobernantes de Rusia, Bielorrusia, Irán y Corea del Norte—, para afrontar el tema que había generado su honda preocupación: la posibilidad del terrorismo nuclear operado por los grupos radicales islámicos.

Las tres reuniones anteriores para tratar este asunto fueron: en Washington el 2010, el 2012 en Seul y en La Haya el 2014.

Entre los gobernantes que concurrieron a la reunión de la Casa Blanca estuvieron los de Canadá, China, Inglaterra, Francia, Alemania, Japón, Italia, Corea del Sur, India y otros Estados. Cuatro latinoamericanos fueron invitados a la reunión: México, Brasil, Argentina y Chile.

Hubo allí preocupación por las pruebas nucleares y el lanzamiento de misiles de Corea del Norte, que en esos precisos días disparó otro misil de corto alcance que cayó en el mar.

En el marco de una conversaciónión bilateral, Obama discutió este tema con el líder chino Xi Jinping, aliado del gobierno norcoreano. «El presidente Xi y yo —comentó Obama después de la reunión— estamos comprometidos en la desnuclearización de la península coreana y el cumplimiento completo de las sanciones impuestas por la ONU». El gobernante chino, por su lado, manifestó la voluntad de «ampliar la comunicación y la coordinación» con Estados Unidos.

Ambas partes estuvieron hondamente preocupadas de que el terrorismo islamista pudiera obtener material nuclear para detonar una «bomba sucia» en cualquier ciudad de Occidente, con gravísimos efectos bélicos en escala mundial.

Hubo allí un intercambio de información secreta.

Obama comentó después de la reunión: «Si los lunáticos de ISIS se hacen con la bomba atómica matarán a mucha gente». Y agregó: «hemos reducido ese riesgo, pero la amenaza del terrorismo nuclear persiste y continuará».

Ben Rhodes, consejero de Seguridad Nacional del presidente de Estados Unidos, manifestó: «Sabemos que las organizaciones terroristas buscan acceso a esos materiales y tener un artefacto nuclear».

En realidad, estuvo presente el temor a que el gobierno de Pyongyang o un grupo terrorista clandestino robara un arma nuclear de alguna instalación militar, o comprara material fisionable para fabricar un artefacto nuclear, o adquiriera los elementos radiactivos para construir una «bomba sucia» o atracara instalaciones nucleares occidentales.

5. Irak. Después de la ocupación militar de Afganistán, las tropas norteamericanas y británicas invadieron y ocuparon Irak en la madrugada del 21 de marzo del 2003 e inmediatamente depusieron al dictador Saddam Hussein bajo la acusación de complicidad con los terroristas de al Qaeda y de fabricación de armas químicas.

Esta línea de acción militar se tomó pese a la desaprobación expresada por el canciller alemán Gerhard Schröder y por el presidente de Francia Jacques Chirac. En respuesta a tales cuestionamientos, el Secretario de la Defensa norteamericano Donald Rumsfeld dijo coléricamente que Alemania y Francia, complacientes con Saddam Hussein, representaban una “Europa vieja, en decadencia”. Lo cual indignó a los gobernantes, prensa y opinión pública de los dos Estados. Este incidente produjo una brecha en la alianza atlántica. Fue la crisis más grave que ella haya sufrido en la postguerra fría. China y Rusia se opusieron también a la operación, mientras que Australia y España apoyaron la posición de Estados Unidos e Inglaterra.

En medio de la acción guerrillera urbana en gran escala, de los diarios atentados dinamiteros que causaron 600 mil muertos en los primeros cuatro años del conflicto y de terribles dificultades, el gobierno norteamericano instrumentó un plan de democratización de Irak. El 28 de junio del 2004, en una corta ceremonia realizada en Bagdad, su administrador civil Paul Bremer traspasó todos los poderes fácticos sobre Irak al gobierno transitorio de Bagdad, representado por el nuevo primer ministro Iyad Alaui. Le entregó también la custodia del prisionero Saddam Hussein para que fuera juzgado por los tribunales iraquíes. Poco tiempo después —el 30 de enero del 2005— se realizaron elecciones para integrar la Asamblea Nacional de 275 miembros, encargada de nombrar el nuevo gobierno y de redactar una Constitución. En los comicios —que fueron los primeros en medio siglo— triunfaron los chiitas sobre los sunitas. La Asamblea Nacional designó presidente de Irak el 6 de abril del 2005 a Jalal Talabani, jefe de la Unión Patriótica del Kurdistán, quien fue el primer jefe de Estado kurdo —y no árabe— de Irak.

El 15 de octubre de ese año los iraquíes aprobaron en referéndum por el 79% de los votos el nuevo texto constitucional, venciendo la tenaz oposición de los sunitas.

Nuevas elecciones legislativas se realizaron el 15 de diciembre del mismo año, en las que triufaron los chiitas.

Saddam Hussein, que gobernó Irak con mano de hierro por un cuarto de siglo y que cometió toda clase de atrocidades contra las poblaciones kurda y chiita, fue enjuiciado penalmente por un tribunal de justicia iraquí y condenado a morir en la horca, como delincuente común, bajo la acusación —entre otros genocidios y crímenes— del asesinato de 148 chiitas perpetrado por orden suya durante su gobierno. Hussein pertenecía a la secta sunita. La condena se ejecutó en la madrugada del 30 de diciembre del 2006 en un patíbulo levantado en uno de los antiguos centros de tortura de Hussein en Kadhamiya, al norte de Bagdad. Poco tiempo antes de que se le pusiera la soga en el cuello, con un libro del Corán entre sus manos atadas, el reo recitó la profesión de fe de los musulmanes: “No hay otro dios que Alá y Mahoma es su profeta”. El acto fue transmitido por la televisión iraquí.

En el interior de Estados Unidos se debatió con creciente intensidad el tema de Irak. De una abrumadora aprobación, que permitió al presidente Bush romper marcas históricas de popularidad, se pasó a un proceso de creciente cuestionamiento a la desinformación, engaños y equivocaciones del oficialismo en el manejo de la situación iraquí, tortuoso proceso al que la prensa norteamericana denominó <Iraqgate.

A comienzos de diciembre del 2006 —a casi cuatro años de conflicto armado, tres mil soldados norteamericanos muertos y centenares de miles de víctimas civiles iraquíes— el grupo bipartidista formado por el presidente George W. Bush para hacer un estudio global del problema de Irak, presidido por el exsecretario de Estado republicano James Baker y el representante demócrata Lee Hamilton, presentó su informe final —el denominado Informe Baker-Hamilton—, en el que sostenía que la estrategia de la Casa Blanca en el país árabe no era «viable» y que el gobierno norteamericano debía disponer el retiro gradual de sus tropas, de modo que no quedase soldado estadounidense alguno hasta comienzos del 2008, al tiempo que recomendó que los expertos militares norteamericanos debían fortalecer sus esfuerzos de entrenamiento a las fuerzas de seguridad iraquíes para que pudiesen controlar la situación y se acelerase el traspaso de responsabilidades. Sostenía el documento —que contenía 79 recomendaciones y advertencias al presidente Bush— que la situación de Irak era grave, que debía iniciarse una nueva ofensiva diplomática para mejorar la situación y abrirse un diálogo «constructivo» con Iran y Siria —países vecinos de Irak— para estabilizar la región. Advertía que, de lo contrario, Irak se «deslizaría hacia un caos que podría precipitar el derrumbamiento del gobierno iraquí y una catástrofe humanitaria» y el coste de la guerra, para Estados Unidos, «podría incrementarse por encima del billón de dólares».

En cumplimiento de su promesa electoral, el presidente Barack Obama dio por terminadas las operaciones de las tropas estadounidenses en Irak el 31 de agosto del 2010 y ordenó el retiro de 90.000 de sus 144.000 soldados. Los restantes quedaron por un año más para desempeñar labores de apoyo y entrenamiento a las fuerzas de seguridad iraquíes. Pero el teniente general iraquí Babakir Zebari dijo en Bagdad que para las fuerzas armadas de su país sería un tarea extremadamente difícil mantener la seguridad a partir del abandono de los soldados norteamericanos. En su momento culminante hubo 165.000 efectivos estadounidenses desplegados en Irak. El 18 de diciembre del 2011 fueron retirados los últimos 4.000 soldados norteamericanos de suelo iraquí. El doloroso balance para Estados Unidos fueron 4.408 bajas y más de 32.000 heridos durante los ocho años, siete meses y 25 días de la ocupación militar. Y los costos financieros alcanzaron 770.000 millones de dólares.

Pero la invasión de las fuerzas militares anglo-norteamericanas a Irak en marzo del 2003 fue el detonante para que estallara por más de una década el viejo conflicto religioso y político entre las dos sectas islámicas iraquíes: la chiita y la sunita, que iniciaron una crudelísima contienda terrorista —verdadera guerra civil— en medio de la despiadada cadena de atentados dinamiteros kamikazes contra mezquitas, mercados populares, almacenes, medios de transporte masivos y otros lugares de concentración pública, que dejó un saldo de centenares de miles de muertos civiles y muchos más heridos en los primeros cinco años de la confrontación.

Los iraquíes, lejos de enfrentar la ocupación armada anglo-norteamericana y la presencia de decenas de miles de soldados extranjeros en su suelo, se enfrentaron entre sí en sus calles y campos en una sangrienta y feroz guerra religiosa entre chiitas y sunitas, que causó decenas de miles de muertos. Fue una confrontación a muerte entre las dos sectas islámicas librada en las calles de Bagdad, Samara, Sadr, Ghazaliya, Mansur y otras ciudades iraquíes. Las acciones terroristas se dirigieron preferentemente contras las mezquitas y otros lugares de concentración de personas, ya que el propósito era causar el mayor daño posible al enemigo. En cada acto terrorista morían indiscriminadamente mujeres, ancianos y niños. Solamente la demolición del mausoleo chiita de Samara, de mil años de antigüedad, produjo más de trescientos muertos a finales de febrero del 2005.

El origen de esta lucha pierde sus raíces en la vieja división del islamismo en dos grandes corrientes: la chiita y la sunita. La primera reconoce solamente la autoridad religiosa y política de los imanes-califas descendientes de la tribu de los Qurayshíes, a la que perteneció Mahoma, y rechaza, por impostora, toda otra autoridad. La chiita, en cambio, sólo acata la línea de mando de Alí, el primo de Mahoma, a quien éste habría designado como su sucesor. La minoría chiita en el mundo musulmán es, sin embargo, mayoritaria en Irán, Azerbayán, el sur de Líbano e Irak.

Muchísima sangre corrió en las calles de Irak a causa de esa fanática contienda religiosa.

En su camino hacia un gobierno propio, estable e independiente, los iraquíes fueron nuevamente convocados a elecciones el 7 de marzo del 2010 para llenar los 325 escaños parlamentarios. Chiitas, sunitas, kurdos y otros grupos religiosos y étnicos menores acudieron a las urnas masivamente a pesar de las amenazas y de los actos de violencia desatados por las bandas terroristas ligadas a al Qaeda que, en su fracasado intento de impedir los comicios, causaron algunas decenas de víctimas el día de las elecciones. «El que salga de casa para participar, desafiando la ley de Dios y sus advertencias claras, se expone a su ira», advirtió dos días antes de los comicios la rama iraquí de al Qaeda. Fueron desactivadas 47 bombas explosivas en Bagdad en las últimas 24 horas. Doscientos mil guardias de seguridad iraquíes fueron desplegados en la ciudad. A diferencia de lo que ocurrió en las elecciones legislativas del 2005, no participaron en esta ocasión los soldados estadounidenses en las operaciones de seguridad. En las listas electorales hubo 6.218 candidatos, entre ellos 1.801 mujeres. Nuri al-Maliki, jefe de la coalición de gobierno, apoyado principalmente por los chiitas; e Iyad Alaui, el mayor líder de oposición, con el respaldo de los sunitas, se jugaron su destino político en las urnas.

Triunfó muy estrechamente el segundo, al mando del frente laico Iraquiya, con 91 diputados de los 325 frente a 89 del partido de al-Maliki y 70 de la Alianza Nacional Iraquí. Pero los resultados de las elecciones parlamentarias no fueron acatados por el gobierno y, entonces, se abrieron ocho meses de crisis constitucional e inestabilidad política, mientras seguía su curso el sangriento terrorismo religioso entre las sectas islámicas que había costado la vida de centenares de miles de iraquíes. Esta anómala y peligrosa situación jurídica y política cesó el 10 de noviembre de ese año cuando los tres principales grupos beligerantes lograron consensuar una fórmula de solución fundada en el equilibrio del poder y en la equitativa distribución de las principales funciones públicas. La jefatura del Estado fue asignada al líder kurdo Yalal Talabani por cuatro años, la jefatura del gobierno prosiguió en manos del líder chiita Nuri al-Maliki y al partido sunita Iraquiya —vencedor con mayoría relativa en aquellas elecciones parlamentarias— se le entregaron la presidencia de la Asamblea Nacional, el ministerio de asuntos exteriores y, a su líder Iyad Alaui, la jefatura del recientemente creado Consejo Nacional para Políticas Estratégicas.

Este proceso para establecer un gobierno de unidad nacional, capaz de combatir la brutal violencia sectaria que conmocionaba a Irak, culminó el 21 de diciembre del 2010 cuando el parlamento aprobó el gabinete de concentración nacional propuesto por al-Maliki y dio el visto bueno a su programa de gobierno encaminado a liberalizar la economía, desarrollar la producción petrolera y combatir el terrorismo.

Sin embargo, las acciones de los kamikazes, las bombas explosivas y el terrorismo brutal entre las sectas islámicas no se detuvieron.

Dos años después de la salida de los últimos cuatro mil soldados norteamericanos, el gobierno iraquí —por órgano de su primer ministro Nouri al-Maliki— solicitó al presidente Barack Obama el envío de armas y tropas norteamericanas a su país para hacer frente al violento resurgimiento de la red al Qaeda, que cometía toda suerte de crímenes y atentados en territorio iraquí.

A principios del 2014 se volvieron a agudizar los problemas de violencia en Irak. El terrorista sunita iraquí Abu Bakr al-Baghdadi (43 años) inició una crudelísima ofensiva armada contra el gobierno iraquí de Nuri al-Maliki, en su camino para dominar el mundo islámico. Tomó a sangre y fuego Bosul —la segunda ciudad más grande del país— y varios otros poblados y ciudades iraquíes en su avance hacia Bagdad. Y ejecutó sumariamente a centenares de adversarios religiosos y políticos. En su resistencia, las fuerzas armadas iraquíes, después de sufrir varias derrotas, lograron detener a los milicianos sunitas, a cuyo líder la revista norteamericana «Time» calificó como el hombre más peligroso del mundo, el diario francés «Le Monde» lo consideró el sucesor de Bin Laden y los Estados Unidos ofrecieron una recompensa de diez millones de dólares por la información que condujera a su captura.

Las milicias sunitas llegaron hasta la ciudad de Tikrik, situada a 160 kilómetros al norte de Bagdad, y además controlaron la provincia occidental de Al-Anbar en la frontera con Siria.

Siguiendo los consejos de Alá —según dijo—, Abu Bakr al-Baghdadi se autoproclamó el 29 de junio de ese año, en su primera aparición pública en la Gran Mezquita de Mosul, monarca absoluto de Irak y nuevo califa de todos los musulmanes.

El gobierno iraquí clamó por la intervención militar de Occidente para frenar la acometida de las fuerzas sunitas, pero no logró una respuesta satisfactoria.

En esas cicunstancias, el gran ayatolá de la comunidad chiita iraquí Alí al Sistani hizo un llamado a sus miembros para que tomaran las armas y combatieran contra las fuerzas suníes insurgentes a fin de impedir que asaltaran el gobierno.

Desde mayo del 2010 las milicias fundamentalistas comandadas por Abu Bakr al-Baghdadi formaron parte de la red al Qaeda, pero en abril del 2013 el líder rompió su alianza con ella, tras cuestionar la autoridad del egipcio Ayman al-Zawahiri, y enfrentó a sus combatientes en la guerra civil siria de aquellos años.

Después de la retirada de las tropas estadounidenses de Irak, en diciembre de 2011, la milicia fundamentalista Estado Islámico (EI) —de tendencia sunita— comenzó a reagruparse bajo la conducción de al-Baghdadi, quien tomó el nombre de Califa Ibrahim.

Para cumplir sus designios de establecer un califato regido por el Corán que abarcara toda la región —Irak, Siria, Líbano y Jordania, en una primera fase—, por encima de las fronteras estatales, al-Baghdadi exigió la obediencia absoluta del mundo musulmán y fue apoyado militar y económicamente por el gobierno islámico de Irán.

En su delirio de grandeza, al-Baghdadi —ya autoproclamado califa de todos los musulmanes— exigió en nombre de Alá absoluta obediencia del mundo islámico.

Mediante el asalto a bancos, la extorsión a los empresarios privados y la venta en el mercado negro del petróleo de los yacimientos conquistados, al-Baghdadi pudo armar entre 20 mil y 30 mil combatientes procedentes del norte de África y de los países del Golfo Pérsico, con los que a mediados del año 2014 ocupó violenta y brutalmente la zona norte del país.

Los fundamentalistas del Estado Islámico (EI) sembraron el terror en la región. Bajo la acusación de «adoradores del demonio», masacraron a sus pobladores y suscitaron una terrible crisis humanitaria. Decenas de miles de cristianos y yazidíes kurdos tuvieron que huir y emigrar tras las matanzas y crueldades de los yihadistas, que torturaban, decapitaban y enterraban vivos a quienes no se convertían al islam.

Alrededor de 200.000 yazidíes y cristianos se vieron forzados a huir y refugiarse en las montañas de Sinyar, donde morían de hambre, de sed y de calor, bajo temperaturas superiores a los 40 grados centígrados.

En medio de la terrible crisis política y humanitaria, el gobierno de Irak sustituyó al muy cuestionado primer ministro Nuri al Maliki por Haider al Abadi, dirigente del partido islamista chiita Al Dawa, quien conformó, no sin dificultades, un nuevo gobierno para hacer frente a la insurgencia de los sunitas.

El 7 de agosto del 2014 el presidente Barack Obama decidió responder positivamente a los clamores de ayuda del gobierno iraquí y ordenó a las fuerzas aéreas norteamericanas bombardear los cuarteles y posiciones de avanzada de los yihadistas, que habían tomado las ciudades de Mosul, Tikrit, Sinjar, Qaragosh, Sharqat, Kirkuk, Khanaquin, Bukamal, Al Qaim, Rutba, Jalawla y que se acercaban a Bagdad para someterla por la fuerza y asumir el poder total. El gobierno iraquí pedía entonces ayuda internacional ya que sus tropas no tenían la capacidad para detener a los insurgentes islámicos.

En tales circunstancias, Obama tomó la decisión de no enviar tropas terrestres sino bombardear las posiciones insurgentes mediante la aviación regular y los drones, en un movimiento militar que, según afirmó el presidente, era una operación «limitada en su alcance y duración» para evitar la toma de Erbil, capital del Kurdistán iraquí, por los yihadistas alzados en armas.

A partir de ese momento, aviones estadounidenses e iraquíes asumieron también la misión de lanzar desde el aire alimentos, bebidas y elementos de ayuda humanitaria hacia las montañas de Sinyar para tratar de salvar la vida de los refugiados.

En represalia, el periodista norteamericano James Foley, secuestrado en Siria en noviembre del 2012 mientras cumplía sus actividades informativas para el GlobalPost, la Agence France-Presse (AFP) y otras agencias de comunicación sobre las revueltas contra el gobierno de Bashar al-Assad, fue brutalmente decapitado por el grupo fundamentalista Estado Islámico (EI) el martes 20 de agosto del 2014 en algún lugar del desierto iraquí.

El degollamiento fue visto alrededor del mundo en un vídeo grabado por los terroristas y proyectado en internet a través de la red Youtube, en el que se mostró con diáfana claridad cómo un encapuchado vestido de negro cortó el cuello de su víctima con un cuchillo.

El vídeo de cinco minutos de duración tenía tres partes. Primero se insertó un discurso del presidente Barack Obama en el que anunciaba su decisión de bombardear a los milicianos de la banda yihadista Estado Islámico (EI) en el norte de Irak para defender a la población kurda; luego apareció Foley arrodillado sobre la arena junto a su verdugo, con sus manos atadas hacia atrás, y dirigió un mensaje en el que pedía a su familia y amigos que se levantasen contra el gobierno de Estados Unidos en protesta por los bombardeos en Irak; y finalmente se vio y escuchó al verdugo encapuchado, quien blandiendo un cuchillo afirmaba: «cualquier intento tuyo, Obama, de negar a los musulmanes su derecho a vivir en seguridad bajo el califato resultará en el derramamiento de sangre de tu pueblo», después de lo cual degolló a Foley, cuyo cuerpo inerte y la cabeza decapitada, echados sobre la arena, cerraban el vídeo.

El cuadro fue espeluznante.

Foley era un joven pero experimentado corresponsal de prensa, que después de cubrir la guerra en Libia y de haber sido apresado allí durante varias semanas por el régimen de Muammar Gadaffi, viajó a Siria para reportar la crudelísima guerra civil que se desarrollaba en sus campos y ciudades.

Llamó la atención el acento británico del degollador, respecto de quien el gobierno de Londres afirmó que seguramente era uno de los ciudadanos ingleses convertidos al Islam e incorporados a la yihad de Irak y Siria. Por esos años los servicios de inteligencia habían registrado que alrededor de quinientos combatientes de la banda Estado Islámico (EI) eran de origen inglés y que había otros procedentes de Francia, Bélgica, Alemania, Suecia y Finlandia. Esos yihadistas europeos enrolados en las luchas del Oriente Medio pertenecían a la segunda o tercera generación de inmigrantes musulmanes en Europa, fanáticos seguidores del Islam.

El servicio de inteligencia inglés identificó al sanguinario degollador: era un joven ciudadano británico de origen kuwaití llamado Mohammed Emwazi, que en el 2012 viajó a Siria y se incorporó a la banda yihadista Estado Islámico (EI), liderada por Abu Bakr al-Baghdadi.

Resultó impresionante la gallardía y serenidad con que Foley arrostró su decapitación. No hubo una queja, un pedido de clemencia, ni siquiera un gesto. Y fueron muy claras sus reflexiones en torno a todas las vidas que se han llevado los bombardeos ordenados por su presidente. Dirigiéndose a sus padres y a los miembros de su familia, pidió que tomaran su muerte con dignidad y que no aceptaran «ningún tipo de compensación económica» de parte de quienes «pusieron el último clavo en mi ataúd», refiriéndose una vez más al gobierno estadounidense.

Al final del vídeo apareció la imagen de otro periodista norteamericano: Steven Sotloff —quien había sido secuestrado en Siria a mediados del 2013—, junto con la leyenda escrita en árabe: «La vida de Steven Joel Sotloff depende de la próxima movida de Obama».

Sotloff era un periodista de Miami —que había colaborado con la revista «TIME», el «Christian Science Monitor» y otras publicaciones— y que desapareció a mediados del 2013 en la frontera entre Siria y Turquía.

Trece días después se repitió el episodio: el joven periodista estadounidense Steven Sotloff fue degollado por el mismo verdugo y de la misma manera. El vídeo del crimen —denominado segundo llamado para Estados Unidos— fue también exhibido en internet. Y el verdugo enmascarado volvió a amenazar con su acento británico: «He vuelto, Obama. Y he vuelto debido a tu arrogante política externa hacia el Estado Islámico». Al final del acto apareció el anuncio de que la próxima víctima será un rehén británico.

Y la amenaza se cumplió. El sábado 13 de septiembre fue degollado por el cuchillo del mismo verdugo el ciudadano inglés David Haines (44 años) —quien había sido secuestrado en Siria en marzo del 2013 mientras trabajaba en una agencia humanitaria internacional— pocas horas después de que su familia pidiera públicamente clemencia al grupo fundamentalista. El primer ministro británico David Cameron calificó como «un acto inmundo» el degollamiento de su inocente coterráneo. Y, como siempre, al final del vídeo difundido en internet se reveló el nombre de la siguiente víctima: el ciudadano británico Alan Henning.

Pero fue el turista francés Hervé Gourdel (55 años), secuestrado tres días antes en Argelia, el cuarto decapitado por la banda Estado Islámico (EI) en la mañana del 24 de septiembre. Su secuestro y degollamiento corrió a cargo del grupo argelino Yund al Jilafa, aliado de Estado Islámico (EI). En el correspondiente vídeo difundido a través de las redes sociales instantes después de la decapitación se pudo ver a un yihadista con la cabeza de su víctima en sus manos y el cuerpo degollado en el suelo. El presidente de Francia, François Hollande, declaró en Nueva York —donde asistía a las sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas— que su país no cedería ante el chantaje ni la amenaza de los grupos terroristas. Y Francia continuó con los bombardeos de su fuerza aérea, iniciados cinco días antes, contra las bases de Estado Islámico (EI) en territorio iraquí y sirio.

La respuesta fue una amplia alianza antiterrorista impulsada por Estados Unidos y formada por cincuenta Estados de Europa, América, Asia y Oceanía —incluidos varios Estados árabes: Arabia Saudita, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Jordania, Líbano, Irak, Catar, Omán, Bahréin, Kuwait— que emprendió una operación militar de bombardeos para destruir el Estado Islámico (EI), que entrañaba una amenaza global.

Pero las decapitaciones continuaron. El británico Alan Henning (47 años), quien fue secuestrado por los terroristas en diciembre del 2013 cuando laboraba como taxista voluntario de la organización no gubernamental Aid 4 Syria al servicio de los niños sirios, fue la quinta víctima occidental. Su degollamiento se difundió también en YouTube a través de un vídeo el 3 de octubre, en el que se escucharon sus últimas palabras. Y allí se advirtió que el norteamericano Peter Kassig será la siguiente víctima occidental, junto con decenas de kurdos y sirios. Esas decapitaciones se dieron en noviembre del 2014.

A mediados de diciembre de ese año el Estado Islámico (EI) ofreció en venta los restos de James Foley y pidió por ellos un millón de dólares.

La milicia terrorista, que tenía en su poder dos rehenes japoneses, formuló un ultimátum al gobierno de Tokio: si no pagaba 200 millones de dólares de rescate en el término de 72 horas, ellos serían degollados. El gobierno japonés se negó a pagar para no contribuir a crear una nueva forma de extorsión. Y el domingo 25 de enero del 2015, en un programa transmitido por Internet, un portavoz de la milicia informó que habían decapitado a Haruna Yukawa, uno de los dos rehenes, «tras expirar el plazo establecido a Japón». El otro rehén —Kenji Goto, periodista japonés— fue ejecutado seis días después.

La rama libia del Estado Islámico (EI) dio a conocer por TV el domingo 15 de febrero de ese año un vídeo que mostraba la decapitación de 21 cristianos coptos egipcios arrodillados en una playa, que habían sido secuestrados en Libia por la organización islamista.

El presidente de Egipto, Abdelfatá al Sisi, manifestó por medio de la televisión estatal que “Egipto se reserva el derecho a responder de la manera adecuada” al asesinato.

En marzo del 2015, a causa del bombardeo de las fuerzas aliadas occidentales sobre la ciudad de Al Baaj, al noroeste de Irak, quedó gravemente herido Al Baghdadi, líder grupo terrorista Estado Islámico (EI), y murió pocos días después. Inmediatamente fue sustituido por

Abu Alaa al Afri —también conocido como Abu Hasan, cuyo verdadero nombre es Abdelrahman Moustafa al Qurdashi—, quien asumió la jefatura suprema del grupo.

Pero Estado Islámico (EI) siguió adelante con sus acciones terroristas. El viernes 13 de noviembre del 2015 a las 10 de la noche —en lo que fue hasta ese momento la acción terrorista más cruel y violenta después de la voladura de las torres gemelas de Nueva York— un comando suyo de cuatro yihadistas penetró en la sala de conciertos Le Bataclan situada en el boulevard Voltaire en París, en donde se habían congregado unas mil quinientas personas para escuchar el concierto de la banda californiana Eagles of Death Metal, y, al grito de “¡Alá es grande!”, abrió fuego con sus metralletas y lanzó bombas explosivas contra el público, dando muerte a 89 espectadores y causando centenares heridos.

Fue una horrible carnicería. Los cadáveres yacían sobre las butacas y en el piso. Los gritos de dolor de los heridos estremecían el ambiente. Cuando los agentes de policía irrumpieron en el edificio, tres de los atacantes activaron sus cinturones explosivos y se suicidaron y el cuarto fue abatido por un elemento policial.

Esa acción formó parte de seis ataques coordinados en diversos lugares de París, que dejaron 129 muertos y 352 heridos. Además de la tragedia en Le Bataclan los yihadistas abatieron a dieciocho personas en el boulevard de Charonne, cinco en el café Bonne Bière de calle Fontaine-au-roi, catorce en la calle Alibert cerca del restaurante Le Carillon y una en el boulevard Voltaire.

Dos de las explosiones resonaron cerca del estadio durante el partido de fútbol que jugaban las selecciones de Francia y Alemania. Causaron cinco muertos. Los espectadores tuvieron que abandonar el estadio por las puertas de emergencia Lo hicieron en orden y con tranquilidad, mientras otra parte de los asistentes invadió la cancha. El presidente Hollande fue rescatado del lugar en un helicóptero.

En un comunicado difundido por internet, el Estado Islámico reivindicó los ataques perpetrados por “ocho hermanos con cinturones explosivos y rifles de asalto contra lugares cuidadosamente escogidos en el corazón de París. Que Francia y aquellos que siguen su rumbo sepan que serán los blancos principales del Estado Islámico”, advirtió la organización terrorista, que contaba en sus filas con miles de extranjeros, incluidos centenares de franceses.

El terror cundió en Francia y Europa. Y conmovió al mundo entero.

El presidente Francois Hollande calificó a los atentados como “actos de guerra”, pero el Estado Islámico (EI) respondió que «Francia seguirá oliendo el olor de la muerte».

Los grupos palestinos Hamas, en el poder en la Franja de Gaza, y la Yihad Islámica condenaron los atentados de París.

Tras esos ataques, Anonymous —la mayor red de hackers del mundo— declaró la guerra cibernética contra el grupo terrorista Estado Islámico. A través de un vídeo difundido en internet, su enmascarado portavoz manifestó: «Esperen ciberataques masivos, se ha declarado la guerra. Estén preparados», ya que los ataques perpetrados en París «no pueden quedar impunes». Y advirtió que los miembros de Anonymous en todo el mundo emprenderán una cacería. «Sepan que los encontraremos —dijo— y que no los dejaremos ir».

Con su guerra electrónica Anonymous se propuso erradicar toda la propaganda del grupo terrorista en la red. «Los franceses son más fuertes que ustedes y saldrán adelante de esta atrocidad, incluso más fortalecidos», reivindicó el enmascarado.

Pero internet servía también a los grupos armados terroristas alrededor del mundo, que estaban en posibilidad no solamente de robar información para cumplir con mayor precisión y eficacia su acciones de violencia sino también de reclutar a través de su red a nuevos simpatizantes y activistas que operaran bajo sus consignas secretas en cualquier lugar de la geografía terrestre.

La propia banda terrorista Estado Islámico (EI) se valió de internet a partir del año 2015 para sumar a sus filas alrededor de 25 mil jóvenes de un centenar de países.

Las investigaciones llevaron a concluir que Bruselas fue el centro focal de la conspiración islámica contra París. En la capital belga nació y cursó sus estudios el joven Abdel-hamid Abaaoud, hijo de inmigrantes marroquíes, autor intelectual de los atentados.

¿Por qué Francia?, se preguntaba la gente. Pues por ser el país que más defiende los valores de la Ilustración del siglo XVIII, especialmente el laicismo, tan odiado por el radicalismo islámico.

La coalición militar internacional liderada por Estados Unidos reforzó sus bombardeos contra los reductos yihadistas en Siria e Irak, mientras que Rusia inició los suyos contra las posiciones del EI en Siria, aunque los observadores occidentales sostenían que las acciones rusas afectaban más a los grupos de oposición al gobierno de Bashar al-Assad.

El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas —después de condenar en los términos más duros los ataques terroristas en Susa, Ankara, el derribo de un avión comercial ruso sobre el Sinaí, los ataques en París y todos los demás atentados terroristas de aquella época— aprobó por unanimidad el 20 de noviembre del 2015 la Resolución 2249, en la que pidió a los gobiernos del mundo «redoblar esfuerzos y coordinar sus iniciativas para prevenir y frenar los actos terroristas» cometidos especialmente por el Estado Islámico, al-Qaeda y otros grupos islamistas y para detener el flujo de combatientes extranjeros hacia el Oriente Medio, puesto que un reporte del Congreso de Estados Unidos reveló a fines de aquel año que unos 4.500 jóvenes de los países occidentales habían abrazado la causa de la yihad islámica a partir del 2011.

Pero la violencia islámica no se detuvo. En lo que fue considerado como el atentado terrorista más grave en Estados Unidos después de la voladura de las torres gemelas de Nueva York el 11 de septiembre del 2001, un joven islámico identificado como Omar Seddique Mateen —de 29 años de edad, hijo de inmigrantes afganos y nacido en Nueva York, con antecedentes de violencia e inestabilidad emocional— entró a las dos horas de la madrugada del domingo 12 de junio del 2016 al club Pulse de Orlando, en la Florida —club de homosexuales—, y disparó allí sus armas —una pistola y un rifle automático AR-15— contra centenares de concurrentes «hispanos» que bailaban en la pista o bebían en el bar. La sanguinaria masacre, que impresionó al mundo, dejó 49 muertos y varias decenas de heridos. La banda yihadista Estado Islámico (EI) se atribuyó públicamente el atentado y calificó a su autor —que murió por la contraofensiva policial— como «uno de los soldados del califato?. Sin embargo, no quedó clara la razón del acto criminal: si fue una intolerancia antigay o la obediencia a una consigna islámica antioccidental.

El Estado Islámico (EI) no detuvo sus jornadas criminales. El 3 de julio del 2016 tres de sus agentes suicidas detonaron los explosivos que llevaban adheridos a sus cuerpos en el aeropuerto internacional de Atatürk en Estambul —que es uno de los mayores y más activos aeropuertos de la región—, dieron muerte a 41 personas e hirieron a 240. El pánico se apoderó de los pasajeros nacionales y extranjeros.

Cinco días después, en lo que fue la peor acción terrorista en Iraq durante ese año, el Estado Islámico (EI) dio muerte a 213 personas e hirió a más de 200 con la explosión de un coche-bomba en el concurrido barrio comercial de Al Karrada en Bagdad. El atentado de los fanáticos suníes fue especialmente dirigido contra los chiitas que hacían sus compras en ese importante sector comercial de la ciudad. Varios inmuebles y numerosos vehículos fueron consumidos por las llamas.

Un nuevo acto de terror volvió a conmover a Francia. La gente festejaba esa noche con gran alegría el 14 de julio —su fecha nacional— en el Paseo de los Ingleses de la ciudad de Niza. Era el año 2016. De pronto, un camión invadió la gran vía peatonal a toda velocidad y a lo largo de veinte cuadras atropelló y destrozó a los grupos congregados en la calle y las aceras. Dejó sobre el pavimento ochenta y cuatro muertos y más de trescientos heridos y lesionados. Su conductor —Mohamed Bouhlel, tunecino nacido en Francia, de 31 años de edad— fue abatido por la policía. La fecha elegida fue muy significativa. Y el acto terrorista fue reivindicado por los yihadistas del Estado Islámico (EI), quienes afirmaron que el autor de la masacre «era un soldado del ISIS».

6. La Corte Penal Internacional. A mediados de abril de 2002, en respuesta a un viejo anhelo de los pueblos civilizados, las Naciones Unidas crearon la Corte Penal Internacional, con sede en La Haya, como instancia judicial permanente para juzgar a personas —no Estados— responsables de genocidios, delitos contra la humanidad, crímenes de guerra y violaciones graves de los derechos humanos en cualquier lugar del mundo. La Corte tiene diez y ocho jueces y un fiscal elegidos para un período de nueve años por la Asamblea de los Estados Partes.

Este fue un proyecto largamente acariciado por los estadistas democráticos y por los organismos defensores de los derechos humanos.

El estatuto de creación del nuevo órgano internacional de justicia fue suscrito en Roma el 17 de julio de 1998 por 139 Estados y entró en vigencia el 1 de julio de 2002. Estados Unidos de América, Israel y Rusia, mirando con recelo la posibilidad de una justicia supranacional que pudiera politizarse, se abstuvieron de ratificar el instrumento de su creación. Veinticuatro días más tarde la CPI recibió la primera querella, formulada por la Autoridad Nacional Palestina (ANP) contra los responsables del bombardeo a la ciudad de Gaza en esos días, que dejó quince muertos y una centena de heridos, como respuesta israelí a los recurrentes atentados terroristas de kamikazes islámicos contra objetivos civiles de Israel.

La creación de la Corte Penal Internacional fue, sin duda, un paso muy importante en el curso de la postguerra fría.

7. La Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN). A partir de la terminación de la guerra fría, se avanzó mucho en el camino del Durante su visita al <Kremlin, el presidente norteamericano Bill Clinton suscribió con el presidente ruso Boris Yeltsin, el 14 de enero de 1994, la “Declaración de Moscú” en virtud de la cual los misiles nucleares de ambos países dejaron de apuntarse mutuamente. En el curso de esa visita el presidente norteamericano tomó asiento en la tribuna del hemiciclo del que fue el Soviet Supremo de la URSS —en cuyo escenario la hoz y el martillo habían sido reemplazados por un gran reloj de pared— y escuchó allí al presidente ruso decir que su país algún día ingresará a la OTAN conjuntamente con los demás países europeo-orientales.

Este fue indudablemente un gran avance en la senda de la paz, no obstantes los riesgos de ”resistencia e indignación que el menosprecio de los intereses y prestigio de Rusia pueda provocar tanto en círculos gubernamentales como en opositores patrióticos, nacionalistas, reformistas y conservadores”, según comentó con admirable valentía en aquella ocasión Mijail Gorbachov.

Los esfuerzos por la reconciliación y el entendimiento continuaron. Durante los días 27 y 28 de septiembre de 1994 se realizó en Washington la tercera cumbre de los jefes de Estado de la Unión norteamericana, Bill Clinton, y de Rusia, Boris Yeltsin, para tratar tres temas principales: la guerra civil de Bosnia, el problema nuclear y la ayuda económica a Rusia. Las dos cumbres anteriores fueron en Canadá el 3 y 4 de abril de 1993 y en Moscú el 14 y 15 de enero de 1994.

En la reunión de los jefes de Estado de las potencias occidentales, celebrada en Bruselas el 10 de enero de 1994, se aprobó el programa denominado Asociación para la Paz propuesto por el presidente Bill Clinton de Estados Unidos como primer paso para la ulterior ampliación de la OTAN y la admisión de los Estados del Oriente europeo. Poco tiempo después se adhirieron a la Asociación para la Paz: Rumania, Lituania, Polonia, Estonia, Hungría, Eslovaquia, Bulgaria, Letonia, Albania, República Checa, Moldavia, Ucrania, Georgia, Eslovenia, Azerbaiyán, Turkmenistán, Kazajstán y Kirguizstán.

Como estaba previsto, siete Estados que fueron comunistas —entre los cuales había tres que formaron parte de la Unión Soviética: Estonia, Letonia y Lituania— formalizaron su integración a la OTAN en una solemne ceremonia realizada el 29 de marzo del 2004 en el Departamento de Estado en Washington, presidida por Colin Powell, jefe de la diplomacia norteamericana, a la que asistieron los siete jefes de Estado comprometidos. No obstante, el gobierno de Moscú dejó constancia de su inconformidad con el ingreso de Rumania, Bulgaria, Eslovaquia, Eslovenia y los tres países bálticos, vecinos de Rusia, a la Alianza Atlántica comandada por Estados Unidos, que a partir de ese momento contaba con veintiséis miembros y se extendía desde mar Báltico hasta el estrecho de Bering.

Este proceso ha sido calificado como el cambio más importante en la historia de la OTAN, que dejó de velar exclusivamente por la seguridad de sus miembros de Occidente para preocuparse también por la estabilidad de Europa del este. Aunque no se lo ha dicho públicamente, es evidente que la nueva estructura euro-atlántica de la OTAN, con la inclusión de los Estados de la antigua órbita soviética, tiene entre sus finalidades principales la de desalentar cualquier tentación expansionista de Rusia sobre los países que integraron el bloque marxista, como la que alentaba por esos años el líder neofascista ruso Vladimir Zhirinovsky como parte de su idea de restablecer las antiguas fronteras geopolíticas de la Unión Soviética.

El 4 de abril del 2009, con la presentación en Washington de las respectivas ratificaciones parlamentarias a los protocolos de adhesión, Croacia y Albania completaron su proceso de ingreso y fueron admitidas como miembros de pleno derecho de la OTAN, que a partir de ese momento quedó integrada por 28 Estados. Esto ocurrió no sin la preocupación de Rusia al ver que sus antiguos enemigos de la guerra fría acercaban a las suyas sus fronteras cada vez más.

La cumbre de la OTAN reunida en Lisboa en noviembre del 2010, con Rusia como invitada, adoptó nuevos planteamientos estratégicos para hacer frente a los desafíos de la defensa y seguridad europeas en el siglo XXI —siglo globalizado y lleno de acechanzas transnacionales, proliferación de armas de destrucción masiva, misiles de largo alcance, presencia de amenazantes actores terroristas estatales y no estatales, narcotráfico, piratería y otras amenazas—, de modo de adaptar la Alianza a las nuevas condiciones geopolíticas y geomilitares del mundo de la postguerra fría. La cumbre de los 28 volvió a ampliar el espacio de accion de la OTAN más allá de los linderos euroatlánticos, puesto que las amenazas habían ampliado también su cobertura, reconfirmó la vigencia del artículo 5 del Tratado de Washington —que considera que un ataque contra un aliado es un ataque contra todos, que debe ser respondido comunitariamente— y reiteró que «mientras existan armas nucleares, la OTAN seguirá siendo una alianza nuclear», aunque no dejó de mencionar su propósito de reducir sus arsenales y forjar un mundo sin armas nucleares.

En esa cumbre, al reiterar el objetivo de un escudo antimisiles para proteger a Europa —a la totalidad del territorio y población europeos—, el presidente estadounidense Barack Obama dijo que Rusia era «un socio, no un adversario» de la OTAN, y el jefe de Estado ruso, Dimitri Medvedev, expresó: «ahora miramos con optimismo al futuro».

Pero la ampliación de la OTAN no ha dejado de producir recelos y resquemores en la dirigencia rusa, que mira en la alianza atlántica un instrumento al servicio de los afanes de dominación mundial de Estados Unidos. El ministro de defensa ruso, Igor Rodionov, afirmó en el seno de la conferencia sobre la integración militar de los Estados postsoviéticos reunida en Moscú a fines de diciembre de 1996, que los planes de los aliados en la OTAN representaban una “fuente de peligro militar” para Rusia y la Comunidad de Estados Independientes (CEI). Amplió su pensamiento en el sentido de que “la actividad de la OTAN, que ha tomado la decisión de principio sobre su ampliación hacia el Este, supone un desafío a la comunidad mundial y una fuente de peligro en potencia capaz de transformarse en una amenaza militar directa”. Concluyó, entonces, que “Rusia debe conservar el potencial y la capacidad combativa de sus fuerzas estratégicas nucleares, como importantísimo medio de contención de los planes agresivos con respecto a la Federación Rusia y la CEI”. Una de las condiciones que exigió Rusia a la OTAN fue que se abstuviera de desplegar armas nucleares en los territorios de los nuevos miembros de la Organización —Polonia, Hungría y la República Checa, que fueron los primeros en formalizar su ingreso— porque, de lo contrario, se vería obligada a “desempolvar” sus planes atómicos “preventivos”.

La ampliación de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) —con la incorporación de Hungría, Polonia y la República Checa— quedó preparada en la cumbre de la alianza atlántica que reunió durante el 9 y 10 de julio de 1997 a los jefes de Estado y de gobierno de los países miembros. En esa reunión se aprobó el ingreso formal de aquellos tres Estados que durante la guerra fría fueron parte del Pacto de Varsovia. Como consecuencia de ella, a mediados de diciembre de 1997 se firmaron ad-referendum en Bruselas los protocolos de admisión de Polonia, Hungría y la República Checa a la OTAN, en lo que fue interpretado como la sepultura definitiva del orden geopolítico que bajo la presión de Stalin surgió de la cumbre de Yalta en 1945. El Secretario General de la organización, Javier Solana, relevó la importancia histórica de este acto al decir que se ha logrado “una OTAN con nuevas misiones, nuevos socios y nuevas estructuras”.

Sin embargo, este proceso global de paz y entendimiento estuvo a punto de resquebrajarse a causa de la intervención armada de la OTAN en Yugoeslavia por la cuestión de Kosovo en marzo, abril y mayo de 1999, en que la aviación combinada de Estados Unidos, Inglaterra, Francia y Alemania bombardeó Belgrado como represalia por la nueva “limpieza étnica” contra la población albano-kosovar emprendida por el gobierno racista de Slobodan Milosevic. Las aldeas de Kosovo fueron atacadas por el ejército serbio con armas de artillería y quemadas las casas de sus habitantes para obligarlos a abandonar la provincia. Los soldados serbios cometieron las más repugnantes violaciones de los derechos humanos. Decenas de miles de kosovares dejaron sus hogares y huyeron hacia territorio albanés en lo que fue “el mayor éxodo en Europa desde la Segunda Guerra Mundial”, según el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados.

En esas circunstancias el presidente ruso Boris Yeltsin levantó su protesta por la acción militar de la OTAN sin autorización del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, envió una escuadra de su fuerza naval a la zona del Adriático e hizo la ominosa advertencia de que si proseguía la agresión podría desencadenarse la tercera guerra mundial. Este lenguaje no se había escuchado desde los tiempos de la guerra fría. También el gobierno chino formuló una indignada protesta contra la alianza atlántica y especialmente contra Estados Unidos porque por un “trágico error” misiles teleguiados norteamericanos alcanzaron el 7 de mayo de 1999, durante las operaciones contra el gobierno serbio, el edificio de su embajada en Belgrado y dejaron un saldo de tres muertos y veinte heridos. Esta errónea operación bélica fue calificada como “acción bárbara” por la cancillería de Pekín y provocó masivas movilizaciones populares contra la embajada norteamericana en la capital china.

Sin duda, tales episodios marcaron el nivel más bajo hasta ese momento en las relaciones Este-Oeste desde la terminación de la guerra fría. La discusión de fondo, más allá de la cuestión yugoeslava, era si la alianza atlántica tenía facultad jurídica para disponer acciones armadas fuera de su zona sin la autorización del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Los norteamericanos, ingleses y franceses sostuvieron que sí y favorecieron una mayor autonomía de la OTAN. Los alemanes tuvieron sus reticencias al respecto. Pero los rusos y chinos se colocaron abiertamente en contra de esa posibilidad. El tema formó parte del debate en torno a las competencias de la alianza atlántica y a su facultad de ejercer el derecho de injerencia humanitaria y desplegar acciones armadas en defensa de poblaciones inocentes.

La reconciliación entre Washington y Moscú se produjo en el curso de la cumbre del G-7 celebrada en la ciudad alemana de Colonia el 20 de junio de 1999, en la cual hubo una reunión bilateral entre Bill Clinton y Boris Yeltsin, de la que surgió la voluntad común de tomar “medidas vigorosas” para apoyar la estabilidad, la democracia y el desarrollo de los países balcánicos. Tres años después los nuevos gobernantes norteamericano y ruso —George W. Bush y Vladimir Putin— formalizaron la incorporación de Rusia a la OTAN en la cumbre de Roma celebrada el 28 de mayo del 2002, en que firmaron el tratado que creó el Consejo OTAN-Rusia.

Pero indudablemente que la solución dada por Estados Unidos y la Unión Europea a la independencia de Kosovo fue para Rusia un precedente aplicable a situaciones similares. Bajo tal circunstancia, el cruento ataque de las tropas georgianas a la separatista Osetia del Sur y la destrucción parcial de Tskhinvali tuvieron la previsible respuesta de una Rusia desesperada por recuperar su perdida condición de potencia internacional y, en esa línea, reiterar su oposición a la extensión de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) por su flanco sur, dar un aviso preventivo a los gobernantes caucásicos amistosos con Washington y aplicar a las provincias georgianas independentistas la misma norma que Occidente aplicó a Kosovo.

No fue indiferente el envío, un mes antes del conflicto, de mil doscientos marines norteamericanos a la base militar georgiana de Vaziani, en el lindero de Osetia del Sur, para adiestrar a las tropas georgianas en acciones de combate. Esta fue una grave equivocación de la política exterior de Bush porque irritó la ya irritada relación georgiano-rusa. La situación era muy compleja, porque de un lado Rusia estimulaba la secesión de las dos provincias separatistas de Georgia —e, incluso, despertaba sospechas de pretender anexarlas a su territorio— y, de otro, el gobierno de Washington tenía en ese momento marines en el territorio de un país que era una avanzada geopolítica de Estados Unidos y la OTAN en las fronteras de Rusia.

El choque armado de los Balcanes causó 1.771 muertos y más de cien mil desplazados. Los aviones rusos redujeron a escombros la ciudad georgiana de Gori, situada en el cruce de importantes carreteras, y bombardearon varios puntos estratégicos de Georgia, entre ellos la fábrica de los aviones de combate SU-25 en las afueras de Tiflis, la capital georgiana. Los soldados rusos asumieron el control de las carreteras de Gori y la infantería de marina se posesionó del puerto de Poti, en la costa del Mar Negro.

El conflicto armado se detuvo días después mediante un acuerdo de cese del fuego y repliegue de las tropas rusas de ocupación patrocinado por la Unión Europea. Pero eso no fue fácil. Hubo presiones de la organización europea y Estados Unidos para que Rusia retirara sus tropas. Rusia alegó después que su compromiso no era «retirarlas» sino «replegarlas». Lo cual alargó el proceso de pacificación. Pero Rusia no dejó de exigir, en esa oportunidad, el compromiso de Georgia de no usar la fuerza contra Osetia del Sur y Abjasia para detener su emancipación política.

8. Rusia y China. Como respuesta a la política occidental de ampliación de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), Rusia realizó un movimiento de aproximación a China —su otrora gran enemiga en la disputa por el liderazgo del movimiento comunista mundial— y concluyó con ella una alianza militar y comercial llamada a tener importantes consecuencias en el equilibrio internacional del futuro. Se tratataba de un acuerdo de cooperación estratégica, integración económica y colaboración en el área espacial, energética y de aviación civil entre los dos países, suscrito en el Kremlin en diciembre de 1996 entre el presidente de Rusia Boris Yeltsin y el primer ministro chino Li Peng, que al decir de Viktor Chernomyrdin, premier de Rusia, será la base “de una nueva asociación para el próximo siglo y el próximo milenio”.

Lo cual no obstó para que el 27 de mayo de 1997 la OTAN y Rusia suscribieran en París un acuerdo histórico sobre las nuevas relaciones entre la alianza atlántica y el gobierno de Moscú, destinado a permitir la participación de éste en algunas de las decisiones de los aliados, aunque sin derecho de veto, y a mitigar los efectos de la ampliación de la OTAN hacia el este. En esa reunión Boris Yeltsin anunció inesperadamente su voluntad de desmontar las armas nucleares rusas dirigidas contra los países de Occidente, noticia que fue recibida con júbilo por los miembros de la Organización. El presidente Bill Clinton, por su parte, afirmó que “hay una nueva OTAN, que trabajará con Rusia, no contra ella”. Sin embargo, el anuncio de Yeltsin fue muy mal recibido en su país por el general Alexander Lebed, aspirante a sustituirlo en las próximas elecciones, quien calificó a la decisión como una “capitulación” ante Occidente, que en caso de llegar al poder se negará a reconocer.

Poco tiempo después —del 9 al 11 de noviembre de 1997— se volvieron a reunir en Pekín los presidentes de Rusia y de China, Boris Yeltsin y Jiang Zemín, y llegaron a un acuerdo para la demarcación definitiva de los 4.300 kilómetros de frontera común que han sido motivo de incidentes armados y fricciones entre los dos países desde la época de los zares. En 1969, cuando la Unión Soviética y China se disputaban el liderazgo del bloque de países marxistas, se produjo un enfrentamiento armado entre las fuerzas fronterizas de los dos Estados. Este acuerdo fue, por tanto, un gran paso en el camino de la paz. “La demarcación de la frontera ruso-china en su sector oriental —dijo la declaración conjunta firmada por los dos gobernantes al finalizar la cumbre— es trazada con precisión por primera vez en la historia de las relaciones entre los dos países”.

Al mismo tiempo acordaron impulsar la cooperación técnica y el comercio bilateral —puesto que para Rusia la conquista del mercado chino era una de sus máximas prioridades—, abrir las posibilidades de inversión de los grandes consorcios rusos —especialmente en centrales hidroeléctricas y plantas nucleares—, explorar y explotar conjuntamente los yacimientos de gas natural de Kovytinski en la región de Irbutsk —cuyas reservas, según estimaciones técnicas, superan los 2,3 trillones de metros cúbicos— y construir un gasoducto de 3.000 kilómetros de longitud desde los campos siberianos hasta la provincia de Shangdong, en el territorio nororiental chino, para transportar gas hacia China, Japón y Corea del Sur.

9. Operación cuadrangular. Pekín completó su operación cuadrangular —China, Estados Unidos, Rusia y Japón— con la visita oficial de su primer ministro Li Peng a Tokio el 12 de noviembre de 1997 para consolidar un acuerdo estratégico con el gobierno de Ryutaro Hashimoto, en el marco de la seguridad regional, y establecer relaciones de amistad y buena vecindad de cara al siglo XXI. Las dos economías nacionales más grandes de Asia acordaron restaurar el debilitado sistema financiero de la región y suscribieron un acuerdo sobre pesca en la conflictiva área de las islas Senkaku (llamadas Diaoyu, en chino), en que se superponen las >zonas económicas exclusivas de los dos países. Por supuesto que esta visita se propuso también aislar a Taiwán.

El nuevo presidente de China, Hu Jintao, ratificando las gestiones de su antecesor, hizo una visita de Estado a Rusia a finales de junio del 2005 para impulsar las «relaciones estratégicas» entre Moscú y Pekín y colocar los nexos bilaterales «en una nueva fase de desarrollo». Pero, dentro de su amplia y dúctil política internacional, no descuidó el otro flanco: fue colmado de honores y distinciones en la Casa Blanca durante su visita a Washington el 20 de abril del 2006, cuando se juntó con el presidente Bush para hablar de los avances nucleares de Corea del Norte y de Irán y de asuntos comerciales, dado que al gobierno norteamericano le preocupaba en ese momento que la mano de obra barata de China y su moneda subvaluada —el yuan— afectaban gravemente los intereses comerciales de Estados Unidos en el mercado internacional y en las relaciones bilaterales. De hecho, el déficit comercial norteamericano con China fue de 202 billones de dólares —billones norteamericanos— en el año 2005. No faltó en la agenda, por supuesto, el tema de Taiwán. No obstante, resultó muy elocuente el hecho de que Jintao, al entrar a Estados Unidos por la costa oeste, se detuviera en la ciudad de Seattle para visitar la empresa Boeing, fabricante de aviones, una de las grandes compañías transnacionales norteamericanas —con la que poco tiempo antes había contratado la adquisición de ochenta aviones modelo 737—, y que se hubiera reunido, en las oficinas centrales de la Microsoft en Redmond, con el magnate de la informática Bill Gates. Esto puso en evidencia que su prioridad era establecer acuerdos directos con los grandes magnates de la industria y la tecnología estadounidenses.

Durante largo tiempo China fue la principal compradora de armas rusas. Pero en marzo del 2008 se produjo un hecho significativo: surgió un conflicto en el ámbito de la cooperación militar entre los dos países. China, que había recibido de Rusia en 1996 la autorización para ensamblar 200 aviones de caza SU-27SK, inició en el año 2007 la producción de un modelo idéntico con miras a su exportación a terceros países. Rusia entonces advirtió a China en abril del 2008 que su producción del caza J-11B, imitación pirática del SU-27SK ruso, violaba los acuerdos intergubernamentales suscritos entre los dos Estados. Esta reclamación se unió a otras relacionadas con la fabricación china de los fusiles Kalashnikov, lanzaderas de misiles Grad y Smerch, carros de combate, ametralladoras, lanzagranadas y cañones autopropulsados, copiados de los modelos rusos, pero mucho más baratos. El gobierno de Moscú se vio amenazado de perder a sus tradicionales compradores en los mercados de armas del tercer mundo, como Angola, Etiopía, Siria, Irán y otros países. El SU-27SK, producido por la fábrica Sukoi, era un avión de caza muy apreciado en esos mercados. Y entonces ocurrió lo que era presumible que ocurriera: con la exportación de su armamento a China, Rusia creó un competidor en los mercados del tercer mundo, gracias a las tecnologías copiadas de Moscú.

Un acto significativo en las relaciones sino-rusas ocurrió en los días de los Juegos Olímpicos de Pekín, celebrados del 8 al 24 de agosto del 2008. Los dos Estados suscribieron el protocolo por el cual Rusia se comprometió a devolver a China 300 kilómetros cuadrados de un pequeño territorio en disputa con el propósito de poner fin a cuarenta años de conflictos limítrofes entre los dos países a causa de su dilatada frontera común de 4.345 kilómetros. Mediante el protocolo, Rusia se obligó a reintegrar a China dos islas que se convirtieron en territorio soviético en 1929: Tarabarov y Bolshói, en el río Amur, frontera natural entre los dos Estados.

La frontera entre ellos —que fue motivo de guerras desde los tiempos de los zares rusos y los emperadores chinos— alcanzó su momento de mayor tensión a finales de la década de 1960, en plena guerra fría, cuando el ejército soviético atacó al ejército popular chino y puso a los dos países al borde de la guerra.

En el marco del complejo y multilateral juego diplomático de las grandes potencias, en junio del 2005 también se reunieron el primer ministro japonés Ryutaro Hashimoto y el presidente ruso Boris Yeltsin en la ciudad siberiana de Krasnoyarsk para asumir el compromiso de superar las diferencias territoriales de sus dos países antes del año 2000, dado que el Japón y Rusia mantienen desde 1905 una disputa por las islas Kuriles.

Como parte de su recorrido por Asia —que lo llevó al Japón, China, Mongolia y Corea del Sur—, el presidente George W. Bush llegó a la ciudad de Kioto el 15 de noviembre del 2005, en visita oficial, para entrevistarse con el primer ministro japonés Junichiro Koizumi con el propósito de forjar una alianza militar para contrarrestar los afanes de Corea del Norte de desarrollar armas atómicas, reducir y reubicar los 44.590 efectivos militares norteamericanos en suelo japonés, señalar el destino de los 600 soldados que Japón tenía en ese momento en Irak y tratar asuntos comerciales bilaterales.

Sin desmedro de la alianza militar y comercial con Rusia, China hizo también un acercamiento hacia Estados Unidos a través de la visita de su presidente Jiang Zemín a Washington el 29 y 30 de octubre de 1997, donde fue recibido con todos los honores. El tema de mayor preocupación para Zemín fue el de Taiwán, al que considera una provincia rebelde cuyo destino será integrarse a la China continental. En el curso de las conversaciones Bill Clinton aceptó este hecho y se comprometió a no alentar los afanes independentistas de los taiwaneses. Los dos gobernantes acordaron instalar un “teléfono rojo” para resolver directamente las desavenencias que se suscitaran en sus relaciones. Estados Unidos se comprometió a permitir la venta de reactores nucleares a China a condición de que no transfiriera esta tecnología a alguno de los países del Oriente Medio. Clinton demostró estar muy consciente del poder e influencia que ejercerá China sobre el planeta en el siglo XXI.

A finales de febrero del 2002, en el curso de una gira por Asia, el presidente George W. Bush visitó China, donde fue recibido con los máximos honores por Jiang Zemín. Fue el segundo presidente norteamericano en visitar ese país. En 1971 lo hizo Richard Nixon después de reanudar las relaciones diplomáticas rotas desde 1949, cuando Mao Tse-tung tomó el poder. Hubo dos décadas de constante beligerancia ideológica, política, económica y militar entre los dos países. Pero en 1971 el gobierno norteamericano autorizó el viaje de nueve integrantes del equipo nacional ping-pong para competir en China, acontecimiento que posibilitó el deshielo de las relaciones entre los dos Estados y la reanudación de sus vínculos diplomáticos, dentro de lo que se denominó la “diplomacia del ping-pong,” que hizo el milagro de aflojar las tensiones de la guerra fría. Durante la visita de Bush se afrontaron, entre otros, dos temas cruciales en ese momento: la cuestión de Taiwán y la venta de armas chinas a Irak, Irán y Corea del Norte. Puntos acerca de los cuales los gobernantes no lograron un acuerdo. Bush reiteró su posición de asegurar la defensa militar de Taiwán, mientras que Zemín se reservó el derecho de vender armas de manufactura china a los tres países, considerados por el presidente norteamericano como integrantes del “eje del mal”.

Como señal de la importancia que los dos gobiernos daban a sus relaciones bilaterales, tres días después de la reelección del presidente George W. Bush —ocurrida el 2 de noviembre del 2004— se firmó en Pekín el acuerdo para establecer una línea telefónica directa entre el Departamento de Estado norteamericano y el Ministerio de Asuntos Exteriores de China, bajo el modelo del teléfono rojo que comunica a los gobiernos de Estados Unidos y de Rusia.

Sin embargo, analistas estadounidenses vislumbran que en el futuro las relaciones sino-norteamericanas no serán del todo buenas puesto que China entrará a disputar la hegemonía mundial. A mediados de 1999 un informe presentado por el congresista norteamericano Christopher Cox, republicano de California, señaló que China robó o compró los más preciados secretos nucleares norteamericanos, incluidos los relativos a la bomba de neutrones, por medio de científicos chinos infiltrados en los laboratorios del complejo industrial-militar de Estados Unidos. En él se relatan incidentes del espionaje chino que revelan los designios de dominación en el campo de las armas nucleares que abriga la potencia asiática. Qian Xuesen, huyendo de la ocupación japonesa de China en los años 30, fue a parar al Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) y después pasó al Instituto Tecnológico de California, donde se unió a un grupo de investigadores que realizaban trabajos en aerodinámica supersónica y en los revestimientos ligeros de los misiles balísticos. Ayudó a diseñar el primer misil de combustible sólido fabricado en Estados Unidos y después trabajó en el misil balístico Titan, que se convirtió en pieza importantísima de los arsenales nucleares norteamericanos durante la guerra fría. Por razones nunca aclaradas Qian fue despedido del programa de misiles balísticos intercontinentales de Estados Unidos en 1955 y se le permitió volver a China, donde comenzó a desarrollar este tipo de armas estratégicas rodeado de los mayores honores de su gobierno. Según el Informe Cox, resulta incomprensible que esto haya podido ocurrir. Pero además el informe relata que en 1997 el Federal Bureau of Investigation (FBI), después de superar las reiteradas denegaciones de autorización del Departamento de Justicia del gobierno de Washington, pudo investigar el disco duro de la computadora de Wen Ho Lee, otro científico chino con acceso a las áreas restringidas de Los Álamos, y encontró almacenada la más valiosa información acerca de las pruebas nucleares. Lee fue inmediatamente despedido pero no se sabe si esa información llegó a Pekín o no.

En todo caso, China está decidida a controlar su propio destino militar y a dominar el hemisferio oriental. Pero en el logro de estos objetivos inevitablemente chocará contra Washington. Lo cual hace pensar a algunos observadores occidentales que ella, con su vertiginoso desarrollo científico y tecnológico copiado de Occidente, será el “nuevo enemigo” de Estados Unidos en una hipotética guerra fría de futuro.

El 1 de abril del 2001 se produjo un incidente grave entre los dos Estados cuando un avión espía EP-3 norteamericano, que desarrollaba trabajos de espionaje en el espacio aéreo internacional, cerca de la isla china de Hainan, chocó contra un avión interceptor de la República Popular de China. Como resultado del accidente murió el piloto del avión chino. El gobierno de Pekín protestó por la incursión, exigió explicaciones a Washington y detuvo en el aeropuerto de Hainan al avión espía, que había hecho un aterrizaje forzoso, aunque liberó pocos días después a los veinticuatro miembros de su tripulación. Esto creó gran tensión entre los dos Estados. El gobierno de Washington demandó la devolución inmediata del avión. Pekín se negó a hacerlo. Entretanto se supo que, como era de esperarse, los técnicos chinos habían hecho una prolija investigación de los sofisticados equipos electrónicos que portaba el aparato. Fue para ellos una muy importante oportunidad de transferencia tecnológica. El Departamento de Defensa de Estados Unidos informó que la tripulación del avión, en medio de la emergencia, no alcanzó a destruir los equipos, los discos duros de los ordenadores ni la información secreta existente a bordo.

10. China y Taiwán. En medio de este clima de tensión, el presidente George W. Bush emitió el 25 de abril del mismo año en la cadena de televisión ABC —dentro de los primeros cien días de su gobierno— una declaración cuya gravedad no tuvo precedentes en el período de la posguerra fría. Dijo, en abierto desafío a China, que su país “hará lo que sea necesario para defender Taiwán”, sin descartar el arbitrio militar. Pronunciamiento que revistió mayor gravedad que el envío de fuerzas navales al estrecho de Taiwán ordenado por Bill Clinton en 1996 cuando el ejército chino efectuó ejercicios de misiles para amedrentar a la pequeña isla. El gobierno de Pekín replicó que “Taiwán no es protectorado de nadie” y que tal declaración era “un paso más en un camino peligroso”. China no considera a Taiwán un Estado sino una provincia rebelde.

Bush tomó además la decisión poco grata para los chinos de vender armas —aviones, destructores y submarinos— a Taiwán, en lo que fue el mayor equipamiento militar en esas últimas décadas. El gobierno de Pekín, en su protesta, afirmó que este acto causó “daños devastadores” en sus relaciones con Washington, a pesar de que la vinculación comercial entre los dos países era muy intensa y de que la inversión de empresas norteamericanas en China es creciente.

En tales circunstancias, el gobierno chino, por razones de imagen y no técnicas, permitió la devolución del avión espía desarmado el 5 de julio del 2001, cuyas piezas fueron transportadas desde la isla de Hainan hasta la base militar de Georgia en una nave aérea norteamericana de carga. El incidente quedó superado. Pocos días después el presidente George W. Bush telefoneó a su colega Jiang Zemín y habló con él veinte minutos sobre la necesidad de “construir una relación mejor”. Los dos gobernantes estaban pensando en sus respectivos intereses: Bush en el gigantesco mercado chino y Zemín en la conveniencia de que su país ingresara a la Organización Mundial del Comercio (OMC) sin el veto de Estados Unidos (cosa que ocurrió en noviembre del 2001) y probablemente también en la obtención de la sede de los Juegos Olímpicos en el año 2008.

La República Popular de China realizó en agosto del 2001 las mayores maniobras militares de su historia en la isla Fujian, frente a las costas de Taiwán, con el fin de mostrar la capacidad de sus fuerzas armadas para “aplastar en cualquier momento la conspiración de los separatistas taiwaneses”, como dijo por entonces un personero oficial. Las maniobras se cumplieron en la isla china de Penghu y fueron un simulacro de desembarco e invasión a Taiwán. Durante ese proceso de confrontación se desarró una pequeña guerra fría entre China y Taiwán, dentro de la cual la pequeña isla, con su poder de represalia atómica, produjo un efecto disuasivo sobre China.

Sin embargo, seis años más tarde, al inaugurar en Pekín el XVII Congreso del Partido Comunista el 15 de octubre del 2007, Hu Jintao formuló un «llamado solemne» a los líderes de Taiwán para «discutir un fin formal al estado de hostilidad entre las dos partes». Hu asumió una línea de acción mucho más suave que su antecesor Jiang Zemín. Pero la respuesta de Taiwán fue ríspida: «no hablaremos nunca con un régimen que reprime al Tíbet, mata a su propia gente y apoya a la junta militar de Myanmar», expresó Shieh Jhy-wey, portavoz del gobierno taiwanés.

A raíz de los atentados del 11 de septiembre del 2001 contra las torres gemelas de Nueva York y el Pentágono de Washington por comandos terroristas islámicos, la OTAN perfeccionó una alianza estratégica con Rusia para impulsar la lucha contra el terrorismo, el control de armas y el manejo de las crisis resultantes de estos hechos. El acuerdo además se propuso dar a sus fuerzas militares la capacidad de «moverse rápidamente al sitio en que se necesiten» a fin de combatir las nuevas amenazas del terrorismo y de las armas de destrucción masiva. Este acuerdo —que se celebró al día siguiente del convenio entre los gobiernos norteamericano y ruso para recortar sus arsenales nucleares en dos tercios a fines de mayo del 2002— dio a Rusia un escaño en el consejo de la Organización atlántica, junto a sus diecinueve miembros y en condiciones de igualdad. En la reunión celebrada en Praga a mediados de noviembre del 2002, la OTAN ratificó su repaldo a la lucha antiterrorista y apoyó al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en su decisión de imponer la destrucción de las armas químicas, bacterianas y nucleares de Irak, sobre cuyo gobierno existían sospechas de mantener vínculos con la red al Qaeda.

El 11-S dio también lugar a un acercamiento entre Estados Unidos y China, que encontraron en el combate contra el >terrorismo un elemento común de su política internacional. Aprovechando la reunión del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) en Shanghai, el presidente George W. Bush se entrevistó con el presidente Jiang Zemín el 19 de septiembre de ese año para pedir su respaldo en la guerra de represalia contra el gobierno talibán de Afganistán, acusado de proteger en su territorio al terrorista Ossama Bin Laden, autor intelectual de los atentados. La respuesta de Zemín fue de entero apoyo a condición de que los objetivos de las fuerzas armadas norteamericanas sean cuidadosamente seleccionados para no dañar a personas inocentes.

En el marco de la lucha contra el terrorismo internacional que se inició a raíz de estos atentados, el presidente George W. Bush, después del derrocamiento del gobierno afgano talibán y del exterminio de los efectivos de la agrupación al Qaeda en ese país, señaló públicamente a comienzos de febrero del 2002 como gobiernos terroristas a los de Irak, Irán y República Popular Democrática de Corea —Corea del Norte—. Pero tales palabras, en la medida en que pudieron significar una eventual intervención militar norteamericana en alguno de esos países, fueron rechazadas por el presidente ruso Vladimir Putin en términos que recordaron la guerra fría.

Al margen de la OTAN, la Unión Europea (UE), en la cumbre de Helsinki reunida en diciembre de 1999, se anticipó a crear una fuerza militar de acción rápida compuesta por 50.000 efectivos, a partir del año 2003, para hacer frente a situaciones de crisis en las que no intervengan los Estados Unidos, lo cual suponía la formación de un nuevo órgano comunitario: el Comité Político y de Seguridad, y un nuevo órgano de carácter castrense: el Comité Militar, ambos bajo la autoridad del Consejo de Ministros.

Pero al margen de esas tensiones ocurrió un hecho muy significativo el 7 de noviembre del 2015: los presidentes Xi Jinping de China y Ma Ying-jeou de Taiwán celebraron una histórica y amistosa reunión a puerta cerrada en Singapur, que fue la primera entre ambas partes desde la ruptura 66 años antes.
En esa oportunidad el gobernante chino declaró que “el desarrollo de las relaciones entre las dos orillas del estrecho durante los últimos años 66 años demuestra que, sean cuales sean las dificultades que nuestros compatriotas han debido afrontar de ambos lados y sea cual sea la duración de nuestra separación, ninguna fuerza puede separarnos”.
Sin embargo, la reunión no contribuyó ni podía contribuir a cambiar el problema de fondo: China considera a Taiwán como parte de su terrirorio, que debe ser reunificado, mientras que Taiwán se considera un Estado con identidad propia, que debe ser respetado.

11. Arsenales nucleares. A comienzos de mayo del 2001 el nuevo presidente de Estados Unidos, George W. Bush, en un discurso leído en la Universidad Nacional de Defensa de Washington, dependiente del Pentágono, expresó su decisión de establecer un escudo nuclear de protección contra misiles de largo alcance. “La guerra fría ha terminado —dijo— y debemos ir más allá de las limitaciones del tratado ABM”. Se refería al instrumento suscrito entre Estados Unidos y la Unión Soviética en 1972 que prohibía explícitamente la creación de estos sistemas defensivos. Agregó que “el equilibrio nuclear del terror es obsoleto” porque ya no son enemigos de su país Rusia ni China, pero en cambio han surgido gobernantes irresponsables con poder nuclear “como Saddam Hussein y otros tiranos que odian a los Estados Unidos, que odian la libertad y la democracia». En realidad, aunque no los nombró, Bush pensaba también en Muammar Gadafi de Libia, los ayatolás de Irán y Kim Jong-il de Corea del Norte. La iniciativa del presidente norteamericano contemplaba la creación hasta el 2004 de un “paraguas” antinuclear dotado de satélites teleguiados en el espacio, equipados con detectores infrarrojos capaces de ubicar e interceptar a cualquier altura misiles agresores de procedencia extracontinental antes de que alcancen su objetivo. El gobernante ruso Vladimir Putin reaccionó en forma cautelosa y se limitó a expresar su preocupación por la posición norteamericana de considerar obsoleto el tratado ABM firmado en 1972 por la URSS y Estados Unidos, pero el gobierno chino manifestó que “el plan estadounidense de defensa antimisiles ha violado el Tratado de Misiles Antibalísticos, lo que destruirá el equilibrio internacional de fuerzas de seguridad y pudiera provocar una nueva carrera armamentista”. Sin embargo, Bush ofreció a cambio su voluntad de eliminar, dentro de las negociaciones START III, más de la mitad de las 7.013 cabezas nucleares con que cuentan los Estados Unidos, suprimir las misiones nucleares de disuasión de sus bombarderos B-2 y B-52 y reducir la operación de los submarinos Trident para no alterar el equilibrio estratégico entre los anteriores rivales en la guerra fría.

En la cumbre celebrada en Washington entre los dos jefes de Estado del 13 al 16 de noviembre del 2001 hubo un importante acuerdo respecto de la disminución del número de las ojivas nucleares en la siguiente década: Estados Unidos se obligó a disminuirlas de 7.013 a 2.200 y Rusia de 4.858 a 2.000; pero persistió el claro desacuerdo en relación con el proyecto norteamericano de crear un escudo nuclear antimisiles al margen del tratado ABM.

El presidente Barack Obama de Estados Unidos, en su visita a Moscú el 6 de julio del 2009, acordó con el presidente ruso Dimitri Medvedev reducir en un tercio sus respectivos arsenales nucleares, es decir, entre 1.500 y 1.650 ojivas nucleares y entre 500 y 1.100 vectores —misiles intercontinentales, submarinos y bombarderos estratégicos— en el curso de los siguientes siete años. En ese momento, Estados Unidos y Rusia poseían alrededor del noventa por ciento de las bombas atómicas del mundo.

Un paso importante en la senda del desarme se dio con ocasión de la octava conferencia sobre el Tratado de No Proliferación Nuclear, reunida durante el mes de mayo del 2010 en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York. En un acto que no tenía precedentes, el Pentágono anunció la desclasificación de los archivos confidenciales de su arsenal nuclear y dio a conocer que en ese momento tenía 5.113 cabezas nucleares desplegadas y miles más en desuso, que serían desechadas. La decisión la tomó el presidente Barack Obama con la intención de presionar a los otros Estados miembros del club atómico para que abrieran también la información de sus arsenales. Las cifras del Pentágono mostraban que en 1967, en plena guerra fría, los Estados Unidos poseían 31.255 armas atómicas y que, hasta comienzos del año 2010, las habían reducido en el 84%.

Otro paso importante en la baja de las tensiones con Occidente fue la modificación del programa nuclear iraní. Los negociadores occidentales —Estados Unidos, Inglaterra, Francia, Rusia, China y Alemania—, después de la derrota electoral del presidente Mamud Ahmaniyedad y su sustitución por el islámico moderado Hasan Rohan, tras año y medio de negociaciones sobre el problema nuclear, alcanzaron el 2 de abril del 2015 en la ciudad de Lausana, Suiza, un acuerdo preliminar de principios con el nuevo gobierno iraní sobre la cuestión nuclear, que abría la posibilidad de negociar en el futuro un texto definitivo sobre el programa nuclear iraní que contemplara un control escalonado sobre sus actividades atómicas a lo largo de los próximos diez a veinticinco años, para lo cual el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), con sede en Viena, tenía acceso sin previo aviso a las instalaciones atómicas iraníes. Todo esto a cambio de la supresión de las sanciones nucleares impuestas por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y la disminución de las represalias económicas, financieras y energéticas que las potencias de Occidente habían impuesto a Irán. El levantamiento de esas sanciones dependía de los informes que la OIEA presentara acerca del cumplimiento de los compromisos asumidos por Irán. Bien entendido que si el Estado islámico las incumpliera, las sanciones volverían a entrar en vigor automáticamente.

El objetivo de tales negociaciones fue evitar que Irán fabricara armas atómicas, amenazara a sus vecinos —especialmente a Israel, del que el anterior presidente iraní anunció que sería «borrado del mapa»— y desestabilizara la región.

Irán no dejó de enriquecer uranio pero lo hizo con fines pacíficos, disminuyó el número de sus centrifugadoras, se sometió a la intensa vigilancia internacional y orientó su programa nuclear hacia fines pacíficos.

El presidente Barack Obama de Estados Unidos aseguró que el eventual acuerdo bloqueará el acceso de Irán hacia la fabricación de armas nucleares. Afirmó que el país persa “ha accedido a la mayor cantidad de inspecciones y transparencia jamás negociadas por cualquier programa nuclear» y sostuvo que “este acuerdo no estaba basado en confianza, sino en verificación sin precedentes”.

Sin embargo, en un acto inusual, el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu fue recibido el 3 de marzo del 2015 en el seno del Congreso de Estados Unidos —de mayoría republicana—, a espaldas de la Casa Blanca, para impugnar las negociaciones que se habían realizado en Lausana entre el gobierno de Obama e Irán acerca del programa nuclear iraní.

En su discurso ante los legisladores norteamericanos —con un inglés impecable— Netanyahu afirmó que ese tan complicado acuerdo en torno a la cuestión nuclear pondrá en pie la infraestructura de Irán para fabricar bombas atómicas y dejará a Israel, el Oriente Medio y el mundo bajo la amenaza de una “pesadilla nuclear”. Agregó que si los planes de Obama prosperaran el mundo tendrá que afrontar en los próximos años «un Irán más peligroso, un Oriente Próximo lleno de bombas nucleares y una cuenta atrás hacia una pesadilla nuclear potencial».

El argumento central de Netanyahu fue que, aunque el acuerdo congelase el programa nuclear, a Irán le bastaría un año o menos para reactivarlo en la producción de armas nucleares. «Es por esto que es un acuerdo tan malo —afirmó Netanyahu ante el Congreso— porque no bloquea el camino de Irán hacia la bomba» sino que «allana el camino para que Irán consiga la bomba», lo cual atentará contra los equilibrios del Oriente Medio.

Cerca de cincuenta parlamentarios del Partido Demócrata abandonaron la sesión en señal de protesta por la presencia y palabras del primer ministro israelí, que sin duda tendieron a socavar la autoridad del presidente estadounidense en las negociaciones nucleares con Irán, en las que participaban, en estrecha alianza internacional, Estados Unidos, Inglaterra, Francia, Rusia y China —cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas— más Alemania.

Pero el presidente norteamericano aclaró que acuerdo era sólo un principio de entendimiento. Y, en respuesta a las palabras del primer ministro israelí, dijo que «si Netanyahu busca la forma más efectiva de que Irán no tenga un arma nuclear, esta es la mejor opción».

Y agregó, primero, que Irán no podrá desarrollar una bomba de plutonio porque no podrá generar plutonio del grado suficiente para fabricarla, y, segundo, que el acuerdo bloquea el camino a una bomba con uranio enriquecido.

Argumentó que Irán, por su lado, «accedió a reducir el número de sus centrifugadoras de uranio en dos tercios, de modo que no podrá acumular los materiales necesarios para construir un arma. Si Irán hace trampa, lo sabremos. Si vemos algo sospechoso, lo investigaremos. A cambio de las acciones de Irán, la comunidad internacional ha accedido a aliviar ciertas sanciones”, detalló el presidente norteamericano.

Por su parte, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia saludó el acuerdo preliminar llamado a tener «un impacto positivo en la situación de seguridad global en Medio Oriente».

En el conflicto que se armó entre los jefes de gobierno norteamericano e israelí, Obama manifestó que el primer ministro judío «no ha ofrecido alternativas viables» y Nacvy Pelosi, líder la la minoría demócrata en la Cámara de Representantes, apuntó que el discurso de Netanyahu fue «un insulto a la inteligencia de Estados Unidos».

Obviamente las palabras de Netanyahu produjeron tensiones en las cálidas y amistosas relaciones tradicionales entre los dos países y dividieron a los dos partidos políticos norteamericanos en torno al tema.

Pocos días después —el 17 de marzo de ese año— Netanyahu y su partido Likud volvieron a triunfar sobre el Campo Sionista —una alianza de centro-izquierda formada en torno al Partido Laborista— en las elecciones parlamentarias de Israel y el líder ultraderechista asumió la jefatura del gobierno para un cuarto período de gestión gubernativa.

12. Reunificación de Alemania. Un hito importante de la postguerra fría fue la reunificación de Alemania tras el colapso del comunismo en Europa. La República Democrática Alemana (RDA) —mejor conocida como Alemania oriental— dejó de existir el 3 de octubre de 1990 al fusionarse con la República Federal de Alemania (RFA) —Alemania occidental—, con Berlín como capital, 357.026,55 km2 de territorio divididos en 16 distritos autónomos denominados länder y una población unificada de 83’251.851 habitantes según el censo del 2001.

La reunificación alemana ocurrió casi once meses después de la caída del y cuarenta y un años más tarde de la fundación de la RDA bajo la presión soviética. En 1990, hundido el marxismo como sistema político, económico y social imperante en la República Democrática Alemana, ésta se adhirió al régimen político y económico occidental. Previamente, el 1 de octubre de ese año, como un requisito meramente formal, se suscribió en Nueva York el documento de abrogación de los derechos que todavía tenían las cuatro potencias ganadoras de la Segunda Guerra Mundial —Estados Unidos, Unión Soviética, Inglaterra y Francia— sobre Berlín.

El nombre oficial de la Alemania unificada es Bundesrepublik Deutschland y su forma de Estado es federal. Los dos principales partidos políticos son el Partido Demócrata-Cristiano (CDU) y el Partido Socialdemócrata (SPD), que han alternado en el poder. La función legislativa federal reside en un parlamento bicameral compuesto por el Bundestag, que es la cámara de diputados que representan a la población nacional, y el Bundesrat, cuyos miembros representan a cada uno de los länder de la federación. Todos los parlamentarios son elegidos por sufragio universal para el período de cuatro años. Los dieciséis länder tienen sus propias cámaras legislativas para formular leyes sobre materias que no competen al parlamento federal. Como es propio de la forma federal de organización estatal, la jefatura del Estado pertenece al Presidente Federal —el Bundespräsident— y la jefatura del gobierno al primer ministro, que en Alemania toma el nombre de Canciller —Bundeskanzler—, elegido por el Parlamento. La función judicial central se ejerce por el Bundesgerichtshof, que es el tribunal federal de mayor jerarquía y de alcance nacional, y por los demás tribunales y judicaturas federales inferiores. El control de la constitucionalidad de las leyes y de los actos administrativos compete al Tribunal Constitucional —el Bundesverfassungsgericht—, que tiene el poder de anular cualquier acto legislativo o administrativo contrario a la Constitución.

Cada uno de los länder posee su propio parlamento seccional —el Landtag—, cuyos miembros son elegidos en comicios independientes, y un gobierno autónomo —el Landesregierung— encargado de administrar el respectivo distrito seccional.

En realidad, el proceso de reunificación de las dos Alemanias —que, en rigor, fue de adhesión de Alemania oriental al sistema político, económico y social germano-occidental consagrado por el ordenamiento constitucional de Alemania Federal— no estuvo exento de serias dificultades, porque el profundo desnivel en el desarrollo económico, industrial y productivo, así como en el ingreso per cápita, los salarios, la seguridad social, los grados de bienestar, la calidad de vida entre las dos Alemanias, era notable. Durante la década y media inmediatamente posteriores a la unificación, alrededor del 90% del producto interno bruto alemán fue generado por la parte occidental. La Alemania unificada, especialmente la ciudad de Berlín, tuvieron que afrontar la escasez de vivienda y de puestos de trabajo para la población oriental que acudió masivamente en búsqueda de mejores condiciones de vida. Hubo violencia de grupos de extrema Derecha contra los inmigrantes del este —a los que se llamó despectivamente ossies— y se dieron manifestaciones de protesta y huelgas de quienes se sintieron tratados como ciudadanos de «segunda clase». Subieron los índices de criminalidad. Los alemanes del sector occidental —a quienes los alemanes orientales, no sin enfado, llamaban wessies— creían que la reunificación había significado para ellos un gran sacrificio económico y social. El «muro» siguió vigente en la cabeza de los berlineses y su abatimiento tomará seguramente una generación de alemanes. El paso de la economía socialista, centralmente planificada, a la economía social de mercado de Alemania Federal implicó una durísima reorganización estructural del Estado. La mayor parte de las industrias del este, con tecnología obsoleta y bajísima productividad, quedó fuera de competencia y tuvo que cerrar sus puertas. Sólo muy pocas pudieron ser modernizadas en manos privadas. Lo cual llevó a un gravísmo proceso de desindustrialización y desocupación laboral en la zona oriental, que indujo a los trabajadores cesantes a marchar hacia Occidente para rehacer sus vidas.

13. El conflicto cubano. En la postguerra fría el expresidente Jimmy Carter de Estados Unidos —que gobernó de 1977 a 1981— visitó La Habana acompañado de su esposa Rosalynn y de funcionarios del Centro Carter el 12 de mayo del 2002 y fue recibido con la mayor cordialidad por Fidel Castro. En un espectáculo casi surrealista el líder cubano dio la bienvenida a Carter en el aeropuerto y se izaron las banderas norteamericana y cubana al compás de los himnos nacionales de los dos Estados. En su discurso Castro dijo: “nuestro país los recibirá a usted y a su delegación con la más sincera hospitalidad de que es capaz, le mostrará con modestia su obra humana y social, le facilitará comunicación con nuestro pueblo para que usted le exprese todo lo que desee expresar, estemos o no de acuerdo”. Agregó: “Tendrá acceso libre a cuanto lugar desee ver y en nada nos sentiremos ofendidos por cualquier contacto que desee hacer, incluso con aquellos que no comparten nuestras luchas”. Y dijo que el exgobernante de Estados Unidos merece respeto porque “en medio de plena guerra fría y en las profundidades de un mar de prejuicios (…) fue capaz de intentar una mejoría de las relaciones entre ambos países”. Carter, por su parte, afirmó que “hemos llegado como amigos del pueblo de Cuba” y que deseaba “saludar a cubanos de diversa vertiente de la vida”.

En forma inusual la radio y la televisión cubanas difundieron en cadena nacional los discursos del exgobernante.

Carter era uno de los once presidentes norteamericanos que Fidel Castro vio desfilar por la durante los largos años del gobierno revolucionario y hasta ese momento fue el único que se atrevió a visitar Cuba después de haber cumplido su mandato presidencial.

Fue Carter siempre crítico del <bloqueo comercial impuesto por Estados Unidos a la isla, que empezó en enero de 1962 cuando, por iniciativa norteamericana, la Organización de los Estados Americanos (OEA) expulsó de su seno a Cuba. El 7 de febrero de ese año el gobierno estadounidense impuso el bloqueo total sobre la isla, que fue consolidado en octubre de 1992 cuando el Congreso de Estados Unidos expidió la Cuban Democracy Act —mejor conocida como la ley Torricelli en razón del nombre de su impulsor, el representante de New Jersey Robert Torricelli—, en virtud de la cual, con el propósito de “buscar una transición pacífica a la democracia y un restablecimiento del crecimiento económico de Cuba”, se autorizó al presidente norteamericano para que impusiera sanciones a los países que mantuvieran relaciones comerciales o financieras con la isla o le prestaran algún género de asistencia, bloqueo que se endureció con la ley Helms-Burton aprobada por el Congreso de Estados Unidos en 1996.

Las sanciones podían ser: la exclusión de esos países de la recepción de ayuda norteamericana al amparo de la ley de asistencia extranjera de 1961 y la declaración de “no elegibles” para los programas de reducción de deuda con Estados Unidos.

En 1996 el congreso de Washington expidió la Cuban Liberty and Democratic Solidarity Act —mejor conocida como “ley Helms-Burton” en razón del nombre de sus autores: el senador republicano Jesse Helms y el representante demócrata Dan Burton— que fue aprobada bajo la presión del <lobby de los exiliados cubanos en Miami y que formó parte de los arbitrios de los sucesivos gobiernos norteamericanos para aislar a Cuba.

Durante su permanencia en La Habana, Carter se reunió con Elizardo Sánchez y Oswaldo Payá, dos de los más importantes opositores al gobierno cubano, y con una veintena de disidentes. Precisamente 48 horas antes de la visita del expresidente norteamericano, Payá —coordinador del llamado Proyecto Varela— había entregado a la Asamblea Nacional, en un acto sin precedentes, 11.020 firmas de ciudadanos cubanos que respaldaban de acuerdo con la Constitución la petición de un referéndum para consultar a los cubanos acerca de la libertad de expresión y de reunión, la amnistía para los presos políticos, el derecho a tener negocios propios y la convocación de elecciones generales. Años después —el 22 de julio del 2012— Oswaldo Payá, premio Sarajov de Derechos Humanos del Parlamento Europeo, murió en un accidente de tránsito a ochocientos kilómetros de La Habana, que los miembros de la disidencia cubana calificaron de asesinato político.

Desde la tribuna del aula magna de la Universidad de La Habana y con la presencia del presidente Fidel Castro, en un discurso de veinte minutos transmitido en cadena nacional de radio y televisión, Carter pidió al gobierno norteamericano levantar el bloqueo comercial a la isla, como un primer paso para mejorar las relaciones bilaterales, e instó al gobierno cubano para que otorgara a su pueblo la libertad de expresión y de reunión, permitiera que la comisionada para los derechos humanos de las Naciones Unidas pudiera verificar las condiciones en que se encontraban los “prisioneros de conciencia”, criticó que Cuba hubiera adoptado “un gobierno socialista donde no se permite que su pueblo organice ningún tipo de movimientos de oposición”, respaldó la petición de los disidentes cubanos de convocar un referéndum de consulta popular sobre diversos temas políticos y elogió los logros de la >revolución cubana en los campos de la salud y la educación.

Sin duda, nadie antes se había atrevido a decir estas cosas dentro de Cuba y tampoco las autoridades cubanas se lo habrían permitido.

Pero el presidente George W. Bush, en un discurso pronunciado en Washington tres días después, manifestó que el bloqueo no cesará sino “cuando Cuba tenga un nuevo gobierno que sea plenamente democrático, cuando el Estado de Derecho sea respetado y cuando los derechos humanos de todos los cubanos sean plenamente protegidos».

Sin embargo, años después —el 17 de diciembre del 2014— los gobernantes Barack Obama de Estados Unidos y Raúl Castro de Cuba mantuvieron una cordial conversación teléfónica directa —preparada y coordinada por sus respectivos equipos diplomáticos—, en la que acordaron restablecer las relaciones diplomáticas entre sus Estados y abrir las respectivas embajadas en La Habana y Washington.

El acto sorprendió al mundo. No había ocurrido nada parecido en sesenta años, desde que se frustraron, por la muerte del presidente John F. Kennedy, las negociaciones en torno a una reunión al más alto nivel entre los dos gobiernos.

En su informe televisual al país Obama explicó que “es hora de poner fin a una política hacia Cuba que está obsoleta y que ha fracasado durante décadas”. Dijo que confiaba en que el Congreso Federal levantara el bloqueo económico, financiero y comercial impuesto a Cuba, que había fracasado en toda la línea.

El gobernante cubano, por su parte, manifestó públicamente en esa comparecencia televisiva que siempre estuvo dispuesto a mantener “un diálogo respetuoso con Estados Unidos, sobre los principios de soberanía y Derecho a la autodeterminación de los pueblos”, y agregó que la decisión del presidente Obama “merece el respeto y reconocimiento del pueblo cubano”.

No obstante, personajes ultraderechistas del Partido Republicano y buena parte de los exiliados cubanos en Estados Unidos criticaron acerbamente la decisión de Obama, con eco en los círculos políticos conservadores de América Latina y el Caribe, que se unieron a las críticas contra la iniciativa del gobernante norteamericano.

Dentro de ese proceso de acercamiento diplomático el presidente Obama pidió al Congreso Federal retirar a Cuba de la lista de países promotores del terrorismo que mantiene el Departamento de Estado. Cuarenta y cinco días después, al expirar el plazo que tenía el Congreso para oponerse o bloquear la petición, el presidente norteamericano tomó la decisión de suprimir a la isla antillana de la mencionada lista negra de países comprometidos con el terrorismo internacional —a la que Cuba fue incorporada en el año 1982— y dijo que lo hacía al margen de las significativas divergencias que mantenía con ese país. Lo hizo el 29 de mayo del 2015. El Departamento de Estado declaró que Cuba «no había proporcionado ningún soporte al terrorismo internacional en los últimos seis meses» y que «ha dado garantías de que no apoyará actos de terrorismo en el futuro».

La resolución presidencial entró en vigencia el 4 de junio del mismo año con su publicación en el diario oficial «Federal Register» del gobierno norteamericano.

Se eliminó así uno de los obstáculos para la normalización de las relaciones diplomáticas bilaterales.

En el curso de la VII Cumbre de las Américas celebrada en Panamá el 10 de abril del 2015 se produjo un encuentro y amigable conversación entre Barack Obama y Raúl Castro. Inmediatamente personeros diplomáticos de los dos gobiernos mantuvieron conversaciones reservadas a lo largo de varios meses con el fin de restablecer las relaciones diplomáticas entre sus dos países. Y finalmente, después de recíprocas concesiones, se reabrieron las embajadas en solemnes ceremonias: el 20 de julio de ese año la embajada cubana en Washington y el 14 de agosto la de Estados Unidos en La Habana.
Quedaron reanudadas las relaciones diplomáticas entre los dos países después de 54 años de ruptura.

Los departamentos del Tesoro y de Comercio del gobierno norteamericano eliminaron el 18 de septiembre de ese año algunas de las limitaciones a las transacciones mercantiles con Cuba, abrieron los viajes hacia este país y eliminaron las límitaciones a determinados tipos de remesas de dinero de los cubanos emigrantes a su país.

Fue hasta ese momento la mayor ampliación de operaciones comerciales y financieras desde que se inició el proceso de acercamiento entre los dos países.

No obstante, persistía el bloqueo económico y financiero, que solamente podía ser desmontado por el Congreso Federal a través de medios legales.

El límite de dos mil dólares de remesas por trimestre hacia Cuba fue eliminado, igual que el máximo de dinero en efectivo que podía ser llevado a la isla (3.000 dólares para cubanos y 10.000 para extranjeros).

Se mantenía la prohibición de las remesas hacia Estados Unidos de funcionarios del gobierno cubano o del Partido Comunista de Cuba.

El nuevo paquete de medidas permitió el transporte por barco hacia la isla de viajeros autorizados, quienes podían abrir y mantener cuentas bancarias en Cuba para afrontar sus gastos mientras se encontraban en el país.

Ciudadanos estadounidenses pudieron tener “presencia comercial” en Cuba a través del establecimiento de empresas de capital mixto.

Jacob Lew, Secretario del Tesoro, señaló en aquella oportunidad que “una relación más fuerte y más abierta entre Estados Unidos y Cuba tiene potencial de crear oportunidades económicas para estadounidenses y cubanos”.

Pero a pesar de ese nuevo paquete de medidas, los vuelos regulares hacia Cuba aún sufrían restricciones, los viajes eran objeto de licencias específicas para las personas interesadas y persistían los bloqueos a la exportación de ciertos bienes hacia la isla.

Todo esto fue parte, obviamente, del proceso de aproximación y apertura entre los dos países promovido por sus gobernantes.

En lo que fue la primera vez que un Presidente norteamericano lo hiciera, el 28 de septiembre del 2015 desde la tribuna de la Asamblea General de las Naciones Unidas y ante los representantes de 193 países —el gobernante cubano Raúl Castro incluido—, Barack Obama planteó la conveniencia de terminar con el embargo contra Cuba —bloqueo, en realidad—, pero advirtió que esa decisión dependía del Congreso de Estados Unidos.

La Asamblea General de la ONU, por vigésima cuarta ocasión, votó en contra del bloqueo a Cuba en la sesión del 27 de octubre del 2015 con 191 votos contra 2: el de Estados Unidos y el de Israel. Ronald Godard, embajador norteamericano, explicó su voto con el argumento de que el proyecto de resolución presentado por Cuba, casi idéntico al del año anterior, no reflejaba la situación de acercamiento entre los dos países que en ese momento impulsaban sus gobernantes y que les llevó, incluso, a abrir sus respectivas embajadas en Washington y La Habana para dar fin a 54 años de ruptura de relaciones diplomáticas.

El bloqueo, entre muchos otros perjuicios económicos, obligó a Cuba a hacer sus importaciones desde mercados más lejanos, lo cual le encareció los precios finales de las mercancías. Además, en el caso de algunos medicamentos y otros bienes, su vecino del norte era el único proveedor posible.

Como parte del proceso de acercamiento entre los dos países, el presidente Barack Obama visitó Cuba los días 20, 21 y 22 de marzo del 2016. Fue esa la primera visita presidencial desde enero de 1928, en que el gobernante norteamericano John Calvin Coolidge llegó a la isla caribeña para participar en la VI Conferencia Panamericana.

Obama fue recibido en el aeropuerto de La Habana por el canciller cubano Bruno Rodríguez. Paseó por la parte vieja de la ciudad y disfrutó de un partido de béisbol, deporte cuya afición es compartida por los dos países.

En su discurso pronunciado en el Gran Teatro de La Habana, Obama explicó que su viaje se debía a la necesidad de «dejar atrás los últimos vestigios de la guerra fría» y «extender una mano de amistad al pueblo cubano». Afirmó, con referencia al bloqueo financiero y económico, que era una «carga obsoleta contra el pueblo de Cuba», razón por la cual había solicitado al Congreso Federal su levantamiento. Y, en lo que implicó una crítica contra el régimen castrista, remarcó que «los ciudadanos cubanos deben tener el derecho a expresar lo que piensan».

Raúl Castro, por su parte, en el curso de las palabras de bienvenida al Presidente estadounidense, insistió en la terminación del bloqueo, en los daños y perjuicios que éste causaba a su país y en la devolución de la base naval de Guantánamo «ilegalmente ocupada» por Estados Unidos. Guantánamo era un <enclave de 117,6 kilómetros cuadrados situado en el sureste de la isla, del que se posesionaron los norteamericanos en el año 1903.

Durante su permanencia en la isla Obama se reunió con trece líderes de la disidencia para escuchar su pensamiento.

Días después de la partida del Presidente norteamericano, Fidel Castro rompió su silencio y, en una declaración escrita, expresó: «no necesitamos que el imperio nos regale nada».

En Estados Unidos las opiniones estuvieron divididas. Los sectores políticamente progresistas aprobaron el viaje de Obama para acabar con el bloqueo y la hostilidad contra Cuba, pero los sectores reaccionarios, con el Partido Republicano a la cabeza, condenaron la visita y afirmaron que ella pretendía legitimar el gobierno de los Castro.

En todo caso, fue ese un importante acercamiento político y diplomático entre los dos países.

En otro campo, en lo que fue la tercera visita vaticana a la isla caribeña —antes estuvieron allí Juan Pablo II en 1998 y Benedicto XVI en el 2012— el papa Francisco I visitó Cuba del 19 al 22 de septiembre del 2015. Ofició una misa en la Plaza de la Revolución en La Habana, a la que concurrieron el comandante Raúl Castro y la presidenta argentina Cristina Fernández. Luego visitó a Fidel Castro en su casa para conversar sobre temas ecológicos y el estado de la economía global. Al día siguiente viajó a las ciudades de Holguín —capital de la provincia donde nacieron los hermanos Castro— y Santiago de Cuba, desde donde partió hacia Estados Unidos.
El 12 de febrero del 2016, en la escala de su viaje aéreo a México, el pontífice católico se reunió en el aeropuerto de La Habana con el patriarca Kirill de la Iglesia Ortodoxa Rusa para dar por terminados casi mil años de enemistad institucional, iniciados a raíz del cisma cristiano del año 1054.
Inaugurando los vuelos comerciales regulares entre Estados Unidos y Cuba —suspendidos por más de medio siglo—, a las 10:56 horas de la mañana del 31 de agosto del 2016 aterrizó en el aeropuerto internacional Abel Santamaría de la ciudad de Santa Clara de Cuba el Airbus 320 de la aerolínea JetBlue Airways, que partió del aeropuerto de Fort Lauderdale en La Florida. Entre sus 150 pasajeros estuvo Anthony Foxx, Secretario de Transporte del gobierno estadounidense, quien sostuvo conversaciones en La Habana con los funcionarios cubanos de aviación.
En aquel momento las empresas norteamericanas JetBlue Airways, American Airlines, Frontier Airlines, Silver Airways, Southwest Airlines y Sun Country Airlines habían recibido los permisos de operación en cinco ciudades estadounidenses —Miami, Fort Lauderdale, Chicago, Minneapolis y Filadelfia— para volar hacia nueve destinos cubanos: Santa Clara, Santiago de Cuba, Camagüey, Cayo Largo, Cayo Coco, Cienfuegos, Holguín, Manzanillo y Matanzas.
En el curso de este proceso de acercamiento entre los dos países, el líder de la Revolución Cubana falleció en La Habana el 25 de noviembre del 2016, a los noventa años de edad, tras largos años de enfermedad. Hubo conmoción y lágrimas en la isla. El gobierno decretó nueve días de duelo nacional. Sus restos fueron cremados y sus cenizas, después de recibir un multitudinario homenaje en la Plaza de la Revolución de La Habana con la asistencia de varios jefes de Estado y de recorrer las provincias de la isla con los mayores honores, fueron incrustadas en una roca en el cementerio de Santa Ifigenia en Santiago de Cuba, cerca de la tumba de José Martí.

En el 2016 ocurrió un episodio sorprendente. Fue en el ámbito deportivo. El 7 de octubre de ese año Estados Unidos y Cuba se enfrentaron en un partido amistoso de fútbol —soccer— en el estadio Pedro Marrero de La Habana. Eso no había acontecido en los últimos 69 años, cuando en un evento amistoso entre las dos selecciones en La Habana triunfó el equipo cubano por 5 a 2.
El resultado del último encuentro intensamente disputado entre las selecciones de los dos países fue: Estados Unidos 2 goles, Cuba 0. Pero al margen del marcador y de la tenacidad del juego —y aunque el fútbol no ha sido un deporte de mucha popularidad en la isla—, el encuentro marcó un importante hito en el proceso de acercamiento político entre los dos países.

En lo que significó la apertura de una etapa histórica en Cuba y el paso hacia una nueva generación revolucionaria, el 19 de abril del 2018 Raúl Castro Ruz —con sus 87 años de edad— renunció a la presidencia del gobierno cubano, y entonces la Asamblea Nacional del Poder Popular —que era el órgano parlamentario, integrado por 605 asambleístas— eligió con los votos de 603 de los 604 parlamentarios presentes al Ingeniero electrónico Miguel Díaz-Canel —de 58 años de edad, quien en ese momento ejercía la Primera Vicepresidencia del Consejo de Estado y del Consejo de Ministros— para reemplazarlo en el ejercicio del poder. Sin embargo, Castro se reservó hasta el año 2021 la jefatura del Partido Comunista Cubano. «Cuando yo falte —expresó en el Palacio de las Convenciones de La Habana— Díaz-Canel podrá asumir también como Primer Secretario del Partido Comunista de Cuba».

Este episodio marcó el fin de la era castrista y promovió la división inédita de la cúpula del poder, puesto que el nuevo Presidente, como jefe del gobierno, no asumió la jefatura del Partido Comunista.

14. Corea del Norte y Corea del Sur. Al otro lado del planeta se produjo un hecho impensable: los presidentes de las dos Coreas, Kim il-Sung y Kim Yong-Sam, acordaron juntarse en Pyongyag del 25 al 28 de julio de 1994 para hablar de la paz entre sus países. Era la primera vez en que los dos jefes de Estado iban a reunirse. Pero la cumbre se frustró por la muerte de Kim il Sung. Una reunión entre los jefes de Estado no había ocurrido desde la guerra de Corea. La República Popular Democrática de Corea —Corea del Norte— es el último de los enclaves estalinistas que quedan en el mundo y la pensínsula coreana es uno de los más peligrosos focos de confrontación Este-Oeste. Hubo momentos, en el primer semestre de 1994, en que la guerra entre las dos Coreas era inminente. Se proyectó entonces, para conjurar el peligro, una <cumbre presidencial que debió realizarse del 25 al 28 de julio de 1994. Pero ella no pudo celebrarse por la muerte del gobernante norcoreano días antes de la fecha fijada. El problema no está resuelto ni mucho menos. Kim il-Sung, después de 46 años de ejercer el poder, murió a principios de julio de 1994 y fue reemplazado por su hijo, en una suerte de sucesión hereditaria de la “corona marxista”.

Pero la frustrada cumbre dio lugar a que en diciembre de 1997 se iniciara un ciclo de conversaciones de paz entre las dos Coreas con la reunión en Ginebra de las delegaciones de los dos países, juntamente con representantes de Estados Unidos y de China, para tratar de dar forma a una paz duradera capaz de terminar con el último de los conflictos heredados de la guerra fría. El trabajo no era fácil. El encono de antaño, las dificultades económicas de Corea del Norte, los desniveles en el desarrollo de los dos países obstaculizaban sin duda los consensos de paz.

Además los recurrentes incidentes armados que se han producido en la zona en disputa del mar Amarillo y a lo largo de la línea del armisticio han puesto a los dos países frecuentemente al borde de la guerra y han obstaculizado un proceso de paz. Especialmente graves fueron los incidentes de finales de 1998, en que la escuadra naval de Corea del Sur hundió un submarino espía de Corea del Norte, y de junio de 1999 en que un torpedero norcoreano fue echado a pique por naves de guerra surcoreanas, con un saldo de entre 15 y 30 marinos norcoreanos muertos, que colocaron a los dos países muy cerca de una conflagración total.

Según el gobierno de Seúl, los incidentes se han producido por las penetraciones norcoreanas en la jurisdicción territorial de Corea del Sur. La historia de los incidentes es larga. En enero de 1968 comandos del Norte se infiltraron en Seúl y bombardearon una oficina gubernamental, con treinta personas muertas. En junio de 1969 quince soldados norcoreanos fueron muertos después de haber llegado a la isla Huksan. En agosto de 1974 un agente de Corea comunista intentó asesinar en Seúl al presidente Park Chung-hee de Corea del Sur, incidente en el que perdió la vida su esposa. En junio de 1976 tres agentes norcoreanos murieron al tratar de penetrar en la zona desmilitarizada. En agosto del mismo año tropas comunistas mataron a dos oficiales norteamericanos en Panmunjom. En octubre de 1979 agentes de Corea del Norte trataron de infiltrarse en la zona desmilitarizada. En diciembre de 1980 tres agentes norcoreanos murieron en Namhae. En octubre de 1983 agentes secretos de Corea comunista abrieron fuego contra la comitiva presidencial surcoreana en Myanmar y mataron a 17 oficiales. En septiembre de 1984 un elemento de la policía secreta de Corea del Norte mató a tres ciudadanos surcoreanos y luego se suicidó. En noviembre de 1987 dos agentes del gobierno norcoreano hicieron estallar un avión de Corea del Sur y dieron muerte a sus 115 pasajeros. En mayo de 1992 tres espías norcoreanos murieron cerca de la DMZ. En septiembre de 1996 un submarino norcoreano encalló en la costa oriental de Corea del Sur y fallecieron sus 24 tripulantes. En noviembre de 1998 buques de guerra surcoreanos dispararon contra un barco espía norcoreano que había incursionado en sus aguas territoriales. En diciembre de mismo año se produjo el hundimiento de un submarino de Corea del Norte. En junio 15 de 1999 barcos surcoreanos echaron a pique a una nave de la marina de guerra de Corea del Norte en las aguas en disputa del mar Amarillo. El 28 de junio del 2002 un barco de guerra norcoreano penetró en el territorio marítimo de Corea del Sur y hundió una lancha rápida surcoreana que transportaba a veintisiete marineros, matando a cinco e hiriendo a diecisiete, en el más grave incidente militar de aquellos últimos tres años.

Esta ha sido la historia de la hostilidad y choques militares entre las dos Coreas durante el último medio siglo, no obstante lo cual las conversaciones entre ellas, después de cada período de suspensión, han seguido adelante. Sin embargo las cosas no fueron fáciles. En la península coreana se ha vivido el viejo clima de la guerra fría. Con frecuencia se han puesto condiciones imposibles para el diálogo, como la de que el sistema político del norte cambiara o que las tropas norteamericanas abandonaran el territorio surcoreano. Los jefes de Estado del Grupo de los 7 —el G-7— en su reunión de Colonia a mediados de 1999 conminaron enérgicamente al gobierno de Pyongyang a que abandonara cualquier intento de desarrollar misiles que pudieran poner en peligro a los países de la región. Esta fue una clara referencia al incidente producido en agosto de 1998 cuando el gobierno norcoreano, al probar su misil Taepodong 1 de 1.300 kilómetros de alcance, invadió el espacio aéreo del Japón. A principios de junio de 1999 “The New York Times” informó del desarrollo del Taepodong 2 cuyo alcance era de 6.700 kilómetros, de modo que pudiera llegar a Hawai o Alaska, y la agencia de noticias Jiji del Japón, por su parte, dio a conocer poco tiempo después que el gobierno de Pyongyang ha desarrollado ya el Taepodong 3 capaz de alcanzar blancos sobre los 8.000 kilómetros. En efecto, el 4 de julio del 2006 fueron lanzados en prueba siete misiles, de los cuales el de mayor rango fue el Taepodong 2 que, según el gobierno norcoreano, tiene un alcance de 6.700 kilómetros y puede portar cabezas nucleares. Pero la prueba de este misil falló, pues se precipitó al agua a los cuarenta segundos de haber partido de su rampa de lanzamiento. Aunque el gobierno norteamericano minimizó la importancia de las pruebas norcoreanas dada su atrasada tecnología, no dejaron ellas de alarmar a la comunidad internacional. En prevención, Corea del Sur puso en máxima alerta a sus fuerzas armadas, el Japón suspendió la ayuda financiera y humanitaria a Pyongyang y los Estados Unidos instalaron misiles interceptores en lugares estratégicos, que no llegaron a ser disparados debido al fracaso del intento norcoreano. Rusia, China y la Unión Europea condenaron el lanzamiento y el Consejo de Seguridad de la ONU aprobó por unanimidad la Resolución 1695 que exigía «la suspensión de las actividades ligadas al programa de misiles balísticos» de Corea del Norte.

Con base en onerosas compras de tecnología nuclear en el mercado negro atómico de las redes clandestinas que comercian con ella, Corea del Norte realizó el 9 de octubre del 2006 en la localidad de Hwadaeri la prueba subterránea de un artefacto nuclear, de medio kilotón de potencia, en lo que fue considerado por el gobierno de Kim Jong-iI «un gran salto adelante en la construcción de una nación socialista próspera y poderosa», que reforzaba su «capacidad de disuasión» y contribuía «a mantener la paz y la seguridad en la Península Coreana y en Asia», según explicó en aquella oportunidad la agencia oficial norcoreana de noticias. El primer ministro japonés Shinzo Abe, de visita en ese momento en Seúl, afirmó que el paso dado por Corea del Norte era «absolutamente inaceptable». El Estado Mayor del ejército surcoreano decretó la alerta y reforzó las tropas acantonadas en la frontera. China condenó la prueba y acusó al gobierno de Pyongyang de haber «ignorado la oposición de la comunidad internacional». El Pentágono actualizó los planes de contingencia para destruir mediante misiles-crucero Tomahawk las plantas de procesamiento de plutonio en Yongbyon y otras instalaciones nucleares norcoreanas. La comunidad internacional reafirmó su posición contraria a la proliferación de armas nucleares en el mundo. El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas aprobó por el voto unánime de sus quince miembros una resolución en la que establecía una serie de sanciones comerciales, bloqueos y embargos contra Corea del Norte, resolución que fue considerada una «declaración de guerra» por el gobierno norcoreano.

Por esos días una misión china presidida por Tang Jiaxuan, el funcionario de mayor rango en defensa nacional, visitó Pyongyang y logró que el gobierno norcoreano se comprometiese a no repetir el ensayo nuclear, con lo cual las cosas se apaciguaron aunque no se desvaneció la alarma en la comunidad internacional.

En efecto, un año más tarde, en conformidad con el acuerdo firmado en Pekín el 13 de febrero del 2007 entre Corea del Norte, Corea del Sur, Estados Unidos, China, Japón y Rusia, el gobierno norcoreano paralizó su principal complejo nuclear —el de Yongbyong— pocas horas después de haber recibido del exterior el primer cargamento de petróleo que fue objeto del acuerdo.

Todo esto resulta desconcertante si tomamos en cuenta que la República Popular Democrática de Corea —sobreviviente del naufragio estalinista— sufre desde hace años una monstruosa hambruna por la escasez de alimentos. Lo cual demuestra que allí se vive todavía la atmósfera de la guerra fría y que Kim Jong-il, rodeado del más irracional da prioridad a la fabricación de armas sobre la producción de alimentos. Cosa que explica que en ocasiones hayan surgido en las conversaciones tropiezos de otra naturaleza, como ocurrió en junio de 1999 en que la delegación de Corea del Norte abandonó la ronda de diálogos en Pekín porque su país no recibió de Corea del Sur las 22.000 toneladas de fertilizantes que había puesto como condición para conversar.

En septiembre del 2002 alumbró una luz de esperanza. Las dos Coreas iniciaron de común acuerdo y simultáneamente las obras de restauración de dos líneas de ferrocarril cortadas tras la guerra de los años 50: la de Kyongui, destinada a unir Seúl, Pyongyang y Sinujui y la línea ferroviaria oriental, que conecta la ciudad surcoreana de Jojin con la norcoreana de Onjongkag. Esto permitió a las tropas surcoreanas entrar en la zona desmilitarizada que por medio siglo separó a las dos Coreas, para realizar los trabajos de desactivación de minas.

A comienzos de febrero de 2003, después de que el gobierno de Pyongyang amenazara con “un ataque preventivo” a Estados Unidos, la CIA confirmó que Corea del Norte poseía un misil balístico intercontinental capaz de alcanzar el territorio norteamericano y objetivos estadounidenses en cualquier lugar del planeta. El ministro de defensa del Japón, Shigeru Ishiba, advirtió por su parte que podría desatar una acción militar de carácter preventivo contra Corea del Norte si recibiera pruebas de que pretende hacer uso de misiles balísticos. El Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), preocupado por la reanudación de la actividad nuclear norcoreana, llevó el caso al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.

En esa fecha el gobierno norcoreano reconoció por primera vez que contaba con armas nucleares para «autodefensa», confirmó su retiro «por un período de tiempo indefinido» del Tratado sobre la no proliferación de armas nucleares, al que se había adherido en 1994, y anunció la reiniciación de los ensayos de sus misiles Scud-C. En ese momento el gobierno norteamericano presidido por George W. Bush respondió que iba a tratar de arreglar ese conflicto «por la vía pacífica y diplomática» mientras que la Unión Europea y Rusia condenaron firmemente el anuncio del gobierno coreano.

Esto, naturalmente, causó mucha inquietud en los países del primer mundo porque abría la posibilidad de una proliferación de armas nucleares. En febrero del 2005 el presidente George W. Bush, en el curso de una gira por Bélgica —donde asistió a la cumbre de la OTAN reunida en Bruselas—, Alemania, Bratislava y República Eslovaca, se entrevistó con el presidente ruso Vladimir Putin para tratar el tema del programa nuclear norcoreano. Y los dos gobernantes coincidieron en que Corea del Norte debía desmantelar sus programas atómicos. Después de la reunión Putin afirmó que tenía “posturas cercanas” a las del gobernante estadounidense sobre cuestiones internacionales como Irán, Irak y Corea del Norte.

La preocupación del gobierno de Washington por los programas nucleares de Corea del Norte no era nueva. En prevención ya había desplegado en Corea del Sur aviones espías U-2, RC-135, E-3 y EP-3 para vigilar las instalaciones nucleares de Corea del Norte. Después del anuncio norcoreano envió a sus bases de ultramar en Corea del Sur quince bombarderos F-117A Stealth, invisibles a los radares y aptos para portar armas atómicas. Estos aviones están en capacidad de alcanzar cualquier objetivo de Corea del Norte antes de que sus mandos antiaéreos puedan funcionar, de modo de disuadir cualquier intento del gobierno de Pyongyang de fabricar armas atómicas. El gobierno norcoreano protestó el 28 de mayo del 2005 por esta decisión de Washington y advirtió que este paso es «el preludio de una guerra» en la península coreana.

La CNN publicó en diciembre de 2002 que el presidente Bill Clinton de Estados Unidos, en una reunión celebrada en el puerto holandés de Rotterdam, reveló que a principios de los años 90 del siglo anterior, durante su gobierno, tuvo el proyecto de aniquilar las plantas nucleares de Corea del Norte y evitar que este país produjera armas de destrucción masiva sin un mínimo de responsabilidad para administrarlas. «De hecho preparamos planes de atacar Corea del Norte y destruir sus reactores y les dijimos que los atacaríamos a menos que pusieran fin a su programa nuclear», dijo Clinton. Esas declaraciones fueron formuladas a raíz del anuncio hecho por el gobierno comunista de ese país de que se proponía reanudar las operaciones de sus reactores, desmantelar las cámaras de TV que controlaban el congelamiento de sus programas nucleares y expulsar a los inspectores de las Naciones Unidas.

A raíz de las pruebas de armas atómicas realizadas por Corea del Norte el 9 de octubre del 2006 el Pentágono actualizó esos planes de contingencia para destruir mediante misiles-crucero Tomahawk las plantas de procesamiento de plutonio en Yongbyon y otras instalaciones nucleares norcoreanas.

Sin embargo, las cosas cambiaron dos años después. Presionado por la comunidad internacional, con una situación económica y social interna deplorable, el gobierno de Pyongyang aceptó iniciar un proceso de desarme nuclear y entregó amplia información sobre el tema a China —con inclusión de su programa de enriquecimiento de plutonio— a cambio de que se levantaran las sanciones económicas y se le proporcionara ayuda externa. La respuesta del gobierno norteamericano fue eliminar a Corea del Norte de la lista de países del «eje del mal», suprimir las sanciones comerciales y ofrecerle incentivos económicos que le ayudaran a conjurar su grave situación interna.

Durante los años de la guerra fría y de la postguerra fría la península coreana se dividió en dos Estados enemigos: la República Popular Democrática de Corea —Corea del Norte—, con su capital Pyongyang, y la República de Corea —Corea del Sur— con Seúl como capital. La historia de sus conflictos y tensiones, algunos de los cuales pusieron a los dos Estados al borde de la guerra total, se extendió por más de cinco décadas. La enemistad de las dos Coreas fue, sin duda, uno de los elementos explosivos de la guerra fría. No obstante, en octubre del 2007 los gobernantes de las dos Coreas realizaron una histórica cumbre —la segunda después de la del año 2000— para tratar los temas de la paz, la reconciliación, el desmantelamiento de los arsenales nucleares, la cooperación económica, la asistencia energética y la eventual reunificación de los dos Estados, que sin duda contribuyó a bajar las tensiones de la postguerra fría. En esa ocasión, el presidente sudcoreano Roh Moo-hyun, en su camino hacia la concertada reunión con el gobernante norcoreano Kim Jong-il, cruzó a pies la línea de demarcación militar de 248 kilómetros de largo que separaba a los dos Estados desde el fin de su guerra, en lo que fue la primera ocasión en que un líder coreano traspasaba la frontera entre las dos Coreas.

Y poco tiempo después, en cumplimiento de lo acordado en la cumbre intercoreana de Pyongyang, un tren carguero proveniente de Corea del Sur cruzó en la mañana del martes 11 de diciembre del 2007, por primera vez en 56 años, la frontera entre Corea del Sur y Corea del Norte para iniciar un servicio regular entre ambos países. Este episodio se convirtió en el símbolo de la reconciliación entre las dos Coreas, vinculadas por un armisticio y no por un tratado de paz.

A mediados de diciembre del 2008 el gobierno coreano del Sur anunció que había destinado 1.103 millones de dólares para cooperación económica y humanitaria con Corea del Norte —suma que significaba un incremento del 8,6% con respecto a la ayuda entregada el año anterior—, que incluía la dación de 400 mil toneladas de arroz para que los norcoreanos pudiesen afrontar la hambruna que les afectaba.

Pero todo esto se descompuso abruptamente. El desquiciado Kim Jong-iI volvió con sus patológicas obsesiones bélicas. La tensión entre las dos Coreas resurgió a fines de enero del 2009 con la decisión unilateral de Pyongyang de desconocer los acuerdos militares y políticos firmados con Seúl. El organismo norcoreano encargado de manejar las relaciones con Corea del Sur manifestó que se anulaban unilateralmente «todos los tratados que tenían como objetivo poner fin a la confrontación política y militar», incluidos los puntos referentes a la línea fronteriza en el mar occidental. Por su parte, el presidente surcoreano, Lee Myung-bak —que asumió el poder en febrero del 2008—, respondió que defenderá a su país por cualquier medio.

Esto puso fin a una década de reconciliación.

Simultáneamente, el 5 de abril del 2009, en franco desafío a la comunidad internacional, el gobierno norcoreano hizo un nuevo lanzamiento, no por frustrado menos preocupante, de su cohete de largo alcance Taepodong 2 con capacidad para portar una ojiva nuclear a 6.700 kilómetros de distancia, que produjo la inmediata reacción de Corea del Sur, Japón, Estados Unidos y la Unión Europea —puesto que entrañaba la violación de la Resolución 1718 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas—, en tanto que el gobierno de Teherán defendió el derecho de Corea del Norte y de todos los países de lanzar al espacio sus cohetes. Pero, según informaron las autoridades militares norteamericanas, japonesas y surcoreanas, el cohete no pudo entrar en órbita y se precipitó al mar. Fracasó el lanzamiento debido a las deficiencias tecnológicas de Norcorea.

El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, como respuesta a la acción norcoreana, aprobó por unanimidad el 13 de abril de ese mismo año una declaración condenatoria del lanzamiento del misil y el presidente del organismo internacional manifestó que se reactivaban las sanciones que se habían impuesto a Corea del Norte y cuya ejecución fue suspendida en el 2006 cuando el gobierno de Pyongyang se comprometió a paralizar sus programas nucleares.

Corea del Norte anunció entonces su retiro de las negociaciones de desnuclearización —que se adelantaban con Corea del Sur, Estados Unidos, China, Rusia y Japón— y la reanudación de su programa de armas atómicas. Su gobierno rechazó la decisión de las Naciones Unidas, a la que consideró «un insulto insoportable», y anunció que para «reforzar su fuerza de disuasión nuclear y garantizar su defensa por todos los medios» seguirá adelante con sus planes nucleares.

Kim Jong-il ordenó realizar el 25 de mayo del 2009 una nueva prueba nuclear que, según dijo uno de los portavoces de su gobierno, formaba parte de «las medidas de fortalecimiento de la fuerza atómica para la autodefensa». Fue el segundo ensayo nuclear norcoreano, a los tres años del anterior. Según afirmó el ministerio de defensa de Rusia, ese artefacto nuclear tuvo una potencia de entre 10 y 20 kilotones. Lo cual causó una gran alarma en el mundo internacional. Los Estados Unidos aumentaron su nivel de alerta militar. Hubo una terrible tensión bélica entre las dos Coreas. El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas aprobó la Resolución 1874 que condenaba el ensayo nuclear, endurecía las sanciones contra Norcorea, decretaba el embargo total de sus exportaciones e importaciones de armas y recomendaba a los países miembros no hacer inversiones en ese país ni aportar ayudas financieras o concederle préstamos. La resolución fue tomada por unanimidad, con inclusión de los votos de los cinco miembros permanentes: Estados Unidos, Reino Unido, Francia, China —tradicional aliada de Corea del Norte— y Rusia. El Programa Mundial de Alimentos volvió a afirmar en ese momento que 8,7 millones de norcoreanos —o sea el 40% de la población— pasaban hambre y que necesitarían ayuda alimentaria en los siguientes meses.

Las tensiones alcanzaron el clímax el 26 de marzo del 2010 con el hundimiento en la zona en disputa del mar Amarillo de la corbeta Cheonan de Corea del Sur por un torpedo disparado desde un submarino norcoreano, que mató 46 de sus 104 marineros. Los dos gobiernos se amenazaron con la guerra total. Estados Unidos condenaron enérgicamente el «acto de agresión». El primer ministro japonés, Yukio Hatoyama, dijo que era «imperdonable» la conducta de Corea del Norte. China —socia comercial y aliada de Pyongyang— llamó a la calma.

El presidente surcoreano, Lee Myung-bak, anunció la suspensión de los intercambios comerciales con Corea del Norte y exigió excusas al régimen de Pyongyang. Insistió en que el ataque fue una «provocación militar» norcoreana y exigió a Pyongyang que castigara inmediatamente a los responsables de la agresión «por sorpresa» a su navío. El gobierno de Pyongyang amenazó con abrir fuego contra Corea del Sur si Seúl cumplía con su advertencia de emitir mensajes propagandísticos antinorcoreanos a lo largo de la frontera común y rompió relaciones diplomáticas con Corea del Sur. El gobierno de Seúl denunció el caso al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Barack Obama, Presidente de Estados Unidos, pidió a los jefes militares de su país que estuvieran preparados y que coordinaran acciones con el ejército sudcoreano para disuadir una eventual agresión militar de Corea del Norte. «El apoyo de Estados Unidos a la defensa de Corea del Sur es inequívoco», expresó una declaración pública de la Casa Blanca. La secretaria de Estado norteamericana Hillary Clinton visitó Seúl para reafirmar el respaldo de su país y pidió firmeza a la comunidad internacional frente a las provocaciones y amenazas de Corea del Norte. En ese momento los Estados Unidos mantenían alrededor de 28.500 soldados acantonados en Corea del Sur, que entraron de inmediato en maniobras conjuntas con las fuerzas navales sudcoreanas en el mar Amarillo. Corea del Norte, por su lado, puso en alerta a su ejército de un millón de efectivos. La frontera entre las dos Coreas era una de las más militarizadas del mundo. Los medios de comunicación norcoreanos hablaban de la inminencia de una «guerra santa» contra el sur.

Fue la peor crisis bélica de esa década en la zona.

Pero un nuevo incidente militar en el mar Amarillo volvió a proyectar el fantasma de la guerra nuclear entre las dos Coreas. El 23 de noviembre del 2010 fue atacada con centenares de obuses lanzados por el ejército norcoreano la isla Yeonpyeong, habitada por 1.500 sudcoreanos, ubicada en el mar Amarillo, al sur de la línea fronteriza establecida por la ONU en el armisticio de la guerra de Corea pero al norte de la línea divisoria reivindicada por Pyongyang. El ataque arrojó cuatro muertos surcoreanos, decenas de heridos y destrozos materiales. Las fuerzas militares de Seúl —incluidos los 28.500 soldados norteamericanos desplegados allí desde 1953— se pusieron en alerta inmediatamente. Fueron reforzadas las tropas destacadas en la isla. El presidente Barack Obama definió a Pyongyang como «una amenaza que necesita ser tratada» y aseguró que no permitiría que ocurriese otro ataque contra su aliada en la región. El portaaviones nuclear estadounidense USS George Washington, con 6.000 efectivos y 75 aviones, zarpó desde su Base Sur en Tokio hacia el mar Amarillo.

Pyongyang siguió amenazando con nuevos bombardeos si Corea del Sur realizaba «provocaciones militares insensatas». Pero, ignorando las amenazas, Seúl y Washington realizaron cuatro días de maniobras militares conjuntas a partir del 28 de noviembre del 2010 para disuadir a Pyongyang.

China —la aliada más cercana de Corea del Norte— pidió a todas las partes la «máxima contención» y habló de desmantelar el programa nuclear norcoreano, para lo cual señaló que el mejor camino eran las negociaciones entre las dos Coreas, con participación de Estados Unidos, China, Rusia y Japón.

Nuevas maniobras y operaciones militares con fuego real volvieron a realizar las fuerzas militares del sur en el mismo escenario un mes después a pesar de las reiteradas amenazas norcoreanas de guerra nuclear. Pero todo transcurrió sin problemas. Explicó después el jefe del ejército norcoreano, en retractación de sus amenazas anteriores: «No valía la pena reaccionar a todas y cada una de las provocaciones militares».

A comienzos de enero del 2009 el líder norcoreano Kim Jong-il designó como su sucesor político a su tercer hijo, Kim Jong-un, de 25 años de edad, y comunicó la decisión a la dirección del Partido de los Trabajadores de su país, a los militares y a funcionarios del gobierno. El oficialismo empezó inmediatamente a llamarlo «genio de genios» y a rendirle lealtad y obediencia.

La prevista sucesión del «trono» se produjo el 17 de diciembre del 2011, en que murió el venerado y temido Kim Jong-il. Se cumplió el guion oficialista. Kim Jong-un asumió el poder y se convirtió en la persona más joven y más incompetente de la historia en ponerse al mando de un arsenal nuclear.

La inmadurez, inexperiencia e incapacidad del nuevo jefe omnímodo del gobierno comunista de Corea del Norte —miembro de la tercera generación de la dinastía gobernante— contribuyeron a que la desconfianza y las tensiones en la península coreana volvieran a subir de grado.

Tanto Washington como Pekín consideraron «nada deseable» un conflicto entre las dos Coreas y se pusieron a trabajar para impedirlo. Pekín, a través de su portavoz de relaciones exteriores, expresó que era imperativo relanzar las «conversaciones a seis bandas» para la desnuclearización de la península, que habían permanecido estancadas desde el 2008. La Unión Europea condenó el ataque de Pyongyang y le apremió a abstenerse de realizar actos que pudieran aumentar la tensión. Japón endureció su posición, dado el impacto que las tensiones causaban en su economía, y el primer ministro nipón Naoto Kan ordenó a los miembros del gabinete que estuvieran preparados «para cualquier eventualidad», mientras que el ministro de economía Banri Kaieda habló de reforzar su política de sanciones hacia Corea del Norte. Japón reforzó su alianza estratégica con Estados Unidos y el mantenimiento de los 47.000 soldados norteamericanos acantonados en varias islas japonesas. Por su lado, el ministro de asuntos exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, afirmó que existía un «peligro colosal» de una escalada de enfrentamientos en la península coreana.

En la madrugada del 12 de diciembre del 2012 Corea del Norte lanzó el cohete Unha-3 —versión mejorada del Kwangmyongsong-3— que alcanzó órbita terrestre. Fue la primera vez que tuvo éxito en el lanzamiento, después de varios intentos desde 1998.

El gobierno norcoreano calificó a la operación de «pacífica», cuyo objetivo era «colocar en órbita un satélite de observación», mientras que los gobiernos de Seúl, Washington, Tokio y otros miembros de la comunidad internacional la consideraron una prueba encubierta de misil balístico intercontinental. El portavoz de la Casa Blanca, Tommy Vietor, expresó que se trataba de un «acto altamente provocador». En los mismos términos se pronunció el Secretario General de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon. Rusia «lamentó» el lanzamiento del cohete y su ministro de asuntos exteriores pidió a Corea que no repitiera la acción. El presidente surcoreano Lee Myung-bak convocó una reunión de emergencia del Consejo de Seguridad de su país y China —principal aliado del régimen norcoreano— exigió a Pyongyang el acatamiento de las resoluciones de la ONU. El gobierno japonés expresó que era «intolerable que Corea del Norte hubiera llevado a cabo su lanzamiento». El Ministerio de Defensa surcoreano informó que los instrumentos de la primera fase del cohete cayeron en la isla surcoreana de Baengnyeong, ubicada en el mar Amarillo, y los de la segunda fase en la isla japonesa de Okinawa. El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas condenó el lanzamiento del cohete balístico de largo alcance y se mostró dispuesto a tomar medidas contra Pyongyang en caso de un nuevo lanzamiento.

Pero a pesar de las advertencias de la comunidad internacional, Corea del Norte realizó el 12 de febrero 2013 la tercera y más potente prueba nuclear subterránea de su historia. Pyongyang explicó que, en respuesta a “la hostilidad” de Estados Unidos, había detonado “con éxito” un dispositivo atómico “miniaturizado”. El ensayo produjo la inmediata condena de Seúl, Washington, Londres, Tokio y Moscú. China también expresó su oposición al ensayo pero pidió una respuesta tranquila a todos los países. Washington aseguró que el objetivo de Corea del Norte era diseñar un misil balístico intercontinental capaz de transportar una cabeza nuclear, aunque Pyongyang estaba aún lejos de contar con uno que pudiera alcanzar territorio norteamericano. Ban Ki-moon, Secretario General de las Naciones Unidas, dijo que se trataba de una “clara y grave violación de las resoluciones del Consejo de Seguridad».

Japón —que rompió sus relaciones diplomáticas con Corea del Norte desde el 2006, en que hizo su primer ensayo nuclear— aplicó un embargo comercial completo al régimen de Kim Jong-un, negó visados a los norcoreanos y prohibió las transferencias financieras a su vecino asiático.

El presidente Barack Obama reafirmó el compromiso inquebrantable de Estados Unidos de proteger a Japón, incluso con un “paraguas nuclear”.

Un muy grave incidente se suscitó a comienzos de marzo del 2013 en la península coreana. Como respuesta a las sanciones comerciales, embargos y bloqueos impuestos por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas a Corea del Norte —con el visto bueno de China, la aliada de Pyongyang— por su prueba nuclear realizada el 12 de febrero de ese año —la tercera de su historia—, el gobierno de Pyonyang inició una nueva escalada de violencia y declaró que ha entrado en «estado de guerra» contra Corea del Sur y Estados Unidos.

El dictador norcoreano lanzó un ultimátum contra Seúl y Washington y les amenazó con una ofensiva nuclear sin previo aviso y «sin piedad». «Ha llegado la hora de ajustar las cuentas con los imperialistas de los Estados Unidos», exclamó. Antes había alertado al Consejo de Seguridad de que la península coreana estaba al borde de una «guerra nuclear», había denunciado el acuerdo de armisticio que puso fin a la guerra de Corea (1950-53), había cerrado el punto de intercambio de Panmunjom —en la zona desmilitarizada entre las dos Coreas—, había suspendido la conexión del teléfono rojo entre los ejércitos de ambos lados de la frontera y colocado sus misiles en posición de combate para atacar las bases militares estadounidenses.

Esa fue la enésima bravuconada del inmaduro gobernante norcoreano.

Sus fuerzas armadas estaban en máxima alerta, en espera de que diera la orden de ataque contra los objetivos surcoreanos, las bases norteamericanas y el propio territorio continental de Estados Unidos mediante sus misiles con ojivas nucleares. Entretanto los bombarderos invisibles B-2 y aviones B-52 norteamericanos, con capacidad para transportar bombas atómicas, sobrevolaban Corea del Sur en el marco de las maniobras Foal Eagle dispuestas por el gobierno norteamericano.

El general norcoreano Kang Pyo-yong afirmó públicamente que su país había logrado reducir el tamaño y peso de sus ojivas nucleares para que pudieran lanzarse con largo alcance y convertir a Washington y otros centros neurálgicos norteamericanos en «un mar de fuego». Pero expertos internacionales sostenían que el régimen de Pyongyang no poseía —ni posee— la tecnología suficiente para instalar ojivas nucleares en sus misiles de largo alcance.

Por su parte, el gobierno de Seúl respondió que «Corea del Norte desaparecerá de la faz de la Tierra» si se atreve a atacar. Y, en una conferencia de prensa realizada a bordo del Air Force One durante un vuelo del presidente Barack Obama desde Washington a Miami, el portavoz de la Casa Blanca manifestó que su país estaba dispuesto, preparado y listo para hacer frente a las acciones norcoreanas.

Bajo los gigantescos retratos del abuelo Kim Il-sung y del padre Kim Jong-il, se reunió en la Plaza Kim Il-sung de Pyongyang una masiva concentración de soldados, excombatientes, trabajadores y estudiantes para expresar su apoyo a un ataque nuclear contra Estados Unidos.

Por cierto que aquella no fue la única amenaza incumplida de Corea del Norte. En febrero del 2003 Pyongyang conminó con un “ataque preventivo” a Estados Unidos. Tres años después volvieron las amenazas nucleares. Y en el 2010 los líderes norcoreanos nuevamente hablaron de «guerra total» contra Corea del Sur y sus aliados.

A raíz de la ola de atentados terroristas islámicos que se produjeron a partir de mediados del 2014 en París, Bruselas, Pensilvania y otros lugares se reunió en Washington —del 31 de marzo al 1 de abril del 2016— la IV Cumbre sobre Seguridad Nuclear —Nuclear Security Summit—, a la que concurrieron jefes de Estado, jefes de gobierno y representantes de 52 Estados —con la notoria ausencia de los gobernantes de Rusia, Bielorrusia, Irán y Corea del Norte—, para afrontar su honda preocupación por las pruebas nucleares y el lanzamiento de misiles de Corea del Norte —que en esos precisos días disparó otro misil de corto alcance que cayó en el mar— y la posibilidad del terrorismo nuclear.

Las tres reuniones anteriores para tratar este asunto fueron en Washington el 2010, el 2012 en Seul y en La Haya el 2014.

Entre los gobernantes que concurrieron a la reunión de la Casa Blanca estuvieron los de Canadá, China, Inglaterra, Francia, Alemania, Japón, Italia, Corea del Sur, India y otros Estados. Cuatro latinoamericanos fueron invitados al evento: México, Brasil, Argentina y Chile.

En el marco de la reunión se produjo una conversación bilateral entre el presidente Obama y el gobernante chino Xi Jinping, aliado del gobierno norcoreano. «El presidente Xi y yo —comentó Obama después— estamos comprometidos en la desnuclearización de la península coreana y el cumplimiento completo de las sanciones impuestas por la ONU». El líder chino, por su lado, manifestó la voluntad de «ampliar la comunicación y la coordinación» con Estados Unidos.

Ambas partes estuvieron hondamente preocupadas de que el terrorismo nuclear pudiera obtener material para detonar una «bomba sucia» en cualquier ciudad de Occidente, con gravísimos efectos políticos y bélicos de escala mundial.

Hubo allí un intercambio de información secreta.

En realidad, estuvo presente el temor a que el gobierno de Pyongyang o un grupo terrorista clandestino robara un arma nuclear de alguna instalación militar, o comprara material fisionable para fabricar un artefacto nuclear, o adquiriera los elementos radiactivos para construir una «bomba sucia» o atracara instalaciones nucleares occidentales.

Corea del Norte ha avanzado sistemáticamente —y a un altísimo precio de miseria para su pueblo— hacia la meta de fabricar armas nucleares y ojivas para misiles que pudieran alcanzar el suelo norteamericano. En este camino, desoyendo la oposición y condena del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, realizó su quinto ensayo nuclear el 9 de septiembre del 2016 —con un sismo de 5,3 grados de magnitud—, que despertó una amplia condena alrededor del mundo, con inclusión de su aliado gobierno chino.

15. Israel y Palestina. En el Oriente Medio, como parte del proceso de pacificación mundial de la postguerra fría, comenzó el trabajoso abatimiento de otro muro que, no por intangible, era menos imponente: el muro de odios e incomprensiones entre árabes y judíos.

El 13 de septiembre de 1993, en una ceremonia especial realizada en los jardines de la Casa Blanca —en presencia del primer ministro israelí Isaac Rabin, del jefe de la OLP Yasser Arafat y del presidente de Estados Unidos Bill Clinton— Israel y la Organización para la Liberación de Palestina (OLP), representados por Shimon Peres, ministro de relaciones exteriores israelí, y por Abu Mazen, uno de los líderes de la OLP, firmaron un histórico acuerdo de paz que buscó poner fin a cuarenta y seis años de guerras, terrorismo y hostilidad entre judíos y palestinos. Como consecuencia de este acuerdo, Arafat hizo una visita a la franja de Gaza, de la que es originario, tras un exilio de 27 años y recibió de la población palestina una apoteósica bienvenida. Poco tiempo antes este territorio, junto con la ciudad de Jericó, había recobrado su autonomía después de haber sido ocupados por los israelíes desde la “guerra de los seis días” en 1967.

Este fue el primer paso en el proyecto de formación del Estado palestino y en el establecimiento de la paz en el Oriente Medio. Después vinieron otros. Se formalizó un acuerdo jordano-israelí el 25 de julio de 1994 para asegurar la paz entre los dos pueblos después de 46 años de hostilidad y de guerras. El documento fue firmado en Washington, con el presidente Bill Clinton de Estados Unidos como testigo, por el rey Hussein de Jordania y el primer ministro de Israel Isaac Rabin, quien a comienzos de noviembre del año siguiente fue asesinado por un estudiante israelí vinculado con los grupos religiosos ultraderechistas de su país que se oponían a los acuerdos de paz.

Después se produjo el entendimiento para la autonomía de Cisjordania entre la OLP y el gobierno israelí. En la ceremonia, celebrada el 24 de septiembre de 1995 en Taba —ciudad situada en la costa egipcia del mar Rojo—, fue emocionante ver a través de la pantalla de la televisión el estrechón de manos entre los dos viejos y tenaces enemigos: Shimon Peres, el acerado canciller laborista de Israel, y Yasser Arafat, el indomable guerrillero de la OLP.

Sin embargo, el proceso de paz se vio detenido un año depués por los gravísimos incidentes producidos a fines de septiembre de 1996 entre la policía judía y los manifestantes palestinos en Jerusalén oriental, Gaza y Cisjordania que protestaban por la apertura del túnel de los Hasmoneos ordenada por el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu. El túnel es una reliquia arqueológica de hace más de dos mil años que se extiende a lo largo de 488 metros en la zona palestina de Jerusalén, bajo las mezquitas de Omar y Al Akba, consideradas el tercer lugar santo del islam después de La Meca y Medina. Los choques, que duraron cuatro días y en los que murieron ochenta personas, fueron los más graves desde 1987, en que los palestinos declararon la intifada —rebelión musulmana contra Israel—, con repercusiones en la Liga Árabe y en los movimientos integristas Yihad y Hamás. La situación obligó al presidente Bill Clinton a convocar el 2 de octubre de 1996 a una reunión de emergencia en la Casa Blanca al primer ministro israelí Netanyahu y al jefe palestino Arafat, con resultados muy poco auspiciosos para los fines de la paz.

El 7 de febrero de 1999, después de cuarenta y seis años de ejercicio del poder, murió uno de los grandes impulsores de la paz en el Oriente Medio: el rey Hussein de Jordania. Perteneciente a la dinastía hachemita y descendiente del profeta Mahoma, el rey Hussein gozó de gran respeto internacional y fue un factor muy importante para la estabilización de esa explosiva región. Mantuvo siempre una posición ecléctica entre el fanatismo de los fundamentalistas árabes y las presiones sionistas. Defendió fervientemente la creación de un Estado palestino pero al mismo tiempo hizo la paz con Israel. Todo lo cual le valió numerosos atentados y conjuras de los fundamentalistas islámicos, que los afrontó con admirable serenidad. En la guerra del Golfo Pérsico de 1991 denunció la agresión militar de Saddam Hussein contra Kuwait aunque repudió las represalias internacionales contra Bagdad. Su entierro reunió a cuarenta jefes de Estado y de gobierno —Clinton, Yeltsin, Mubarak, Chirac, Blair, Netanyahu, Mandela, D’Alema, Zerual y muchos otros—, entre quienes estuvieron algunos de sus más enconados enemigos del efervescente mundo árabe.

Con el cambio de guardia en el gobierno israelí a mediados de 1999 y el advenimiento del joven primer ministro laborista Ehud Barak el proceso de paz en el Oriente Medio tomó un renovado impulso, después de más de tres años de estancamiento a causa de la política exterior del gobernante conservador Benjamín Netanyahu. Pero Barak, casi dos años después, desgastado por los conflictos armados palestino-israelíes, cayó ampliamente derrotado por el líder del Likud Ariel Sharon en las elecciones generales de febrero del 2001. Sharon —que se posesionó de su cargo el 7 de marzo— formó un gobierno de coalición de amplio espectro en el que participaron el Likud, los laboristas, los ultranacionalistas y otros grupos de la Derecha para hacer frente a la intifada palestina. Las cosas se agravaron. La intifada intensificó sus acciones terroristas. En mayo del 2001 el nuevo presidente israelí ordenó operaciones de aviones militares contra los reductos facciosos árabes de Gaza y Cisjordania. Inmediatamente los cancilleres de ocho Estados árabes —Egipto, Siria, Arabia Saudita, Jordania, Marruecos, Túnez, Yemen y Bahréin—, reunidos en El Cairo, resolvieron suspender los contactos políticos y diplomáticos con el gobierno de Jerusalén. Se intensificó la intifada. Un hito importante en las relaciones árabe-israelíes fue la declaración formulada por el ministro de relaciones exteriores y líder laborista de Israel, Shimon Peres, en el seno de la Asamblea General de las Naciones Unidas el 15 de noviembre del 2001, en el sentido de que era factible la creación de un Estado palestino en el Oriente Medio. Declaración que mereció la condena inmediata de las fuerzas de la Derecha israelí, encabezadas por Benjamín Netanyahu, que pidieron al primer ministro Ariel Sharon la destitución de Peres.

El 4 de junio de ese año se realizó en la ciudad jordana de Aqaba una reunión cumbre entre los primeros ministros de Israel y de Palestina, con la presencia del presidente George W. Bush de Estados Unidos y del rey Abdala de Jordania, en el marco del plan de paz denominado “road map” (que se tradujo al castellano como “mapa de caminos” u “hoja de ruta”) propuesto por el gobernante norteamericano para la conclusión de la segunda intifada —iniciada el 28 de septiembre del 2000 como indignada protesta de los integristas palestinos contra la visita del líder de la oposición derechista de Israel, Ariel Sharón, a la Explanada de las Mezquitas en Jerusalén, reivindicada por los palestinos como lugar santo—, y la creación de un Estado palestino en el año 2005. En esa reunión Ariel Sharon se comprometió a desmantelar algunos asentamientos judíos como expresión de su voluntad de paz y, por el lado palestino, Mahmud Abbas ofreció poner fin al terrorismo. Pero sus buenas intenciones se vieron contrariadas por la Derecha ultranacionalista israelí y por los grupos extremistas palestinos, especialmente Hamás y la Yihad Islámica, que repudiaron la reunión, condenaron a muerte a Sharon y desataron una nueva y brutal escalada de violencia contra la población civil. Todo lo cual derivó en una declaración de guerra total contra Israel por parte de las Brigadas Ezzedin al Qassam, brazo armado de Hamás, y en la declaración de guerra del gobierno israelí contra este grupo terrorista, cuyos dirigentes fueron considerados objetivos militares.

Se frustró, pues, un nuevo y renovado intento de alcanzar la paz.

La escalada de violencia se agudizó a lo largo del año 2002 y llegó a niveles demenciales en el 2003, 2004, 2005, 2008, 2012, 2014. Cada atentado palestino fue replicado duramente por las fuerzas armadas judías. Según informaciones del ejército israelí, en los cinco primeros años la segunda intifada causó 4.764 víctimas mortales, de las cuales 3.700 fueron palestinas y 1.064 israelíes. En noviembre de 2002, con ocasión del asesinato en una emboscada de doce israelíes —9 militares y 3 colonos— perpetrado por miembros de la Yihad Islámica, el primer ministro de Israel Sharon declaró que el acuerdo de Hebrón, firmado en 1997 con la mediación de Estados Unidos en concordancia con el proceso de paz de Oslo, que reconoció un régimen autonómico a los asentamientos palestinos en la ciudad cisjordana de Ramallah, estaba anulado y, en consecuencia, ordenó que el ejército israelí tomara la ciudad y declarara en ella el toque de queda.

Los grupos Hamás, Fatah’s al-Aqsa Martyrs’Brigades y Popular Resistance Committees continuaron con sus acciones violentas contra Israel, que recibieron como respuesta el «ojo por ojo y diente por diente» de las fuerzas armadas judías.

El 16 de junio del 2002 el gobierno israelí de Ariel Sharon empezó a levantar la llamada «valla de seguridad» para separar Cisjordania e Israel e impedir los ataques terroristas palestinos. La valla tiene 705 kilómetros de largo y se compone, en el 3% de su longitud, de muro de hormigón de casi nueve metros de alto y, en el tramo restante, de alambrada electrificada. Ella sigue en la mayor parte de su trazo la denominada «línea verde» —pactada en el armisticio de Rodas firmado en 1949 tras la guerra que dio paso a la creación del Estado de Israel—, que desde ese momento fue considerada por las Naciones Unidas como la frontera entre ambos países aunque ella en realidad no es más que una línea de armisticio. En tres tramos la valla se adentró una milla hacia el este —para incorporar a los asentamientos judíos de Henanit, Shaked, Rehan, Dalit y Zofim— e implicó la toma de tierras. Hubo también una desviación de casi cuatro millas alrededor de las ciudades de Alfei Menashe y Elkanah y otra de seis millas en la zona del aeropuerto internacional Ben-Gurion para asegurar el tráfico aéreo. Hubo otros tramos, en cambio, en que la barrera se desvió hacia el interior de la línea verde, en territorio israelí.

De la longitud total, 22,5 kilómetros de la valla corresponden al área oriental de Jerusalén.

Tramos de la barrera están levantados en territorio israelí y tramos en territorio palestino ocupado, teniendo como referencia la línea verde. La barrera está compuesta de muros, alambradas, fosas y torres que cubren entre cuarenta y cien metros de ancho y está dotada de sensores automáticos, cámaras de televisión y otros dispositivos electrónicos ultramodernos de control y vigilancia.

La construcción de la barrera, que empezó y concluyó durante las administraciones de Ariel Sharon, a un coste de alrededor de dos mil millones de dólares, fue muy controvertida. Los israelíes la defendieron en nombre de la protección de su población ante los ataques terroristas suicidas procedentes de Cisjordania, que habían dejado un alto número de víctimas inocentes. Los palestinos, en cambio, afirmaron que la cerca electrificada —a la que llamaron «muro»— era una forma de e implicaba la anexión a Israel de alrededor de 160 kilómetros cuadrados de territorio de Cisjordania. Una declaración del Banco Mundial afirmó que la valla afectaba a cerca de ciento veinte mil personas de diez y seis comunidades palestinas. Las asociaciones de derechos humanos impugnaron la barrera porque restringía la libertad de movimiento de la población palestina. El Tribunal Supremo de Justicia de Israel dictaminó el 30 de junio del 2004, en el curso de su construcción, que el país tenía derecho a levantar la barrera en guarda de su seguridad pero obligó al gobierno a que modificara su trazo original y regresara treinta kilómetros hacia la línea verde para no dañar a los residentes palestinos de la zona; y el 25 de septiembre del 2005 ordenó la destrucción de un tramo del muro en el distrito cisjordano de Tulkarem para evitar el encierro, dentro de un enclave, de mil campesinos palestinos. La Autoridad Nacional Palestina denunció que Israel buscaba anexarse territorios y obstaculizar la fundación del Estado palestino. El mundo árabe manifestó su oposición. El jeque Hasan Nasralah, líder del grupo terrorista libanés Hezbolá, expresó que los atentados eran la única respuesta posible a esta iniciativa.

El 8 de diciembre del 2003 la Asamblea General de la Naciones Unidas adoptó una resolución en la que exhortaba a la Corte Internacional de Justicia de La Haya para que se pronunciara urgentemente, a la luz del Derecho Internacional, acerca de las consecuencias jurídicas de la construcción de la barrera sobre los territorios palestinos ocupados por Israel. La Corte de La Haya —que es el órgano judicial de las Naciones Unidas— emitió el 9 de julio del 2004 un fallo no vinculante en el que declaró que la barrera de seguridad era contraria al Derecho Internacional y que, por tanto, debía ser destruída. Israel respondió que tal fallo ignoraba «totalmente el terrorismo palestino» y obviamente se negó a cumplirlo. Argumentó que desde que se erigió la barrera el número de atentados terroristas disminuyó en el 82 por ciento, aunque la motivación de los terroristas fue la misma. La Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas aprobó días después una resolución, por 150 votos a favor, 6 en contra y 10 abstenciones, en la que exhortó a Israel a obedecer el dictamen de la Corte y a pagar indemnizaciones a los palestinos afectados por la barrera.

En febrero del 2005, con la intermediación del presidente Hosni Mubarak de Egipto, se reunieron Mahmud Abbas, Presidente de la Autoridad Nacional Palestina, y el primer ministro israelí Ariel Sharon en el balneario egipcio de Charm el Cheij para acordar el fin de los cuatro años de la intifada y también el cese de la operación de las fuerzas armadas islaelíes en Cisjordania y la franja de Gaza. Pero se volvió a producir lo de siempre: que los esfuerzos de paz de los gobernantes palestinos e israelíes fueron saboteados desde dentro por los sectores violentos.

De todas maneras, venciendo múltiples dificultades internas, el primer ministro israelí Ariel Sharón cumplió su compromiso de desalojar, después de treinta y ocho años de ocupación, las veintiuna colonias judías asentadas en la franja de Gaza y cuatro de los ciento veinte asentamientos en el norte de Cisjordania: Ganim, Kadim, Homesh y Sa-Nur. La dura operación de evacuar los ocho mil colonos de Gaza empezó el 15 de agosto del 2005 —no sin dificultades porque ellos se negaban a abandonar sus casas— y concluyó después de una semana. Luego vino la dolorosa operación de demoler sus viviendas. El plan Sharón dividió en dos la opinión pública israelí.

Como consecuencia de sus insalvables discrepancias con los miembros del Likud, Sharon decidió separarse de sus flas y fundó en noviembre del 2005 un nuevo partido —el Kadima, que en hebreo significa «adelante»—, con el que triunfó en las elecciones generales del 28 de marzo del 2006 y al que se alió el veterano líder socialista Shimon Peres, que también tenía diferencias irreconciliables con sus compañeros del Partido Laborista en cuanto a la política de pacificación.

Poco tiempo después Sharón sufrió un masivo derrame celebral que lo dejó inválido. Fue sustituido por Ehud Olmert.

El resultado de esas elecciones marcó el fin del «sueño de la gran Eretz», es decir, del Israel bíblico, que habían acariciado durante mucho tiempo especialmente los líderes sionistas de la derecha israelí. La propuesta del vencedor de las elecciones, Ehud Olmert, bajo la inspiración del pensamiento de Ariel Sharón, fue el retiro de gran parte de Cisjordania antes del año 2010 y la evacuación de los colonos de la franja de Gaza. Lo cual significó la despedida israelí de la gran tierra bíblica de Israel en aras de la paz y la armónica convivencia con los pueblos árabes. En el discurso de la victoria, Olmert invocó los vínculos históricos y religiosos entre el pueblo judío y las tierras de Judea y Samaria —los nombres bíblicos de Cisjordania— pero no dejó de señalar que las circunstancias habían cambiado y que era imperioso permitir la fundación de un Estado palestino al lado de Israel, para lo cual debía procederse al retiro de los asentamientos judíos en esos territorios. Olmert argumentó que «si nos empeñamos en mantener todos los territorios, en el año 2020 habrá un 60% de árabes y un 40% de judíos y entonces la mayoría de palestinos nos dirá: no queremos dos Estados, dadnos sólo el derecho de voto».

Ocho meses después ocurrió lo impensable: venciendo al movimiento Al Fatah, fundado por Yasser Arafat, que dominó la política palestina durante cuatro décadas y que en ese momento ejercía el poder, la banda terrorista Hamás ganó las elecciones parlamentarias palestinas celebradas el 25 de enero del 2006. Obtuvo 74 de las 132 curules del parlamento palestino y eso le dio derecho a asumir el gobierno, con Ismail Haniyeh como primer ministro.

El jefe del gobierno de Israel, Ehud Olmert —que accedió al cargo ante la enfermedad irreversible de Ariel Sharón—, no ocultó su preocupación por el triunfo electoral de Hamás y descartó cualquier trato con el gobierno de un grupo que, según dijo, había asesinado a centenares de israelíes en atentados suicidas y había declarado que uno de sus objetivos era la destrucción de Israel. Venciendo diferencias que parecían insalvables, Olmert pudo formalizar un acuerdo parlamentario con los laboristas y formó uno de los gabinetes más amplios de la historia de Israel. Siete de los veintisiete ministerios pasaron a manos laboristas. Amir Peretz, líder del Partido Laborista, asumió el ministerio de defensa.

En la otra orilla, los líderes de Hamás no lograron un acuerdo político con la Organización para la Liberación de Palestina (OLP) —fundada años atrás por Yasser Arafat— para hacer un gobierno de unidad nacional. Los puntos principales de la discrepancia entre Hamás y la OLP fueron el reconocimiento del Estado de Israel y la validez de los acuerdos firmados entre israelíes y palestinos. Hubo incluso enfrentamientos armados entre las facciones de los dos grupos palestinos.

Se produjo entonces una «cohabitación» —para hablar en términos de la política francesa— entre el presidente Abbas, que ostentaba la jefatura del Estado, y Haniyeh que en nombre de Hamás había asumido la jefatura del gobierno. Ellos representaban a dos grupos islámicos que mantenían posiciones diferentes en cuanto a las relaciones con Israel. Pero muy pronto las facciones armadas de estos grupos se enfrentaron a tiros en las calles de Gaza y Cisjordania y rompieron la frágil unidad del gobierno.

No hubo un día de paz.

Haciendo un poco de historia, debemos recordar que Hamás se fundó con el confesado objetivo de erradicar el Estado de Israel por medio de la violencia terrorista. En consecuencia, estuvo en contra de todos los convenios celebrados por la Autoridad Nacional Palestina (ANP) con Israel, incluido el acuerdo de Oslo, y sostuvo que la única forma de enfrentar a Israel era mediante la yihad, es decir, la «guerra santa».

Su fundador, Sheikh Ahmad Yassin —declarado objetivo militar por las fuerzas israelíes— fue violentamente eliminado por ellas el 22 de marzo del 2004. Igual suerte corrió su sucesor Abdel Aziz Rantissi. Entonces varios líderes asumieron el mando colegiado de la organización: Ismail Haniyeh, Jaled Mashaal, Mahmud al-Zahar, Hassan Yousef, Mohamend Abu Tir, Nizar Rian, Sa’id Siam, Sami Abu Zahari, con el soporte logístico de algunos países árabes.

Sin embargo, analistas políticos importantes sostenían en ese momento que los radicales de Hamás estaban en mejores condiciones que los moderados de la OLP para ajustar una paz. Había además una fuerte presión financiera de Occidente, ya que Estados Unidos y los miembros de la Unión Europea amenazaron con suprimir sus aportaciones financieras a Palestina —tan necesitada de asistencia económica por su profunda pobreza—, a menos que el gobierno del movimiento de resistencia islámica Hamás reconociera al Estado de Israel y abandonara la violencia. La ayuda europea alcanzó los 280 millones de euros en el año 2005. Por su lado, el gobierno judío, que recolectaba impuestos en varios de los territorios ocupados para retornarlos a la autoridad palestina, afirmó que no entregaría ese dinero al grupo islámico radical que había tomado el poder. Sin embargo, para compensar el retiro de las ayudas económicas occidentales, la Liga Árabe aprobó en el 2006 la entrega de asistencia financiera a la Autoridad Nacional Palestina.

Pronto la relación entre el gobierno israelí y el recién posesionado gobierno palestino de Hamás sufrió el primer tropiezo: un joven suicida cisjordano de 21 años, identificado como Sami Hammad, con un bolso de explosivos bajo el hombro, hizo saltar en pedazos el restaurante Rosh Ha-ir de comida rápida atestado de gente en la antigua estación de buses de Tel Aviv el 16 de abril del 2006, con un saldo de diez muertos y más de setenta heridos y mutilados. El acto fue reivindicado por la Yihad Islámica. Al día siguiente, en una grabación de vídeo difundida por la televisión palestina, apareció el joven kamikaze vestido de negro, pañuelo amarillo con versos del Corán en la cabeza, dedicando su próximo ataque a los palestinos presos en las cárceles de Israel y diciendo que «hay muchos más atacantes en camino…» La inmediata represalia de las fuerzas armadas judías fue demoler con un misil lanzado desde helicóptero un taller metalúrgico de Gaza en el que se fabricaban cohetes, aunque sin causar víctimas.

Durante ese año los grupos terroristas palestinos, fuera del control de su gobierno, lanzaron alrededor de quinientos cohetes al-Qassam contra pequeños poblados israelíes cercanos a la franja de Gaza y causaron muertes, heridas y daños a la población civil.

El domingo 25 de junio del 2006 surgió un problema mucho más grave. Comandos radicales palestinos de la línea más dura, vinculados con el grupo Hamás, cruzaron por un túnel subterráneo desde la franja de Gaza hasta el territorio de Israel y atacaron un puesto del ejército israelí, mataron a dos jóvenes soldados y secuestraron al cabo Gilad Shalit, de 19 años de edad. Inmediatamente el gobierno de Israel puso un ultimátum al gobierno palestino: o entregaba al joven militar o las fuerzas armadas judías invadían Gaza para rescatarlo. La respuesta de los grupos radicales palestinos —los Comités de la Resistencia Popular, las Brigadas de Al-Qassam y el Ejército del Islam, autores del secuestro— fue la propuesta de canje de mil prisioneros suyos en las cárceles judías a cambio del cabo Shalit. Israel rechazó la propuesta y responsabilizó al gobierno palestino de la suerte del soldado. Tres días después vino la incursión militar limitada de la aviación, la artillería, los blindados y la infantería israelíes sobre Gaza. Fueron bombardeados puntos estratégicos: puentes, edificios, plataformas de lanzamiento de cohetes, la oficina del primer ministro, la Universidad Islámica, la planta de generación eléctrica, la sede de las al-Aqsa Martyrs Brigades. Un tercio del gabinete del régimen palestino y decenas de legisladores fueron apresados en sus propios lugares de trabajo por las fuerzas israelíes. El presidente de la Autoridad Palestina Mahmud Abbas y el primer ministro Haniyeh, que desconocían el paradero del joven secuestrado, quedaron sumidos en la más absoluta impotencia: crucificados entre la intransigencia de los grupos terroristas islámicos y la agresión militar israelí. Haniyeh instó a los activistas radicales a mantener con vida al soldado judío. Mediadores egipcios fracasaron en sus gestiones de paz puesto que los interlocutores palestinos, desoyendo los consejos del primer ministro Ismail Haniyeh, se retiraron de las conversaciones. Por su lado, al contrario que en ocasiones anteriores, en esa vez el servicio de inteligencia judío no tenía la menor idea del lugar donde estaba detenido Shalit. Lo cual agravaba las cosas.

La situación se complicó aun más doce días después, a partir de la muerte de ocho soldados israelíes y el secuestro de dos en la frontera con Líbano por comandos de Hezbolá, acantonado en el sur del territorio libanés. Hezbolá —que significa el «partido de Dios»— era un movimiento chiita libanés formado en 1982 y abastecido financiera, logística y militarmente por Irán con la intermediación de Siria. La ministra de relaciones exteriores de Israel, Tzipi Livni, describió a Hezbolá como «el brazo largo de Irán». Contaba con alrededor de dos millones de seguidores chiitas libaneses. A través de su estación de televisión satelital Al-Manar enviaba mensajes de incitación a la violencia al mundo islámico. Estaba fuertemente armado. Poseía alrededor de trece mil cohetes y misiles C-802, FAJR-3 y katyusha proporcionados por Irán. Su líder Hasan Nasralah afirmó el 23 de mayo del 2006 que poseía 12.000 misiles y cohetes y la revista especializada Jane´s Defence Weekly estimó que el grupo contaba con 10 mil a 15 mil misiles y cohetes proporcionados por Irán y Siria. Entre ellos, Fajr-3, Fajr-4 y Fajr-5, de fabricación iraní, con un alcance de hasta 75 kilómetros, y un centenar de Zelsal-1 que, con su radio de acción de 150 kilómetros, pudieran llegar a Tel Aviv. De ahí que uno de los objetivos geoestratégicos israelíes, según dijo el primer ministro Ehud Olmert, era el desarme de Hezbolá.

Este era, en realidad, el objetivo central de la intervención militar, ya que el débil gobierno de Líbano presidido por Emile Lahoud y por Fouad Siniora, como primer ministro, no estaba en posibilidad de desarmarlo ni menos disolverlo, como exigía la comunidad internacional. En ese momento, Líbano —dividido rencorosamente entre chiitas y sunitas— carecía de la cohesión social necesaria para hacer frente a la invasión. El líder del grupo islámico desde 1992 era el cruel e implacable jeque Hasan Nasralah, quien expresó en respuesta a los requerimientos israelíes que los dos soldados judíos sólo serían devueltos como parte de una amplia negociación de intercambio de prisioneros. En esas circunstancias, Israel consideró que el asesinato de ocho de sus soldados y el secuestro de dos era un acto de guerra y respondió con una implacable y brutal invasión militar en profundidad sobre el territorio sur de Líbano, que destruyó carreteras, puentes, puertos, aeropuertos, plantas eléctricas, gasolineras, instalaciones de gobierno, los cuarteles generales de Hezbolá al sur de Beirut y otros lugares estratégicos, mientras simultáneamente libraba batallas en el frente de Gaza.

El gobierno de Israel envió inmediatamente varios miles de oficiales y soldados de reserva a su frontera norte. Advirtió que no detendrá las operaciones militares mientras no le devuelvan sus dos soldados retenidos. En pocas horas cercó Líbano por aire, tierra y mar. Destruyó las carreteras que lo unían con Siria para evitar el abastecimiento de armas y la eventual fuga de los combatientes de Hezbolá hacia este país. Sus columnas de tanques y sus fuerzas de infantería penetraron profundamente en el territorio libanés. El mundo clamaba por la paz pero Israel no tenía interés en detener la lucha sino cuando los arsenales y la infraestrucura militar de Hezbolá —especialmente las plataformas de lanzamiento de cohetes y misiles— hubieran sido destruidos. La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) denunció una terrible crisis alimentaria en un país que importaba el 90% de sus cereales y calculó que alrededor de 700 mil libaneses fueron desplazados por los bombardeos israelíes.

Nasralah declaró la «guerra total» contra Israel. Ayman Al Zawahri, segundo en el orden de mando de al Qaeda, pidió a los musulmanes del mundo emprender una «guerra santa» contra Israel. Hezbolá disparó centenares de misiles katyusha contra Haifa, la tercera ciudad israelí, situada a cuarenta kilómetros de la frontera con Líbano, que causaron varios muertos entre la población civil, y contra los poblados de Tiberíades, Jitim, Migdal, Evron y Abu Snan. Atemorizados por el despliegue militar judío, los otros Estados árabes asumieron una actitud de cautela. La Liga Árabe se limitó a solicitar la intervención de las Naciones Unidas. El presidente Ahmadinejad de Irán, en una de sus típicas baladronadas, habló en términos evasivos de una «respuesta furiosa» si Israel atacara a Siria. Siria, por su lado, tenía arsenales muy obsoletos desde que los rusos dejaron de abastecerla. Los gobernantes del G-8 —Estados Unidos, Rusia, Japón, Alemania, Inglaterra, Francia, Canadá e Italia—, reunidos coincidentemente en San Petersburgo, formularon exhortaciones a la paz. El presidente Bush habló por teléfono la víspera con sus colegas de Líbano, Egipto y Jordania sobre el conflicto y se comprometió a «hacer presión sobre Israel para limitar los daños sufridos por Líbano». Estaba claro que, en el fondo, todos los gobernantes del G-8 condenaban las acciones terroristas de Hamás y de Hezbolá que desencadenaron el conflicto armado. El gobierno israelí, mientras tanto, manifestó que la ofensiva terminará tan pronto como sean liberados sus dos soldados que Hezbolá mantenía cautivos.

Shimon Peres, viceprimer ministro israelí, expresó que este «no es un enfrentamiento con un ejército, así que no podemos obtener una victoria en el sentido militar». Quiso decir con ello que la guerra no era contra Líbano sino contra un grupo armado irregular y ubicuo, dotado de armamento muy sofisticado proporcionado por Irán, que no ofrecía frentes de batalla sino lucha clandestina.

La ayuda iraní a Hezbolá —que a la sazón se calculaba en cien millones de dólares anuales— no solamente respondía al anhelo de Irán de destruir Israel —como tantas veces lo había manifestado su presidente Ahmadinejad— sino también a su afán de asumir la hegemonía en el Oriente Medio, cosa que naturalmente no era vista con buenos ojos por Arabia Saudita, Egipto y Jordania, por obvios motivos. Hezbolá era un instrumento al servicio de las ambiciones iraníes. Y para Israel no era admisible que el grupo terrorista estuviera desplegado en el sur de Líbano, con poder de fuego sobre Haifa y otras ciudades y poblados del norte israelí. Dijo Peres en aquella ocasión que además Israel quiere ver a Líbano «gobernado por libaneses» y al ejército libanés —de 80.000 hombres— participando en la defensa de su país y no secuestrado por Hezbolá.

Por la división de opiniones entre sus miembros, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas demoró un mes en aprobar una resolución de cese de las hostilidades entre Israel y la milicia chiita, retiro de las tropas israelíes del territorio libanés y envío de quince mil soldados multinacionales a la frontera entre Líbano e Israel. Todas las partes involucradas en el conflicto aceptaron la resolución 1701 tomada por unanimidad en la ONU el 11 de agosto, que hacía «un llamado» a favor del alto al fuego. Israel replegó sus fuerzas militares, Hezbolá dejó de disparar misiles contra territorio israelí y quince mil cascos azules asumieron el control de la zona. Las tropas israelíes terminaron su evacuación del territorio libanés en la madrugada del 1 de octubre, después de tres meses de ocupación, en medio del desaliento de la opinión pública judía que no vio cumplidos los objetivos nacionales del desarme de Hezbolá, devolución de sus soldados secuestrados e implantación hacia el futuro de un sistema de seguridades para Israel. Simultáneamente el ejército regular de Líbano se desplegó a lo largo de la frontera con Israel, de la que había estado ausente por cerca de cuarenta años.

En cuanto a Palestina, el régimen de unidad nacional formado por el presidente Abbas, quien ostentaba la jefatura del Estado, y Haniyeh que en nombre de Hamás había asumido, como primer ministro, la jefatura del gobierno, no funcionaba porque ellos representaban a dos sectores islámicos que mantenían posiciones contrarias en cuanto a las relaciones con Israel. En tales circunstancias, los grupos armados de Haniyeh se enfrentaron a tiros en las calles de Gaza contra los de Abbas, utilizando toda clase de armas. Los enfrentamientos dejaron decenas de muertos y heridos entre los dos grupos. Se rompió la frágil unidad del gobierno. La guerra civil entre las dos facciones islámicas era inminente. Surgió entonces la iniciativa de paz del rey Abdullah de Arabia Saudita y se reunieron en La Meca durante los primeros días de febrero del 2007 los líderes de los grupos rivales palestinos para negociar la paz y detener la lucha. Después de muy arduas negociaciones —en medio de ritos islámicos y la lectura de versículos del Corán— el presidente palestino Mahmud Abbas; Jaled Meshal, líder máximo de Hamás; y el primer ministro Ismail Haniyeh suscribieron el 8 de febrero la «Declaración de La Meca» para formar un gobierno de unidad nacional, poner fin al derramamiento de sangre en el territorio palestino y crear un frente común para resistir la ocupación israelí en la franja de Gaza. El gabinete fue constituido con una mayoría de ministros de Hamás y de Al Fatah, unos pocos independientes y miembros de grupos minoritarios. Aunque no se dijo, se suponía que el acuerdo reconocía los tratados suscritos anteriormente por la Autoridad Nacional Palestina y el gobierno de Israel. Al menos eso fue lo que declaró días después Abbas: que estaba dispuesto a “emprender el camino de una paz justa, reanudando las negociaciones entre la OLP y el gobierno israelí”.

Pero, a espaldas del acuerdo de La Meca, brotó nuevamente en la franja de Gaza una brutal oleada de violencia entre los militantes de los dos grupos del gobierno de unidad, fuertemente armados: Al Fatah y Hamás, cuyos milicianos, con el fusil Kalashnikov en una mano y el Corán en la otra, se mataban en las calles e incendiaban o demolían los edificios, sedes y oficinas de sus enemigos. Gaza se convirtió en un infierno. La lucha intraislámica dejó centenares de muertos de ambos bandos y miles de desplazados. La pobreza y el hambre azotaron al millón y medio de habitantes de esta pequeña región de 362 kilómetros cuadrados que carece de puertos y aeropuertos, que se comunica con Egipto a través de su frontera terrestre y cuya electricidad, combustibles, alimentos y agua provienen de Israel. Entonces el presidente Abbas disolvió el recientemente instituido gobierno de unidad nacional, destituyó al primer ministro Haniyeh y decretó el estado de sitio en Gaza. Esto ocurrió a mediados de junio del 2007. Pero las milicias de Hamás terminaron por asumir el control de Gaza. Sus brigadas Ezzedin Al-Qassam, brazo armado de ellas, presentaron un ultimátum a los cuarteles militares palestinos para que entregaran sus armas. Los funcionarios del gobierno tuvieron que abandonar Gaza y se concentraron en Cisjordania. Abbas formó un gobierno de contingencia en la ciudad cisjordana de Ramala. Entonces la división palestina fue completa: Hamás controlaba Gaza y Al Fatah Cisjordania. La paz con Israel parecía más lejana que siempre. El gobierno de Washington anunció su apoyo financiero y diplomático en favor de Abbas y expresó que no abandonaría a la población palestina, sometida a las inclemencias de la violencia de los grupos armados. Levantó inmediatamente el embargo que pesaba sobre Palestina, reanudó las relaciones comerciales y financieras con el gobierno de Abbas y abrió una ayuda de 86 millones de dólares para sus fuerzas de seguridad y de 40 millones para asistir a los residentes de Gaza fieles a la Autoridad Nacional Palestina.

En medio de la tensa situación, el primer ministro de Israel, Ehud Olmert, reanudó el 25 de julio del 2007 las conversaciones con Mahmud Abbas sobre el método y las etapas conducentes hacia la futura creación de un Estado palestino sobre la mayor parte de Cisjordania y la franja de Gaza. Días antes los dos líderes habían tratado el tema con el ex primer ministro británico Tony Blair, delegado de las Naciones Unidas para las conversaciones de paz en el Oriente Medio.

El presidente estadounidense George W. Bush tomó la iniciativa de reunir en la ciudad de Annapolis, Estados Unidos, a los dos líderes en conflicto: Ehud Olmert y Mahmud Abbas. La cita tripartita, a la que asistieron como testigos los representantes de los gobiernos de la Liga Árabe, se realizó el 27 de noviembre del 2007. En ella se convino volver a la mesa de negociaciones bilaterales para alcanzar un acuerdo de paz hasta fines del 2008. Sin embargo, simultáneamente los militantes de Hamás salieron a las calles a protestar violentamente contra la reunión de Annapolis y las fuerzas políticas de la derecha israelí, por órgano del ex primer ministro y en ese momento jefe del Likud, Benjamín Netanyahu, manifestaron su oposición a los arreglos de paz. Sami Abú Suhri, portavoz de Hamás, expresó que el compromiso de los dos debilitados líderes para instrumentar un plan de paz en el Oriente Medio era «un crimen». El gobierno iraní promovió manifestaciones hostiles contra la reunión de Annapolis y su presidente Ahmadinejad, al condenar la conferencia, aseguró que «el Estado de Israel no durará mucho tiempo».

Pocos días después, a partir de una reunión celebrada en París, la comunidad internacional —Estados Unidos, Francia, Inglaterra, Suecia, Alemania y otros países— se comprometió a restituir la ayuda y a entregar una aportación pogresiva de 7.400 millones de dólares a la Autoridad Nacional Palestina (ANP) para evitar una catástrofe humanitaria en esa zona y promover la reconstrucción de sus territorios.

Pero un nuevo y grave conflicto armado estalló en la región en diciembre del 2008. El día 19 el grupo Hamás, que gobernaba la franja de Gaza, dio por terminada unilateralmente la tregua acordada con Israel bajo la mediación del gobierno egipcio el 19 de junio anterior, que generó un ambiente de relativa tranquilidad en la zona y que permitió la liberación por Israel de 230 prisioneros palestinos de sus cárceles, que se sumaron a los 198 excarcelados cuatro meses antes. Hamás reinició inmediatamente el lanzamiento de misiles, cohetes y proyectiles de mortero contra territorio israelí. La respuesta de Tel Aviv no se hizo esperar. El 27 de diciembre su fuerza aérea inició bombardeos contra objetivos militares y políticos en Gaza. Y el 3 de enero comenzó la invasión en profundidad de su infantería y artillería en ese territorio palestino. Fueron tomadas varias de sus ciudades, en cuyas calles hubo durísimos combates cuerpo a cuerpo entre los soldados israelíes y los milicianos de Hamás. Ni el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas ni la Unión Europea pudieron parar la acometida israelí. Solamente después de veintiún días de combates y cuando creyó alcanzados sus objetivos militares contra Hamás, Israel decretó unilateralmente el alto al fuego y ordenó el retiro gradual de sus tropas. Simultáneamente, por iniciativa del presidente egipcio Hosni Mubarak, se reunieron en la ciudad de Sharm el Sheij para discutir la situación palestina el Secretario General de la ONU Ban Ki-moon, el presidente de Francia Nicolás Sarkozy, la canciller alemana Ángela Merkel, José Luis Rodríguez Zapatero, presidente del gobierno español, el primer ministro Gordon Brown del Reino Unido, el presidente de Turquía Abdula Gul, el rey Abdala de Jordania, el jefe del gobierno italiano Silvio Berlusconi, Mirek Topolonek, primer ministro de la República Checa, y Amr Musa, secretario de la Liga Árabe, y aprobaron una exhortación a la paz, que Mubarak se encargó de comunicar inmediatamente al primer ministro israelí Ehud Olmert y al presidente palestino Mahmud Abbas.

Se suspendieron las acciones militares pero la feroz incursión armada de Israel dejó 1.200 muertos palestinos —incluidos niños, mujeres y ancianos—, más de 5.300 heridos, 10 bajas militares israelíes e ingentes daños materiales.

Sin embargo, la calma duró poco tiempo porque las cosas volvieron a complicarse en la zona la madrugada del 28 de mayo del 2010 cuando comandos de la fuerza naval israelí, a bordo de helicópteros, interceptaron en aguas internacionales el barco comercial Mavi Marmara, de bandera turca, que encabezaba la denominada «flotilla por la libertad» de Gaza —fleet of freedom— compuesta de seis naves, con alrededor de 686 activistas de la causa palestina a bordo, procedentes de cuarenta nacionalidades, y toneladas de ayuda humanitaria, que iban rumbo a la franja de Gaza con el no confesado pero evidente propósito de romper el bloqueo impuesto por Israel y Egipto desde el 2007, en que el movimiento islámico extremista Hamás —que sustentaba la tesis de la desaparición de Israel— asumió el gobierno del territorio.

Sobre las aguas internacionales del Mediterráneo el convoy se negó a obedecer las instrucciones de las fuerzas armadas hebreas de cambiar de rumbo y atracar en el puerto israelí de Ashdod. Y fue entonces cuando descendieron de los helicópteros los comandos militares israelíes y asumieron el control del barco.

En la operación de abordaje se produjeron choques con los activistas en la cubierta del barco, como resultado de los cuales quedaron nueve pasajeros muertos y cuatro decenas de heridos, incluidos siete comandos judíos.

Las fuerzas navales de Israel condujeron el convoy hacia el puerto de Ashdod. Junto con los centenares de activistas iban a bordo veinte diputados europeos, periodistas de distintos países, miembros de organizaciones no gubernamentales y religiosos islámicos. En el puerto fueron liberados los pasajeros y transferida la carga hacia Gaza, previa inspección y otros trámites de seguridad.

Pero la interceptación de los buques levantó una ola de protestas contra Israel alrededor del planeta. El Secretario General de la ONU, Ban Ki-moon, rechazó con duras palabras la acción israelí. El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas se reunió de urgencia y, tras doce horas de intensas discusiones, deploró la muerte de los palestinos pero se abstuvo de condenar a Israel, aunque dispuso una «rápida, imparcial, creíble y transparente» investigación de los hechos. La Liga Árabe, con sede en El Cairo, condenó airadamente el «acto terrorista» de Israel. El presidente palestino, Mahmoud Abbas, dijo: «Lo que ha hecho Israel a bordo de la flotilla Freedom fue una masacre». Tayyip Erdogan, primer ministro de Turquía, expresó que «esta acción, totalmente contraria a los principios de la ley internacional, es terrorismo de Estado inhumano». El presidente francés Nicolás Sarkozy criticó «el uso de la fuerza» contra la flotilla y pidió que se aclararan las circunstancias del incidente. Rusia, Italia, Argentina, Brasil y varios otros Estados se sumaron a la protesta. Hamás convocó a una intifada contra las embajadas de Israel en el mundo y en los países árabes hubo violentas movilizaciones callejeras de protesta. El Ministro de Defensa israelí Ehud Barak lamentó las muertes pero culpó a los organizadores de la flota de haber intentado romper el bloqueo para abrir una ruta de contrabando de armas hacia Gaza. Los acusó de haber levantado «una provocación política» de fuerzas antiisraelíes. El primer ministro hebreo Benjamín Netanyahu manifestó: «Gaza es un Estado terrorista financiado por Irán y, en consecuencia, debemos impedir que le lleguen provisiones militares por tierra, aire y mar». Washington, en su difícil posición de amigo de Israel, adelantó que estaba investigando la «tragedia» ocurrida en el Mediterráneo.

Esta fue una de las peores crisis en el Oriente Medio. Durante los siguientes días en el puerto de Ashdod las autoridades israelíes liberaron a los tripulantes y pasajeros de las embarcaciones y los deportaron a sus respectivos países. De ellos, 124 activistas árabes fueron repatriados en autobuses hacia Ammán —Jordania—, desde donde tomaron sus respectivos destinos. Después de varios días de detención en el puerto, las naves retornaron a sus lugares de origen.

Una semana después, efectivos de la armada israelí abordaron en aguas internacionales el barco irlandés Rachel Corrie, que iba rumbo a la franja de Gaza con 19 activistas —entre los que estaban la norirlandesa Mairead Maguire, premio Nobel de la Paz, y el irlandés Denis Halliday, exsubsecretario de las Naciones Unidas— y 1.200 toneladas de ayuda humanitaria. El abordaje se produjo después de que la tripulación del carguero ignoró cuatro llamados de las fuerzas navales de Israel para que cambiara de rumbo y se dirigiera hacia el puerto de Ashdod. No hubo violencia. Y el barco, controlado por los comandos israelíes, atracó en el puerto israelí, desde donde los activistas propalestinos fueron repatriados y la carga transbordada a Gaza. En esta nueva oportunidad, el primer ministro Netanyahu volvió a advertir, en nombre de la seguridad de su país, que no permitirá bajo circunstancia alguna la ruptura del bloqueo naval de Gaza.

Sin embargo, en los siguientes días el gobierno israelí suavizó el bloqueo de Gaza y permitió que entraran alimentos, medicamentos y ciertos materiales de construcción bajo la supervisión de las Naciones Unidas, pero mantuvo la prohibición del ingreso de bienes que pudieran se utilizados con fines militares.

El 17 de julio del 2011 hubo un nuevo incidente. En la noche anterior logró zarpar de Grecia con rumbo a Gaza el pequeño barco francés Dignité-Al Karama, que fue el único de la denominada «II flotilla de la libertad» atracada en puertos griegos que pudo hacerlo, pero al día siguiente fue interceptado y tomado por asalto en aguas internacionales por comandos navales israelíes y obligado a dirigirse con sus diez activistas propalestinos, tres periodistas y tres tripulantes hacia el puerto de Ashdod. Las fuerzas militares judías explicaron que el navío francés no opuso resistencia y que el material humanitario que transportaba fue trasladado a la franja de Gaza por los pasos terrestres existentes y entregado a la policía local. Este fue el segundo intento infructuoso de romper el bloqueo de Gaza. La Liga Árabe lo calificó como un «acto de piratería».

Todo llevaba a pensar que no habrá paz en esa región mientras los grupos islámicos radicales —algunos de ellos apoyados logísticamente por Irán— no renunciaran a su objetivo vital de suprimir el Estado de Israel. El presidente iraní Ahmadinejad dijo por esos días que «Israel debe ser borrado del mapa» y posteriormente afirmó que «Israel es un tumor canceroso del que hay que extirpar hasta la última célula». Pero en el seno del mahometismo existían sectores moderados que condenaban la violencia de los extremistas islámicos. Lo cual produjo la división interna en las filas musulmanas. El ayatolá Alí Khamenei de Irán y su presidente Mahmud Ahmadinejad no cesaron de denostar a los líderes árabes moderados —Mahmud Abbas de Palestina, Mubarak de Egipto, el rey Abdullah de Arabia Saudita, el rey Abdala de Jordania, el primer ministro Nuri al-Maliki de Irak y otros— por su inacción en el conflicto o por haber condenado la violencia de Hamás y abogar por la paz en el Oriente Medio.

En las elecciones generales de Israel celebradas el 10 de febrero del 2009 se produjo una reñida contienda entre el líder de la derecha radical, Benjamín Netanyahu, candidato del partido Likud, y Tzipi Livni —en ese momento ministra de relaciones exteriores del gobierno presidido por Shimon Peres, comprometida con las negociaciones de paz con los palestinos—, candidata de la agrupación centroderechista Kadima. Triunfó con muy estrecho margen Netanyahu. Consecuentemente, el presidente Peres le encargó formar el nuevo gobierno para reemplazar al del primer ministro cesante Ehud Olmert. Por este medio el líder del Likud volvió a la jefatura del gobierno, al frente de una coalición de fuerzas de la extrema Derecha israelí integrada por cuatro partidos: Likud, Yisrael Beiteinu, Shas y Unidad por la Torá, en la que no se dejaba de extrañar la presencia del Partido Laborista, ubicado en la centro-izquierda de la política israelí, como quinto miembro de la alianza.

Se formó así una suerte de «cohabitación» entre Peres, presidente de Israel, y el primer ministro Netanyahu.

Netanyahu era hombre duro. Sirvió, con el rango de capitán, en una unidad de comando del ejército de Israel y luchó en la guerra de 1973. Fue primer ministro de 1996 a 1999. Después se desempeñó como ministro de finanzas en el 2005. Era hombre de mano dura. No apoyaba el proyecto del futuro Estado palestino. Había sido un intolerante crítico del pacifismo y de la izquierda en su país.

En su discurso de investidura el 30 de marzo del 2009, afirmó que estaba dispuesto a negociar la paz con los palestinos, aunque se abstuvo de hablar de un Estado palestino, y atacó duramente a Irán por sus designios de fabricar armas atómicas.

Se abrió un nuevo capítulo en la confrontación ideológica, política, económica, religiosa y militar entre judíos y palestinos.

Mientras esto ocurría en Israel, se reunían en El Cairo el 25 y 26 de febrero, bajo la mediación de gobierno egipcio presidido por Hosni Mubarak, en un acto sin precedentes, los líderes de Al Fatah y de Hamás y acordaban desplegar todos los esfuerzos de reconciliación de los grupos palestinos con el propósito de superar las diferencias y formar un gobierno provisional.

Bajo presiones norteamericanas y de la comunidad internacional, Netanyahu dijo por vez primera que aceptaría un Estado palestino desmilitarizado a condición de que sus líderes reconocieran la vigencia del Estado de Israel, aunque descartó paralizar la colonización judía en Cisjordania, donde vivían 280 mil israelíes. Eso lo dijo en su discurso en la Universidad Bar Ilan el día 14 de junio del 2009, al tiempo que invitó a los dirigentes palestinos «a reanudar inmediatamente las negociaciones de paz, sin condiciones previas». El presidente norteamericano Obama —que días antes, en un discurso dirigido al mundo musulmán desde El Cairo, había instado a los judíos a aceptar la construcción de un Estado palestino junto al Estado de Israel sobre «la histórica tierra de ambos pueblos»— dio «la bienvenida a un importante paso adelante del primer ministro Netanyahu». Pero la respuesta de Hamás, por órgano de su portavoz Fawzi Barhum, fue de rechazo al discurso del primer ministro israelí porque «refleja la ideología racista y extremista de Netanyahu y hace caso omiso a todos los derechos del pueblo palestino».

La paz estaba, todavía, muy lejana.

Lo que sí advino el 27 de abril del 2011 fue la paz interna entre los grupos beligerantes Al Fatah y Hamás, cuyos líderes celebraron en El Cairo un acuerdo de reconciliación que puso fin a cuatro años de hostilidades y violencia entre ellos. Al acuerdo se adhirieron después once facciones palestinas. Pero en Israel esa reconciliación despertó muchos recelos. La unificación de las fuerzas palestinas no le convenía. Y el primer ministro Benjamín Netanyahu instó al presidente Abbas a que no firmara el acuerdo y le planteó una disyuntiva: la unidad con Hamás o la paz con Israel.

En esos días, durante una reunión en la Casa Blanca, el presidente Barack Obama reiteró al primer ministro Netanyahu que, en el curso de las negociaciones de paz y la creación del Estado palestino, Israel debía volver a las fronteras de 1967, vigentes antes de la denominada «guerra de los seis días» librada contra la coalición de países árabes, en la que expandió su dominio territorial. El gobernante hebreo rechazó la propuesta y respondió que la seguridad de Israel sería indefendible con aquellas fronteras. La declaración de Obama marcó una clara e inusual diferencia con la posición israelí.

Las cosas se volvieron a complicar a mediados de noviembre del 2012. Desde la franja de Gaza militantes de Hamás repitieron el lanzamiento de cohetes contra el territorio de Israel. De los 1.506 cohetes lanzados, 421 fueron interceptados en el aire por el escudo antimisiles israelí, 875 cayeron en zonas no habitadas y 58 estallaron en áreas urbanas del sur de Israel, incluida la ciudad de Tel Aviv y las cercanías de Jerusalén. Uno de ellos mató a tres personas a 25 kilómetros de la frontera. La respuesta de Israel, como siempre, fue fulminante. El primer ministro Benjamín Netanyahu llamó a filas a 75.000 reservistas. Mediante la operación denominada Pilar de Defensa —Pillar of Defense—, la fuerza aérea judía, en centenares de incursiones de bombardeo a lo largo de ocho días, dio muerte al 177 palestinos y destruyó numerosos arsenales, instalaciones militares, edificios públicos y otros objetivos en la franja de Gaza. Entre los muertos hubo uno muy importante: Ahmed Yabari, jefe del brazo militar de Hamás.

Y menos mal que no llegó a concretarse, por innecesaria, la anunciada ofensiva terrestre israelí a Gaza, que hubiera sido calamitosa para la población palestina.

Hasan Nasralah, líder de Hezbolá, y otros dirigentes islámicos instaron vehementemente a los países árabes a enviar armas a Gaza. Pero fueron desoídos por temor a las represalias israelíes.

Por las gestiones y bajo la garantía del presidente egipcio Mohamed Morsi y de Hillary Clinton, secretaria de Estado norteamericana, el 21 de noviembre se logró un acuerdo de tregua entre las partes en conflicto, que puso fin a ocho días de hostilidades.

El ejército israelí descubrió el 7 de octubre del 2013 un nuevo túnel subterráneo de 1,7 kilómetros de largo por dos metros de alto construido por el grupo islamista Hamás —el tercero descubierto en ese año—, que fue excavado a 18 metros de profundidad y que penetraba 300 metros en territorio de Israel.

En marzo del 2014 las fuerzas militares judías encontraron un cuarto túnel entre Gaza e Israel de 2,5 kilómetros de largo —el mayor y más sofisticado de todos— que incursionaba 700 metros en el suelo israelí.

El portavoz de las fuerzas armadas judías puntualizó que esos túneles se construyen para «infiltrarse en Israel, poner bombas y secuestrar ciudadanos israelíes». En tanto que Ismail Haniye, primer ministro del gobierno de Gaza, manifestó que los túneles son parte de su nueva estrategia de lucha contra Israel.

Prosiguió la confrontación palestino-israelí.

En la madrugada del 5 de marzo del 2014 el buque iraní con bandera panameña Klos-C fue interceptado en aguas internacionales del Mar Rojo por las fuerzas marinas de Israel y conducido al puerto de Eilat. Había partido del embarcadero iraní de Bandar Abbas, su destino era Puerto Sudán y su carga eran misiles sirios M-302 tierra-tierra que, tras cruzar los golfos de Omán y Adén, iban a entrar en la Franja de Gaza por territorio egipcio y la península del Sinaí.

Esos misiles suministrados por Irán —capaces de alcanzar Tel Aviv y Jerusalén— tenían como destinatario final el grupo islamista Hamás que, según la inteligencia israelí, no poseía ese tipo de misiles.

El nuevo gobierno egipcio —que en julio del 2013 asumió el poder tras derrocar al régimen islamista de los Hermanos Musulmanes, aliados de Hamás— ordenó la clausura de los túneles por los que pasaba el contrabando de armas desde el Sinaí hacia Gaza y prohibió todo movimiento de los activistas de Hamás en su territorio.

En Gaza las cosas continuaron igual. Como vimos antes, ella estaba controlada por un precario gobierno de unidad integrado por Al Fatah y Hamás, que abrigaban entre sí grandes diferencias ideológicas, políticas y estratégicas. Las bandas terroristas Hamás y Yihad Islámica continuaron con el lanzamiento de cohetes contra territorio israelí, aunque la mayoría de ellos fue interceptada por el sistema móvil Iron Dome de interceptación de misiles y cohetes —la cúpula de hierro compuesta por un escudo de siete baterías, cada una de las cuales tenía un centro de control, un radar y tres lanzadores con veinte misiles cada uno— desplegado el 27 de marzo del 2011 al sur de Israel para detener los cohetes disparados desde Gaza. Hamás —formada en 1987 con el propósito declarado de destruir y eliminar al Estado de Israel— estaba pertrechada principalmente por el gobierno de Irán mediante el contrabando de armas y financiada por poderosos regímenes del radicalismo islámico. Formaba parte de la lista mundial de grupos terroristas elaborada por el Departamento de Estado de los Estados Unidos.

El 12 de junio del 2014 tres adolescentes israelíes fueron secuestrados y asesinados por agentes de Hamás. El lanzamiento de cohetes desde Gaza contra territorio israelí no se detuvo. El 1 de julio la banda disparó cuatro morteros que causaron la muerte de dos pesonas e hirieron a cuatro. El 7 de julio lanzó más de 80 cohetes con dirección a ciudades israelíes del sur, cuyos habitantes se vieron precisados a resguardarse en los refugios subterráneos. Al día siguiente dos de los cohetes M-75 disparados desde Gaza cayeron en las proximidades de la central nuclear israelí de Dimona —que era su mayor instalación nuclear—, donde estaba instalado uno de sus reactores nucleares. Se conocía que en aquella época Israel poseía alrededor de 200 ojivas atómicas.

En los siguientes días el lanzamiento de cohetes y morteros fue sistemático. Hasta que el 8 de julio el primer ministro Benjamín Netanyahu ordenó la invasión terrestre y aérea contra la franja de Gaza —con la denominada operación Protective Edge—, para lo cual movilizó a las fuerzas de defensa israelí y a 82.000 reservistas, aunque a comienzos de agosto desmovilizó 30 mil de ellos, que no le fueron necesarios.

Estalló una nueva confrontación militar entre Israel y los grupos irregulares armados de Gaza.

Esa fue, sin duda, la mayor y más destructiva de las ofensivas israelíes realizadas hasta aquel momento.

Cuando se iniciaron los combates los dirigentes judíos dijeron que su respuesta militar sería selectiva y apuntaría hacia los combatientes del grupo Hamás, sus instalaciones de cohetes, sus arsenales, sus oficinas y sus túneles de penetración en territorio israelí. Pero el cumplimiento de ese objetivo resultó imposible en una zona tan altamente poblada. Gaza tenía en ese momento 1’800.000 habitantes sobre un territorio de 362 kilómetros cuadrados de superficie, lo que daba 4.972 habitantes por kilómetro. Era uno de los lugares de mayor densidad demográfica en el planeta. El 70% de la población estaba formada por refugiados. Pero, además, las milicias de Hamás, como táctica defensiva, colocaron algunas de sus instalaciones militares en sótanos de hospitales o en edificios de vivienda y formaron escudos humanos para la protección de sus combatientes e instalaciones militares.

La operación duró cincuenta días, con breves interrupciones de horas por acuerdos de alto al fuego patrocinados por el gobierno de Egipto con la participación de misiones de la Unión Europea y Estados Unidos. Fue terriblemente sangrienta. Arrojó, hacia el lado palestino, 2.143 muertos, millares de heridos y centenares de miles de desplazados. Hubo un altísimo porcentaje de víctimas inocentes entre la población palestina, varios miles de heridos y decenas de miles de desplazados. En Israel las bajas fueron inmensamente menores: 2 comandantes de unidad, 62 soldados y 3 civiles. Los daños materiales en las ciudades de Gaza fueron gigantescos. Quedaron destruidas 17.200 casas, 55 mil fueron dañadas y sufrieron graves daños las plantas y sistemas eléctricos, las redes de distribución de agua potable y otras infraestructuras urbanas, lo mismo que fábricas, hospitales, escuelas y colegios.

Israel destruyó los 32 túneles construidos por Hamás —algunos de ellos a profundidades de hasta veinte metros bajo el suelo— que penetraban en territorio judío.

La operación Protective Edge fue respaldada por una mayoría del pueblo israelí —según un sondeo de opinión que entonces se publicó—, pero en Gaza las cosas fueron diferentes: sólo el 33% de los ciudadanos apoyaba a Hamás —lo reveló una encuestra del Centro Palestino de Política e Investigación hecha poco tiempo antes— mientras que los restantes repudiaban su mal gobierno, su comportamiento dogmático, su violencia, su crueldad y su extremismo.

Y, respecto al exterior, Gaza quedó aislada y no tuvo un importante apoyo en el mundo árabe durante la guerra. Pero también el triunfador militar —Israel— salió muy debilitado en su posición internacional ya que en muchos lugares del mundo surgieron censuras por su desmedida operación militar. De los propios sectores laboristas internos salieron críticas contra los excesos militares en Gaza. Sostuvieron que la respuesta israelí a los ataques de Hamás había sido desproporcionada. El reguero de sangre de civiles (tres cuartas partes de los 2.143 muertos, con cerca de 450 niños y adolescentes) había terminado por convertir esa ofensiva militar en una espiral de violencia.

Navanethem Pillay, Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, denunció en esos días que los contraataques de las fuerzas militares judías podrían constituir crímenes de guerra.

Y el profesor y diplomático estadounidense Martin Indyk, exmediador en las negociaciones palestino-israelíes, opinó que la guerra agravó la ya «tensa» relación entre Obama y Netanyahu.

Todo esto a pesar de que las fuerzas armadas de Israel emplearon el procedimiento denominado golpe en la puerta, que consistía en advertir por vía telefónica a la población de Gaza los lugares y edificios civiles que iban a ser atacados para que fueran abandonados.

La guerra terminó el 26 de agosto del 2014 por un acuerdo de tregua prolongada —no acuerdo de paz— celebrado en El Cairo gracias a la mediación diplomática de Egipto, con el compromiso de que Hamás se abstenga de lanzar misiles y morteros y de cavar nuevos túneles en territorio israelí y abandone el contrabando de armas, y que los judíos, por su parte, detengan sus acciones militares, amplíen los pasos fronterizos de Gaza para que pasen productos, ayuda humanitaria y materiales de reconstrucción, extienda la zona de pesca de Gaza de tres a seis millas marinas en el Mediterráneo y Egipto abra sus controles sobre los catorce kilómetros de frontera con Gaza.

Es preciso recordar que la Franja de Gaza quedó integrada al territorio palestino tras la partición territorial entre Palestina y el nuevo Estado de Israel decidida por la ONU en 1947. Lo cual se ratificó en el acuerdo de paz de 1949 —después de la primera guerra entre árabes y judíos— celebrado entre Israel y los derrotados Egipto, Líbano, Siria, Jordania e Irak. Pero el gobierno hebreo se reservó el control de todas las fronteras de Gaza —incluidos su espacio aéreo y sus aguas territoriales—, con excepción de la pequeña frontera sur, que estaba bajo la vigilancia de las autoridades egipcias. Y vigilaba la entrada por vía aérea, terrestre y marítima de alimentos, bienes, dinero y suministros de agua y electricidad. Lo hacía bajo el temor de que los palestinos introdujeran armas sofisticadas de largo alcance que pudieran poner en peligro la integridad de su país.

A partir de ese momento, cuando el gobierno israelí advierte que su despliegue antimisil puede no ser suficiente para impedir que los grupos armados palestinos —la banda Hamás, o la brigada Al Qods de la Yihad Islámica o la brigada de los Mártires de Al Aqsa vinculada con Al Fatah o cualquier otro— pusieran en riesgo la seguridad de Israel, invoca cualquier razón para lanzar una operación militar de desmantelamiento del enemigo.

La sumisión del mundo bajo el petróleo y los Estados que lo producen ha originado una de las mayores inconsecuencias en la política internacional de la postguerra fría. Me refiero a la alineación de fuerzas en torno al conflicto árabe-israelí. Lo lógico sería que los sectores progresistas del mundo estuvieran al lado de Israel y los retardatarios, junto a las comunidades árabes. Pero ocurre exactamente lo contrario. Las fuerzas progresistas forman filas con las teocracias más retrógradas y con los regímenes económicos feudales del mundo árabe —donde unos cuantos jeques son dueños de vidas y haciendas— mientras que las fuerzas conservadoras están con Israel, que sin duda ha logrado en su régimen interno un importante desarrollo socialista. Sus niveles de tributación son altísimos. La educación es pública y gratuita y la seguridad social ha alcanzado características admirables. Sus kibbutzim son granjas agrícolas colectivas donde se hace realidad el viejo postulado de distribución socialista: a cada uno según sus necesidades y de cada uno según sus capacidades. De modo que allí los trabajadores rinden de acuerdo con su aptitud y reciben en conformidad con sus requerimientos. No hay jerarquización en las tareas desempeñadas: todas tienen la misma importancia, sean manuales o intelectuales, y la remuneración depende de las necesidades de cada trabajador y su familia. Más del 45% de la tierra cultivable está sometido a este régimen de propiedad, trabajo y producción colectivos. En cambio, en el atrasado mundo islámico unos cuantos jeques, en nombre de Alá, mandan y desmandan sobre sus Estados y usan los bienes públicos en su provecho personal y familiar. Nada hay en ellos que se parezca a libertad, igualdad, austeridad, democracia, constitucionalismo, derechos humanos, Estado de Derecho, republicanismo, elecciones, separación de iglesia y Estado, tolerancia religiosa, equidad de sexos y laicismo. Sus pueblos viven en la más atrasada y cerril teocracia. Las diferencias sociales son marcadas. La humillación a las mujeres clamorosa. Los gobernantes son endiosados. En febrero del 2008 el mundo vio absorto, por ejemplo, cómo el príncipe saudí Al-Waleed bin Talal bin Abdul Aziz Al-Saud, sobrino del rey Abdulla de Arabia Saudita y dueño de una fortuna de 14.000 millones de euros formada al socaire del gobierno, adquirió para su uso personal en 225 millones de euros un gigantesco Airbus A380 —en ese momento, el avión comercial más grande del mundo, con cabida para 850 pasajeros—, con lujosos comedores, salas de cine, gimnasio, sauna, jacuzzi, dormitorios con baño privado, y, para adaptarlo a sus extravagantes gustos, ordenó que se le diera una capa de pan de oro al fuselaje, a un costo de 128 millones de euros adicionales. ¡Estos son los líderes «demócratas» del Oriente Medio a los que apoyan algunos políticos «progresistas» del mundo, bajo el embrujo del petróleo!

La historia fue que en 1948 la ONU, por resolución de su Asamblea General, entregó a los judíos una pequeña franja de territorio aprisionada entre el río Jordán y el Mediterráneo para que allí estableciesen su Estado. Bajo el liderazgo del laborista David Ben Gurión (1886-1973) el pueblo israelí fundó el nuevo Estado, vecino de Palestina, y organizó su primer gobierno, presidido por el líder laborista, el 14 de mayo de 1948. Pero, dentro de las 24 horas siguientes a la declaración de independencia, Israel fue atacado por las fuerzas militares de siete países árabes que se oponían a la creación del Estado hebreo: Egipto, Siria, Jordania, Líbano, Irak, Arabia Saudita y Yemen. No obstante, el triunfo de las armas judías consolidó el Estado de Israel. Después vinieron tres guerras totales entre árabes y judíos: la guerra relámpago de octubre de 1956, en que las fuerzas militares de Moshé Dayán, desalojando a los egipcios, ocuparon el Sinaí e incorporaron 5.200 kilómetros cuadrados a su inicial territorio; la guerra de los seis días, que se inició con el ataque aéreo israelí por sorpresa que destruyó los aeropuertos militares egipcios el 5 de junio de 1967 y que puso fuera de combate a los países árabes; y la denominada guerra del yom kippur que se inició en las alturas de Golán y el Sinaí el 6 de octubre de 1973 —día del ayuno sagrado de los judíos— con un ataque por sorpresa de las fuerzas combinadas de Siria y Egipto, financiadas por Arabia Saudita y Kuwait y dotadas de sofisticado armamento soviético, para recuperar los territorios perdidos en 1967.

Como resultado de las cuatro confrontaciones militares Israel amplió el tamaño de su territorio pero con ello creó otras tantas bombas de tiempo en el camino de la paz con los países árabes.

A partir de 1967 el mantenimiento de los territorios ocupados fue la principal preocupación de la política israelí. Los líderes y partidos de la derecha, con inclusión de los grupos religiosos, se opusieron tenazmente a la devolución de Cisjordania, Gaza y el sector oriental de Jerusalén, que consideraban parte del territorio de Israel. Bajo el liderazgo de Menajem Beguin el movimiento Likud —formado en 1973 por grupos nacionalistas— se opuso ardientemente a cualquier concesión territorial a favor de los árabes. En el Partido Laborista, en cambio, las opiniones estuvieron divididas: unos deseaban la retirada y otros el mantenimiento de algunos de los territorios por su importancia estratégica para la seguridad de Israel. Los partidos pequeños —el Partido Comunista, entre ellos— eran contrarios a la ocupación de los territorios conquistados.

Con lo ocurrido en el seno de las Naciones Unidas en Nueva York, han sido dos los casos de no aceptación de ingreso a la Organización Mundial: Kosovo y Palestina. Kosovo —provincia de Serbia que declaró su independencia y se constituyó en Estado el 17 de febrero del 2008 por el voto favorable de 109 de los 120 diputados de su parlamento, a raíz de la sangrienta «limpieza étnica» emprendida por el gobierno serbio de Slobodan Milosevic— no pudo solicitar su ingreso debido al anunciado veto de Rusia en el Consejo de Seguridad. 83 Estados miembros vieron con simpatía el nacimiento del nuevo Estado. Pero éste no solicitó su ingreso a las Naciones Unidas debido al anunciado veto de Rusia en el seno de Consejo de Seguridad. Sin embargo y paradójicamente, la República Democrática de Kosovo fue aceptada como miembro del Fondo Monetario Internacional el 5 de mayo del 2009 —por 96 votos a favor— y del Banco Mundial el 29 de junio de ese año, organismos especializados de las Naciones Unidas.

Palestina, en cambio, solicitó formalmente su ingreso y no fue aceptada por el veto de Estados Unidos, a pesar de un importante respaldo político de numerosos Estados en el seno de la Asamblea General.

Hay que aclarar que no se trató, ni puede tratarse, de un «reconocimiento» al futuro Estado palestino. Los Estados existen por sí mismos, independientemente de la aceptación exterior, cuando reúnen sus elementos constitutivos esenciales: pueblo, territorio, soberanía y gobierno. La ONU puede negar a un Estado su ingreso como miembro pero no su condición estatal, cuya existencia no depende de una voluntad externa. Por algo el Estado es un ente soberano. Si necesitara el reconocimiento exterior, no sería soberano, es decir, no sería Estado.

Los Estados pueden ser miembros o no de las Naciones Unidas. Esta es una decisión soberana de cada uno de ellos. La Carta de las Naciones Unidas, en su artículo 4, manda que la admisión de un Estado como miembro de la Organización «se efectuará por decisión de la Asamblea General a recomendación del Consejo de Seguridad». En consecuencia, no es que la ONU reconozca como Estado a una comunidad nacional sino que la acepta o no como miembro por decisión de la Asamblea General previa recomendación del Consejo de Seguridad. El Estado existe por sí mismo. No debe su existencia a una votación de la ONU. La soberanía —que es uno de sus elementos esenciales— es precisamente la condición de no depender de decisiones externas.

El 28 de noviembre del 2012 la Asamblea General de las Naciones Unidas —por 138 votos contra 9 y 41 abstenciones— otorgó a Palestina el estatus de observador no miembro de la Organización Mundial y reafirmó «el derecho del pueblo palestino a su autodeterminación e independencia» sobre el territorio reconocido históricamente por la ONU. La resolución se tomó con el voto contrario de Israel, Estados Unidos, Canadá, República Checa, Palau, Micronesia, Panamá, República de Nauru y las islas Marshall. En inédita actitud, algunos Estados europeos se sumaron a la aprobación: España, Francia, Italia, Austria, Suecia, Suiza, Bélgica, Dinamarca, Finlandia, Irlanda, Luxemburgo, Islandia, Noruega, Portugal, mientras que Holanda, Alemania, Reino Unido y Australia se abstuvieron de votar.

La eufórica declaración de Mahmud Abbas, presidente de la Autoridad Nacional Palestina, fue: «Dios está con nosotros y el futuro es nuestro”.

Pero la respuesta de Israel fue su plan para construir tres mil nuevas viviendas en Jerusalén Este —el denominado plan E-1— y en los asentamientos de Cisjordania. El proyecto fue rechazado por Estados Unidos, Inglaterra, Francia, Jordania y otros Estados porque perjudicaba el diálogo de paz y daba al traste con el proyecto del Estado palestino, dado que las nuevas edificaciones anunciadas por Israel —viviendas, centros comerciales, parque industrial, plazas hoteleras, en un área de unos 12 kiómetros cuadrados a las puertas de Jerusalén— dejarían a Cisjordania sin continuidad territorial entre el norte y el sur —o, al menos, lo reduciría enormemente—, lo que dificultaría la viabilidad del futuro Estado palestino.

Por cierto que ese proyecto no era nuevo: se remontaba a los años 90 del siglo pasado, con el primer ministro judío Isaac Rabin.

16. Irán. El cuadro geopolítico del Oriente Medio se había complicado ya en el 2005 con la decisión del fundamentalista islámico Mahmud Ahmadinejad, que a la sazón ejercía el poder en Irán, de reiniciar su programa nuclear —paralizado años atrás por mandato de las Naciones Unidas, a través del Organismo Internacional de Energía Atómica— y reactivar los laboratorios e instalaciones nucleares de Kalaye, Lavizan, Natanz, Arak, Esfahan y Bushehr, en los que se procesaba y almacenaba uranio enriquecido. En abril del 2006 Ahmadinejad anunció que, bajo la bendición de Alá, sus técnicos habían logrado exitosamente completar el ciclo de producción de uranio enriquecido en la planta de Natanz.

La actitud de Ahmadinejad me recordó las palabras de Mao en 1957, referentes a la amenaza de una confrontación nuclear durante los sombríos días de la guerra fría: «Si ocurriera lo peor y la mitad de la humanidad muriera, la otra mitad quedaría y el imperialismo sería arrasado de la Tierra». Ahmadinejad trató de convertir el desarrollo de su programa nuclear en un punto de orgullo del tercer mundo: la lucha por acceder a la más sofisticada tecnología nuclear, lo cual le valió, por ejemplo, obtener en la cumbre de los países no alineados reunida en La Habana en septiembre del 2006 el respaldo de 118 Estados a sus propósitos de enriquecer uranio dentro de su programa nuclear.

El director de inteligencia norteamericano John D. Negroponte dijo en ese momento que Irán podría tener armas nucleares entre el 2010 y el 2015.

Como era lógico, esto produjo una onda de alarma y preocupación en Estados Unidos, la Unión Europea, Rusia, China, India, Israel y otros países, que no estaban dispuestos a aceptar que un Estado políticamente tan inestable y regido por el integrismo islámico construyera armas atómicas.

El 24 de diciembre del 2006 el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, con el voto unánime de todos sus miembros, impuso al gobierno iraní presidido por Ahmadinejad una serie de sanciones económicas y militares por no haber detenido, como exigía la comunidad internacional, su programa de enriquecimiento de uranio con miras a fabricar armas nucleares, aunque la razón esgrimida era la generación de energía eléctrica. Esto ocurrió al mismo tiempo que el primer ministro israelí Ehud Olmert recibía en Jerusalén a su colega palestino Mahmud Abbas, en un encuentro para tratar de avanzar en el proceso de paz entre los dos pueblos y acordar la transferencia de cien millones de dólares retenidos por Israel a raíz de las confrontaciones armadas en la franja de Gaza. A comienzos de marzo del 2008 el Consejo de Seguridad endureció el régimen de sanciones económicas y comerciales contra Irán por negarse a suspender su programa de enriquecimiento de uranio.

El «club nuclear», integrado en el año 2009 por ocho países, se empeñaba en impedir que nuevos socios ingresaran a él y en vigilar que el uranio y el plutonio enriquecidos no escaparan de control. Si una de estas dos cosas ocurriera, nada podría impedir que las bandas del terrorismo global tuvieran acceso a armas nucleares.

En esos días de alta tensión internacional por el anuncio iraní, «The Sunday Times» de Londres, en su edición dominical de abril 16/06, informó que el gobierno de Irán tenía listos para entrar en acción cuarenta mil terroristas suicidas bien entrenados, destinados a golpear objetivos de Estados Unidos e Inglaterra si sus plantas nucleares de enriquecimiento de uranio fueran atacadas. El gobierno norteamericano declaró que no descartaba una solución militar al problema. Hassan Abbasi, director del Centro de Estudios Estratégicos Doctrinales de los Guardianes de la Revolución de Irán, en un discurso recogido por el periódico inglés, afirmó en aquella ocasión que tenían identificados veintinueve objetivos occidentales y que estaban «preparados para atacar puntos sensibles de Estados Unidos y Gran Bretaña si ellos atacan las instalaciones nucleares iraníes», y juró que «la desaparición de Gran Bretaña está en su agenda». El diario inglés explicó que en marzo del 2006 desfilaron por primera vez en las calles de Teherán los «batallones de kamikazes» guardianes de la revolución, vestidos con uniformes militares verde olivo y cinturones de explosivos en la cintura.

Sin embargo, a comienzos de diciembre del 2007 surgió una noticia desconcertante: los servicios de inteligencia de Estados Unidos aseveraron en un informe que a partir del otoño del 2003 «Irán detuvo su programa de armas nucleares y esa interrupción se mantuvo por varios años». El Presidente norteamericano, desmentido por el informe, expresó que, en efecto, había sido notificado «la semana pasada» con el documento en referencia. No obstante lo cual aseguró que el país islámico era aún un peligro por su potencial acceso a las armas nucleares. Y el gobierno británico manifestó que seguía considerando vigente la amenaza atómica iraní ya que el gobierno de Teherán proseguía con el enriquecimiento de uranio.

El presidente electo de Estados Unidos, Barack Obama, expresó en vísperas de su posesión del cargo —en enero del 2009— que un Irán con armamento nuclear era inaceptable y que el apoyo de Teherán a las organizaciones terroristas «es algo que debe terminar».

Al iniciar su campaña electoral para las elecciones del 12 de junio del 2009, en las que aspiraba a la reelección, Mahmud Ahmadinejad anunció que había lanzado un nuevo misil Sajjil-2, de avanzada tecnología, con un alcance de 2.000 kilómetros —o sea con posibilidad de llegar a Israel, el sureste de Europa o las bases militares estadounidenses en el Oriente Medio—, cosa que preocupó hondamente a las potencias occidentales. Antes había probado el Ghadr-1, con una llegada de mil ochocientos kilómetros, había incrementado el alcance de su misil Shahab-3 a dos mil kilómetros y sometido a prueba el Ashurá, con igual radio de acción.

Al día siguiente de las amañadas elecciones presidenciales el Ministerio del Interior proclamó el triunfo de Ahmadinejad; pero los seguidores del candidato opositor Mir Hosein Musavi —islámico moderado— se lanzaron masivamente a las calles a protestar por el fraude electoral. Miles de ellos se ganaron el centro urbano de Teherán pero fueron brutalmente reprimidos por la policía y por los denominados Guardianes de la Revolución, que eran las fanáticas fuerzas de choque de Ahmadinejad. Hubo decenas de muertos y centenares de heridos. El ayatolá Alí Jamenei, supremo guía religioso de Irán, se pronunció a favor de Ahmadinejad. Y el gobierno iraní, como era su costumbre, acusó a Occidente de haber fomentado el levantamiento popular.

En lo que en ese momento fue la última medida diplomática y política contra el programa nuclear de Irán, el Consejo de Seguridad de la Naciones Unidas, con los votos favorables de doce de sus quince miembros —incluidos los cinco permanentes—, los votos contrarios de Brasil y Turquía y la abstención de Líbano, aprobó el 9 de junio del 2010 nuevas y más duras sanciones económicas contra Irán por su programa nuclear, sospechoso de encaminarse hacia la fabricación de armas nucleares. En la resolución se establecían nuevas restricciones a las operaciones de los bancos y entidades financieras iraníes en el exterior, endurecimiento del embargo de armas e inspección de buques y aviones iraníes sospechosos de portar armas. No obstante, China y Rusia presionaron por bajar la severidad de las sanciones y excluir de ellas al sector energético iraní. El presidente Ahmadinejad respondió que la resolución iba a parar a un «cubo de basura» y el embajador iraní ante el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) dijo en Viena que «las actividades de enriquecimiento de uranio no se suspenderán ni por un segundo». El presidente Obama afirmó que la comunidad internacional había enviado a Teherán un «mensaje inequívoco» de que no le permitirá desarrollar armas nucleares.

En el marco de la estrategia multilateral para aislar y presionar al gobierno iraní, los Estados Unidos y la Unión Europea aprobaron sendas sanciones económicas contra Irán destinadas a profundizar el aislamiento internacional del régimen de los ayatolás y a obligarlo a entenderse con el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA). Las medidas bloquearon el acceso de los bancos iraníes a los sistemas financieros norteamericano y europeo, pusieron a los bancos extranjeros que hacían negocios con Irán en la «lista negra» de Estados Unidos y de Europa, responsabilizaron a los bancos estadounidenses y europeos de las acciones de sus subsidiarias en el exterior, prohibieron la concesión de contratos a compañías extranjeras que exportaran tecnología a Irán y afectaron a la empresa iraní de transporte marítimo, poseedora de más de noventa barcos, a las instituciones iraníes vinculadas con el programa nuclear y a más de veinte compañías controladas por prominentes figuras del gobierno de Teherán.

Sin embargo, en junio del 2010, en plena vigencia de las sanciones, Teherán prohibió la entrada de dos inspectores del OIEA bajo el argumento de que habían ofrecido «informaciones incorrectas sobre las actividades nucleares de Irán».

Los veintisiete Estados de la Unión Europea adoptaron en julio del 2010 una serie de medidas adicionales de represalia contra el régimen iraní. Entre ellas, vedaron el ingreso de aviones de pasajeros y de carga iraníes a los aeropuertos europeos, prohibieron que en sus puertos acoderaran barcos de la naviera iraní y detuvieron todo aporte en inversiones, tecnología, equipos, bienes o servicios en el sector hidrocarburífero de Irán. Esta última medida fue muy grave porque este país era un alto productor mundial de petróleo pero importaba el 40% de la gasolina que demandaba su consumo interno puesto que carecía de capacidad refinadora.

En el marco del desafío nuclear de Irán, el Pentágono activó en el año 2011 un escudo para proteger el sur de Europa de eventuales misiles —cada vez de mayor alcance— desarrollados por los regímenes de Teherán y de Pyongyang y fortaleció los sistemas antimisiles de Israel y de sus aliados en el Golfo Pérsico. Una parte de los sistemas antimisiles de protección de Europa operaba en los destructores y cruceros de la Armada de Estados Unidos desplegados en el Mediterráneo oriental desde el año 2009, provistos con sofisticados sistemas Aegis, radares Spy-1 y misiles interceptores.

En julio del 2010 el jefe del Estado Mayor de las fuerzas armadas norteamericanas, almirante Mike Mullen, en declaraciones a la cadena NBC, reconoció la existencia de un eventual plan de ataque contra Irán para impedir que su régimen teocrático tuviera armas atómicas.

A pesar de la impenetrable reserva que rodeaba las actividades nucleares de Irán, trascendió en los círculos científicos europeos que ellas tenían muchos problemas técnicos en la operación de sus máquinas centrifugadoras de uranio, que habían producido atrasos en su programa nuclear.

El 23 de septiembre del 2010 Ali Akbar Salehi, Vicepresidente del gobierno iraní, reconoció públicamente que un sofisticado virus informático intentó infectar las plantas nucleares de su país y causar en ellas un completo caos, pero dijo que el intento no alcanzó sus objetivos porque los científicos iraníes lograron neutralizarlo e impedir que penetrara en los sistemas informáticos de las máquinas centrifugadoras en las instalaciones nucleares. Sin embargo, reconoció que el virus logró afectar plantas de energía, sistemas de procesamiento de aguas, oleoductos, instalaciones industriales y miles de ordenadores personales.

El virus fue bautizado como stuxnet y los círculos científicos internacionales lo consideraron un prototipo de arma cibernética, que marcaba el inicio de una nueva y diferente carrera armamentista. Alguien afirmó que fue el primer misil cibernético guiado. Stewart Baker, exconsejero general de la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos, afirmó que «el Stuxnet es el comienzo de una nueva era» porque «es la primera vez que vemos realmente un arma creada por un Estado para llevar a cabo una meta para la que, de otra manera, hubiera tenido que usar múltiples misiles de crucero».

Dada su alta sofisticación, en los círculos políticos iraníes se afirmó que el malicioso virus no fue creado ni manipulado por hackers privados sino por centros de inteligencia de Estados enemigos de su régimen político —sobre Israel y Estados Unidos cayeron las primeras sospechas— con el propósito de dañar sus instalaciones de enriquecimiento de uranio. Y, rompiendo el absoluto secreto en que se manejaba el régimen iraní, Mahmud Alyaie, alto funcionario del Ministerio de Industrias y Minas, admitió que «una guerra electrónica ha sido lanzada contra Irán». Después se pudo verificar que fueron, en realidad, Estados Unidos e Israel los que elaboraron y usaron aquel tan sofisticado y mortífero virus informático para afectar gravemente los programas nucleares iraníes. «The New York Times» reveló que durante dos años se utilizó la central nuclear de Dimona, al sur de Israel, para crear, ensayar y probar la eficacia del stuxnet con el objetivo táctico de descomponer las centrifugadoras nucleares de Irán para el enriquecimiento de uranio.

Científicos occidentales —entre ellos, Olli Heinonen, catedrático de Harvard y exjefe de inspecciones del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), con sede en Viena— sostuvieron en noviembre del 2010 que una de las causas de los problemas técnicos y atrasos que afrontaban los programas nucleares de Irán fue la infiltración del virus stuxnet en las computadoras de las máquinas centrifugadoras de uranio de sus instalaciones nucleares. Obviamente las autoridades iraníes lo negaron. Pero la acción de este malicioso virus estuvo detrás de los tropiezos técnicos sufridos por las máquinas centrifugadoras de uranio —especialmente en el reactor nuclear de Bushehr— que retardaron y mediatizaron el programa nuclear iraní.

17. El mundo árabe. El heterogéneo mundo árabe compuesto por veintidós Estados e incontables tribus, que se extendía por el Magreb, el Oriente Medio y el Golfo Pérsico, fue conmovido por espectaculares y violentas movilizaciones callejeras, que se iniciaron en Túnez en diciembre del 2010 —cuyo gobierno fue la primera pieza del dominó en caer—, pasaron a Egipto —la plaza Tahrir de El Cairo fue el emblemático lugar de reunión— y desde allí se extendieron hacia Argelia, Yemen, Jordania, Siria, Libia, Bahréin, Marruecos y otros lugares. El descontento popular, represado por décadas, explosionó en las calles. Las masas salieron a manifestar su descontento contra los sátrapas corruptos, poseídos por el fanatismo religioso, que se habían perpetuado en el poder. Fueron brutalmente reprimidas, especialmente en Libia, donde las tropas del gobierno bombardearon ciudades y causaron miles de muertos, lo cual mereció la condena de la Liga de Estados Árabes, la Unión Africana y la Conferencia Islámica.

La mecha de la insurgencia se prendió el 17 de diciembre anterior en el mísero pueblo tunecino de Sidi-Bou-Zid cuando se inmoló en la calle un joven estudiante —llamado Mohammed Bouazizi— a quien el policía confiscó, por carecer de permiso, el carrito de mano en que vendía frutas y verduras. Buena parte del protagonismo correspondió a los jóvenes, que exigían libertad, trabajo y fin de la podredumbre del poder, y que pudieron comunicarse, organizarse y convocarse por la red informática.

Los déspotas habían gobernado largamente en los países árabes aunque con signo político diferente. Hasta ese momento —primer trimestre del 2011— Gadafi llevaba 42 años en el mando de Libia, Ali Abdullah Saleh 33 años en Yemen, Mubarak 30 años en Egipto, 24 años Zine El Abidine Ben Ali en Túnez, Abdala II bin al-Hussein —que heredó de su padre el poder— 12 años en Jordania, por igual período se mantuvo el rey Mohamed VI de Marruecos, Bashar al-Assad en Siria 11 años, en sustitución de su padre que gobernó por 29.

Durante la segunda postguerra los pueblos árabes vivieron tumultuosos períodos políticos, en medio del fragor de las luchas político-religiosas, de las bregas anticoloniales, el nacimiento de nuevos Estados —Marruecos, Túnez, Libia, Sudán, Ghana, Egipto, Siria y otros— dentro del amplio proceso de descolonización impulsado por las Naciones Unidas—, luchas intraislámicas, acciones terroristas de los fundamentalistas musulmanes, “limpiezas étnicas”, guerras civiles, incompetencia de los gobiernos, violación de los derechos humanos e implantación de regímenes cleptocráticos y autoritarios de partido único. Fue una época signada por la violencia y el desorden que hundió a esos pueblos en el más espantoso subdesarrollo.

Fueron varias las misiones de injerencia humanitaria desplegadas allí por las Naciones Unidas.

A todo eso se sumó el fracaso militar árabe frente a Israel. Se produjeron cuatro guerras de exterminio entre árabes y judíos a raíz del nacimiento del Estado de Israel en 1948 por disposición de las Naciones Unidas. La primera de ellas fue 24 horas después de instalado el nuevo Estado. Egipto, Líbano, Siria, Jordania e Irak invadieron su territorio e iniciaron un enfrentamiento bélico que duró más de un año y que terminó con el armisticio de 1949, tras el triunfo de las armas israelíes. La segunda fue la guerra relámpago de octubre de 1956, en que las fuerzas militares de Moshé Dayán, desalojando a los invasores egipcios del territorio israelí, ocuparon el Sinaí e incorporaron 5.200 kilómetros cuadrados a su inicial patrimonio territorial. Después estalló la “guerra de los seis días”, que se inició con un ataque aéreo israelí por sorpresa que destruyó los aeropuertos militares egipcios el 5 de junio de 1967 y que puso fuera de combate a los países árabes. Y, finalmente, la denominada “guerra del yom kippur” que se inició en las alturas de Golán y el Sinaí el 6 de octubre de 1973 —día del ayuno sagrado de los judíos— con un ataque sorpresivo a Israel por las fuerzas combinadas de Siria y Egipto —financiadas por Arabia Saudita y Kuwait y dotadas de sofisticado armamento soviético— para recuperar los territorios perdidos en 1967.

Como resultado de las cuatro confrontaciones militares Israel cuadruplicó el tamaño de su territorio a costa de los países árabes pero con ello creó otras tantas bombas de tiempo en el camino de la paz.

El terrorismo islámico ha acudido a la utilización de hombres suicidas portadores de bombas o conductores de coches-bomba, dispuestos a estallar en pedazos en homenaje a Alá. Esos terroristas —generalmente jóvenes, fanáticos religiosos, de temperamento irascible, miembros de familias musulmanas devotas— son preparados psíquica, emocional y físicamente para su inmolación. Los líderes religiosos los toman a su cargo, los someten a intensas lecturas del Corán, hacen ayunos y reciben un verdadero “lavado cerebral” hasta quedar psicológicamente listos para ganar la bienaventuranza eterna por haber dado muerte a los “infieles”.

El 11 de septiembre del 2001 se produjeron en Nueva York y en Washington los más bárbaros e inhumanos atentados de la historia del terrorismo. Entre las 08:46 y las 09:40 horas de ese trágico día, comandos suicidas del fundamentalismo islámico secuestraron cuatro aviones comerciales, tres de los cuales los utilizaron como proyectiles, con pasajeros y todo, contra las torres gemelas del World Trade Center en Nueva York y contra el Pentágono de Washington. El cuarto, que presumiblemente tenía como objetivo la Casa Blanca o el Capitolio, se estrelló contra un terreno despoblado cerca de la ciudad de Pittsburg, en Pennsylvania, antes de que pudiese cumplir su propósito.

Las investigaciones del FBI determinaron pocos días después que fueron pilotos kamikazes islámicos, armados con cuchillos y dagas, los que secuestraron los cuatro aviones.

Esos demenciales actos causaron 3.248 muertos, incluidos los pasajeros de los aviones, los 19 terroristas y los 543 bomberos neoyorquinos que acudieron en ayuda de las víctimas.

El FBI, a través de sus investigaciones, estableció que los secuestradores fueron 19 agentes del islámico, algunos de ellos con conocimientos básicos de pilotaje, entrenados y financiados por el fanático y multimillonario terrorista musulmán Ossama Bin Laden, quien años atrás fue declarado el enemigo público número uno de Estados Unidos y uno de los diez criminales más buscados por el FBI en el mundo por la planificación y dirección de los brutales atentados contra las embajadas norteamericanas en Kenia y Tanzania el 7 de agosto de 1998, que causaron 258 muertos y miles de heridos, y por la bomba explosiva colocada en una de las torres del World Trade Center en Nueva York el 26 de febrero de 1993, que produjo diez muertos y más de mil heridos.

Bin Laden, quien preparó prolijamente los atentados, explicó después que sus “hermanos” —los autores materiales de los ataques— sabían que iban a ser protagonistas de un episodio de autoinmolación contra los “infieles” por voluntad y en nombre de Alá. Y confesó la inmensa felicidad que sintió por la consumación de los atentados y dio su profundo agradecimiento a Alá por el éxito de la operación.

Protegido por el gobierno fundamentalista talibán de Mohammed Omar que había tomado el poder en 1996, Laden planificó, financió y dirigió desde su madriguera en Afganistán las sangrientas acciones terroristas contra los símbolos del poder financiero y militar de Estados Unidos. Lo hizo en cumplimiento de su propia fatwa formulada en 1998: “Todo musulmán tiene el deber de matar a norteamericanos y a sus aliados”.

En la madrugada del 1 de mayo del 2011 veinte soldados de elite norteamericanos —los temibles SEALS—, a bordo de cuatro helicópteros, asaltaron la mansión fortificada de Bin Laden —un verdadero búnker— en Abbottabad, sesenta kilómetros al norte de Islamabad, y mataron al líder de al Qaeda. Su cadáver, después de practicada la prueba del ADN, fue arrojado al mar por los soldados norteamericanos de acuerdo con las tradiciones islámicas. Cuarenta y cinco días después el grupo terrorista sustituyó a su líder muerto por el egipcio Ayman al Zawahiri —más temido que su antecesor—, quien reiteró la declaración de «guerra santa» contra Estados Unidos, Israel y sus aliados.

La inhumana represión del gobierno libio de Muammar Gadafi contra su pueblo, que causó varios miles de muertos, motivó la Resolución Nº 1973 tomada en defensa de la población por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas el 17 de marzo del 2011 —sin el veto de quienes podrían haberlo interpuesto— que estableció el uso de la fuerza militar, el establecimiento de una zona de exclusión aérea, el embargo de armas, la congelación de activos del gobierno de Gadafi, la entrega de armas a los rebeldes y el abastecimiento humanitario para aliviar la crisis alimentaria de la población. Inmediatamente, el 31 de marzo, la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) asumió la jefatura de las operaciones militares y, bajo su autoridad, el bloque formado por Francia, Inglaterra, Estados Unidos, Bélgica, Dinamarca, España, Italia y Grecia inició los ataques aéreos contra los puertos y aeropuertos de uso militar, cuarteles e instalaciones castrenses, unidades de vehículos blindados, edificios gubernativos en Trípoli. Los bombardeos aliados incluyeron la residencia del sátrapa libio en el sector de Bab al-Aziziya de Trípoli, hasta que finalmente fue derrocado a mediados de agosto del 2011 por un alzamiento popular armado que, tras cruentos combates contras las fuerzas armadas del gobierno, echó del poder a la familia Gadafi.

La lucha fue sangrienta. Dejó miles y miles de muertos en los dos bandos. En el curso de ella los rebeldes anunciaron que en las afueras de Trípoli habían encontrado, en una fosa común, los cuerpos descompuestos de los 1.270 prisioneros de la cárcel de Abu Salim que fueron fusilados por el régimen de Gadafi el 28 de junio de 1996, a consecuencia de su amotinamiento para pedir cambios en sus denigrantes condiciones de vida carcelaria.

La situación de los países árabes del Magreb, el Oriente Medio y el Golfo Pérsico fue explosiva.

La milicia fundamentalista islámica Boko Haram, fundada en Nigeria por Mohammed Yusuf el año 2002, lanzó en el 2012 una campaña de terror contra las instituciones educativas nigerianas y contra el «saber occidental». En abril de ese año, bajo el postulado de que «la educación occidental es un pecado», asaltó la universidad pública de Bayero en la ciudad de Kano y causó 16 muertos. En septiembre del mismo año expidió una declaración en la que amenazaba a diecinueve centros de educación superior con una oleada de atentados si no dejaban de impartir «educación occidental». Y, en cumplimiento de su amenaza, a comienzos de octubre atacó una residencia universitaria en el noreste de Nigeria y mató a veintiséis estudiantes. Todo por combatir la enseñanza de la ciencia «occidental» en los planteles de educación universitaria. El 5 de julio del 2013 terroristas del grupo Boko Haram asesinaron a cuarenta y dos estudiantes cristianos en la ciudad de Potiskum, al noreste de Nigeria, cuando asaltaron la escuela pública, la incendiaron con los alumnos y profesores dentro y dispararon contra quienes trataron de huir. Este grupo, en alianza con al Qaeda en el Magreb islámico y al Shabab en Somalia, luchaba por establecer un Estado islámico en el norte de Nigeria. El 14 de abril del 2014, en un colegio femenino del pequeño poblado Chibok situado al noreste de Nigeria, el mismo grupo islámico secuestró 223 muchachas de entre 15 y 18 años de edad que estudiaban allí para venderlas como objetos sexuales. Todas ellas fueron sometidas a un cautiverio sexual. El líder de la banda, Abubakar Shekau, declaró en la televisión que las había secuestrado «por orden de Alá» para sentar el precedente de que «la educación occidental debe cesar». Y proclamó: «Hermanos: deben cortar la cabeza de los infieles». Pocos días después —el 5 de mayo— miembros del mismo grupo terrorista, vestidos con uniformes militares y movilizados en vehículos blindados de transporte, irrumpieron en la pequeña ciudad de Gamboru Ngala al norte de Nigeria —que había sido usada como base de las tropas que buscaban a las niñas secuestradas— y, al grito de «¡Dios es Grande!», dispararon indiscriminadamente granadas y bombas contra un mercado lleno de gente y prendieron fuego a los edificios para quemar vivos a quienes en ellos se refugiaron. La sangrienta operación arrojó 310 personas muertas.

La banda fue responsable el domingo 1 de junio del 2014 de otra acción terrorista: la explosión de una bomba contra quienes veían por televisión un partido de fútbol en un concurrido bar de la ciudad nigeriana de Mubi —al noreste del país—, con el resultado de varias decenas de personas muertas. Cuatro días después al menos doscientas personas fallecieron en un nuevo ataque perpetrado por los terroristas. Vestidos con uniforme militar asaltaron las localidades de Attagara, Agapalawa y Aganjara en el Estado norteño de Borno, feudo político y operativo de la banda. Pidieron a la gente que se reuniera en la plaza central de esas localidades y luego abrieron fuego contra ella al grito de “¡Alá es Grande!”, según era su costumbre. Este grupo fundamentalista —en ataques contra escuelas, iglesias, mezquitas, entidades policiales— ha dado muerte a miles de personas desde el día de su insurrección contra Occidente. Su cruel y despiadado líder, Abubakar Shekau, nacido en un poblado de agricultores y ganaderos en el noreste del país, estudió teología islámica en Maiduguri. Allí conoció al predicador Mohammed Yusuf, fundador del Boko Haram. Su objetivo central era hacer de Nigeria, por la fuerza de las armas, un Estado islámico. Para ello, utilizando la religión como instrumento, seducía y reclutaba a los jóvenes en su ejército de fanáticos islamistas. Y proclamaba: «me gusta matar a quien sea que Dios me pida matar». El propio nombre de la banda terrorista —Boko Haram— significa en su idioma original: «la educación occidental es un pecado».

A mediados del año 2014 el mundo árabe se conmovió profundamente por la insurgencia de la sanguinaria milicia Estado Islámico (EI), de tendencia sunita —una de las radicales versiones del terrorismo en nombre de dios—, que sembró el pánico en el norte de Irak.

Estaba conducida por Abu Bakr al-Baghdadi, quien pretendía establecer un califato regido por el Corán que abarcara Irak, Siria, Líbano y Jordania, en una primera fase, por encima de las fronteras estatales, y reclamaba la obediencia absoluta del mundo musulmán. Sus yihadistas, bajo la acusación de «adoradores del demonio», masacraron a los pobladores de toda la región y suscitaron una terrible crisis humanitaria. Decenas de miles de cristianos y yazidíes kurdos tuvieron que huir tras las matanzas y crueldades de los yihadistas, que torturaban, decapitaban y enterraban vivos a quienes no se convertían al islam.

Alrededor de 200.000 yazidíes y cristianos se vieron forzados a refugiarse en las montañas de Sinyar, donde morían de hambre, de sed y de calor, bajo temperaturas superiores a los 40 grados centígrados.

El gobierno iraquí pidió entonces ayuda internacional ya que sus tropas no tenían la capacidad para detener a los insurgentes islámicos.

El 7 de agosto del 2014 el presidente Barack Obama decidió responder positivamente a los clamores del gobierno iraquí y ordenó a las fuerzas aéreas norteamericanas bombardear los cuarteles y posiciones de avanzada de los yihadistas, que habían tomado las ciudades de Mosul, Tikrit, Sinjar, Qaragosh, Sharqat, Kirkuk, Khanaquin, Bukamal, Al Qaim, Rutba, Jalawla y que se acercaban a Bagdad para someterla por la fuerza y asumir el poder total.

La decisión fue no enviar tropas terrestres sino bombardear las posiciones insurgentes mediante la aviación regular y los drones, en un movimiento militar que, según afirmó el Presidente, era una operación «limitada en su alcance y duración».

A partir de ese momento, aviones estadounidenses e iraquíes asumieron también la misión de lanzar desde el aire alimentos, bebidas y elementos de ayuda humanitaria hacia las montañas de Sinyar para tratar de salvar la vida de los refugiados.

Durante las acciones de violencia promovidas por Estado Islámico (EI) en el norte de Irak, se produjo una sucesión de degollamientos —que empezó con el periodista norteamericano James Foley y siguió con una serie de víctimas principalmente británicas y francesas— que fue vista alrededor del mundo en sucesivos vídeos grabados por los terroristas y proyectados en internet por medio de Youtube y otras redes, en los que se mostró con diáfana claridad cómo un encapuchado vestido de negro cortaba el cuello de sus víctimas con un cuchillo.

Esos espeluznantes degollamientos pretendían ser mensajes de protesta dirigidos a los pueblos y gobiernos de Occidente para que se levantasen su «arrogante política exterior hacia el Estado Islámico» y se abstuviesen de bombardear a sus fuerzas insurgentes.

La respuesta a esos actos brutales fue una amplia alianza antiterrorista impulsada por Estados Unidos y formada por cincuenta Estados de Europa, América, Asia y Oceanía —incluidos varios Estados árabes: Arabia Saudita, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Jordania, Líbano, Irak, Catar, Omán, Bahréin, Kuwait— que emprendió una operación militar de bombardeos en el norte de Irak para destruir el Estado Islámico (EI), que entrañaba una amenaza global.

El mundo árabe se dividió profundamente —en función de hondas discrepancias religiosas y políticas— por las acciones cumplidas por el Estado Islámico (EI), en nombre de Alá, contra sus propios coterráneos y contra los occidentales que trataron de protegerlos.

Por esos días se produjo otro episodio crudelísimo en la cadena del terrorismo islámico, que fue el asalto de insurgentes talibanes, pertenecientes al grupo terrorista TTP —creado el 2007 bajo el liderazgo de Baitulá Mehsud—, a una escuela en la ciudad de Peshawar, al noroeste de Pakistán, el 16 de diciembre del 2014. Los terroristas abrieron fuego y lanzaron granadas indiscriminadamente contra los estudiantes y dieron muerte a 132 niños y adolescentes e hirieron a 250. Todo, como protesta contra el ejército paquistaní.

El Estado Islámico (EI) difundió por internet el 3 de febrero del 2015 un vídeo de 22 minutos de duración que mostraba a un hombre que era quemado vivo dentro de una jaula de hierro. Se trataba del piloto jordano Muaz Kasasbeh, capturado tras el estrellamiento de su avión F-16 en Siria el 24 de diciembre anterior durante un ataque contra las posiciones del grupo yihadista. Su espeluznante incineración se produjo el 3 de enero.

El 7 de enero cerca de las 11:30 horas de la mañana, se consumó uno de los más dramáticos y cruentos episodios de violencia. Los hermanos Said y Cherif Kouachi —de 34 y 32 años de edad, respectivamente, nacidos en París e hijos de inmigrantes musulmanes argelinos— asaltaron las oficinas del semanario satírico «Charlie Hebdo», situadas en la 10 Rue Nicolas—Appert de París, y, al grito de «¡Alá es grande!», mataron con un rifle AK-47 a Stéphane Charbonnier —editor de la revista—, a cuatro caricaturistas y tres empleados que estaban sentados en la sala de redacción, a dos oficiales de policía, un visitante y un peatón. Y once personas fueron heridas. Lo hicieron para castigar las «blasfemas» caricaturas de Mahoma publicadas por la revista. Inmediatamente de consumado el crimen, sus dos autores gritaron en la calle: «¡Hemos vengado al Profeta!», «¡Hemos vengado al Profeta!» y fugaron del lugar.

Dos días después los hermanos Kouachi, miembros del islamismo radical y militantes de una yihad islámica, fueron abatidos por la policía en un edificio al norte de París, donde se habían atrincherado con un rehén, que fue liberado.

Ellos eran musulmanes fanáticos, simpatizantes de las milicias terroristas Estado Islámico (EI) y al Qaeda —que desde hace varios años habían emitido a sus miembros las consignas de «pasar a la acción» y «atacar a los impíos»—, y, como todos los yihadistas, estaban convencidos de que si morían como mártires ganarían el cielo de Alá irreversiblemente.

Días después, un miembro de al Qaeda en Yemen reivindicó para su organización terrorista el ataque.

A los siete días del atentado, la revista «Charlie Hebdo» volvió a salir. En su primera página tenía una nueva caricatura del Mahoma junto a la leyenda: «Todos están perdonados». Sus primeros tres millones de ejemplares se agotaron y se imprimieron cerca de dos millones más.

En el intento de matar al dibujante sueco Lars Vilks, quien publicó unas caricaturas de Mahoma en el diario «Nerikes Allehanda» en el 2007, el kamikaze islámico iraquí Taimour al-Abdaly —de 29 años de edad, vinculado con al Qaeda, padre de dos hijos pequeños de 3 y 2 años, que estudió en una universidad inglesa— se inmoló en la tarde del 11 de diciembre del 2010 en su intento fallido por producir una gigantesca matanza en un céntrico y concurrido sector comercial de Estocolmo. Su acción quedó frustrada porque no explosionó su coche-bomba. Como resultado de esa operación murió solamente el kamikaze y dos peatones quedaron heridos. La motivación: las «blasfemas» caricaturas de Mahoma, según pudo saberse por el mensaje electrónico enviado por el terrorista momentos antes de su acción.

El caricaturista sueco Lars Vilks se ganó el odio de los musulmanes radicales tras dibujar al profeta Mahoma con el cuerpo de un perro. La banda terrorista al Qaeda lo condenó a muerte y puso el precio de cien mil dólares a su cabeza. Desde entonces ha sido el objetivo de varios complots que resultaron fallidos, el último de los cuales fue el ataque a bala mientras participaba en un debate académico sobre Art, Blasphemy and Freedom of Expression en una cafetería de Copenhague —la Krudttonden Cultural Centre— la tarde del 14 de febrero del 2015, al cumplirse el 26º aniversario de la fatwa expedida por el ayatolá Khomeini en Irán que llamaba a matar al escritor británico Salman Rushdie por sus «Versos Satánicos», en los que convocaba a pensar de manera diferente del fundamentalismo islámico. El caricaturista se salvó pero quedaron un muerto y varios heridos. El autor de los disparos fue el joven islamista Omar Abdel Hamid el Hussein —22 años de edad, nacido en Dinamarca pero de ancestros musulmanes palestinos, conectado con acciones de violencia y pandillas, y simpatizante del Estado Islámico (EI)—, quien fue abatido por la policia danesa horas más tarde, tras efectuar otro atentado. El solitario pistolero abrió fuego contra un grupo de israelíes que celebraban su bar mitzvah —la confirmación judía— en la principal sinagoga de Copenhague y dejó un policía muerto y dos heridos. El pistolero encapuchado había salido de prisión hace quince días por apuñalar a una persona en una estación del metro. Una hora antes del atentado contra la cafetería abrió en la red social de Facebook varias proclamas yihadistas y unos versos del Corán relacionados con el exterminio de los infieles.

Con esa oportunidad, el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, pidió a sus coterráneos que retornaran a Israel puesto que «estamos preparados para acoger una inmigración procedente de Europa».

Los actos criminales de París y de Copenhage extendieron por Francia, Dinamarca y los países de Europa occidental la fobia anti-islámica y el temor compulsivo. En lo que fue la mayor movilización de masas en las calles de París, una gigantesca marcha de protesta contra el crimen a la que concurrieron 1,6 millones de personas desbordó las calles parisinas. Nunca se había visto allí nada parecido. Estuvo encabezada por el presidente francés François Hollande, acompañado de jefes de Estado y de gobierno, ministros y líderes políticos de cerca de cincuenta países del mundo, entre los cuales estaban los gobernantes de Alemania, Inglaterra, España e Israel. No dejó de llamar la atención la presencia allí del presidente de Palestina, Mahmud Abbás.

18. Japón e India. En el contexto geopolítico y geoestratégico euroasiático hay que situar al Japón y a la India y mirar sus perspectivas de futuro. En las décadas pasadas se desató en algunos sectores de opinión de Estados Unidos una paranoia de persecución con respecto al crecimiento científico y tecnológico del Japón y surgió el temor de que pudiera constituirse en una potencia global amenazante del poder norteamericano. En el propio Japón se publicaron varios best-sellers que sostenían que el destino de este país era ganar la batalla tecnológica a Estados Unidos, lo cual le abriría la posibilidad de consolidar su poder político y económico global. Pero la verdad es que el Japón es un país altamente vulnerable y con severas limitaciones geopolíticas y geoestratégicas a despecho de sus avances científico-tecnológicos. Se encuentra aislado en la región. Tiene cerca a China, que no ha olvidado las guerras depredadoras sino-japonesas y que lo mira con sus viejas desconfianzas; sus relaciones con Corea del Sur son meramente formales porque ella tampoco ha podido borrar los recuerdos de la dominación japonesa, mantiene duras fricciones con Norcorea, y sus relaciones con Rusia no son buenas, entre otras razones porque ésta retiene por la fuerza las islas Kuriles, de las que se apropió poco tiempo antes del fin de la Segunda Guerra Mundial, que el Japón reclama como suyas.

De modo que la propia concepción geopolìtica japonesa tiende a ser poco clara: no quiere entrar en una carrera armamentista ni involucrarse en conflictos internacionales, desea mantener una cierta neutralidad respecto de ellos, su seguridad está confiada a Estados Unidos, su política internacional está subordinada a la de este país, aspira a ser una potencia económica y tecnológica pero no militar y pretende un poder regional pero no global.

Esta visión geopolítica responde, en cierto modo, a la llamada «doctrina Yoshida», formulada en los años 50 por su primer ministro de la postguerra Shigeru Yoshida, quien diseñó los principios que debían regir la conducta internacional del Japón.

En medio de la severa y persistente crisis económica recesiva que estalló en Wall Street el 15 de septiembre del 2008, rápidamente extendida hacia el Japón y el resto del mundo globalizado, los nipones dieron un giro político muy importante al elegir en los comicios generales del 30 de agosto del 2009, después de más de medio siglo del gobiernos conservadores y ultraliberales, al Partido Demócrata y a su líder opositor Yukio Hatoyama (62 años), de orientación centro-izquierdista, para encabezar el nuevo gobierno japonés. «Se trata del final del sistema político de la postguerra en Japón», comentó el profesor Gerry Curtis, experto en asuntos orientales de la Universidad de Columbia, y de una nueva etapa en sus relaciones internas e internacionales.

Por la muerte de su padre —el emperador Hirohito— el príncipe Akihito asumió la corona imperial de Japón en 1989. En el curso de la postguerra fría la mayoría de los primeros ministros, elegidos por la Dieta —cámara de representantes del parlamento japonés—, perteneció al Partido Liberal Democrático, de orientación derechista —Toshiki Kaifu, Kiichi Miyazawa, Morihiro Hosokawa, Tsutomu Hata, Ryutaro Hashimoto, Keizo Obuchi, Yoshiro Mori, Jun’ichiro Koizumi, Shinzo Abe, Yasuo Fukuda, Taro Aso, Naoyo Kan, Yoshihiko Noda, Shinzo Abe— con las únicas excepciones de Morihiro Hosokawa —1993-1994—, elegido por una coalición de partidos de centro-izquierda, Tsutomo Hata —1994— del Partido Renovación Japón, Tomiichi Murayama —1994-1996— del Partido Socialista y Yukio Hatoyama —2009-2010— del Partido Democrático, de tendencia socialista democrática, quienes propusieron proyectos reformistas en los que se planteaban la reducción de la burocracia estatal, la congelación de impuestos, la asistencia a los sectores sociales menos favorecidos, subsidios directos a los trabajadores, modificaciones de las relaciones bilaterales con Estados Unidos, reconsideración de las condiciones de la base militar estadounidense en la isla de Okinawa y otras reformas en la política económica y en la política internacional del Japón.

Tomiichi Murayama es recordado por su discurso, con oportunidad de quincuagésimo aniversario del fin de la Segunda Guerra Mundial, en el que expresó sus «sentimientos de profundo remordimiento» por los crímenes de guerra y atrocidades cometidos por el ejército imperial japonés en el curso de la conflagración mundial.

Según cifras del Fondo Monetario Internacional, a partir del 2011 China destronó a Japón como la segunda más grande economía del mundo —en términos macroeconómicos medidos por el producto interno bruto (PIB)— después de Estados Unidos.

A partir de los años 90 del siglo anterior, la India ha experimentado el segundo más rápido crecimiento económico del mundo, después de China, con una media superior al 6% anual, que se aceleró al 7,5% en los años 2005 y 2006. Un estudio de Goldman Sachs realizado en el 2003 prevé que durante los próximos cincuenta años la India será el país de más rápida expansión económica y que en el año 2050 su economía será cinco veces más grande que la del Japón, con un crecimiento de su ingreso per cápita de 35 veces sobre el de principios de siglo. En este lapso se convertirá en un lugar muy atractivo para la inversión extranjera directa de las grandes corporaciones transnacionales y para las operaciones offshoring y outsourcing de la globalización.

La India es un país diverso y complicado. Con un territorio de 3’166.285 km2 y 1.181’141.000 habitantes —a inicios del año 2011—, tiene una gran heterogeneidad cultural, social y política, se hablan diecisiete lenguas regionales y más de diez mil dialectos y está dividido en múltiples grupos étnicos, capas sociales y castas. Se profesan numerosas religiones, con predominio del hinduismo y el islamismo, que han producido en el pasado sangrientos conflictos religiosos con más de medio millón de muertos. Su forma de gobierno es republicana, de corte parlamentario, con más de medio siglo de consolidación. La dominación colonial inglesa, que concluyó el 15 de agosto de 1947, formó una elite dirigente educada en la cultura británica y la lengua inglesa. En los últimos años la ciudad de Bangalore, situada al sur del subcontinente indio, se ha convertido en un importante centro de investigación científica y tecnológica, al que algunos denominan el «Silicon Valley oriental». De allí surgen las elites jóvenes —y también los >zippies— dispuestas a caminar en la vida con briosas zancadas.

La India ha producido anualmente en los últimos años más ingenieros y doctores que Estados Unidos. Sus avances tecnológicos hunden sus raíces en los primeros siete Institutos Indios de Tecnología (IIT) fundados en 1951 por el primer ministro Jawaharlal Nehru en la ciudad de Kharagpur, al este del país. Nehru cursó la educación secundaria en un colegio privado de Inglaterra y estudió después en la Universidad de Cambridge y en la Universidad de Londres. Se empeñó en abolir el sistema de castas, moderar el fanatismo religioso, adoptar como única lengua nacional el hindi y dar a su pueblo una organización socialista por métodos reformistas. Con una generación joven bien preparada en las profesiones tecnológicas modernas, ambiciosa y llena de aspiraciones, la India se ha insertado exitosamente en la sociedad del conocimiento y en el comercio global.

Se prevé un enorme crecimiento del sector de los servicios tecnológicos, especialmente en el campo de la información, de las finanzas y de la investigación científica.

A mediados del 2002, por la cuestión de Cachemira, India y Pakistán estuvieron al borde de una guerra nuclear. La disputa por Cachemira se originó en agosto de 1947 tras la división de la India, que había sido colonia británica, en dos Estados: India y Pakistán. En ese momento el territorio de Cachemira, situado entre los dos países, tenía una población mayoritariamente musulmana que exigía la unión con Pakistán, país musulmán. El maharajá sir Hari Singh, que gobernaba la India, se opuso radicalmente a esa pretensión. Hubo enfrentamientos militares entre tropas hindúes y pakistaníes sobre el territorio de Cachemira en 1949. La mediación de las Naciones Unidas logró el cese de hostilidades. Pero desde entonces quedó planteada la disputa de Cachemira entre los dos Estados —poseedores de armas nucleares— que produjo frecuentes choques militares de limitada intensidad.

19. Los BRICS. Las cuatro mayores economías en desarrollo del tercer mundo: China, India, Brasil y Rusia representaban a comienzos del siglo XXI alrededor del 25% del producto bruto mundial. Habían experimentado un notable crecimiento a partir de los años 90 del siglo anterior. Pero a pesar del crecimiento y de la absorción de mano de obra en las tareas industriales, los índices de desempleo se mantuvieron altos en el área urbana durante ese período: China el 8,3%, India 6%, Brasil 9% y Rusia 7,9%, aunque esos índices fueron en realidad más elevados porque las estadísticas oficiales chinas de desempleo urbano no consideraban desempleados a los trabajadores separados de las empresas estatales ni a los emigrantes del campo que iban a las ciudades en búsqueda de empleo y las de Brasil, India y Rusia no catalogaban como desocupados a los trabajadores informales, cuyos índices eran muy altos. El empleo en el sector informal de la economía representaba el 90% del empleo total en India, el 53% en China, el 45% en Brasil y un porcentaje menor en Rusia. Este sector estaba formado por trabajadores sin registro ni protección legal, con bajísimas remuneraciones, inestabilidad laboral y marginación de los beneficios de la seguridad social.

A finales del 2010 la República Sudafricana —la mayor economía de África— se incorporó al grupo BRIC.

Fue el economista Jim O´Neill, del Goldman Sachs Group, quien acuñó en el 2003 el acrónimo BRIC para designar al grupo de países cuyos mercados emergentes se encontraban en rápida expansión: Brasil, Rusia, India y China, respecto de los cuales el banco de inversiones norteamericano suponía que se convertirían hacia el año 2050 —en conjunto, aunque sin una integración política o económica ni asociación comercial— en una de las cuatro economías dominantes del mundo, con alrededor del 39% de la población mundial y con un producto interno bruto —gross domestic product— de 15.435 trillones de dólares. Esto a pesar de sus niveles educacionales inferiores —con excepción de Rusia—, de los altos índices de desempleo y subempleo, baja productividad de las áreas rurales, aumento de las desigualdades salariales, lenta evolución de los salarios reales y bajas remuneraciones de los trabajadores no calificados y de los trabajadores informales.

Según la apreciación de Goldman Sachs, China e India se especializarán en el abastecimiento de productos manufacturados y servicios al mercado global —bajo los sistemas denominados offshoring y outsourcing— y Brasil y Rusia en la provisión de materias primas y recursos energéticos para las usinas de China, India y los países industriales, especialmente los de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), cuyas economías son complementarias. El pronóstico era que estos cuatro países formarán un poderoso bloque económico con sus industrias, servicios, petróleo, gas natural, hierro, soya, biocombustibles y otros recursos naturales.

Ellos celebraron su primera cumbre en Ekaterimburgo, Rusia, en el año 2009, y su segunda, el 15 de abril del 2010 en Brasilia, a la que concurrieron sus respectivos jefes de Estado o de gobierno: Inacio Lula da Silva, Dimitri Medvedev, Manmohan Singh y Hu Jintao. Después vinieron las cumbres de Sanya (China) el 29 de marzo del 2012, de Durban (Sudáfrica) el 23 de marzo del 2013 y la de Fortaleza (Brasil) el 15 y 16 de julio del 2014.

Aunque han abrazado el sistema capitalista y están también aquejados por el fundamentalismo del mercado —como el G-7 y los demás actores económicos del capitalismo mundial—, los BRICS forman un grupo heterogéneo y tienen entre sí abismales diferencias de organización política y gubernativa y profundas asimetrías económicas. En su producto interno bruto (PID) per cápita las diferencias son enormes: Brasil US$ 15.772, Rusia $ 14.936, Sudáfrica $ 7.635, China $ 6.569 e India $ 1.032.

Sin embargo, buscan cambios en el ordenamiento político y económico internacional, la reforma de la ONU y de los organismos financieros globales, nuevas fórmulas para el comercio mundial, un nuevo orden monetario internacional —que sustituya al dólar como moneda de referencia mundial— y abogan por un mayor poder de decisión en el seno de los organismos multilaterales.

Roberto Mangabeira Unger, profesor de la Universidad de Harvard, afirma que «son países diferentes: dos (Brasil e India) son democracias y otros, (Rusia y China), no. Tres tienen armamento nuclear y uno (Brasil), no. Unos son más audaces (Brasil y Rusia) y otros (India y China), más cautelosos. Dos quieren una mayor liberación del comercio agrícola (Brasil y Rusia) y dos (China e India) quieren proteger su agricultura familiar».

La República Sudafricana, incorporada al grupo a fines del 2010, vivía un régimen de tendencias democráticas y era el único país que había desarrollado armas nucleares en su continente, aunque su presidente Frederik de Klerk las desmanteló en 1991 y se unió al tratado de no proliferación.

Con grandes poblaciones, enormes territorios, abundancia de recursos naturales y crecientes mercados emergentes, estos países pugnan por ampliar sus propios espacios en la política y la economía internacionales pero sus ambiciones son contrapuestas, ya que China pretende la conquista de los mercados de America Latina y África, en detrimento de Brasil, y Rusia e India compiten por convertirse en los principales proveedores y compradores de América Latina.

En su VI cumbre reunida en la ciudad de Fortaleza en Brasil los días 15 y 16 de julio del 2014, los gobernantes de los BRICS —Dilma Rousseff de Brasil, Vladimir Putin de Rusia, Narendra Modi de India, Xi Jinping de China y Jacob Zuma de Sudáfrica— insistieron en sus reproches contra la hegemonía política y económica de Estados Unidos y Europa, volvieron a criticar las medidas financieras del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial, condenaron las sanciones económicas y el aislamiento internacional impuestos a Rusia por Estados Unidos y la Unión Europea en razón de su intervención en los conflictos separatistas de Ucrania en aquel año —Rusia fue expulsada del Grupo de los 8 (G-8)—, mostraron su insatisfacción por el lugar que ocupaban en el escenario global y reafirmaron su vocación de integración económica para impulsar su desarrollo y asumir una proyección mundial, a pesar de todas las diferencias e incompatibilidades de orden político y económico que existían entre ellos.

En ese momento, los cinco países del grupo BRICS representaban alrededor del 40% de la población mundial, el 25% del product o interno bruto del planeta y el 15% del volumen comercial del mundo.

En la reunión de Brasil ellos resolvieron crear su propio banco de desarrollo para financiar sus obras de infraestructura económica —el New Development Bank—, con un capital suscrito incial de 50.000 millones de dólares, ampliable a 100.000 millones, y formar un fondo de reservas de emergencia dotado de 100.000 millones de dólares, con la aportación de 41.000 millones por China, 18.000 millones cada uno Rusia, Brasil e India y 5.000 millones Sudáfrica.

El insuficiente desarrollo de obras de infraestructura económica era por esos años una de las debilidades de aquellos grandes países. En el 2014 Rusia apenas invertía el 2,5% de su producto interno bruto (PIB) en infraestructura mientras que Estados Unidos y la Unión Europea destinaban no menos del 6% de su PIB a esas inversiones.

La Declaración de Fortaleza incluyó también formulaciones de política internacional y reivindicaciones del grupo sobre varios otros asuntos. Los países BRICS adoptaron una posición clara sobre los conflictos de ese momento en Siria, Irán, Afganistán, Irak, Ucrania y Palestina. Reafirmaron su anhelo de una profunda reforma de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) —especialmente del Consejo de Seguridad, para que sea más representartivo y eficaz frente a los desafíos globales— y Rusia y China volvieron a respaldar las aspiraciones de Brasil, India y Sudáfrica de un mayor protagonismo dentro de la Organización Mundial.

Fátima Mello, coordinadora de la Red Brasileña para la Integración de los Pueblos (REBRIP), en la revista «Nueva Sociedad» de agosto 2014 —publicada en Buenos Aires por la fundación socialdemócrata alemana Friedrich Ebert Stiftung sobre temas de política latinoamericana—, sostuvo que «el desarrollo económico de los países BRICS se basa hasta ahora en la explotación de los recursos naturales y en una gran desigualdad social. Sus integrantes se caracterizan por una concentración de los ingresos que es muy alta y continúa aumentando. La única excepción es Brasil, que en la última década redujo la desigualdad a partir de un incremento significativo en el salario mínimo legal y la adopción de amplios programas sociales de carácter inclusivo. Aun así, Brasil es uno de los países latinoamericanos con mayor inequidad en la distribución de los ingresos, y América Latina sigue siendo la región con la mayor desigualdad en el mundo». Y agregó que la producción nacional de Brasil, India y Sudáfrica «no puede competir contra los artículos industriales importados de China, que suelen fabricarse bajo condiciones laborales degradantes. Esto genera una gradual desindustrialización, impulsa la caída de los salarios y afecta los derechos de los trabajadores. Los productos primarios y los productos industriales basados en el consumo de recursos naturales totalizan hoy el 85% de las exportaciones efectuadas desde América Latina hacia China. Este modelo económico orientado a la explotación de los recursos naturales agudiza la conflictividad agraria y permite que las grandes empresas pertenecientes al sector agroindustrial y a las industrias extractivas violen los derechos territoriales de campesinos, agricultores, pueblos indígenas, pescadores y comunidades locales no indígenas».

Mello reafirmó que, «como respuesta a la creciente demanda de China, el resto de los países BRICS y sus vecinos regionales experimentan un proceso de ‘reprimarización’, que lleva a que las exportaciones se concentren (nuevamente) en productos primarios. El gigante asiático importa minerales, combustibles fósiles, soja y otros productos agrícolas procedentes de los demás Estados miembros del Grupo».

Todo lo cual genera una cierta dependencia política y económica de estos países bajo la potencia asiática.

20. Los CIVETS. Acrónimo de: Colombia, Indonesia, Vietnam, Egipto, Turquía y Sudáfrica, los CIVETS son también países de mercados emergentes llamados a atraer la inversión extranjera y a tener un importante dinamismo económico en los próximos años. Son países con grandes y jóvenes poblaciones, economías diversificadas, mano de obra barata, bajos costes de producción, mercados internos en crecimiento e incremento de su producto interno bruto, que a partir de la segunda década de este siglo resultaron altamente atractivos para la inversión extranjera.

En mayo del 2011 Michael Geoghegan, presidente del grupo financiero HSBC Holdings con sede en Londres —uno de los mayores grupos financieros del mundo—, anunció la creación de un importante fondo global de inversión destinado a esos países.

El término CIVETS fue acuñado en el 2010 por Robert Ward, director de la Economist Intelligence Unit de la revista «The Economist», para designar al nuevo grupo de mercados emergentes después de los BRIC, destinados a tener importante dinamismo económico y estabilidad política en los próximos años, aunque sus mercados emergentes son de segundo nivel, con potencialidades sustancialmente menores que los BRIC.

Son países geográficamente alejados entre sí y con estructuras étnicas, culturales, políticas y religiosas muy diferentes. En esos años Indonesia tenía 242,9 millones de habitantes, Vietnam 89,5 millones, Egipto 80, Turquía 77, Sudáfrica 48,3 y Colombia 44.

Los representantes de los CIVETS celebraron su primera reunión en septiembre del 2010 en Nueva York, con ocasión del período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas.

Sin embargo, hacia el futuro no se ven en el horizonte geopolítico amenazas contra la hegemonía cultural, científica, tecnológica, política, económica y militar norteamericana en el mundo. Parece que habrá imperialismo norteamericano para un largo trecho de la historia, bien entendido que el ingrediente sustancial del moderno imperialismo no son las armas, como generalmente se cree, sino primordialmente el dominio de la ciencia y la tecnología. La misma fuerza militar es, en última instancia, una cuestión científico-tecnológica: es la aplicación de los conocimientos de la ciencia al arte de la guerra. El imperialismo de nuestros días, en consecuencia, es mucho más que ejércitos, tanques y aviones: es innovación científica y conocimiento tecnológico, es decir, patentes de invención, descubrimientos, universidades de excelencia, producción masiva de científicos, profesores y tecnólogos, grupos de reflexión y análisis —think tanks—, ingentes inversiones en investigación y desarrollo, expansión económica, manejo de la tecnología de la información, dominio del lenguaje binario y de las fórmulas genéticas, comunicación planetaria y aplicación de todos estos conocimientos a los afanes de dominación global.

21. Los Balcanes. En esta explosiva región del mundo, el dilatado proceso de desintegración de la República Federal Socialista de Yugoeslavia iniciado en 1980 con la muerte de su líder, el mariscal Josip Broz Tito, en el curso del cual los grupos nacionales que la integraban —Serbia, Croacia, Eslovenia, Bosnia, Montenegro, Macedonia— decidieron separarse y buscar su propio destino nacional, en medio de una grave crisis económica y de durísimas contradicciones étnicas, culturales y religiosas, culminó con el plebiscito del 21 de mayo del 2006 en el cual los ciudadanos de Montenegro, en ejercicio de su derecho de autodeterminación, decidieron terminar su unión con Serbia y formar un Estado independiente.

Serbia y Montenegro —la Unión Estatal de Serbia y Montenegro— era un Estado federal un tanto curioso: cada uno de los dos grupos nacionales que lo integraban tenía sus propios parlamento y moneda pero compartían las fuerzas militares y los agentes diplomáticos, que pertenecían a la federación. Y terminaron por separarse en dos Estados en el año 2006: Serbia y Montenegro. De Serbia, dos años más tarde, se emancipó la provincia de Kosovo y formó un nuevo Estado.

En la trama de la descomposición yugoeslava se entrecruzaron intereses territoriales, fanatismos religiosos, odios étnicos, incomprensiones culturales, diferencias de lenguaje, fricciones políticas, pugnas militares y viejas cuentas pendientes. Los serbios —que son cristianos ortodoxos— con su mayor poder militar, puesto que heredaron los equipos bélicos y los grandes arsenales de la anterior Yugoeslavia, intentaron formar la “Gran Serbia” con todos los territorios en que había población mayoritaria de su etnia. Consideraron que cualquier parte de Bosnia donde viviera una mayoría serbia debía ser incorporada a su territorio. Los croatas, mayoritariamente católicos, tenían un proyecto semejante. Los musulmanes bosnios, defensores de una Bosnia multiétnica y pluricultural, atenazados por estos dos movimientos, se vieron forzados a buscar una alianza con los croatas y formaron la Federación Croata-Musulmana, con un parlamento común y fuerzas armadas unificadas, a fin de evitar la pérdida de nuevas porciones de su territorio.

El plebiscito de Montenegro enfrentó a «unionistas», encabezados por Predag Bulatovic, contra «independentistas», liderados por su primer ministro Milo Djukanovic. Los primeros querían mantener la unidad federal con Serbia, en los términos de la Constitución del 4 de febrero del 2003, que consagró el pequeño Estado federal Serbia y Montenegro —sucesor de la República Federal de Yugoeslavia después de que sus miembros: Eslovenia, Croacia, Bosnia, Serbia, Montenegro y Macedonia optaron por la >secesión— y los segundos pugnaban por la formación de un Estado separado de Serbia, con plena soberanía nacional.

Con base en el triunfo de los independentistas —con el 55,5% de los votos— Montenegro se apartó de Serbia y formó su propio Estado con sus 616.000 habitantes, que fue inmediatamente admitido como miembro de las Naciones Unidas.

La correlación de fuerzas en los Balcanes sufrió un cambio fundamental.

Y, casi dos años más tarde, la provincia de Kosovo decidió también separarse de Serbia, declarar su independencia y formar un nuevo Estado. Esto ocurrió el 17 de febrero del 2008, cuando el parlamento kosovar —con el voto de 109 de sus 120 diputados— proclamó la independencia nacional como consecuencia de las viejas disputas internas y como reacción al brutal proceso de represión y de «limpieza étnica» que contra ella emprendió el gobierno serbio de Slobodan Milosevic en 1998. Con 11.000 kilómetros cuadrados de territorio y una población de dos millones de habitantes —en un 90 por ciento de origen albanés—, Kosovo declaró unilateralmente su independencia de Serbia y la formación de un nuevo Estado, denominado República Democrática de Kosovo. Lo cual, como era de esperar, constituyó un adicional y grave motivo de inestabilidad en los Balcanes y de discrepancia entre Estados Unidos, que alentaban la independencia, y Rusia —tradicional aliada de Serbia—, que se oponía a ella y que incluso intentó bloquearla en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.

El tema de Kosovo enfrentó a los dos viejos enemigos en la guerra fría.

Tras los anuncios de Estados Unidos, Inglaterra, Francia, Alemania e Italia de reconocer la independencia kosovar, Moscú advirtió severamente a Washington que la independencia de Kosovo ponía en peligro el orden mundial y la estabilidad internacional. Fue el ministro de relaciones exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, el encargado de formular la advertencia, por la vía telefónica, a su colega Condoleezza Rice, secretaria de Estado norteamericana. A su vez, Dimitri Rogozine, embajador ruso ante la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), amenazó que Rusia podría «utilizar la fuerza» si la Unión Europea o la Organización del Tratado del Atlántico Norte «desafían» a la ONU en el asunto de la independencia de Kosovo. Antes el presidente ruso Vladimir Putin había calificado a la independencia como un «acto inmoral e ilegal».

Eran los temores del contagio.

Kosovo había permanecido desde junio de 1999 —tras las matanzas étnicas— bajo la administración de la ONU y el control militar de las fuerzas internacionales de paz (KFOR) desplegadas por la OTAN. De inmediato Estados Unidos reconocieron al nuevo Estado, mientras que la Unión Europea dio libertad a sus 27 miembros para que adoptasen cualquier decisión. En ejercicio de esa libertad, Alemania, Inglaterra, Francia, Italia, Austria y Suecia aceptaron de inmediato la independencia de Kosovo, en tanto que España, Grecia, Chipre, Eslovaquia y Rumania —países con acusados conflictos regionales internos— se negaron a aprobarla y desconocieron al nuevo Estado. En el Consejo de Seguridad las opiniones estuvieron también divididas. Dos de sus cinco miembros permanentes —Rusia y China— se pronunciaron en contra de la independencia kosovar, mientras que los tres restantes —Estados Unidos, Inglaterra y Francia— la aprobaron. Esta división de opiniones —con el veto como amenaza— paralizó al órgano político de las Naciones Unidas como en los dramáticos tiempos de la guerra fría. Por su lado, los países islámicos declararon que la independencia kosovar «ha sido conseguida tras una larga y firme lucha.

La separación de Kosovo significó la subdivisión de Serbia, una de las seis provincias de la antigua Yugoeslavia.

En medio de grandes e iracundas movilizaciones populares, el gobierno serbio de Boris Tadic y Vojislav Kostunica —con el respaldo de Rusia y China— se negó terminantemente a reconocer la secesión e independencia de su antigua provincia, que implicaban la pérdida del 15% de su territorio, y anunció una «larga lucha» para recuperar Kosovo, aunque sin acudir a las armas. El parlamento serbio declaró «nula y sin efecto» la independencia kosovar porque violaba la soberanía e integridad territorial de Serbia, «garantizadas por la Constitución, la Carta de la ONU, la Resolución 1244 del Consejo de Seguridad y la legislación internacional».

Simultáneamente —y eso explicaba la posición del gobierno ruso—, las regiones separatistas georgianas de Abjasia y Osetia del Sur anunciaron que pedirán a Rusia el reconocimiento de su independencia. Este episodio secesionista de los Balcanes inquietó a varios Estados, algunos de ellos muy lejanos del epicentro de los acontecimientos. En el seno del Comité de Ministros del Consejo de Europa, reunido por esos días, el ministro serbio de asuntos exteriores, Vuk Jeremic, expresó que el caso de Kosovo es un «precedente peligroso».

Cuando asumió el poder en el 2004, el joven y arrogante presidente de Georgia Mikhail Saakashvili se propuso dos objetivos importantes: impedir que las dos provincias separatistas se escindieran y alinear a Georgia con Occidente.

Esto, por supuesto, incomodó tremendamente a Rusia, su vecina del norte, que tenía designios completamente diferentes para el pequeño país caucásico.

En un nuevo esfuerzo por contener los reiterados movimientos secesionistas de las provincias georgianas de Osetia del Sur y de Abjasia, que se originaron en los cruentos conflictos étnicos de comienzos de los años 90, el gobierno de Georgia lanzó el 8 de agosto del 2008 una fuerte operación militar sobre las provincias separatistas, cuyos parlamentos habían solicitado meses antes a las Naciones Unidas, a la Unión Europea y al gobierno ruso —con ocasión de la emancipación de Kosovo— que «reconocieran la independencia de la República de Osetia del Sur y de Abjasia, que tienen todas las condiciones y atributos de un Estado soberano».

Las dos provincias separatistas eran pequeñas: Osetia del Sur tenía en ese momento 70.000 habitantes y 3.900 kilómetros cuadrados de territorio; y Abjasia, 200.000 habitantes y una superficie de 8.600 kilómetros cuadrados.

La operación militar georgiana fue respondida inmediata y violentamente por el gobierno ruso del presidente Dimitri Medvedev —que había visto siempre con simpatía los anhelos independentistas de las provincias georgianas— mediante el envío de su artillería, infantería y fuerza aérea al territorio de Georgia para «proteger» a Abjasia y a Osetia del Sur de las tropas georgianas, alentar su independencia y, eventualmente, promover su anexión al territorio ruso. 23.000 soldados fueron desplegados en la región. La flota rusa del Mar Negro bloqueó las costas de Georgia, ante la severa protesta del presidente Viktor Yushchenko de Ucrania. Lo cual produjo un severo conflicto militar y político en los Balcanes, con resonancia en varios Estados cercanos o lejanos del epicentro de los acontecimientos.

Se reabrió entonces la vieja discusión jurídica y política en torno a la aplicabilidad del principio de la libre determinación de los pueblos, que invocaban los líderes independentistas georgianos y que la comunidad internacional aceptó en el caso de Kosovo. El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas se reunió pero no pudo tomar una resolución debido a la diversidad de opiniones de sus miembros. Rusia impulsó el incidente o se aprovechó de él para cumplir su objetivo geopolítico de impedir o aplazar cualquiera decisión de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) de aceptar el ingreso de las exrepúblicas soviéticas de Georgia y Ucrania a la organización del Atlántico norte.

Georgia —pequeño país de 69.500 km2 de territorio y 4,6 millones de habitantes— no estaba en posibilidad de resistir la invasión rusa. Las diferencias militares entre los dos países eran abismales. Según datos de la Jane’s Sentinel Country Risk Assessments y del ministerio de defensa ruso, Georgia tenía 26.900 efectivos, Rusia 641.000; Georgia 288 tanques, Rusia 6.717; Georgia 17 aviones de combate y reconocimiento, Rusia 1.206; Georgia 95 unidades de artillería pesada, Rusia 7.550. Rusia tenía, en ese momento, 141 millones de habitantes sobre sus 16’894.740 kilómetros cuadrados de territorio.

Indudablemente que la solución dada por Estados Unidos y la Unón Europea a la independencia de Kosovo fue para Rusia un precedente aplicable a situaciones similares. Bajo tal circunstancia, el cruento ataque de las tropas georgianas a la separatista Osetia del Sur y la destrucción parcial de Tskhinvali tuvieron una previsible respuesta de una Rusia desesperada por recuperar su perdida condición de potencia militar y, en esa línea, reiterar su oposición a la extensión de la OTAN por su flanco sur, dar un aviso a los gobernantes caucásicos amistosos con Washington y aplicar a las provincias georgianas independentistas la misma norma que Occidente aplicó a Kosovo.

No fue indiferente el envío, un mes antes del conflicto, de mil doscientos marines norteamericanos a la base militar georgiana de Vaziani, en el lindero de Osetia del Sur, para adiestrar a las tropas georgianas en acciones de combate. Esta fue una grave equivocación de la política exterior de Bush porque irritó la ya irritada relación georgiano-rusa. La situación era muy compleja, porque de un lado Rusia estimulaba la secesión de las dos provincias separatistas de Georgia —e, incluso, despertaba sospechas de pretender anexarlas a su territorio— y, de otro, el gobierno de Washington tenía en ese momento marines en el territorio de un país que era una avanzada geopolítica de Estados Unidos y la OTAN en las fronteras de Rusia.

El choque armado de los Balcanes causó 1.771 muertos y más de cien mil desplazados. Los aviones rusos redujeron a escombros la ciudad georgiana de Gori, situada en el cruce de importantes carreteras, y bombardearon varios puntos estratégicos de Georgia, entre ellos la fábrica de los aviones de combate SU-25 en las afueras de Tiflis, la capital georgiana. Los soldados rusos asumieron el control de las carreteras de Gori y la infantería de marina se posesionó del puerto de Poti, en la costa del Mar Negro.

El conflicto armado se detuvo días después mediante un acuerdo de cese del fuego y repliegue de las tropas rusas de ocupación patrocinado por la Unión Europea. Pero eso no fue fácil. Hubo presiones de la Unión Europea y Estados Unidos para que Rusia retirara sus tropas. Rusia alegó después que su compromiso no era «retirarlas» sino «replegarlas». Lo cual alargó el proceso de pacificación. Pero Rusia no dejó de exigir, en esa oportunidad, el compromiso de Georgia de no usar la fuerza contra Osetia del Sur y Abjasia para detener su emancipación política.

Una «miniguerra fría» se produjo en aquellos días. Momentos de angustia vivió la humanidad. En abierto desafío a Occidente, el parlamento ruso reconoció por unanimidad de votos la independencia de Osetia del Sur y de Abjasia y esta decisión fue inmediata y formalmente ratificada por el presidente ruso Dimitri Medvedev. El gobierno norteamericano consideró «inaceptable» la decisión rusa puesto que «viola la letra y el espíritu de la resolución del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas». El presidente georgiano Mikhail Saakashvili acusó a Rusia de pretender cambiar «las fronteras de Europa por medio de la fuerza» y rompió relaciones diplomáticas con ella. Los líderes rebeldes de Osetia del Sur y de Abjasia, en cambio, saludaron la decisión de Moscú como un «paso histórico» y la gente salió a la calle a festejar el acontecimiento. La Unión Europea condenó las acciones de Rusia porque «vulneran los principios de independencia y soberanía de Georgia». La OTAN urgió a Rusia a revisar su decisión, porque «viola las numerosas resoluciones del Consejo de Seguridad», y exigió el retiro de sus tropas. El presidente de Polonia, Lech Caczynski, en una visita de solidaridad a Tiflis en aquellos días, denunció «la política imperialista de Rusia» y «en nombre de las antiguas naciones cautivas de la URSS» manifestó que ese país «ha mostrado una vez más su verdadero rostro».

Medvedev respondió, con todo su complejo de inferioridad a cuestas por la pérdida de autoridad internacional de Rusia y por su atraso científico y tecnológico, que no temía una nueva guerra fría. Y el primer ministro ruso Vladimir Putin —que es quien realmente mandaba en el gobierno de Moscú— acusó al Presidente de Estados Unidos de haber instigado el conflicto con el propósito de crear un clima político favorable para el candidato republicano John McCain en las elecciones presidenciales de ese momento. Las relaciones de amistad —y dependencia— entre Putin y Medvedev se remontaban a los días en que aquél, como teniente coronel de la KGB soviética, tenía bajo sus órdenes al inteligente y joven abogado que con el pasar de los años, y gracias a la «democracia administrada» del Kremlin, se convirtió en Presidente de Rusia y, cuatro años después —con elecciones que los miembros de la oposición y observadores internacionales calificaron de fraudulentas— devolvió el poder presidencial a Putin para su tercer mandato, que comenzó el 8 de mayo del 2012, en medio de grandes movilizaciones de protesta popular en Moscú y otras ciudades de Rusia.

En los días de la crisis de Abjasia y Osetia del Sur el Presidente ruso se juntó con el Presidente chino Hu Jintao en el marco de la cumbre regional de la Organización de Cooperación de Shanghai (SCO, en inglés) reunida en Dushanbe, capital de Tayikistán, de la que forman parte China, Rusia, Kasajistán, Kirguistán, Tayikistán y Uzbekistán, y de la que son observadores India, Pakistán, Mongolia e Irán. La SCO fue creada en el 2001 para contrarrestar la influencia de la OTAN en Asia central. En la reunión entre los dos presidentes, el gobernante chino desvió la conversación hacia el tema de los Juegos Olímpicos de Pekín, que acababan de terminar, y felicitó a Medvedev por el desempeño de los atletas rusos. El Presidente chino, que hasta ese momento —agosto 27— había mantenido silencio, se limitó a expresar su preocupación por los acontecimientos de Otesia del Sur y Abjasia e hizo votos porque las partes involucradas encuentren una solucion a través del diálogo. Al final, la cumbre de la SCO se limitó a formular una tibia declaración de apoyo al «papel activo de Rusia en las operaciones de paz y cooperación en la región» y nada dijo sobre el tema principal: la pretendida independencia de Abjasia y Osetia del Sur. De modo que la reunión fue un ruidoso fracaso para Moscú porque no consiguió el respaldo chino que buscaba.

El Mar Negro fue el escenario principal de la confrontación. Navíos de guerra rusos, en estado de alerta, patrullaron esas aguas. Su buque-insignia atracó en el puerto de Sujumi, la capital de Abjasia. Y tres fragatas norteamericanas, cuatro turcas, una alemana, una española y una polaca circulaban por la zona.

El gobernante norteamericano advirtió que evitará la independencia de las dos provincias georgianas prorrusas y que velará por la integridad territorial de su aliada Georgia. Moscú respondió entonces que el tema estaba concluído y pidió a Washington que adoptara «una actitud responsable». Abrió relaciones diplomáticas con las dos provincias rebeldes y dejó en claro el compromiso militar ruso de defenderlas en caso de que sean agredidas.

La dependencia europea del gas ruso —que en ese momento representaba alrededor del 42% de sus importaciones energéticas— obligó a la OTAN a jugar un papel de mediación para evitar que la crisis, sumada a la de Irán y a otras menores, derivase en una nueva guerra fría. Al fin y al cabo, al decir del español José Borrell —en ese momento presidente de la comisión de desarrollo del Parlamento Europeo—, sólo Europa podía jugar con éxito el papel mediador entre todos los que «están sentados encima de ese barril de pólvora» que era el Cáucaso sur. Lo cual explicaba que la OTAN hubiese preferido la mediación antes que la imposición de sanciones a Rusia.

Así se plantearon las cosas.

Detrás del conflicto estaban parapetados intereses geopolíticos y geoeconómicos. Georgia, que durante mucho tiempo fue vista como el «patio trasero» de la Unión Soviética, había cobrado una gran importancia geopolítica y geoeconómica a partir de la construcción de los oleoductos y gasoductos que transportan por su territorio hidrocarburos del mar Caspio hacia los mercados de Europa occidental. En el 2007, al año de iniciada la operación del oleoducto Bakú-Tiflis-Ceyhan (BTC), el crecimiento del producto interno bruto de Georgia fue espectacular. Por la vía de las tarifas de transportación mejoró sustancialmente su economía, desarrolló el sector agrícola, impulsó importantes obras de infraestructura social, mejoró los índices de empleo y aumentó el ingreso nacional y la renta per cápita de la población.

Dada la importancia geopolítica y geoeconómica de Georgia, la invasión militar rusa creó fuertes tensiones internacionales. El oleoducto Bakú-Tiflis-Ceyhan —que en ese momento era el segundo más grande del mundo, con 1.768 kilómetros de longitud: 443 kilómetros en territorio de Azerbaiyán, 249 kilómetros en Georgia y 1.076 en Turquía— transportaba un millón de barriles diarios de petróleo crudo desde Bakú, capital de Azerbaiyán, en el mar Caspio, hasta el puerto turco de Ceyhan, en el Mediterráneo sudoriental, pasando por Tiflis, la capital de Georgia. Este oleoducto entró en operación a finales de mayo del 2005 y el 4 de junio partió del terminal marino de Ceyhan con destino a Europa el navío British Hawthorn con los primeros 600 mil barriles, que inauguró la exportación del petróleo de Azerbaiyán a los mercados occidentales.

Esquivando los territorios ruso, armenio e iraní, el oleoducto con capacidad de un millón de b/d, construído después del colapso de la Unión Soviética por la British Petroleum con la cooperación de las empresas norteamericanas Chevron y ConocoPhilips, atraviesa Azerbaiyán, Georgia y Turquía. Esta ruta, aunque es más larga y costosa que las rutas alternativas por Rusia, Irán o Armenia, fue considerada políticamente más segura.

Ocurrió con este oleoducto lo mismo que con el gasoducto ruso-alemán: que, por motivos de seguridad, evitó el territorio polaco y fue por el fondo de las aguas del mar Báltico.

Otros ductos menores cruzan también por el territorio de Georgia: el gasoducto del Cáucaso sur de 692 kilómetros de largo, en ruta paralela al oleoducto principal (BTC), que transporta gas natural desde la terminal de procesamiento de Sangachal, situada a 45 kilómetros de Bakú, hasta Erzurum en Turquía, cuya capacidad se estima en 8.000 millones de metros cúbicos anuales; y el oleoducto Bakú-Supsa, de 830 kilómetros de longitud, que transporta petróleo desde Sangachal hasta el puerto georgiano de Supsa en el Mar Negro, cuya capacidad es de 155.000 b/d.

Todo esto ponía en evidencia la importante posición geopolítica, geoeconómica y geoestratégica de Georgia y explicaba el interés de Estados Unidos y de Europa por allanar el camino para su incorporación a la Organización del Atlántico Norte (OTAN) y, al propio tiempo, la tenaz oposición rusa a esta iniciativa.

El conflicto del Cáucaso —que algunos analistas de la política internacional piensan que fue el más grave desde la crisis de los misiles soviéticos en Cuba en el otoño de 1962— aceleró el acuerdo entre los gobiernos de Estados Unidos y de Polonia para instalar en suelo polaco una batería de misiles antiaéreos, como parte del escudo antimisiles estadounidense a desplegarse en Europa del este. En esos días críticos de agosto del 2008, la secretaria de Estado norteamericana Condoleeza Rice y el ministro de relaciones exteriores de Polonia Radoslaw Sikorski suscribieron en Varsovia el acuerdo estratégico para instalar una batería de misiles antiaéreos Patriot en territorio polaco. La respuesta de Rusia, por órgano de su ministro de asuntos exteriores, fue que su acción «no se limitará a medidas diplomáticas» ya que «el potencial estratégico de los Estados Unidos se está aproximando insistentemente a nuestras fronteras». Y una semana después, el 27 de agosto, Rusia probó su misil balístico intercontinental PC-12M Topol, de 22,70 metros de largo y 47,2 toneladas de peso, «capaz de atravesar tecnología de defensa antimisiles enemiga», según dijo el Ministerio de Defensa ruso, es decir, capaz de perforar el escudo antimisiles norteamericano.

El misil balístico ruso, lanzado desde las cercanías de la ciudad Plessetsk en el noroeste del país, impactó en un polígono militar de la península de Kamchatka, a 6.000 kilómetros de distancia.

El presidente ruso, Dimitri Medvedev, abusando de su mayoría de dos tercios en el parlamento, alargó de cuatro a seis años su período en la jefatura del Estado. Para lograr su propósito presentó a mediados de noviembre del 2008 una iniciativa de reforma constitucional a la cámara baja del parlamento —la Duma—, que con su amplia mayoría gobiernista la aprobó inmediatamente con 388 votos contra 58 del bloque parlamentario comunista opuesto a la iniciativa de Medvedev.

El 7 de marzo del 2009 el Presidente de Rusia, recogiendo las promesas de su antecesor Putin de modernizar el arsenal estratégico de su país, anunció que incrementará su armamento nucear para hacer frente al «expansionismo» de la OTAN y, simultáneamente, los jefes militares informaron de la instalación del misil tipo RS-24, con cabezas atómicas, que entraría en servicio a finales de ese año tras el vencimiento de los tratados START celebrados con Estados Unidos para la reducción de armas estratégicas.

En esos mismos días el gobierno de Pekín anunció el aumento del 14,9% en su presupuesto militar, aunque el portavoz del Congreso del Pueblo, Li Zhaoxing, dijo que eso «no es una amenaza para otros países».

22. Escudo de misiles antibalísticos. El 1 de enero del 2007 asumió la función de Secretario General de las Naciones Unidas, para un período de cinco años, el diplomático surcoreano Ban Ki-moon, considerado muy próximo a la política internacional norteamericana. Ki-moon era un experimentado diplomático con más de cuatro décadas de experiencia en el servicio exterior de su país y el octavo secretario general de la Organización Mundial. Sustituyó al ghanés Kofi Annan, quien ejerció el cargo por dos períodos consecutivos desde el 1 de enero del año 1997.

Voces de la guerra fría sonaron a fines de mayo del 2007. Vladimir Putin, Presidente de Rusia, en respuesta al anuncio norteamericano de instalar un “escudo” de misiles en Polonia y la República Checa para defender a Europa de posibles ataques balísticos por sorpresa provenientes de Irán o de Corea del Norte, amenazó al gobierno de Washington con “tomar medidas” de carácter nuclear. Dijo que, ante este proyecto del “imp erialismo de Washington”, se verá obligado a enfilar sus armas contra objetivos de Europa. “Será responsabilidad de nuestros expertos militares —afirmó— identificar posibles blancos para misiles balísticos y otros para misiles de crucero”. Simultáneamente compareció ante el parlamento ruso Sergei Ivanov, exministro de defensa, para anunciar un programa de 189 mil millones de dólares destinado a reconstruir el poder militar de Rusia. Habló de nuevos proyectiles balísticos intercontinentales, sistemas de radar de alerta avanzada y de un misterioso avión de combate de “quinta generación”. El mundo escuchó absorto la retórica de la guerra fría. Y vio que, a pesar de la perestroika y el nuevo pensamiento, el pasado estalinista todavía pesaba en las decisiones de la moderna nomenklatura de Moscú, que seguía mirando la política internacional como un tablero de ajedrez y midiendo la dimensión nacional en términos de fuerza militar. Afortunadamente, en la cumbre del denominado G-8 que reunió pocos días después en la ciudad alemana de Heiligendamm a los siete países más industrializados del planeta —Estados Unidos, Inglaterra, Alemania, Japón, Canadá, Francia e Italia— más Rusia, pudieron conversar sobre el tema en privado los jefes de Estado norteamericano y ruso, y bajaron las tensiones.

Un mes después, sin embargo, Rusia denunció el tratado de Fuerzas Armadas Convencionales en Europa (FACE) —uno de los más importantes acuerdos de desarme de la guerra fría, firmado en París en 1990—, que limitaba severamente la presencia de efectivos militares y armamentos convencionales en suelo europeo, desde el Atlántico a los Urales, incluida la parte europea de Rusia. Al desligar a su país de las obligaciones impuestas por él, Vladimir Putin afirmó que lo hace debido “a circunstancias extraordinarias que afectan a la seguridad de Rusia y que exigen medidas inaplazables”. Pero la declaración difundida por el Kremlin hizo también referencia al proyecto norteamericano de instalar bases de misiles en Europa oriental.

En la cumbre Unión Europea-Rusia, celebrada en Portugal a fines de octubre del 2007, el Presidente ruso volvió a referirse a este asunto y lo comparó con la crisis de los misiles soviéticos de alcance medio en Cuba durante el otoño de 1962, que puso al mundo al borde de la confrontación nuclear.

Pocos días antes, Putin anunció públicamente que había emprendido el rearme de sus fuerzas armadas. Dijo: «Nuestros planes no son grandes sino grandiosos y absolutamente realistas. Nuestras fuerzas armadas serán compactas y muy eficaces para garantizar la seguridad del país por muchos años».

En febrero del 2008 el Presidente ruso dijo que su país se verá obligado a apuntar a su vecina Ucrania con sus cohetes si el gobierno de Kiev aceptara en su territorio la infraestructura militar de la OTAN o el sistema antimisiles de Estados Unidos.

Sin embargo, detrás de esa retórica belicista estaban unas fuerzas armadas rusas que se descomponían dentro de la más espantosa corrupción y latrocinio de sus oficiales, hasta el extremo de que por esos días el capitán Viktor Bobrov, comandante de una compañía de infantería cercana a Nizhny Novgorod, escribió en una postrera carta suicida: “El ejército es un pantano hediondo. Ha sido completamente degradado desde la cima a la base”.

En realidad, el enfrentamiento de Rusia contra Georgia puso en evidencia la decadencia de las fuerzas armadas rusas por causa de su déficit tecnológico y de las limitaciones de su elemento humano. Los aviones teledirigidos de fabricación rusa tuvieron un desempeño desastroso y los equipos militares dejaron ver su obsolescencia. Las viejas fábricas de aviones MIG y Sukhoi habían quedado tecnológicamente atrasadas. La situación obligó a Rusia a comprar aviones teledirigidos israelíes, fusiles de fabricación inglesa y pistolas austriacas para sus unidades de elite. Esto hubiera sido, en los tiempos de la Unión Soviética, una alta traición a la patria. La oganización militar rusa se había mantenido anclada en los tiempos de la guerra fría. Soportaba una inflación de oficiales con relación al número de soldados. En las filas activas había más de 900 generales y miles de oficiales de gradaciones inferiores sin destinos claros. Muchos jefes militares estaban aquejados de corrupción o de alcoholismo y un tercio de los reclutas estaba formado por hombres «mentalmente inadecuados, toxicómacos o imbéciles», según las propias palabras del general Vladimir Mikhailov, comandante de la fuerza aérea. La situación militar de Rusia no podía ser peor. Y el presidente Medvedev prometió entonces, a finales de la primera década del siglo XXI, asignar recursos financieros con el propósito de modernizar las unidades militares convencionales para que sean «tan buenas como las fuerzas de la OTAN».

En la cumbre de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), celebrada en Bucarest a comienzos de abril del 2008 con la asistencia de sus 26 miembros, el gobierno norteamericano acordó con ellos la instalación de un escudo antimisiles en Polonia y un radar ultramoderno en la República Checa para el año 2012. El presidente Bush logró así su objetivo geopolítico y geomilitar de proteger a Occidente de ataques balísticos provenientes del Oriente Medio. Putin, que asistió al cierre del encuentro, no estuvo de acuerdo con esta decisión. «La OTAN —dijo— no puede ganantizar su seguridad expandiéndose a otros países». Pero en un comunicado conjunto los gobiernos norteamericano y checo manifestaron que «el acuerdo es un paso importante en nuestro esfuerzo para proteger nuestras naciones y aliados en la OTAN ante la creciente amenaza de misiles balísticos y armas de destrucción masiva».

El Presidente Putin, que se aprestaba a entregar el mando a su sucesor Dimitri Medvedev, logró que los veintiséis miembros de la alianza atlántica aplazasen su decisión de incorporar de inmediato a las exrepúblicas soviéticas Georgia y Ucrania a la OTAN, como deseaba Bush. En la reunión entre los gobernantes norteamericano y ruso —a la que también asistió Medvedev—, Bush dio seguridades a Putin de que los misiles estadounidenses no apuntarán a Moscú.

La crisis provocada anteriormente por Rusia en la zona de los Balcanes al invadir Georgia con sus fuerzas militares a mediados de agosto del 2008, en respaldo de las provincias separatistas georgianas de Osetia del Sur y Abjasia, aceleró el acuerdo estratégico de los misiles en Polonia, que fue suscrito el 20 de agosto del 2008 en Varsovia por la secretaria de Estado norteamericana Condoleezza Rice y el ministro de relaciones exteriores polaco Radoslaw Sikorski. Y una semana después, el 27 de agosto, Rusia probó su misil balístico intercontinental PC-12M Topol, de 22,70 metros de largo y 47,2 toneladas de peso, «capaz de atravesar la tecnología de defensa antimisiles enemiga», según dijo el Ministerio de Defensa ruso, es decir, capaz de perforar el escudo antimisiles norteamericano.

El misil balístico ruso, lanzado desde las cercanías de la ciudad de Plessetsk en el noroeste de Rusia, impactó en un polígono militar en la península de Kamchatka, a 6.000 kilómetros de distancia.

Parece que tuvo razón Santiago Carrillo, exsecretario general del Partido Comunista Español, cuando afirmó que «Rusia ha perdido la guerra fría pero no ha desaparecido. Está ahí, forma parte del concierto mundial, con una posición privilegiada entre Asia y Europa». Con 17’075.400 km2 de territorio y 141’300.000 de habitantes —según datos de finales del 2009— Rusia es, sin duda, un país grande y poblado que pesa en el concierto internacional.

Un hecho ocurrido el 21 de febrero del 2008 en las aguas del océano Pacífico trajo al mundo la evocación de la denominada «guerra de las galaxias», planteada originalmente por el presidente Ronald Reagan en los años 80 y actualizada por George W. Bush veinte años después, consistente en un escudo defensivo de satélites espaciales teleguiados destinados a proteger a Estados Unidos de eventuales misiles de largo alcance procedentes de enemigos no convencionales con poder nuclear. El crucero USS Lake Erie de la fuerza naval estadounidense derribó, mediante el disparo de un misil balístico interceptor, el satélite espía norteamericano US 193, de 1,1 tonelada de peso, que había salido de su órbita y se precipitaba velozmente para estrellarse contra la Tierra. La caída del satélite estaba prevista para el 6 de marzo y existía el riesgo de que causara daño a centros poblados de Canadá, Irlanda, Escocia o el cono sur de América Latina, con su carga de 453,60 kilos de hidracina, combustible extremadamente tóxico. La operación de interceptación se realizó, con gran precisión, desde las aguas del océano Pacifico, al oeste de Hawai, ese 21 de febrero, a las 03:26 horas UTC, antes de que el satélite entrara en la atmósfera, y demostró la eficacia de los misiles de interceptación norteamericanos. Cosa que molestó a los gobiernos de Rusia y China, que emitieron inmediatamente declaraciones condenatorias por considerar que había sido un ensayo encubierto para probar la eficiencia de un antimisil destinado a ampliar la supremacía armamentística norteamericana en el espacio. Y es que el disparo del misil antisatélite se diferenció poco del que el escudo de seguridad espacial norteamericano utilizaría en caso de ataque de un misil balístico con cabeza nuclear contra su territorio.

En ese momento, en la mente de los gobernantes de Rusia y de China estuvo presente, sin duda, la denominada «guerra de las galaxias», o sea la nueva estrategia militar norteamericana que implica la transferencia de los “juegos de guerra” de la superficie terrestre hacia el espacio sideral, que está llamada a ser una nueva dimensión de la guerra, que convertiría al espacio supraterrestre en un escenario de valor estratégico, en el cual pudieran instalarse bases de lanzamiento de proyectiles de precisión sobre objetivos ubicados en cualquier lugar del planeta.

Pero las tensiones políticas norteamericano-rusas bajaron de grado con el anuncio del presidente Barack Obama, el 17 de septiembre del 2009, de revocar la decisión del gobierno estadounidense de instalar el escudo antimisiles en el este de Europa. Lo hizo a cambio de imponer un sistema de defensa más fuerte y efectivo para proteger a sus aliados de las amenazas de Irán. El Secretario de Defensa Robert Gates señaló que el nuevo plan incluía un despliegue naval de interceptación de mediano alcance Aegis, dotado de misiles SM-3, a partir del año 2011, ya que, según los estudios de la inteligencia norteamericana, la amenaza de misiles de largo alcance iraníes «no es tan inmediata como se pensaba». En reciprocidad, el presidente Dimitri Medvedev decidió detener el desplazamiento hacia Kaliningrado —enclave ruso en el Báltico— de sus cohetes Iskander y aviones Tu-22, capaces de portar armas nucleares, que se había propuesto tras conocer el proyecto del presidente George W. Bush de construir el escudo antimisiles norteamericano en Polonia y la República Checa.

Sin embargo, la respuesta de Medvedev no incluyó —como esperaba Washington— una posición rusa más firme respecto de los planes nucleares de Irán ni la revocación de su oferta de venta del sistema de defensa antiaéreo S-300 al gobierno iraní.

23. Los procesos políticos en Rusia y Estados Unidos. En el curso de la postguerra fría se dio en otro lugar del planeta una pugna muy parecida a las muchas que se produjeron durante la confrontación Este-Oeste. Fue en agosto del 2007 cuando una expedición militar y científica rusa plantó la bandera de su país en el fondo del océano Ártico como reivindicación territorial, no por símbólica menos amenazante, de las enormes riquezas mineras que guarda la zona polar norte del planeta, con aproximadamente 14 millones de kilómetros cuadrados de superficie. Hay científicos que sostienen que allí está la cuarta parte de las reservas mundiales de petróleo y gas. Se volvió entonces a escuchar la retórica de la guerra fría. El Vicepresidente de la Cámara de Diputados de Rusia, Artur Chilingarov, expresó: “El Ártico ha sido y será nuestro”. Y Boris Gryzlov, Presidente de la Duma, dijo que “lo más importante de esta misión es que Rusia ha demostrado ante todo el mundo que puede defender sus intereses en el Ártico”. Inmediatamente el primer ministro del Canadá Stephan Harper afirmó que su país aumentará su presencia en el océano Ártico con la construcción de un puerto en el norte de la isla de Baffin y prometió una política agresiva a la hora de defender su soberanía sobre la región. Días más tarde Dinamarca envió una expedición para cartografiar el fondo marino del norte de Groenlandia. Y los Estados Unidos situaron su propia expedición, a bordo del rompehielos Healy, para investigar el fondo del océano Ártico. En realidad son cinco los Estados que se disputan porciones de esas riquezas mineras por tener líneas de costa en aquella región: Rusia, Estados Unidos, Canadá, Dinamarca y Noruega.

Vladimir Putin —ex-espía de la KGB soviética— fue un gobernante de mano dura que manejó todos los mecanismos del poder. Su estilo fue admirado por mucha gente dentro de Rusia, que deseaba un liderazgo fuerte antes que una democracia de tipo occidental. El líder del Kremlin encarnó, además, la nostalgia de los rusos por los días de esplendor en que la Unión Soviética era una potencia mundial. Gozó por eso de respaldo en su gestión presidencial. Los altos precios del petróleo y del gas natural en los mercados internacionales favorecieron su gobierno, hasta que vino la drástica caída de sus precios a mediados de la segunda década de este siglo.

Estuvo en el poder por dos períodos consecutivos: 2000-2004 y 2004-2008. Y, como la ley no le permitía tener un tercer período inmediato, impuso la candidatura presidencial de Dimitri Medvedev (42 años), quien triunfó con amplio margen como candidato del oficialismo el domingo 2 de marzo del 2008 sobre sus rivales Guennadi Ziugánov, del Partido Comunista, y Vladimir Zhirinovsky, candidato ultranacionalista.

Miembro del tándem político de Vladimir Putin desde que ambos prestaban sus servicios a la KGB soviética, se comprometió Medvedev a seguir la línea política de su antecesor. Puso especial énfasis en la oferta de continuar el avance de las buenas relaciones con Estados Unidos, ya que ellas «son un factor clave en la seguridad internacional». En su primera reunión en Bucarest con el Presidente norteamericano, un mes antes de asumir sus funciones, ambos gobernantes ofrecieron abordar «de una manera tranquila y profesional» los asuntos internacionales. En ese momento había varios temas confictivos, entre ellos, la independencia nacional declarada unilateralmente por Kosovo y la ampliación de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) hacia el este de Europa, ambos apoyados sin reservas por Washington.

La Duma, con su amplia mayoría de diputados gobiernistas, aprobó la enmienda constitucional enviada por el Kremlin que extendía de cuatro a seis años el período presidencial y que allanaba, hacia el futuro, el camino de retorno a la presidencia del primer ministro Vladimir Putin. Y así ocurrieron las cosas. Bajo el auspicio oficial, Putin fue elegido para su tercer mandato presidencial el 4 de marzo del 2012 en elecciones calificadas de fraudulentas por la oposición y por observadores internacionales —en las que obtuvo el 63,6% de los votos—, que levantaron multitudinarias movilizaciones de rechazo y de protesta en Moscú, Kurgan, Kemerovo y otras ciudades rusas.

El 7 de mayo del 2012 —en los suntuosos salones del Kremlin, ante tres mil invitados extranjeros y con pompa, ceremonia y boato que nada tuvieron que envidiar a las cortes europeas de los tiempos del absolutismo monárquico— Putin asumió por tercera vez la presidencia y, en cumplimiento de los colusorios acuerdos políticos del tándem Putin-Medvedev, al día siguiente la Duma designó a Medvedev como primer ministro del nuevo gobierno. Y el 26 de mayo prosiguió el intercambio de funciones: Medvedev reemplazó a Putin como jefe del partido oficialista Rusia Unida.

En cuanto a Estados Unidos, las elecciones presidenciales celebradas el 4 de noviembre del 2008 marcaron un cambio de rumbo en la política norteamericana. Por vez primera un candidato negro —mulato, en realidad—, Barack Hussein Obama Jr., fue elegido Presidente de Estados Unidos. Era hijo de Barack Obama, negro keniata del pueblo Nyang’oma Kogelo, y de Ann Dunham, blanca norteamericana originaria de Kansas. Venció al arquetipo blanco norteamericano: John McCain, candidato por el Partido Republicano, hijo y nieto de almirantes de la armada, aviador naval él mismo, torturado como prisionero de guerra en Vietnam después de que su cazabombardero fuera derribado por un misil, quien encarnaba los valores clásicos de la identidad nacional estadounidense.

Contendieron dos personalidades contrarias en todo y por todo. El contraste fue muy marcado. Además de la brecha generacional (47 años Obama y 72 McCain) y de la contraposición de tesis políticas y económicas, fueron claras las diferencias personales entre los candidatos. El uno, descendiente de africanos, y el otro, exponente de la sociedad blanca norteamericana, de la cultura anglo-protestante y de sus valores más tradicionales.

Procedente de una familia pobre de Kenia —su abuelo, de raza negra, fue sirviente de un hogar británico en el país africano y su padre pudo salir de la pequeña aldea keniata donde vivía gracias a una beca para estudiar en Hawai—, Obama personificaba el tan evocado «sueño americano» de ascender en el escalafón social por esfuerzos y méritos propios. En cambio, McCain —héroe de guerra, portador de los valores más tradicionales de la cultura norteamericana— ocupaba un lugar de preeminencia en la sociedad de su país.

Obama obtuvo 65’931.299 votos contra 57’723.230 de McCain en las elecciones con mayor participación popular desde 1908, conquistó 349 compromisarios contra 200 de McCain y se convirtió en el presidente número 44 de Estados Unidos para el período 2009-2013.

Su triunfo se festejó estruendosamente, con el sacrificio de un buey, en la aldea de Kogelo en Kenia, donde vivían su abuela paterna Sarah Obama, sus hermanos de padre y sus demás parientes negros.

Fidel Castro, desde su lugar de retiro del poder, recibió con palabras muy amistosas la elección Obama. El 22 de enero del 2009 escribió: «El rostro inteligente y noble del primer presidente negro de Estados Unidos desde su fundación hace dos y un tercio de siglos como república independiente, se había autotransformado bajo la inspiración de Abraham Lincoln y Martin Luther King, hasta convertirse en símbolo viviente del sueño americano».

El rápido camino de Obama hacia la Casa Blanca lo proyectó como un hábil estratego político. En la campaña electoral agitó banderas, postuló tesis, invocó valores ético-sociales y formuló ofertas a su pueblo, pero no se presentó como representante o vocero de los negros, ni llamó a asumir revanchas. No invocó tampoco la justicia racial para conquistar el voto sino que apeló a valores compartidos por todos los norteamericanos. Su idea-fuerza en la campaña —no por general e inconcreta menos eficaz— fue la del «cambio», que impactó mucho a los jóvenes y a la clase media anhelante de movilidad social. Pero era un cambio referido al orden de cosas nacional e internacional impuesto por su antecesor a lo largo de su prolongada y deslucida permanencia en la Casa Blanca y no una modificación de los valores básicos y tradicionales que informan la sociedad norteamericana desde los viejos tiempos de los padres fundadores.

En una campaña no exenta de cierta dosis de demagogia, acudió más al sentimiento que a la razón de los electores. Contó para ello con un hábil estratego de campaña, David Axelrod, y con el talentoso redactor de discursos Jon Favreau, jefe de su equipo de speechwriters. Su capacidad retórica, su elegancia expresiva y su sentido de la teatralidad fueron sobresalientes en un momento de decadencia de la oratoria presidencial en Estados Unidos. Su discurso tuvo mucho de subliminal e incluso de populista, en ocasiones. El socorrido eslogan del «yes, we can» —que Obama tomó del «sí se puede» de varias campañas electorales latinoamericanas de los años precedentes— fue muy eficaz para reivindicar la confianza del pueblo norteamericano en sus propias posibilidades después de los fracasos del gobierno de Bush. Para enfrentar el “realismo” chato y mediocre de su contrincante republicano John McCain —que había convocado a profundizar el neoliberalismo y a continuar con el estilo político de Bush— apeló a la imaginación, los sueños y la fantasía del pueblo estadounidense y con buscada imprecisión le ofreció un mundo mejor y suscitó esperanzas dentro y fuera de las fronteras de su país.

A pesar de que las elecciones presidenciales en Estados Unidos son indirectas, puesto que los electores primarios votan por un colegio electoral que es el encargado de elegir, en elecciones de segundo grado, al Presidente y al Vicepresidente, es posible cuantificar los votos recibidos por los candidatos, ya que el sistema funciona de modo que cada partido político exhibe ante los votantes de base una lista de grandes electores, quienes se han comprometido de antemano a votar por uno de los candidatos. De esta manera, el elector sabe muy bien que, al votar por los compromisarios, de hecho vota por un determinado candidato presidencial. Los ciudadanos no tienen la menor duda acerca de la dirección de los votos de los compromisarios. Por eso, en la práctica, la elección del Presidente se decide el día en que se realizan las elecciones de compromisarios. Con lo cual el procedimiento indirecto se convierte prácticamente en directo y la función de los compromisarios se limita a sancionar formalmente una decisión ya tomada por el cuerpo electoral amplio.

Semanas después, los grandes electores —compromisarios—, cuyo número equivale al total de senadores y representantes que los estados de la Unión tienen derecho a enviar al Congreso federal, se reúnen en sus respectivos estados y votan en papeletas separadas por el Presidente y el Vicepresidente de Estados Unidos. Los votos obtenidos por cada uno de los candidatos se remiten a Washington y el Congreso, en sesión conjunta de las dos cámaras, hace el escrutinio y proclama los resultados.

Obama asumió el poder el 20 de enero del 2009. En el elegante y corto discurso que leyó en el teleprompter desde la tribuna levantada en la escalinata exterior del Capitolio, ante una multitud de tres millones de personas que coparon la explanada y la enorme alameda de cinco kilómetros de largo que se extiende hasta el Lincoln Memorial —que fue seguramente la mayor concentración política de masas reunida en la historia norteamericana y mundial—, hizo una reiterada afirmación de los valores de la sociedad estadounidense, consagrados a lo largo de los tiempos: libertad, imperio de la ley, derechos humanos, tolerancia, valentía, trabajo, vocación de sacrificio, audacia emprendedora, honestidad, juego limpio, curiosidad, lealtad y patriotismo, de los que dijo que «han sido la fuerza silenciosa detrás de nuestro progreso durante toda nuestra historia» y que han hecho de Estados Unidos de América «la nación más próspera y poderosa de la Tierra».

Con relación a sus responsabilidades hacia afuera, formuló tres breves afirmaciones en diferentes momentos de su discurso: «tenemos responsabilidades con nosotros, con la nación y el mundo», «América tiene que desempeñar su papel en el alumbramiento de una nueva era de paz» y «estamos listos a asumir el liderazgo una vez más». Agregó: «Con viejos amigos y antiguos contrincantes trabajaremos sin descanso para reducir la amenaza nuclear y hacer retroceder el fantasma de un planeta que se calienta. No vamos a pedir perdón por nuestro estilo de vida, ni vamos a vacilar en su defensa, y a aquellos que pretenden lograr su fines mediante el fomento del terror y de las matanzas de inocentes, les decimos desde ahora que nuestro espíritu es más fuerte y no se lo puede doblegar».

Ofreció la amistad de su país «a los otros pueblos y gobiernos que nos observan hoy, desde las grandes capitales al pequeño poblado donde nació mi padre». Y formuló una tenue afirmación en el ámbito de la justicia social: «a aquellos países que, como el nuestro, gozan de relativa abundancia, les decimos que no nos podemos permitir más la indiferencia ante el sufrimiento fuera de nuestras fronteras, ni podemos consumir los recursos del mundo sin tomar en cuenta las consecuencias».

Dirigiéndose a los caudillos musulmanes y con referencia a las borrascas del Oriente Medio, dijo que «aquellos líderes que quieren sembrar conflictos o culpar a Occidente de todos los problemas de sus sociedades deben saber que sus pueblos los juzgarán por lo que construyan, no por lo que destruyan». Y les formuló un llamado «para buscar un camino hacia adelante, basado en un interés mutuo y también en el respeto mutuo».

Obama fue reelegido el 6 de noviembre del 2012 para un segundo período presidencial, que concluyó en el 2016.

24. WikiLeaks. Retornando al panorama mundial, debo decir que una «bomba cibernética» estalló en el mundo el 28 de noviembre del 2010 cuando la empresa informática WikiLeaks —fundada en Suecia a finales del 2006 por Julian Assange, joven matemático y activista hacker australiano— interceptó, penetró, codificó, copió y robó 251.287 documentos oficiales y confidenciales cursados a través de internet en los seis años anteriores por el Pentágono y el Departamento de Estado de los Estados Unidos y filtró parte de sus textos hacia los periódicos «The New York Times» de Estados Unidos, «Der Spiegel» de Alemania, «Le Monde» de Francia, «The Guardian» de Inglaterra y «El País» de España, que los publicaron con gran despliegue.

En las esferas gubernativas, políticas y militares estadounidenses se denominó <«cablegate» a esa divulgación masiva de documentos secretos del gobierno estadounidense.

Los medios de comunicación escritos y audiovisuales del mundo entero publicaron extensamente el escándalo en sus principales páginas, espacios auditivos y pantallas durante mucho tiempo. Y los políticos de las diversas tendencias ideológicas aprovecharon el material para sus propios fines.

Esta, que fue la mayor fuga de información confidencial de la historia, puso en aprietos al gobierno de Estados Unidos, cuyas comunicaciones habían sido masivamente pirateadas en internet, y a muchos otros gobiernos de Europa, América Latina, Asia y África, insertos en las informaciones interceptadas.

Fue un extraño y escurridizo joven australiano, llamado Julian Paul Assange (35 años), quien fundó en Suecia, a finales del 2006, la red internacional de hackers denominada WikiLeaks con el declarado propósito de «abolir el secretismo oficial» y abrir la «transparencia radical» y la «divulgación indiscriminada» de la información, sin consideraciones a la privacidad, la propiedad intelectual ni la seguridad nacional. Para ello forjó un sitio web, es decir, un portal electrónico en internet de revelación de documentos e informaciones clasificados y no clasificados procedentes de varios lugares del mundo. Con extraordinaria habilidad en el manejo de los más sofisticados software informáticos y con finas operaciones algorítmicas en la red logró romper códigos cifrados e introducirse en las comunicaciones electrónicas secretas, grabarlas, codificarlas y difundirlas.

El 14 de noviembre del 2007 filtró información reservada de las operaciones norteamericanas en Guantánamo, donde guardaban prisión desde el 2002 centenares de individuos acusados de pertenecer a la banda terrorista al Qaeda y de estar relacionados con el atentado contra las torres gemelas del World Trade Center en Nueva York y el Pentágono en Washington el 11 de septiembre del 2001, perpetrado por comandos fundamentalistas islámicos.

En julio del 2010 reveló 76.607 documentos secretos del conflicto de los talibanes en Afganistán, iniciado en el 2001, con base en la interceptación de comunicaciones reservadas enviadas desde el frente de lucha, con indicación de las operaciones en marcha, el resultado de otras ya ejecutadas y los actos preparatorios de futuras acciones. Algunos de esos documentos fueron publicados en «The Guardian» de Inglaterra, «Der Spiegel» de Alemania y «The New York Times» de Estados Unidos. Allí se filtraron, entre otros asuntos, los detalles del episodio de la muerte de civiles y soldados de la coalición a causa del «fuego amigo».

El 22 de octubre de 2010 WikiLeaks capturó 391.831 documentos sobre la guerra de Irak, filtrados desde el Pentágono, en los que se revelaban muchos datos y circunstancias de esa confrontación bélica en el Oriente Medio iniciada en la madrugada del 20 de marzo del 2003, muchos de los cuales fueron publicados en las ediciones digitales de varios periódicos europeos y estadounidenses.

Pero la explosión del cablegate se produjo realmente el 28 de noviembre del 2010 cuando los periódicos «The New York Times», «The Guardian», «Der Spiegel», «Le Monde» de Francia, y «El País» de España publicaron partes de la información interceptada que les había proporcionado WikiLeaks. Fue allí cuando estalló el escándalo de escala mundial que conmocionó al gobierno estadounidense del presidente Barack Obama y a muchos otros gobiernos inmiscuidos en los documentos filtrados.

El gobierno norteamericano, por medio del presidente Barack Obama y de su secretaria de Estado Hillary Clinton, se vio obligado a conectarse inmediatamente con los otros gobiernos para pedir excusas y disminuir el nivel de la alarma.

Por supuesto que no hay Estado que no haya acudido y acuda a estos métodos de información diplomática. Una de las funciones tradicionales de los embajadores y de los miembros del cuerpo diplomático ha sido siempre informar a su gobierno sobre el país en que están acreditados y sus protagonistas políticos y económicos. Sería una hipocresía no reconocerlo. Pero, en tratándose de la superpotencia, el escándalo que se armó en torno a las revelaciones de WikiLeaks fue mayúsculo.

Ella, por su lado, recibió ataques desde diferentes ángulos. John Young, operador del sitio cryptome, que se dedicaba a publicar en la red documentos confidenciales de los gobiernos, la acusó en el 2007 de ser un conducto de la CIA —CIA conduit— pero «El Universal» de México la llamó «la CIA del pueblo» y ella misma se autodenominó «la primera agencia de inteligencia del pueblo». Otros dijeron que WikiLeaks era una CIA al revés: espiaba a Estados Unidos, le robaba información y documentación confidenciales y, publicándolas a los cuatro vientos, las ponía a disposición de sus enemigos.

Pero hubo también quienes consideraron que WikiLeaks hacía un periodismo alternativo, que proporcionaba información —con absoluta reserva de sus fuentes— a quienes deseaban enterarse del contenido de documentos secretos o clasificados de algún país. Manuel Castells, profesor de la Universitat Oberta de Catalunya, en un artículo de prensa que escribió en los días del escándalo, afirmó que ella era «una organización de comunicación libre, basada en el trabajo voluntario de periodistas y tecnólogos, como depositaria y transmisora de quienes quieren revelar anónimamente los secretos de un mundo podrido». «Le Monde» designó a Julian Assange, fundador y conductor de WikiLeaks, el «hombre del año».

Desde la perspectiva histórica, el cablegate significó la mayor revelación documental de todos los tiempos. Talvez las únicas que tuvieron, en su momento, efectos parecidos aunque cuantitativamente menores fueron la que hizo la unidad de inteligencia naval inglesa en el curso de la Primera Guerra Mundial, al descifrar un telegrama secreto dirigido por el ministro de relaciones exteriores alemán a su embajador en México; y la de los denominados Pentagon Papers sobre la guerra de Vietnam en 1971.

La unidad de inteligencia naval inglesa, en el curso de la Primera Guerra Mundial, descifró el telegrama enviado el 16 de enero de 1917 por el Secretario de Asuntos Exteriores del imperio alemán, Arthur Zimmermman, a su embajador Heinrich von Eckardt en México, en el cual lo instruía para que propusiese al gobierno mexicano una alianza política y militar con Alemania en contra de Estados Unidos. En el telegrama —en que cada palabra estaba cifrada en un grupo de cuatro o cinco números— la propuesta era que Berlín asistiría económicamente y armaría a México para que atacase a Estados Unidos y recuperase los territorios perdidos en las guerras mexicano-norteamericanas de 1835-36 y de 1846-48 —Texas, Nuevo México, Arizona, California, Nevada y Utah—, que fueron anexados a la entonces naciente potencia norteamericana. El indisimulado propósito prusiano era distraer a las fuerzas armadas estadounidenses e impedirlas entrar al escenario europeo de la guerra mundial. Pero la revelación de aquel telegrama fue uno de los factores que pesaron en la decisión del gobierno de Woodrow Wilson, tres meses más tarde, de abandonar sus tradicionales aislacionismo y neutralidad y entrar en la guerra, alineado en el frente de las fuerzas aliadas.

Esa guerra enfrentó a las denominadas potencias aliadas —Gran Bretaña, Francia, Rusia, Serbia, Bélgica, Japón, Italia y, después, Estados Unidos y Canadá— contra las potencias centrales —Austria-Hungría, Alemania y Bulgaria—.

La otra filtración documental de graves consecuencias fue la de los denominados Pentagon Papers que empezó a publicar «The New York Times» el 13 de junio de 1971 sobre la guerra de Vietnam. Eran documentos secretos del Departamento de Defensa norteamericano proporcionados por Daniel Ellsberg —exmarino y analista militar estadounidense—, en los cuales se demostraba que los gobiernos de esa época en Estados Unidos mintieron al Congreso Federal y a la opinión pública norteamericana sobre asuntos relacionados con aquella confrontación bélica que enfrentó entre 1964 y 1975 a Vietnam del Sur, apoyado principalmente por Estados Unidos, contra Vietnam del Norte, respaldado por China y otros países del bloque comunista, en el contexto general de la guerra fría.

La de Vietnam fue una guerra irregular en la que se combinaron operaciones bélicas convencionales con acciones guerrilleras y terrorismo. Se estima que en la sangrienta lucha murieron más de dos millones de vietnamitas y 57.685 soldados norteamericanos y que hubo 3 millones de heridos de un lado y 153.303 del otro, además de 587 prisioneros de guerra estadounidenses y de 12 millones de refugiados.

Esas filtraciones de información altamente confidencial produjeron una terrible crisis política en Estados Unidos, afectado ya en ese momento por el Vietnam war syndrome que afligía a la sociedad norteamericana. El Pentágono consideró a Ellsberg «el hombre más peligroso del mundo» y acusó a los medios de comunicación, que publicaron sus papeles, de atentar contra la seguridad nacional. El gobierno acudió a los tribunales de justicia para tratar de detener la fuga de información. Acusó a Ellsberg de los delitos de robo de documentos secretos, espionaje y conspiración. Finalmente, la Corte Suprema, invocando la libertad de expresión consagrada en la Constitución Federal, se inhibió de procesar a Ellsberg y autorizó la difusión de los documentos.

El 9 de junio del 2013 estalló una nueva bomba informativa. El joven ciudadano norteamericano Edward Snowden, que prestaba sus servicios de inteligencia a la Agencia de Seguridad Nacional (NSA) como operador de rango y analista de infraestructura —y que antes había sido consultor tecnológico e informante de la CIA—, envió por vía electrónica desde la habitación de un hotel en Hong Kong al diario estadounidense «The Washington Post» y al británico «The Guardian» documentos que demostraban que el gobierno de Estados Unidos ejercía una gigantesca acción de espionaje alrededor del mundo a través de la masiva información cursada por las grandes empresas de internet —como Microsoft/Skype, AOL, Google, Yahoo, Apple y Facebook—, que interceptaban millones de correos electrónicos, chats, fotografías, conversaciones on line y conversaciones telefónicas a lo largo y ancho del planeta.

Edward Joseph Snowden, después de desatar una nueva tormenta mundial al demostrar la fragilidad de las comunicaciones por la vía digital, voló de Hong Kong a Moscú. Y, luego de permanecer cerca de seis semanas en el aeropuerto de Sheremetyevo, obtuvo asilo político allí.

Ante el acosamiento de Estados Unidos —que imputaban a Snowden el robo y apropiación de documentos de propiedad de su gobierno y que pedían su extradición— el presidente Vladimir Putin declaró en una conferencia de prensa en Moscú que no lo entregará pero advirtió que si él quería quedarse en Rusia «habrá una condición: debe dejar de perjudicar a nuestros socios norteamericanos, por muy extraño que esto pueda sonar. No ha sido, ni es agente al servicio de Rusia, y tampoco está colaborando con nuestros servicios secretos».

Las filtraciones de Snowden demostraron que la NSA tenía acceso, a través del programa Prism, a los correos electrónicos, chats, fotografías, búsquedas de internet, archivos enviados y conversaciones en línea dentro y fuera de Estados Unidos. Cerca de 77.000 expedientes se habían nutrido de información cursada en la red.

Para denunciar que también los teléfonos móviles eran instrumentos de espionaje, en una reunión que convocó en Moscú, Snowden pidió a todos los asistentes que guardasen sus aparatos telefónicos en la nevera para evitar escuchas, según relató «The New York Times».

Por esos días, en una entrevista de prensa en que Snowden habló de sus motivos para realizar las filtraciones, dijo: “desde mi escritorio tenía el poder de escuchar las conversaciones de todo el mundo, desde ustedes o su contador, hasta un juez federal o incluso el Presidente, si tuviera su correo electrónico personal».

Los documentos secretos revelados por Snowden y publicados por el «The Washington Post», «The Guardian» y el semanario alemán «Der Spiegel» muestran cómo la NSA y el FBI contaban con un acceso directo a los servicios de empresas especializadas de internet: Microsoft/Skype, Yahoo, Google, Paltalk, Facebook, YouTube, AOL y Apple que, mediante el programa de espionaje denominado Prism, aprehendían los datos e informaciones de sus clientes cursados por los servidores de ellas a través de los correos electrónicos, las comunicaciones de vídeo y audio, los archivos fotográficos, los documentos y las conversaciones en línea, y los ponían en conocimiento de la NSA y del FBI.

La vigilancia e interceptación electrónicas abarcaron no sólo a los gobiernos hostiles a Estados Unidos sino también a algunos de sus aliados de Europa, Asia y América Latina, cuyas comunicaciones fueron interferidas.

En su defensa, el gobierno norteamericano explicó que, para hacer frente al terrorismo sin fronteras del siglo XXI —que se puso en evidencia con la demolición de las torres gemelas de Nueva York y el Pentágono de Washington el 11 de septiembre del año 2001 —atentado planificado fuera de sus fronteras nacionales—, era necesario instrumentar un amplio programa de vigilancia y espionaje a escala mundial, es decir, un espionaje sin fronteras.

Si bien fueron tormentosas las consecuencias mediáticas de las revelaciones de Snowden, el escándalo no fue mayor en la opinión publica norteamericana, que con ocasión de los atentados contra las torres gemelas de Nueva York y el Pentágono en Washington había reprochado al gobernante de ese tiempo, George W. Bush, la indolencia, pereza y falta de precaución de los servicios de seguridad del gobierno ante las tramas terroristas que, dentro y fuera de Estados Unidos, planificaron y ejecutaron esa tragedia.

25. La crisis económica global. Una severa y persistente crisis financiera y económica estalló en Wall Street el lunes de 15 de septiembre del 2008 con la declaración de quiebra del Lehman Brothers Holdings Inc. —que era el cuarto más importante banco de inversión estadounidense y, en ese momento, agente clave en la financiación de bienes raíces—, la absorción de Merrill Lynch & Co. por el Bank of America, la insolvencia de muchas otras instituciones financieras norteamericanas y las drásticas caídas de las bolsas de valores en el mundo entero.

La trama financiera fue muy complicada. Los bancos, en su afán de captar cada día más clientes y colocar sus préstamos hipotecarios, flexibilizaron los controles y las regulaciones. En su voracidad por prestar y prestar cada vez a mayor número de clientes se vieron precisados a captar fondos en el mercado, y, para ello, ofrecieron en garantía las mismas devaluadas hipotecas que tenían en cartera. Hicieron eso repetidamente. De modo que los gravámenes hipotecarios se convirtieron en el soporte de una amplia gama de obligaciones financieras de los bancos de inversión y eso complicó terriblemente la solvencia bancaria en Estados Unidos.

En el marco de tanta liberalización, los créditos hipotecarios fueron a parar a personas de solvencia menor. Advino el auge del negocio inmobiliario. Subió desmedidamente el precio de los inmuebles. Los bancos de inversión obtuvieron enormes utilidades con la emisión y venta de títulos respaldados por hipotecas.

Pero cuando muchos de los deudores no pudieron honrar sus obligaciones, cuyas tasas de interés habían subido por decisiones de la Reserva Federal en su empeño de frenar la inflación, estalló la «burbuja» inmobiliaria. Entonces, para tratar de cobrar su dinero, los bancos promovieron más de 1,2 millones de ejecuciones judiciales contra sus clientes morosos. Muchos de ellos, al no poder pagar las cuotas de su hipoteca, optaron por vender sus casas. Se devaluó el mercado inmobiliario. En muchos casos el valor de la deuda hipotecaria era mayor que el precio de la casa que con ella se había comprado o construído. La mora acumulada en el sector bancario norteamericano, a agosto del 2007, fue de alrededor de 500.000 millones de dólares. Los bancos prestamistas afrontaron dificultades y sus activos —especialmente los vinculados a las hipotecas devaluadas o incobrables— empezaron a «evaporarse». La crisis de las hipotecas contaminó a las otras actividades financieras y a las bursátiles. Se produjeron corridas de fondos en los bancos. Los inversores —llenos de desconfianza y hasta pánico— trataron de retirar su dinero de las instituciones afectadas y las debilitaron. En tales circunstancias, los tenedores de bonos o de acciones de esas corporaciones intentaron venderlos antes de que su depreciación fuera mayor. Advino un proceso recesivo. Se vinieron abajo los dos sustentos del capitalismo moderno: la confianza y el crédito.

Y así fue profundizándose y extendiéndose la crisis de Wall Street por el planeta globalizado.

26. El deterioro del medio ambiente. En otro orden de cosas, una de las preocupaciones fundamentales de la humanidad en la postguerra fría fue el deterioro del medio ambiente. La emisión de gases de efecto invernadero, el calentamiento global, el deshielo de los glaciares, la destrucción de la capa de ozono, el deterioro de la biodiversidad, los desórdenes climáticos, la creciente escasez de agua dulce y otros fenómenos medioambientales causaron consternación en amplios sectores humanos alrededor del planeta. Eso llevó a que los países altamente desarrollados tomasen medidas para orientar sus economías hacia el sector servicios, disminuyesen el peso del sector industrial en la composición de su producto interno bruto, bajasen el consumo de energía en las tareas manufactureras e hiciesen ciertos esfuerzos para controlar sus emisiones tóxicas. A través del denominado offshoring desplazaron algunos de sus procesos industriales hacia países del tercer mundo de reciente industrialización, que asumieron la carga del deterioro medioambiental en sus territorios. En no despreciable medida, los bienes manufacturados que consumen las sociedades avanzadas se fabrican en lejanos centros industriales, con lo cual han podido transferir en buena medida el proceso contaminador al tercer mundo y mejorar relativamente sus condiciones medioambientales.

Este es uno de los efectos de la globalización.

Por analogía con la denominada curva de Kuznets —formulada en los años 50 del siglo XX por el economista norteamericano Simon Kuznets para establecer las correlaciones entre el crecimiento económico y la distribución del ingreso—, los investigadores estadounidenses Thomas M. Selden y Daqing Song, en su libro «Environmental Quality and Development: is there a Kuznets Curve for Air Pollution Emissions?» (1994), idearon la curva ambiental de Kuznets —environmental Kuznets curve (EKC)— para pretender demostrar que al iniciarse el proceso de crecimiento del ingreso per cápita en un país desarrollado se da una mayor presión sobre el medio ambiente y se aumenta su deterioro, pero que al alcanzarse niveles superiores de prosperidad económica y de ingreso per cápita surgen cambios estructurales y tecnológicos que detienen el deterioro del medio ambiente y que, incluso, lo revierten en alguna medida. Cambios estructurales que están relacionados con la declinación de industrias contaminantes y el auge de actividades económicas limpias; y cambios técnicos que van asociados a la adopción de procesos productivos menos contaminantes y a la aplicación de tecnologías reductoras del impacto medioambiental.

La curva ambiental de Kuznets —que es la extrapolación de la hipótesis de Kuznets a la medición de las condiciones ambientales— intentó demostrar que, a corto y mediano plazos, el crecimiento económico puede ser dañino para el medio ambiente; pero que, a largo plazo, detiene o disminuye su deterioro. Plantea que las relaciones entre crecimiento económico y ambientalismo se representan gráficamente en forma de una letra «U» invertida, que indica que en las primeras etapas del crecimiento se produce un deterioro ambiental, revertido después cuando el cecimiento alcanza un determinado nivel de renta per cápita.

Selden y Song sostuvieron que «a medida que los ingresos aumentan, la capacidad para invertir en mejores condiciones ambientales y la disposición a hacerlo aumentan también».

Sustentaron su hipótesis en el hecho de que, en la era postindustrial del capitalismo, los países altamente desarrollados orientan su economía preferentemente hacia el sector de los servicios —especialmente de los servicios de última generación tecnológica— y encomiendan, a través del denominado offshoring, buena parte de los procesos industriales de los bienes manufacturados que consumen a países del tercer mundo de reciente industrialización, que asumen la carga del deterioro medioambiental.

La hipótesis de los profesores norteamericanos ha tenido, sin embargo, muchos impugnadores. Sus afirmaciones no han sido probadas a cabalidad ni se ha podido demostrar una relación causal entre crecimiento y disminución de daño ambiental. Todo lleva a creer que los múltiples efectos del crecimiento producen, de todas maneras y en cualquier plazo, lesiones acumulativas e irreversibles en el entorno ambiental, la biodiversidad, los ecosistemas y la integridad de las especies.

Las universidades de Yale y de Columbia en Estados Unidos, bajo la dirección de sus catedráticos Daniel C. Esty y Marc A. Levy, han propuesto el Índice de Rendimiento Medioambiental —Enviromental Perfomance Index (EPI)—, cuya metodología fue presentada al Foro Económico Mundial de Davos en enero del 2006, en el empeño de encontrar una fórmula capaz de medir con la mayor precisión posible los avances o los retrocesos de los países en sus políticas de defensa del medio ambiente.

El Índice de Rendimiento Medioambiental del año 2010, que evaluó a 163 países en función de veinticinco indicadores relacionados con la salud ambiental y la vitalidad de los ecosistemas, estableció el escalafón de acuerdo con los éxitos de cada uno de ellos en la defensa del medio ambiente. Los 25 indicadores que sirvieron de base para la medición se agruparon en diversas categorías de política ecológica: sanidad ambiental, calidad del aire, recursos hídricos, biodiversidad y hábitat, recursos naturales y cambio climático. Estas fueron las categorías de política ambiental que sirvieron para hacer las evaluaciones cuantitativas. Islandia estuvo a la cabeza del ranking, seguida de Suiza, Costa Rica, Suecia, Noruega, Islas Mauricio, Francia, Austria, Cuba, Colombia, Malta y los demás países, todos los cuales destinaban importantes recursos y energías a la protección medioambiental; en tanto que al final quedaron situados Sierra Leona (163º) República Centroafricana (162º), Mauritania (161º), Angola (160º), Togo (159º) y Níger (158º), todos ellos en África subsahariana. Los Estados Unidos ocuparon la posición 61º a causa de su bajo nivel de eficiencia en el manejo de las energías renovables, los recursos hídricos y las emisiones de gases de efecto invernadero, y China se ubicó en el lugar 121º por su lamentable política ambiental. Los países con mejores resultados en América Latina y el Caribe fueron: Costa Rica (puesto 3º), Cuba (9º), Colombia (10º), Chile (16º), Ecuador (30º) y Perú (31º), mientras que los de menor puntuación fueron Haití (155º), Bolivia (137º), Honduras (118º), Guatemala (104º) y Trinidad & Tobago (103º).

Los 25 indicadores que sirvieron de base para la medición se agruparon en varias categorías de política ecológica: sanidad ambiental, calidad del aire, recursos hídricos, biodiversidad y hábitat, recursos naturales y cambio climático.

El EPI pretende demostrar que la asignación de altos recursos financieros y la toma de medidas gubernativas para controlar la contaminación y para administrar correctamente los recursos naturales tienen incidencia beneficiosa en los resultados de la política ambiental. Obviamente, estos arbitrios están directamente relacionados con la riqueza de un país y con la eficiencia de su gobierno. Hay casos dramáticos como el de la República Dominicana y Haití que, no obstante compartir la misma isla e igual entorno natural, tienen resultados diametralmente diversos en el manejo ecológico: la una está situada en el lugar 36º y el otro en el 155º del escalafón. Como bien anotó el profesor Daniel C. Esty de la Universidad de Yale, «el tipo de política medioambiental que se adopta es de vital importancia» y «el buen gobierno es un factor determinante en la consecución de la eficiencia medioambiental».

Una nueva declaración de alerta sobre la acidificación de los océanos y los mares, a causa de la penetración de dióxido de carbono (CO2) en sus aguas, se produjo en la 12ª reunión de las partes del Convenio sobre Diversidad Biológica de las Naciones Unidas —Convention on Biological Diversity (1992)—, que juntó del 6 al 17 de octubre del 2014 en la ciudad de Pyeongchang, Corea del Sur, alrededor de treinta científicos procedentes de diversas universidades y centros de investigación del mundo.

En la reunión participaron profesores, científicos e investigadores de Heriot-Watt University, Universidad de East Anglia, Universidad de Oxford y Cardiff University de Inglaterra, Enviromental Economics de Hong Kong, University of Sydney y James Cook University de Australia, University of the Ryukyus del Japón, Alfred Wegener Institute de Alemania, Universidad de Essex, Institute of Marine Research de Noruega, University of Gothenburg de Suecia, Laboratoire d’Océanographie de Villefranche en Francia y de otras instituciones de educación superior.

Los científicos afirmaron en su informe que más dos mil millones de toneladas de dióxido de carbono (CO2) entran cada año a las aguas marinas alrededor del planeta, como consecuencia de lo cual la acidez de los mares ha crecido en el 26% desde los tiempos preindustriales y crecerá, en dimensiones peligrosas, hacia el futuro. El científico inglés Sebastian J. Hennige, profesor de la Heriot-Watt University de Inglaterra —quien fue el editor principal del informe—, afirmó: «cuanto más CO2 se libere de los combustibles fósiles a la atmósfera, más se disolverá en el océano».

Dice el informe que el vínculo entre este fenómeno y las «emisiones antropogénicas de CO2 es clara, ya que en los dos últimos siglos, el océano ha absorbido una cuarta parte del CO2 emitido por las actividades humanas».

De modo que las emisiones de dióxido de carbono —responsables del cambio climático— son también causa de la creciente acidez de los océanos y mares.

La acidificación marítima —advierten los redactores del informe— es de una amplitud inédita y se ha producido con una rapidez jamás vista, por lo que «es inevitable que en los próximos 50 a 100 años tenga un impacto negativo a gran escala sobre los organismos y ecosistemas marinos».

Eso se desprende, además, de los estudios y experimentos que numerosos científicos han hecho a bordo de barcos en los océanos y mares del planeta durante la primera década de este siglo.

Por eso los científicos claman por medidas urgentes para frenar la acidez de los océanos, puesto que ella daña los ecosistemas del mar, compromete su biodiversidad, altera la química de las aguas marinas, extingue algunas especies de peces y microrganismos marinos, vulnera los ecosistemas costeros y, por tanto, baja la productividad de las faenas de pesca, perjudica a las comunidades costeras que viven de los productos del mar y afecta a centenares de millones de seres humanos alrededor del planeta que dependen de los productos marinos para su alimentación.

27. El sangriento conflicto de Siria. Voces de guerra fría volvieron a sonar a comienzos del 2011. El 26 de marzo de ese año el pueblo sirio se lanzó a las calles en Dera como reacción al arresto de un grupo de niños y adolescentes por pintar un grafito de carácter político-religioso. El descontento popular, represado y reprimido por décadas, se contagió y explosionó en las calles de Latakia, Homs, Hama, Banias, Telkalakh, Damasco, Alepo y otras ciudades para pedir la terminación del gobierno autocrático de Bashar al-Assad y la apertura de un régimen democrático, siguiendo los pasos de la denominada «primavera árabe» de los años 2010, 2011 y 2012 en Túnez, Egipto, Argelia, Yemen, Jordania, Siria, Libia, Bahréin, Sudán, Marruecos, Omán y Mauritania, donde los pueblos salieron a manifestar su descontento contra los sátrapas corruptos, poseídos por el fanatismo religioso, que se habían perpetuado en el poder y amasado gigantescas fortunas, depositadas en cuentas bancarias secretas de Suiza, Reino Unido, Estados Unidos, Dubái, sureste de Asia y el Golfo Pérsico.

Según la revista «Forbes», en el año 2012 cinco de los siete gobernantes más ricos del mundo pertenecían a países árabes y Bashar al-Assad poseía una fortuna avaluada en 45.000 millones de dólares.

El gobierno sirio reprimió con brutalidad las manifestaciones populares. Su aviación militar y sus fuerzas de artillería bombardearon y lanzaron misiles contra los barrios y zonas urbanas donde se movían las fuerzas de oposición. Estalló entonces una sangrienta guerra civil entre el régimen de Bashar al-Assad y los rebeldes levantados en armas, con el saldo trágico, en los primeros cuarenta y tres meses de confrontación, de doscientos mil muertos y más de ocho millones de desplazados de sus hogares, de los cuales alrededor de dos millones se refugiaron en Líbano, Jordania, Turquía, Irak, Egipto y otros países, según estimaciones de las Naciones Unidas. Ban Ki Moon, Secretario General de la Organización Mundial, denunció no sólo las numerosas bajas de niños en el conflicto —alrededor de diez mil— sino también la utilización de ellos como escudos humanos para proteger a los soldados en sus incursiones contra los bastiones rebeldes y el adiestramiento de adolescentes de 15 a 17 años de edad para faenas de combate y funciones de apoyo. Los daños materiales se calculaban en 16.500 millones de dólares por los bombardeos y cañonazos.

En la encarnizada lucha se manifestó también la ancestral división entre las dos principales sectas fundamentalistas en que se divide la religión islámica: los sunitas y los chiitas, en lucha a muerte por el dominio religioso y político de la región. Los primeros, que eran cerca del 85% de los musulmanes, reconocían únicamente la autoridad religiosa y política de los imanes-califas descendientes de la tribu de los qurayshíes, a la que perteneció Mahoma, mientras que los segundos sólo obedecían la línea de mando de Alí, primo de Mahoma, a quien atribuían la condición de descendiente del profeta. Los chiitas apoyaron en la lucha al régimen de Bashar al-Assad y los sunitas se alinearon con las fuerzas rebeldes.

Cuando el conflicto comenzó, Bashar al-Assad llevaba once años en el gobierno. Y, como era usual en algunas dinastías políticas árabes, heredó el poder de su padre, Hafez al-Assad, quien gobernó por 29 años a la cabeza del partido Baaz, que era su estructura política fuertemente represiva en el ejercicio monopólico del poder.

Al presentar los datos de la situación, el comisionado de ACNUR Antonio Guterres expresó que “Siria se ha convertido en la gran tragedia de este siglo, una desafortunada calamidad humanitaria con sufrimiento y desplazamientos sin parangón en la historia reciente”. Y añadió que el único consuelo de los refugiados es “la humanidad mostrada por los países vecinos al dar la bienvenida y salvar las vidas a tantos refugiados».

En uno de los episodios más dramáticos de la guerra civil, el 21 de agosto del 2013 las fuerzas del gobierno lanzaron armas químicas contra la población en un suburbio de Damasco y dieron muerte a 1.429 personas, incluidos 500 niños. Esto levantó la protesta de la comunidad internacional, aunque el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas no pudo tomar una decisión sancionadora por los vetos presentados por Rusia y China —aliadas tácticas y comerciales del gobierno sirio— y no pasó de una tibia condenación del uso de armas químicas, que estaba prohibido por la Convención sobre la Prohibición del Desarrollo, la Producción, el Almacenamiento y el empleo de Armas Químicas y sobre su destrucción —Convention on the Prohibition of the Developtment, Production, Stockpiling and Use of Chemcal Weapons and on their Destruction— en vigencia desde el 29 abril de 1997, con 189 Estados signatarios y 7 Estados no partes: Corea del Norte, Angola, Egipto, Sudán del Sur, Siria, Birmana e Israel —los dos últimos firmaron pero no ratificaron la Convención—, cuya administración compete a la Organización para Prohibición de las Armas Químicas con sede en La Haya.

Según datos del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales, con sede en Washington, Siria poseía uno de los mayores y más sofisticados arsenales de armas químicas.

El Presidente de Estados Unidos, Barack Obama, anunció al mundo que intervendrá en Siria mediante una operación militar limitada para derrocar al gobierno de Bashar al-Assad y detener el uso de armamento químico porque «cuando los dictadores cometen atrocidades el mundo debe actuar». Se abrió una gran controversia internacional. El mundo se dividió en dos bandos. Los gobiernos de Francia, Turquía, Arabia Saudita y Australia apoyaron sin reticencias el programa de acción del gobierno estadounidense, mientras que Rusia, China, Italia, Alemania, Brasil, Argentina, India, Sudáfrica y otros países se opusieron frontalmente a la iniciativa. Un tercer grupo de países —entre ellos, Reino Unido, Canadá y Japón— adoptó una posición intermedia: apoyar la acción militar bajo la resolución del Consejo de Seguridad de la ONU.

En esas circunstancias, para evitar la intervención militar norteamericana, Rusia propuso que Damasco pusiera sus armas químicas bajo control internacional. Así lo anunció el ministro de asuntos exteriores Serguéi Lavrov valiéndose de una tímida declaración que horas antes hizo el Secretario de Estado norteamericano John Kerry, en el sentido de que el gobierno sirio podría evitar el ataque si entregaba su arsenal químico. La propuesta del Kremlin fue aceptada inmediatamente por el gobierno sirio. Así se conjuró la intervención militar de Estados Unidos y se formuló un plan para poner bajo control internacional las armas químicas de Siria, almacenadas en cincuenta plantas alrededor del país, junto con los cohetes, obuses y misiles balísticos para su lanzamiento.

Con este antecedente, después de recibir la confirmación de sus técnicos de que el gobierno sirio usó gas sarín en el ataque a la población civil en el suburbio de Damasco, el Consejo de Seguridad por primera vez alcanzó un acuerdo sobre el tema sirio: en la madrugada del 28 de septiembre del 2013 sus quince miembros acordaron una resolución unánime que ordenaba al gobierno de Bashar al-Assad destruir su arsenal de armas químicas de destrucción masiva. El presidente Obama calificó la decisión como «una gran victoria de la comunidad internacional», pero Philippe Bolopion, representante de la organización Human Rihts Watch (HRW) ante la ONU, afirmó que la resolución no hizo justicia a las víctimas del conflicto sirio. El acuerdo también condenó el ataque químico del 21 de agosto en Damasco, que violó normas internacionales, y pidió a los Estados miembros que se abstuvieran de prestar ayuda «a los actores no estatales» del conflicto sirio, es decir, a los grupos armados opositores.

Sin embargo, la lucha en Siria no se detuvo. Las fuerzas del gobierno y las de la oposición —provistas directa o indirectamente por varios países occidentales y del Oriente Medio— siguieron combatiendo y causando miles de nuevas víctimas.

En vano intento de legitimar su situación ante la comunidad internacional, Bashar al-Assad organizó y realizó elecciones presidenciales el 3 de junio del 2014 para lograr un tercer mandato de siete años. Había cumplido dos mandatos y quería otro más. En la mascarada electoral, celebrada solamente en las ciudades y regiones controladas por el gobierno, la autoridad electoral declaró el abrumador triunfo del dictador con el 88,7% de los votos —un récord eleccionario mundial— sobre los dos candidatos que se prestaron para participar en el proceso: el diputado comunista de la oposición tolerada Maher Abdul Hafez Hayar y el exministro Hassan Abdullah al-Nouri, que obtuvieron el 3,2% y el 4,3%, respectivamente, quienes se apresuraron en felicitar al ganador por «la confianza que le concedieron los sirios» al haber elegido «al líder que creen más capaz de traer la estabilidad y la seguridad para reconstruir el país».

Esas fueron las primeras elecciones con más de un candidato en el último medio siglo de la política siria. Los gobiernos de Irán y Rusia —proveedores de armas y municiones del régimen sirio— elogiaron el proceso electoral, mientras que el Secretario de Estado norteamericano John Kerry, criticando la total falta de honestidad y transparencia, calificó de «ficticias» a esas elecciones.
Pero la sangrienta guerra civil entre el régimen de Bashar al-Assad y los rebeldes levantados en armas siguió adelante en encarnizada lucha, en la que se manifestó también la ancestral división entre las dos principales sectas fundamentalistas y violentas en que se dividía la religión islámica: los sunitas y los chiitas, en lucha a muerte por el dominio religioso y político de la región. Los primeros reconocían únicamente la autoridad religiosa y política de los imanes-califas descendientes de la tribu de los qurayshíes, a la que perteneció Mahoma, mientras que los segundos sólo obedecían la línea de mando de Alí, primo de Mahoma, a quien atribuían la condición de descendiente del profeta. Los chiitas apoyaban al gobierno de Bashar al-Assad y los sunnitas se alineaban con las fuerzas rebeldes.

Bashar al-Assad llevaba once años en el gobierno. Y, como era usual en algunas dinastías políticas árabes, heredó el poder de su padre, Hafez al-Assad, quien gobernó por 29 años a la cabeza del partido Baaz, que era su estructura política fuertemente represiva en el ejercicio monopólico del poder.

Al informar sobre la situación, el comisionado de ACNUR Antonio Guterres expresó que “Siria se ha convertido en la gran tragedia de este siglo, una desafortunada calamidad humanitaria con sufrimiento y desplazamientos sin parangón en la historia reciente”. Y añadió que el único consuelo de los refugiados es “la humanidad mostrada por los países vecinos al dar la bienvenida y salvar las vidas a tantos refugiados».

En uno de los episodios más dramáticos de la guerra civil, el 21 de agosto del 2013 las fuerzas del gobierno lanzaron armas químicas contra la población en un suburbio de Damasco y dieron muerte a 1.429 personas, incluidos 500 niños. Esto levantó la protesta de la comunidad internacional, aunque el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas no pudo tomar una decisión sancionadora por los vetos interpuestos por Rusia y China —aliadas tácticas y comerciales del gobierno sirio— y no pasó de una tibia condenación del uso de armas químicas, que estaba prohibido por la Convención sobre la Prohibición del Desarrollo, la Producción, el Almacenamiento y el empleo de Armas Químicas y sobre su destrucción —Convention on the Prohibition of the Developtment, Production, Stockpiling and Use of Chemcal Weapons and on their Destruction— en vigencia desde el 29 abril de 1997, con 189 Estados signatarios y 7 Estados no partes: Corea del Norte, Angola, Egipto, Sudán del Sur, Siria, Birmana e Israel —los dos últimos firmaron pero no ratificaron la Convención—, cuya administración compete a la Organización para Prohibición de las Armas Químicas con sede en La Haya.

El Presidente de Estados Unidos, Barack Obama, anunció al mundo que intervendrá en Siria mediante una operación militar limitada para derrocar al gobierno de Bashar al-Assad y detener el uso de armamento químico porque «cuando los dictadores cometen atrocidades el mundo debe actuar».

Se abrió una gran controversia internacional.

El mundo se dividió en dos bandos. Los gobiernos de Francia, Turquía, Arabia Saudita y Australia apoyaron sin reticencias el programa de acción del gobierno estadounidense, mientras que Rusia, China, Italia, Alemania, Brasil, Argentina, India, Sudáfrica y otros países se opusieron frontalmente a la iniciativa. Un tercer grupo de países —entre ellos, Reino Unido, Canadá y Japón— adoptó una posición intermedia: apoyar la acción militar bajo la resolución del Consejo de Seguridad de la ONU.

En esas circunstancias, para evitar la intervención militar norteamericana, Rusia propuso que Damasco pusiera sus armas químicas bajo control internacional. Así lo anunció el ministro de asuntos exteriores Serguéi Lavrov valiéndose de una tímida declaración que horas antes hizo el Secretario de Estado norteamericano John Kerry, en el sentido de que el gobierno sirio podría evitar el ataque si entregaba su arsenal químico. La propuesta del Kremlin fue aceptada inmediatamente por el gobierno sirio. Así se conjuró la intervención milltar de Estados Unidos y se formuló un plan para poner bajo control internacional las armas químicas de Siria, almacenadas en cincuenta plantas alrededor del país, junto con los cohetes, obuses y misiles balísticos para su lanzamiento.

Con este antecedente, después de recibir la confirmación de sus técnicos de que el gobierno sirio usó gas sarín en el ataque a la población civil en el suburbio de Damasco, el Consejo de Seguridad por primera vez alcanzó un acuerdo sobre el tema sirio: en la madrugada del 28 de septiembre del 2013 sus quince miembros aprobaron una resolución unánime que ordenaba al gobierno de Bashar al-Assad destruir su arsenal de armas químicas de destrucción masiva. El presidente Obama calificó la decisión como «una gran victoria de la comunidad internacional», pero Philippe Bolopion, representante de la organización Human Rihts Watch (HRW) ante la ONU, afirmó que la resolución no hizo justicia a las víctimas del conflicto sirio. El acuerdo también condenó el ataque químico del 21 de agosto en Damasco, que violó normas internacionales, y pidió a los Estados miembros que se abstuvieran de prestar ayuda «a los actores no estatales» del conflicto sirio, es decir, a los grupos armados opositores.

Sin embargo, la lucha en Siria no se detuvo. Las fuerzas del gobierno y las de la oposición —provistas directa e indirectamente por varios países occidentales y del Oriente Medio— siguieron combatiendo y causando miles y miles de nuevas víctimas y, hasta mediados del año 2015, más de cuatro millones de refugiados que huyeron de la violencia.
Este fue uno de los episodios más trágicos de la historia contemporánea. Aunque no es fácil establecer las cifras con exactitud, según la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados —ACNUR— los muertos sumaban más de 250.000 hasta finales del 2016 y los desplazados —en lo que fue la mayor crisis de refugiados desde la Segunda Guerra Mundial— eran alrededor de 4,7 millones, cuyos destinos fueron principalmente Turquía, Líbano, Jordania, Egipto e Irak.
El país estaba devastado. Su infraestructura destruida —incluidos colegios, escuelas, instituciones sociales y 177 hospitales— y no se salvaron los sótanos ni los refugios subterráneos porque las bombas antibúnker penetraban también allí. El 80% de la población siria estaba en la pobreza. En la ciudad de Alepo colapsó su sistema sanitario.
La Misión de Médicos sin Fronteras (MSF) —que atendió a la población de Alepo desde el 2012 hasta el 2014— afirmó que las mujeres y los niños constituían entre el 30% y el 40% de las víctimas económicas y sociales de la violencia, especialmente de los bombardeos aéreos indiscriminados sobre las ciudades y del uso de armas químicas y gases tóxicos.

Según el Observatorio Sirio de Derechos Humanos (OSDH) hasta marzo del 2016 la cifra de muertos civiles y militares alcanzaba a 271.138, entre los que se incluían 13.500 niños. La United Nations International Children’s Emergency Fund (UNICEF) —Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia— calculaba que los niños afectados por la guerra hasta esa fecha eran 8,4 millones, que representaban más del 80% de la población infantil siria. Amnistía Internacional sostenía que, hasta el año 2016, los muertos no eran menos de trescientos mil.

Y, en cuanto a daños materiales, el Banco Mundial publicó el 10 de julio del 2017 que la guerra civil siria había causado hasta ese momento pérdidas de 226.000 millones de dólares en el producto interno bruto (PIB) de ese país.

28. Ucrania. Serios conflictos internos se produjeron a fines de abril del 2010 en Ucrania —Estado desprendido de la Unión Soviética en 1991— con ocasión de la ratificación por el parlamento —la Rada Suprema— del tratado firmado una semana antes por los presidentes Dimitri Medvedev de Rusia y Viktor Yanukovich de Ucrania, en virtud del cual se extendió por veinticinco años la vigencia del controvertido convenio de 1997 que autorizó la permanencia de la base naval rusa en la ciudad ucraniana de Sebastopol, península de Crimea, frente al Mar Negro. La ratificación del tratado se aprobó en una tumultuosa sesión parlamentaria, en la que se ignoró que la Constitución de Ucrania prohibía la presencia de fuerzas militares extranjeras en su territorio a partir del año 2017. Se lo hizo a cambio de que Ucrania recibiera de Rusia por diez años la provisión de gas natural a precios inferiores a los del mercado internacional. La flota del Mar Negro ha permanecido en Sebastopol desde los tiempos de la Unión Soviética. Y Rusia la mantuvo porque siguió considerándola base estratégica para el control de la zona.

El Kremlin empezó entonces a jugar sus cartas con las autoridades ucranianas y a poner dinero para atraer a Kiev, a pesar de las medidas punitivas que antes había tomado contra las importaciones ucranianas y de las duras amenazas proferidas si su vecino eslavo fimaba un tratado de integración económica con la Unión Europea. Los ucranianos en ese momento estaban divididos entre la tendencia pro-occidental mayoritaria que propugnaba un acuerdo económico con Europa y la tendencia pro-oriental marcada por su inclinación hacia Moscú. La mayoría del pueblo ucraniano se manifestaba a favor de estrechar los lazos con la UE y se inclinaba a ofrecer las suficientes garantías democráticas para que Ucrania fuera aceptada como su socia por Europa. Según los sondeos de opinión efectuados en octubre del 2013 por el centro Razumkov, el 49% de los ucranianos se inclinaba abierta y decididamente hacia un acuerdo con Europa para gozar de mayor transparencia política, bajar la corrupción, lograr mejor eficiencia económica y alcanzar una calidad de vida similar a la de la Unión Europea. Pero Vladimir Putin, argumentando que los pueblos ruso y ucraniano, por ser eslavos, eran inseparables, quería ver a Ucrania dentro de la Unión Aduanera formada por Rusia, Bielorrusia y Kazajistán.

Este era el centro de gravedad de la controversia.

En tales circunstancias se reunió la cumbre de Vilna, capital de Lituania, el 28 y 29 de noviembre del 2013, en la que se libró una gran batalla política y diplomática entre la Unión Europea y Rusia en torno al destino de Ucrania. Los europeos ofrecieron a este país un amplio conjunto de medidas de libre comercio a cambio de reformas democráticas en su organización política interna. A pesar de que Ucrania era, para la mayoría de los europeos, un Estado postsoviético alejado de sus intereses, su incorporación a la Unión Europea en ese momento era un paso estratégico muy importante para estrechar lazos con los vecinos del Este europeo y fortalecer la posición occidental frente a los intentos expansionistas de Rusia. Pero, en la reunión de Vilna, Putin manejó la debilidad del presidente ucraniano Viktor Yanukovich para imponer su criterio. Y Yanukovich terminó por dar la espalda al proyecto comunitario de la Unión Europea y se inclinó abiertamente por entenderse económica y comercialmente —y, por supuesto, políticamente— con Rusia. El presidente ucraniano alegó que, además del antiguo parentesco eslavo entre los pueblos ruso y ucraniano, un acuerdo de asociación y de libre mercado con la UE traería graves perjuicios económicos a su país por las represalias tarifarias de Rusia.

En suma, más pudieron las presiones de Moscú para evitar que Kiev saliera de su órbita de influencia que las gestiones europeas para anclar a Ucrania en el bloque económico de Occidente.

La victoria de Putin en esa batalla puso en aprietos a la diplomacia europea, que llevaba meses buscando un éxito en ese terreno.

Fue así como en la cumbre de Vilna la Unión Europea fracasó en su proyecto de alinear a Ucrania —con sus 46 millones de habitantes y su importante posición geoestratégica en las redes de suministro energético— dentro de los mercados de Occidente.

Pero inmediatamente las calles de Kiev fueron invadidas por masivas y beligerantes movilizaciones populares de protesta contra la decisión tomada en Vilna. Multitudes cercanas al millón de personas, congregadas en la Plaza de la Independencia de Kiev y sus alrededores, exigían la renuncia de Yanukovich a la presidencia de Ucrania y la celebración de elecciones presidenciales y parlamentarias anticipadas. Para lo cual se formó el Comité Nacional de Resistencia —integrado por tres partidos políticos de oposición: Batkvischina, UDAR y Svoboda— a fin de bloquear el parlamento, presionar en favor del acuerdo de integración económica con la Unión Europea, eliminar las condiciones restrictivas en la importación de algunos productos ucranianos, oponerse a los proyectos promovidos por Rusia de eludir comercial y logísticamente el territorio de Ucrania por el Norte y por el Sur y alcanzar la supresión de visas entre Ucrania y la Unión Europea para que los ucranianos pudieran viajar libremente a los países de Europa en busca de oportunidades de trabajo.

Después de tres meses de terribles enfrentamientos entre los opositores y las fuerzas policiales del gobierno, que produjeron centenares de muertos y heridos en las calles y en la emblemática Plaza de la Independencia de Kiev —que nueve años antes había sido el escenario de la denominada Revolución Naranja, liderada por Viktor Yushenko para frustrar el fraude electoral consumado por Yanukovich y su partido en las elecciones presidenciales del 2004—, el parlamento ucraniano, cercado por las fuerzas populares opositoras y con el abandono de los diputados gobiernistas, destituyó al presidente Viktor Yanukovich el 22 de febrero del 2014 con una mayoría de 328 votos, convocó a elecciones presidenciales el 25 de mayo de ese año, dispuso la devolución al Estado de la ostentosa y lujosa mansión campestre de Mezhigorie, rodeada de 140 hectáreas de parques y espacios verdes, donde Yanukovich tomaba descanso, y designó como Presidente interino del Estado a Olexandre Turchinov —quien presidía el parlamento— con la consigna de cerrar las heridas abiertas por la crisis y de formar un gobierno de unidad nacional que preparase el proceso electoral.

Aprobó también una ley para liberar a la exprimera ministra Yulia Timoshenko, lideresa del partido Batkvischina de oposición, quien cumplía una condena de siete años de reclusión por “abuso de poder”.

Inmediatamente después de su destitución, Yanukovich intentó fugar del país con rumbo a Rusia pero su avión fue detenido por la guardia fronteriza en el aeropuerto oriental de Donetsk y el exgobernante entró en la clandestinidad para eludir las acciones de los tribunales de justicia ucranianos y el procesamiento penal del Tribunal Internacional de La Haya bajo la imputación de crímenes de lesa humanidad.

El Kremlin cuestionó la legitimidad del gobierno provisorio de Turchinov y lo inculpó de utilizar “métodos dictatoriales”, lo cual creó una cierta tensión con la Unión Europea y Estados Unidos de América, que vieron con simpatía y respaldaron la destitución de Yanukovich, el cambio de régimen político, el alejamiento de Ucrania de Moscú y la nueva apertura de negociaciones entre Kiev y la Unión Europea con miras hacia un acuerdo de asociación económica, comercial y financiera de libre intercambio y la eventual integración de Ucrania a la constelación de los países europeos.

Putin ordenó la movilización de tropas hacia la frontera con Ucrania. Frente a la península de Crimea se realizaron las mayores maniobras militares rusas desde la desaparición de la Unión Soviética en 1991, en las que participaron 150 mil efectivos de sus fuerzas armadas, 90 aviones, 120 helicópteros, 80 blindados, 1.200 piezas de artillería y 80 buques. Simultáneamente comandos militares rusos tomaron el parlamento regional y la sede del gobierno de Crimea en la ciudad de Simferópol —capital de la república autónoma ucraniana de Crimea— donde izaron las banderas tricolores de la Federación Rusa.

Su flota del Mar Negro, anclada en el puerto ucraniano de Sebastopol, fondeó allí un crucero, tres guardacostas, dos submarinos, diez naves de desembarco, nueve buques lanza-misiles y nueve buques antisubmarinos, con 25.000 hombres de personal militar.

Las potencias de Occidente protestaron y amenazaron a Rusia con el aislamiento internacional y sanciones económicas. Se produjo un cierto grado de tensión internacional que recordaba los tiempos de la guerra fría.

Bajo esas presiones y circunstancias, el 11 de marzo del 2014 la península de Crimea —con la ciudad de Sebastopol incluida—, por decisión de su órgano parlamentario regional, declaró su independencia de Ucrania y su integración política y territorial a Rusia. La decisión independentista fue ratificada cinco días después por los ciudadanos crimeos en un plebiscito, en el cual el 96,77 por ciento de los votantes se pronunció por la independencia nacional y la inserción de Crimea como provincia de Rusia. Consecuentemente, el presidente Vladimir Putin de la Federación Rusa; Vladimir Konstantinov, Presidente del Consejo Estatal de Crimea; el primer ministro de Crimea Serguéi Aksiónov y el alcalde de Sebastopol, Alexéi Chaly, firmaron el acuerdo de incorporación de los nuevos territorios a la Federación de Rusia.

Dentro del acuerdo, Crimea fue considerada zona económica especial y Sebastopol asumió la calidad de ciudad federal —al igual que Moscú y San Petersburgo— dentro de la Federación Rusa. El Kremlin siempre tuvo interés por la secesión de Crimea, como en su momento la tuvo con Abjasia y Osetia del Sur, que se escindieron de Georgia para vincularse a Moscú.

La península de Crimea, con una superficie de 26.100 kilómetros cuadrados, tenía en ese momento una población de dos millones de habitantes, de los cuales el 58% era de origen ruso.

La incorporación de Crimea trajo consigo una nueva demarcación de los espacios marítimos del Mar Negro y del mar de Azov entre los Estados limítrofes.

En respuesta, Estados Unidos y la Unión Europea impusieron una serie de sanciones económicas a Rusia. La separaron del denominado Grupo de los Ocho —el G-8—, que era un foro de discusión de la economía mundial integrado por los países de mayor desarrollo económico: Estados Unidos, Alemania, Canadá, Italia, Japón, Inglaterra, Francia y Rusia. De hecho, Rusia no fue convocada a la siguiente reunión del grupo en Bruselas durante los días 4 y 5 de junio del 2014, donde se respaldó a Ucrania y se vertieron duras críticas contra la intervención del Kremlin. El gobierno de Washington amenazó a Rusia con el aislamiento político y económico internacional y bloqueó las millonarias cuentas depositadas por los miembros del círculo íntimo de Putin en bancos norteamericanos.

Aplicó así una de las formas de la guerra en el siglo XXI: la guerra financiera, instrumentada por la Oficina contra el Terrorismo e Inteligencia Financiera —Financial Crimes Enforcement Network— que opera en el Departamento del Tesoro del gobierno norteamericano para cortar las líneas de apoyo financiero a los agentes terroristas, a los delincuentes financieros y a los personeros de gobiernos de Estados rebeldes. Esta oficina —creada a raíz del atentado contra las torres gemelas de Nueva York y el Pentágono de Washington el 1 de septiembre del 2001— impuso las sanciones de bloqueo financiero a 32 personas y empresas vinculadas con el presidente Putin, que constaban en la lista negra de Departamento del Tesoro del gobierno estadounidense.

El conflicto de Ucrania creó una cierta tensión internacional, que a muchos recordó los tiempos de la guerra fría. Pero las potencias occidentales manejaron el asunto con suma prudencia, de modo que las tensiones bajaron de nivel.

La península de Crimea ha sido históricamente una estratégica zona geopolítica y geoeconómica. En su torno se han desencadenado muchas guerras y conflictos internacionales. En los tiempos antiguos fue colonizada por los griegos y los romanos. En la Edad Media ocupada fue por los turcos y los tártaros. Los zares rusos la codiciaron desde el siglo XVII como puerta de acceso al Mediterráneo. En 1853, a raíz de la invasión rusa a los principados de Moldavia y Valaquia en el Danubio, las tropas coligadas de Turquía, Gran Bretaña, Piamonte y Francia derrotaron espectacularmente a Rusia en la guerra de Crimea (1853-1856) y tomaron Sebastopol. Bajo el gobierno de Alejandro II, sucesor de su tío Nicolás I, se produjo un retroceso en el colonialismo ruso, puesto que, al firmar la Paz de París en 1856, fue obligado a abandonar Kars y parte de Besarabia, quedó abolido el protectorado ruso sobre los principados del Danubio y su posición en el Mar Negro fue neutralizada. De 1768 a 1774 Catalina la Grande ocupó con sus tropas la región tártara de Crimea y en un nuevo enfrentamiento militar, que se extendió desde 1787 a 1792, conquistó todos los territorios situados al oeste del río Dniéster, que desemboca en el Mar Negro. Ante la expansión del poder ruso en los Balcanes y en el Cercano Oriente, formaron Inglaterra, Francia, Prusia y Austria un bloque para detener la ambición del zar de apoderarse del imperio turco.

Al finalizar la Segunda Guerra Mundial, los gobernantes de las potencias antifascistas —Franklin D. Roosevelt de Estados Unidos, el primer ministro inglés Winston Churchill y el jefe de Estado de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS) Joseph Stalin— se reunieron en el palacio de Livadiya, cerca de la ciudad de Yalta, en la costa meridional de la península de Crimea, del 4 hasta el 11 de febrero de 1945. Al final del encuentro emitieron la denominada Declaración de Yalta en la que expresaron su propósito de «destruir el militarismo alemán y el nacionalsocialismo, y asegurar que Alemania no pueda perturbar la paz del mundo jamás», además de «someter a todos los criminales de guerra a la justicia para un rápido castigo y una exacta reparación de las destrucciones provocadas por los alemanes». En esa reunión se tomó la decisión de dividir Alemania en zonas de ocupación que serían administradas por una comisión de control central, con sede en Berlín, y se acordó invitar a Francia a tomar a su cargo la gestión de una de las zonas de ocupación y a participar en la comisión de control.

Cuando Ucrania se independizó de la Unión Soviética en 1992, Moscú se negó a reconocer por un buen tiempo la soberanía ucraniana sobre Crimea. En Sebastopol se instaló en 1997 la base naval rusa para el control del Mar Negro. Se lo hizo a cambio de que Ucrania recibiera de Rusia por diez años la provisión de gas natural a precios inferiores a los del mercado internacional. La flota rusa del Mar Negro —que es la única con acceso a mares que no se congelan en invierno— ha permanecido en Sebastopol desde los tiempos de la Unión Soviética. Y Rusia la mantuvo porque siguió considerándola base estratégica para el control de la zona.

Estados Unidos e Inglaterra fueron garantes de la soberanía de la recién independizada Ucrania, que en virtud del tratado internacional firmado en 1994 renunció a sus armas nucleares heredadas de la Unión Soviética.

En el curso de las graves tensiones internacionales entre el Este y el Oeste que produjo el proceso de independencia de las provincias georgianas de Abjasia y Osetia del Sur, el Mar Negro fue el escenario principal de la confrontación. A mediados del 2008 navíos de guerra rusos, en estado de alerta, patrullaron esas aguas. Su buque-insignia atracó en el puerto de Sujumi, la capital de Abjasia. Y tres fragatas norteamericanas, cuatro turcas, una alemana, una española y una polaca circularon por la zona.

Por Ucrania atravesaban los gasoductos por los que se transportaba el gas ruso hacia Europa, incluido el que provenía de las plataformas del mar de Azov.

La península de Crimea ha sido, pues, una estratégica zona geopolítica y geoeconómica y el epicentro de conflictos políticos y militares a lo largo de mucho tiempo.

En medio de las altas tensiones internas y externas que produjo la secesión de la península de Crimea y su incorporación a Rusia se realizaron las elecciones presidenciales de Ucrania el 25 de mayo del 2014. Los separatistas prorrusos torpedearon el ejercicio del voto en varios lugares del este del país. Pero con el 54,22% de los votos en la primera vuelta electoral, el político pragmático y multimillonario empresario Petro Poroshenko, de 48 años de edad —uno de los hombres más ricos del país—, resultó elegido Presidente de Ucrania. Venció ampliamente a sus principales contendores: Yulia Timoshenko, que obtuvo el 13% de la votación, y Oleg Liashkó el 8,43%. El popular boxeador Vitali Klitschkó fue elegido alcalde de Kiev. Hubo una participación del 60% de los electores.

Obama le ofreció “el apoyo total de Washington en su labor de unificar y mover el país hacia adelante” y Putin expresó su respeto a la “decisión del pueblo ucraniano”.

En sus primeras declaraciones públicas como presidente electo Poroshenko dijo que no reconocía la adhesión de Crimea a Rusia. Y que en el este de Ucrania “nos encontramos en un estado de guerra no declarada contra nuestro país. Crimea fue ocupada por Rusia y hay una gran inestabilidad. Debemos reaccionar”. Y pidió a Alemania y a los países europeos asumir la situación. “No vamos a permitir por más tiempo —dijo— que estos terroristas secuestren y maten a la gente, ni que ocupen edificios y rompan las leyes”.

Pero el Kremlin descartó toda posibilidad de devolver Crimea a Ucrania. “Crimea es una entidad de la Federación Rusa —expresó Dimitri Peskov, portavoz del presidente Putin— y no cabe hablar siquiera de su incorporación a Ucrania”.

Poroshenko —partidario de la incorporación de Ucrania a la Unión Europea— asumió el poder el 7 de junio de ese año. Fue el quinto presidente en la historia de su país. En su discurso de investidura ante la Rada Suprema —el parlamento nacional— afirmó que «Crimea es y será ucraniana. Punto final». Y expresó que no aceptaba el diálogo con los separatistas pero les ofreció aministía a todos aquellos que depusieran las armas y no tuvieran culpabilidad en los crímenes de sangre. Ofreció «respeto a las particularidades de las regiones» y la «garantía del uso de la lengua rusa» en algunas de ellas. Y se mostró dispuesto a convocar elecciones en las regiones insurrectas de Donetsk y Lugansk.

Pero los rebeldes prorrusos rechazaron el plan de paz de Poroshenko.

La víspera, durante los actos de celebración del 70º aniversario del desembarco de Normandía, hubo una conversación directa y personal entre Poroshenko y Putin en territorio francés y, en medio de sus grandes diderencias, ambos gobernantes abogaron por la terminación de los combates en el este de Ucrania entre los rebeldes prorrusos y las tropas ucranianas. Poroshenko se reunió también con el presidente Obama y con la canciller alemana Angela Merkel.

Mas a finales de agosto Poroshenko acusó a Rusia de invadir territorio ucraniano y pidió ayuda militar a la comunidad internacional. La Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) verificó que en la región oriental había ingresado más de un millar de soldados rusos con equipos blindados. La Unión Europea amenazó al Kremlin con nuevas sanciones. El presidente norteamericano y la jefa del gobierno alemán manifestaron que la intromisión de Rusia en el confliucto ucraniano «no puede quedar sin consecuencias». El presidente ruso —con palabras que recordaron la guerra fría— sugirió a la OTAN no meterse con «una potencia nuclear como Rusia», de la que dijo que era «una de las mayores potencias nucleares». Y que «no se trata de palabras sino de la realidad».

En medio de una profunda crisis económica y bajo el clima político-militar de tan alta tensión —la ONU cifraba hasta ese momento en 3.660 los muertos y en 8.756 los heridos en el conflicto del este de Ucrania—, el 26 octubre 2014 se celebraron las elecciones parlamentarias ucranianas, en las que triunfaron con cerca del 45% de la votación las fuerzas políticas que respaldaban al presidente Poroshenko y a su posición de terminar el conflicto separatista y conducir a Ucrania fuera de la órbita rusa. Pero en las denominadas «repúblicas populares» de Donetsk y Lugansk los rebeldes separatistas prorrusos no permitieron que se votara.

Washington y Moscú reconocieron la validez de las elecciones, aunque el gobierno ruso criticó «la sucia y dura campaña electoral».

De acuerdo con los resultados electorales, los grupos comunistas, al no haber obtenido al menos el 5% de la votación, quedaron fuera de acceso a la Rada Suprema, pero en desafío al gobierno de Kiev convocaron por su parte unas elecciones presidenciales y legislativas en Donetsk y Lugansk, que se celebraron siete días después —el 2 de noviembre— para designar sus propios presidentes y parlamentos y sustentar sus repúblicas populares.

Los autoproclamados presidentes Igor Piotnitski de la República Popular de Lugansk y Alexander Zajarchenko de la República Popular de Donetsk, en ceremonias celebradas dos días después, tomaron posesión de sus funciones en las dos provincias ucranianas controladas por los separatistas prorrusos.

Mientras los gobiernos de Kiev, de Estados Unidos y de los países de la Unión Europea y el Secretario General de la ONU, Ban Ki Moon, desconocieron por completo la validez de tales elecciones, el gobierno ruso afirmó que ellas «eran legítimas y correspondían plenamente con las disposiciones acordadas en el marco de los acuerdos de Minsk».

El presidente de Ucrania Petro Poroshenko denunció tales elecciones seccionales como una «farsa celebrada bajo los cañones de los carros de combate y las ametralladoras», violatorias del Protocolo de Kiev firmado el 5 de septiembre anterior, que permitió el acuerdo de alto al fuego

El conflicto ucraniano, consecuentemente, estaba lejos de encontrar una solución de paz.

29. Agudización de la violencia. El surgimiento en el Oriente Medio de varias bandas terroristas y, especialmente, del poderoso grupo denominado Estado Islámico (EI) —Islamic State of Iraq and Syria (ISIS), en su nombre inglés—, abrió un nuevo capítulo en las páginas de la violencia y el terrorismo en el mundo.

Este frenético y bien estructurado grupo de tendencia sunita empezó por sembrar el terror en el norte de Irak a mediados del 2014 y en los años siguientes. Según los departamentos de inteligencia norteamericanos, tenía en ese año entre 20.000 y 30.000 combatientes bien armados, de los cuales alrededor de 2.000 eran occidentales. Estaba conducido por Abu Bakr al-Baghdadi, cuyo propósito era establecer un califato regido por el Corán que abarcara Irak, Siria, Líbano y Jordania, en una primera fase, y se extendiera después hacia otros territorios por encima de las fronteras estatales, para lo cual reclamó la obediencia absoluta del mundo musulmán.

Sus yihadistas, bajo la acusación de «adoradores del demonio», masacraron a los pobladores de toda la región y suscitaron una terrible crisis humanitaria. Decenas de miles de cristianos y yazidíes kurdos tuvieron que huir y emigrar tras las matanzas y crueldades de los yihadistas del Estado Islámico, que torturaban, decapitaban y enterraban vivos a quienes no se convertían a su islam.

Alrededor de 200.000 yazidíes y cristianos se vieron forzados a huir y refugiarse en las montañas de Sinyar, donde morían de hambre, de sed y de calor, bajo temperaturas superiores a los 40 grados centígrados.

El gobierno iraquí clamaba entonces por ayuda internacional ya que sus tropas no tenían la capacidad para detener a los insurgentes islámicos.

El 7 de agosto del 2014 el presidente Barack Obama decidió responder positivamente a los clamores del gobierno iraquí y ordenó a las fuerzas aéreas norteamericanas bombardear los cuarteles y posiciones de avanzada de los yihadistas, que habían tomado las ciudades de Mosul, Tikrit, Sinjar, Qaragosh, Sharqat, Kirkuk, Khanaquin, Bukamal, Al Qaim, Rutba, Jalawla y que se acercaban a Bagdad para someterla por la fuerza y asumir el poder total.

Obama tomó la decisión de no enviar tropas terrestres sino bombardear las posiciones insurgentes mediante la aviación regular y los drones, en un movimiento militar que, según afirmó el Presidente, era una operación «limitada en su alcance y duración» para evitar la toma de Erbil, capital del Kurdistán iraquí, por los yihadistas alzados en armas.

A partir de ese momento, aviones estadounidenses e iraquíes asumieron también la misión de lanzar desde el aire alimentos, bebidas y elementos de ayuda humanitaria hacia las montañas de Sinyar para tratar de salvar la vida de los refugiados.

En marzo del 2015, a causa del bombardeo de las fuerzas aliadas occidentales sobre la ciudad de Al Baaj, al noroeste de Irak, quedó gravemente herido al-Baghdadi, líder del grupo terrorista, quien murió pocos días después. Inmediatamente fue sustituido por Abu Alaa al Afri —también conocido como Abu Hasan, cuyo verdadero nombre es Abdelrahman Moustafa al Qurdashi—, quien asumió la jefatura suprema del grupo.

Durante las acciones de violencia promovidas en el norte de Irak por Estado Islámico (EI) se produjo un hecho aterrador: el periodista norteamericano James Foley, secuestrado en Siria en noviembre del 2012 mientras cumplía sus actividades informativas para el GlobalPost, la Agence France-Presse (AFP) y otras agencias de comunicación sobre las revueltas contra el gobierno de Bashar al-Assad, fue brutalmente decapitado por Estado Islámico (EI) el 20 de agosto del 2014 en algún lugar del desierto iraquí.

El degollamiento fue visto alrededor del mundo en un vídeo grabado por los terroristas y proyectado en internet a través de Youtube y otras redes, en el que se mostró con diáfana claridad cómo un encapuchado vestido de negro cortó el cuello de su víctima con un cuchillo.

El vídeo de cinco minutos de duración tenía tres partes. Primero se insertó un discurso del presidente Barack Obama en el que anunciaba su decisión de bombardear a los milicianos de la banda yihadista Estado Islámico (EI) en el norte de Irak para defender a la población kurda; luego apareció Foley arrodillado sobre la arena junto a su verdugo, con sus manos atadas hacia atrás, y dirigió un mensaje en el que pedía a su familia y amigos que se levantasen contra el gobierno de Estados Unidos en protesta por los bombardeos en Irak; y finalmente se vio y escuchó al verdugo encapuchado, quien blandiendo su cuchillo afirmaba: «cualquier intento tuyo, Obama, de negar a los musulmanes su derecho a vivir en seguridad bajo el califato resultará en el derramamiento de sangre de tu pueblo», después de lo cual degolló a Foley, cuyo cuerpo inerte y la cabeza decapitada, echados sobre la arena, cerraban el vídeo.

El cuadro fue espeluznante.

Foley era un joven pero experimentado corresponsal de prensa, que después de cubrir la información de la guerra en Libia y de haber sido apresado allí durante varias semanas por el régimen de Muammar Gadaffi, viajó a Siria para reportar la crudelísima guerra civil que se desarrollaba en sus campos y ciudades.

Llamó la atención el acento británico del degollador, respecto de quien el gobierno de Londres afirmó que seguramente era uno de los ciudadanos ingleses convertidos al Islam e incorporados a la yihad de Irak y Siria. Por esos años los servicios de inteligencia habían registrado que alrededor de quinientos combatientes de la banda Estado Islámico (EI) eran de origen inglés y que había otros procedentes de Francia, Bélgica, Alemania, Suecia, Finlandia y otros países. Esos yihadistas europeos enrolados en las luchas del Medio Oriente pertenecían a la segunda o tercera generación de inmigrantes musulmanes en Europa y eran fanáticos seguidores del Islam.

El servicio de inteligencia inglés identificó al sanguinario degollador: era un joven ciudadano británico de origen kuwaití llamado Mohammed Emwazi, que en el 2012 viajó a Siria y se incorporó a la banda yihadista Estado Islámico (EI), liderada por Abu Bakr al-Baghdadi.

Resultó impresionante la gallardía y serenidad con que Foley arrostró su decapitación. No hubo una queja, un pedido de clemencia, ni siquiera un gesto. Y fueron muy claras sus reflexiones en torno a todas las vidas que se han llevado los bombardeos ordenados por su Presidente. Dirigiéndose a sus padres y a los miembros de su familia, pidió que tomaran su muerte con dignidad y que no aceptaran «ningún tipo de compensación económica» de parte de quienes «pusieron el último clavo en mi ataúd», refiriéndose una vez más al gobierno estadounidense.

Al final del vídeo apareció la imagen de otro periodista norteamericano: Steven Sotloff —quien había sido secuestrado en Siria a mediados del 2013—, con la leyenda escrita en árabe: «La vida de Steven Joel Sotloff depende de la próxima movida de Obama».

Sotloff era un periodista de Miami, colaborador de la revista «TIME», del «Christian Science Monitor» y de otras publicaciones.

Trece días después se repitió el episodio: el joven periodista Steven Sotloff fue degollado por el mismo verdugo y de la misma manera. El vídeo del crimen —denominado «segundo llamado para Estados Unidos»— fue también exhibido en internet. Y el verdugo enmascarado volvió a amenazar con su acento británico: «He vuelto, Obama. Y he vuelto debido a tu arrogante política exterior hacia el Estado Islámico». Al final del acto apareció el anuncio de que la próxima víctima será un rehén británico.

Y la amenaza se cumplió. El sábado 13 de septiembre fue degollado por el cuchillo del mismo verdugo el ciudadano inglés David Haines (44 años de edad), quien había sido secuestrado en Siria en marzo del 2013 mientras trabajaba en una agencia humanitaria internacional. El degollamiento se produjo pocas horas después de que su familia pidiera públicamente clemencia al grupo fundamentalista.

Y, como siempre, al final del vídeo difundido en internet se reveló el nombre de la siguiente víctima: el ciudadano británico Alan Henning.

El primer ministro británico David Cameron calificó como «un acto inmundo» la decapitación de su inocente coterráneo.

Pero fue el turista francés Hervé Gourdel (55 años), secuestrado tres días antes en Argelia, el cuarto decapitado por la banda Estado Islámico (EI) en la mañana del 24 de septiembre. Su secuestro y degollamiento corrió a cargo del grupo argelino Yund al Jilafa, aliado de Estado Islámico (EI). En el correspondiente vídeo difundido a través de las redes sociales instantes después de la decapitación se pudo ver a un yihadista con la cabeza de su víctima en sus manos y el cuerpo degollado en el suelo. El presidente de Francia, François Hollande, declaró en Nueva York —donde asistía a las sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas— que su país no cedería ante el chantaje ni la amenaza de los grupos terroristas. Y Francia continuó con los bombardeos de su fuerza aérea, iniciados cinco días antes, contra las bases de Estado Islámico (EI) en territorios iraquí y sirio.

La respuesta a esos actos brutales fue una amplia alianza antiterrorista impulsada por Estados Unidos y formada por cincuenta Estados de Europa, América, Asia y Oceanía —incluidos varios Estados árabes: Arabia Saudita, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Jordania, Líbano, Irak, Catar, Omán, Bahréin, Kuwait—, que emprendió una operación militar de bombardeos en el norte de Irak para destruir el Estado Islámico (EI), que entrañaba una amenaza global.

Los actos criminales extendieron por Francia, Dinamarca y los países de Europa occidental su fobia anti-islámica y su temor compulsivo. En lo que fue la mayor movilización de masas en las calles de París, una gigantesca marcha de protesta contra el crimen a la que concurrieron 1,6 millones de personas desbordó las calles parisinas. Nunca se había visto allí nada parecido. Estuvo encabezada por el presidente francés François Hollande, acompañado de jefes de Estado y de gobierno, ministros y líderes políticos de cerca de cincuenta países del mundo, entre los cuales estaban los gobernantes de Alemania, Inglaterra, España e Israel. No dejó de llamar la atención la presencia allí del presidente de Palestina, Mahmud Abbás.

Pero las decapitaciones continuaron. El británico Alan Henning (47 años), quien fue secuestrado por los terroristas en diciembre del 2013 cuando laboraba como taxista voluntario de la organización no gubernamental Aid 4 Syria al servicio de los niños sirios, fue la quinta víctima occidental. Su degollamiento se difundió también en YouTube a través de un vídeo el 3 de octubre, en el que se escucharon sus últimas palabras. Y allí se advirtió que el norteamericano Peter Kassig será la siguiente víctima occidental, junto con decenas de kurdos y sirios, cuyas decapitaciones se dieron en noviembre del 2014.

La milicia terrorista, que tenía en su poder dos rehenes japoneses, formuló un ultimátum al gobierno de Tokio: si no pagaba 200 millones de dólares de rescate en el término de 72 horas, ellos serían degollados. El gobierno japonés se negó a pagar para no contribuir a crear una nueva forma de extorsión. Y el domingo 25 de enero del 2015, en un programa transmitido por internet, un portavoz de la milicia informó que habían decapitado a Haruna Yukawa, uno de los dos rehenes, «tras expirar el plazo establecido a Japón». El otro rehén —Kenji Goto, periodista japonés— fue ejecutado seis días después.

Estado Islámico (EI) difundió por internet el 3 de febrero del 2015 un vídeo de 22 minutos de duración que mostraba a un hombre que era quemado vivo dentro de una jaula de hierro. Se trataba del piloto jordano Muaz Kasasbeh, capturado tras el estrellamiento de su avión F-16 en Siria el 24 de diciembre anterior durante un ataque contra las posiciones del grupo yihadista. Su espeluznante incineración se produjo el 3 de enero.

La rama libia del Estado Islámico (EI) dio a conocer por TV el domingo 15 de febrero de ese año un vídeo que mostraba la decapitación de 21 cristianos coptos egipcios arrodillados en una playa, que habían sido secuestrados en Libia por la organización islamista.

El presidente de Egipto, Abdelfatá al Sisi, manifestó por medio de la televisión estatal que “Egipto se reserva el derecho de responder de la manera adecuada” al asesinato.

Pero Estado Islámico (EI) siguió adelante con sus acciones terroristas. El viernes 13 de noviembre del 2015 a las 10 de la noche —en lo que fue hasta ese momento la acción terrorista más cruel y violenta después de la voladura de las torres gemelas de Nueva York el 11 de septiembre del 2001— un comando suyo de cuatro yihadistas penetró en la sala de conciertos Le Bataclan situada en el boulevard Voltaire de París, en donde se habían congregado unas mil quinientas personas para escuchar el concierto de la banda californiana Eagles of Death Metal, y, al grito de “¡Alá es grande!”, abrió fuego con sus metralletas y lanzó bombas explosivas contra el público, dando muerte a 89 espectadores y causando centenares heridos.

Fue una horrible carnicería. Los cadáveres yacían sobre las butacas y en el piso. Los gritos de dolor de los heridos estremecían el ambiente. Cuando los agentes de policía irrumpieron en el edificio, tres de los atacantes activaron sus cinturones explosivos y se suicidaron y el cuarto fue abatido por un disparo policial.

Esa acción formó parte de seis ataques coordinados en diversos lugares de París, que dejaron 129 muertos y 352 heridos. Además de la tragedia en Le Bataclan los yihadistas abatieron a dieciocho personas en el boulevard de Charonne, cinco en el café Bonne Bière de calle Fontaine-au-roi, catorce en la calle Alibert cerca del restaurante Le Carillon y una en el boulevard Voltaire.

Dos explosiones resonaron cerca del estadio durante el partido de fútbol que jugaban las selecciones de Francia y Alemania. Causaron cinco muertos. Los espectadores tuvieron que abandonar el estadio por las puertas de emergencia. Lo hicieron en orden y con tranquilidad, mientras otra parte de los asistentes invadió la cancha. El presidente Hollande fue rescatado del lugar por un helicóptero.

En un comunicado difundido por internet, Estado Islámico reivindicó los ataques perpetrados por “ocho hermanos con cinturones explosivos y rifles de asalto contra lugares cuidadosamente escogidos en el corazón de París. Que Francia y aquellos que siguen su rumbo sepan que serán los blancos principales del Estado Islámico”. Y advirtió la organización terrorista que contaba en sus filas con miles de extranjeros, incluidos centenares de franceses.

El terror cundió en Francia y Europa. Y conmovió al mundo entero. El presidente Francois Hollande calificó a los atentados como “actos de guerra”, pero Estado Islámico (EI) respondió que “Francia seguirá oliendo el olor de la muerte”.

El grupo palestino Hamas, en el poder en la Franja de Gaza, y la Yihad Islámica condenaron los atentados de París.

Tras esos ataques, Anonymous —la mayor red de hackers del mundo— declaró la guerra cibernética contra el grupo terrorista Estado Islámico. A través de un vídeo difundido en internet, su enmascarado portavoz manifestó: «Esperen ciberataques masivos, se ha declarado la guerra. Estén preparados», ya que los ataques perpetrados en París «no pueden quedar impunes». Y advirtió que los miembros de Anonymous en todo el mundo emprenderán una cacería. «Sepan que los encontraremos —dijo— y que no los dejaremos ir».

Con su guerra electrónica Anonymous se propuso erradicar toda la propaganda del grupo terrorista en la red. «Los franceses son más fuertes que ustedes y saldrán adelante de esta atrocidad, incluso más fortalecidos», reivindicó el enmascarado.

Pero internet servía también a los grupos armados terroristas alrededor del mundo, que estaban en posibilidad no solamente de robar información para cumplir con mayor precisión y eficacia su acciones de violencia sino también de reclutar a través de la red a nuevos simpatizantes y activistas para que operaran bajo sus consignas secretas en cualquier lugar de la geografía terrestre. La propia banda terrorista Estado Islámico (EI) se valió de internet a partir del año 2015 para sumar a sus filas alrededor de 25 mil jóvenes de un centenar de países.

Las investigaciones llevaron a concluir que Bruselas fue el centro focal de la conspiración islámica contra París. En la capital belga nació y cursó sus estudios el joven Abdel-hamid Abaaoud, hijo de inmigrantes marroquíes, autor intelectual de los atentados.

¿Por qué Francia?, se preguntaba la gente. Pues por ser el país que más defiende los valores de la Ilustración del siglo XVIII, especialmente el laicismo tan odiado por el radicalismo islámico.

La coalición militar internacional liderada por Estados Unidos reforzó sus bombardeos contra los reductos yihadistas en Siria e Irak, mientras que Rusia inició los suyos contra las posiciones del EI en Siria, aunque los observadores occidentales sostenían que las acciones rusas afectaban más a los grupos de oposición al gobierno de Bashar al-Assad.

El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas —después de condenar en los términos más duros los ataques terroristas en Susa, Ankara, el derribo de un avión comercial ruso sobre el Sinaí, los ataques en París y todos los demás atentados terroristas de aquella época— aprobó por unanimidad el 20 de noviembre del 2015 la Resolución 2249, en la que pidió a los gobiernos del mundo «redoblar esfuerzos y coordinar sus iniciativas para prevenir y frenar los actos terroristas» cometidos especialmente por el Estado Islámico, al-Qaeda y otros grupos islamistas y para detener el flujo de combatientes extranjeros hacia el Oriente Medio, puesto que un reporte del Congreso de Estados Unidos reveló a fines de aquel año que unos 4.500 jóvenes de los países occidentales habían abrazado la causa de la yihad islámica a partir del 2011.

Como parte de la cadena de atentados islámicos, poco antes de las 8 de la mañana del 22 de marzo del 2016 fueron atacados con dos explosiones suicidas el aeropuerto de Zaventem en Bruselas —uno de los más concurridos de Europa— y, hora y media más tarde, con una tercera explosión, la céntrica estación Maelbeek del metro. Estos actos criminales, que causaron 35 muertos y 316 heridos, fueron reivindicados por el Estado Islámico (EI).

De los cinco autores de los ataques, cuatro fueron identificados dos días después por la policía belga: Ibrahim El Bakraoui, Najim Laachcharou, Khalid El Bakraoui y Mohamed Abrin —jóvenes islámicos de entre 31 y 24 años de edad— de quienes los tres primeros murieron en los atentados suicidas.

La policía de Bélgica estableció que estos terroristas islámicos estuvieron vinculados también a los actos de París.

Cuatro días antes de los atentados fue capturado en el barrio de Molenbeek de Bruselas el terrorista más buscado de Europa en ese momento: Salah Abdeslam, vinculado a la masacre de París, que era el único de los atacantes que seguía vivo.

Con ocasión del terrible acto terrorista suicida perpetrado el sábado 21 de agosto del 2016 en la ciudad turca de Gaziantep por un niño kamikaze, que costó la vida de 54 personas —de quienes 29 fueron menores de edad— que asistían a una celebración nupcial kurda, se confirmó que el Estado Islámico (EI) reclutaba y preparaba a niños como yihadistas suicidas para sus fines terroristas. En la matanza de Gaziantep, el niño suicida fue conducido al lugar por dos hombres, quienes huyeron del lugar instantes antes de la explosión.

En el año anterior el propio EI había publicado un vídeo en el que se veía a un niño de entre 12 y 14 años de edad que mataba a tiros a dos presuntos espías del servicio secreto de Rusia.

La Universidad de Georgia en Estados Unidos realizó en el año 2016 una investigación en torno a los yihadistas suicidas menores de edad utilizados por esta banda terrorista e identificó 89 casos de niños que murieron en acciones al servicio de la banda criminal.

La ola de violencia por motivaciones religiosas y culturales afecta gravemente a muchos países del Oriente Medio y del norte de África. Y también a otros lugares del mundo, donde la violencia religiosa, política, económica y social delata que el espíritu violento del ser humano aún no ha podido ser vencido por los avances de la ciencia y la tecnología.

Pero lo grave de todo esto es que la violencia inspirada en motivaciones religiosas ha introducido dos modificaciones sustanciales al terrorismo de nuestros días: ha borrado las fronteras nacionales —es un terrorismo transnacional— y sus ejecutores no sólo que no tienen interés en salvar sus vidas sino que buscan la muerte deliberadamente, convencidos como están de que así ganarán el cielo de manera más segura.

Lo cual ha significado un cambio no sólo cuantitativo sino fundamentalmente cualitativo en la actividad terrorista alrededor del mundo.

30. Las perspectivas del siglo XXI. Para entender el proceso de la postguerra fría es necesario tomar en cuenta —como afirma José Luis Fiori, profesor de la Universidad Federal de Río de Janeiro— que «en este inicio del siglo XXI, está cada vez más claro que la disputa entre las grandes potencias no acabó en 1991. Solamente se desaceleró —temporalmente— como es de costumbre tras una gran guerra o una victoria contundente, como fue el caso de la victoria norteamericana en la guerra fría. En esta ocasión, no hubo una rendición explícita de los derrotados, ni un acuerdo de paz entre los victoriosos, que consagrase un nuevo orden mundial, como ocurrió luego después de la Segunda Guerra Mundial. No había, en aquel momento, otra potencia con el poder y la capacidad de negociar o limitar el arbitrio unilateral de Estados Unidos y los norteamericanos tampoco tenían disposición de negociar o limitar su nueva posición del poder en el mundo». Pero agrega que, a partir del 2004, «la expansión de China y de India y el renacimiento de Alemania y Rusia» han traído «de vuelta al centro del sistema mundial, la competencia y los conflictos entre las grandes potencias» (DEP, Nº 9, enero-marzo 2009).

Según proyecciones del Banco Mundial y de la corporación financiera privada norteamericana Goldman Sachs, al final de la primera década de este siglo y tras varios años de crecimiento económico acelerado, el producto interno bruto de China superó al de Inglaterra y Francia en el 2005, al de Alemania en el 2007 y al de Japón en el 2010; y China se colocó en el segundo lugar en cuanto al tamaño de las mayores economías del mundo, aunque sus cifras escondían grandes disparidades sociales y su ingreso per cápita era acusadamente bajo.

Al analizar la situación y perspectivas de la postguerra fría, el profesor norteamericano de origen polaco Zbigniew Brzezinski —inspirador de la creación de la <Comisión Trilateral y asesor del presidente Jimmy Carter— sostiene en su libro «El Gran Tablero Mundial» (1998) que la futura ruta geopolítica del planeta dependerá fundamentalmente del control que los Estados Unidos —al que Brzezinski califica de «la primera potencia realmente global» de la historia— puedan ejercer sobre Eurasia, que es el continente que, en su opinión, «ha sido centro del poder mundial desde hace quinientos años».

Afirma que en la postguerra fría el «tablero» donde se juegan los destinos del planeta ha vuelto a ser Eurasia, en cuya periferia occidental —Europa— está localizada gran parte del poder político y económico mundial y cuya región oriental —Asia— se ha convertido en un centro de crecimiento económico vital, acompañado de una creciente influencia política.

En los términos planteados por Brzezinski, Eurasia es el continente territorialmente más extenso —que va desde Lisboa, al oeste, hasta Vladivostok, al este—, en el que están situados los Estados más activos y dinámicos del mundo, las seis economías más importantes —excepto la norteamericana, obviamente—, los seis países que gastan más en armamentos después de Estados Unidos, todas las potencias nucleares excepto una y los dos países más poblados del planeta. Por eso, el gran objetivo geoestratégico de la Unión Soviética en el curso de la guerra fría fue expulsar a Estados Unidos de su influencia en Eurasia. Dice Brzezinski que la suma del poder económico euroasiático supera al estadounidense, pero «afortunadamente para los Estados Unidos, Eurasia es demasiado grande como para ser una unidad política».

Afirma Brzezinski en su libro que «por primera vez en la historia una potencia no euroasiática ha surgido no sólo como el árbitro clave de las relaciones de poder euroasiáticas sino también como la suprema potencia mundial».

Sin embargo, reconoce que la dominación norteamericana, limitada por factores internos y externos, es extensa pero poco profunda, lo cual le lleva a tener «influencia» pero no «control directo» sobre otros Estados. Lo cual hace que el alcance de la hegemonía norteamericana sobre Eurasia sea limitado. Esta es, en criterio de Brzezinski, una diferencia sustancial con la dominación de otros imperios en la historia, entre ellas, la «dominación política exclusiva que la Unión Soviética ejercía en Europa Oriental». Eurasia es un continente demasiado grande y poblado, demasiado diverso en lo cultural, en cuyo seno operan Estados históricamente ambiciosos, como para comportarse sumisamente incluso frente a la potencia global más fuerte y próspera de nuestros días. Brzezinski piensa, además, que «los Estados Unidos son demasiado democráticos a nivel interno como para ser autocráticos en el exterior». Lo cual limita, en su opinión, el uso de su poder en el mundo.

Por eso mismo —infiere el estratego norteamericano— no es deseable un rápido fin de la supremacía de Estados Unidos —ya porque decida aislarse del mundo, ya porque surja un rival triunfante— puesto que «produciría una situación de inestabilidad internacional generalizada y llevaría a la anarquía global», en medio de la explosión demográfica, las migraciones masivas causadas por la pobreza, el crecimiento aluvional de los centros urbanos, la proliferación de las armas de destrucción masiva, las hostilidades étnicas y religiosas, el terrorismo global con acceso a armas nucleares y otros turbulentos factores de desorden internacional que quedarían fuera de todo control.

No ve a China como potencia global que amenace en el futuro la hegemonía de Estados Unidos. Afirma que, «incluso para el 2020, es bastante improbable, ni en las circunstancias más favorables, que China pueda llegar a ser verdaderamente competitiva en las dimensiones clave del poder global», debido a su fragmentación interna y a la pobreza de amplias zonas de su población. «Incluso con un PNB triplicado —dice el profesor norteamericano— la población china seguirá ocupando los puestos más bajos en la clasificación de los ingresos per cápita de los países del mundo». Crecerán las disparidades regionales y el sistema productivo y laboral profundizará las desigualdades sociales, con el riesgo de una explosión de descontento popular por la injusta distribución del ingreso. Lo que China podrá ser es una potencia regional en Asia oriental «porque su poder militar y económico supera en mucho al de sus vecinos más cercanos, con excepción de la India».

En realidad, el profundo dualismo de la sociedad china, la potencial rebeldía política de los vastos sectores pobres de su población —que tienen salarios de hambre—, el gigantesco déficit energético, la contaminación ambiental, la desertización de amplias zonas, la sequía en las regiones del norte y otros factores conspirarán contra la posibilidad de que China pudiera convertirse en una potencia de escala global. Hay una China urbana y una China rural. La primera tiene 480 millones de habitantes y su ingreso per cápita alcanza —según cifras del año 2006— a 1.300 dólares/año, mientras que la segunda tiene 910 millones de habitantes con un ingreso per cápita que no llega a 400 dólares. La pobreza rural es impresionante. Hay demasiada gente en poca tierra. En promedio, cada pequeño granjero chino posee alrededor de un cuarto de hectárea de tierra cultivable, de modo que su rentabilidad es muy baja.

El sinólogo español Xulio Ríos, director del Observatorio de la Política China, en un artículo publicado el 1 de mayo del 2009 en el «Dossier sobre la Crisis Global» Nº 13 del Instituto Prisma, escribió que las «sombras» del proceso chino de transición de una economía centralmente planificada a otra de mercado —de economía mixta, en realidad— se manifiestan en los desequilibrios territoriales y en las desigualdades sociales. Sostuvo que «en 2007, de un total de 177 países, China se encontraba en la posición 81 en el Índice de Desarrollo Humano del PNUD. Las desigualdades, por otra parte, constituyen una auténtica bomba de relojería. En 2007, el PIB per cápita de Shanghai era 13 veces mayor que el de la provincia de Guizhou, por ejemplo, que ya era diez veces mayor en 2005. El coeficiente Gini de China se sitúa en el 0,48, un límite de riesgo que advierte de las profundas tensiones que habitan en su interior, ocultas en ese magma de prosperidad que nos ciega en el exterior. Por otra parte, entre el campo y la ciudad, las cifras oficiales constatan una diferencia de renta en 2007 de 4.140 yuanes frente a 13.786, datos que explican y justifican el malestar por el desigual reparto de la prosperidad generada en las tres últimas décadas y que ha disuelto de un plumazo el igualitarismo reinante en el periodo inmediatamente anterior».

Según datos de las Naciones Unidas, en el año 2007 el consumo de los hogares chinos seguía siendo muy bajo en comparación con el de los países ricos. El consumo de Europa era de 6,81 billones de dólares, Estados Unidos 6,68 billones, Japón 1,99 billones, América del Sur 0,88 billones, China 0,78 billones y África 0,56 billones.

A fines del 2012 se publicaron las cifras del estudio realizado por el Instituto de Investigación Financiera del Banco Popular de China —el banco central de ese país—, conjuntamente con la Universidad de Economía y Finanzas del Suroeste, que demostraban que la brecha entre ricos y pobres había crecido de manera alarmante en todas las regiones y provincias de China.

La escala de Gini —que mide la desigualdad de ingresos entre los miembros de una sociedad— marcaba el coeficiente de 0,61, que era de los más negativos del planeta.

La situación distributiva del ingreso se deterioró dramáticamente en los últimos años. En el 2005 China tenía el índice Gini 0,447, según el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUDD), pero en el 2012 el índice se descompuso aún más y subió a 0,61. Lo dramático fue que esos bajísimos índices de equidad económicosocial en China se combinaron con altas tasas de crecimiento del PIB, lo cual significaba que los beneficios del desarrollo fueron a parar a las arcas de los sectores más opulentos de la población. «La brecha es amplia en todas las regiones, tanto en las zonas rurales como en las urbanas», comentó al respecto el profesor Gan Li, investigador jefe de la universidad coautora del estudio, en el periódico oficial «Shanghai Daily».

El potencial peligro de insurgencia de los sectores empobrecidos, que subsisten en condiciones económicas deplorables, ha llevado al gobierno de Pekín a tomar precauciones y crear «filtros» que impidan el paso de informaciones y mensajes contrarios a su sistema político y a su seguridad nacional. Las empresas norteamericanas Yahoo, Microsoft y Google entraron en complicidad para no perder el mercado chino. Google puso en acción exclusivamente para los usuarios chinos de la red un buscador con capacidad para censurar tales mensajes, lo cual suscitó a comienzos del 2006 una violenta denuncia del representante demócrata californiano Tom Lantos ante la comisión de derechos humanos del Congreso Federal de Estados Unidos. En consecuencia, ninguna crítica contra el gobierno de China ni contra sus sistemas político y económico puede traspasar la sofisticada barrera digital —denominada firewall— impuesta por estas compañías de software ni llegar a los ordenadores de los 103.000 cibernautas chinos.

Esas medidas se pusieron en evidencia con ocasión de las violentas protestas populares de mediados de marzo del 2008 en Lhasa, la capital del Tíbet, y en las provincias chinas de Sichuan, Qinghai y Gansu, protagonizadas por los monjes budistas y los seguidores del Dalai Lama, en las que resultaron centenares de muertos por la represión policial. El gobierno de Pekín impuso un sofisticado sistema de censura sobre internet y sus páginas web para impedir la difusión en el territorio chino de noticias sobre temas que le eran sensibles. Fue bloqueado el acceso de los usuarios chinos a Google.com y a Yahoo. Sergey Brin, cofundador de Google, reconoció por esos días que su empresa había comprometido sus principios de libre comunicación al aceptar las exigencias de autocensura impuestas por el gobierno de Pekín.

Un estudio del Banco de Desarrollo Asiático, publicado en agosto del 2007, sostenía que las diferencias entre ricos y pobres en China eran dramáticas —y se parecían mucho a las de América Latina— a causa de la toma de decisiones políticas cada vez más «amigables» con el mercado, que ejercen una terrible presión descendente sobre los salarios reales de los trabajadores.

Según Zhou Yongkang, alto funcionario de la policía china, citado por Alvin y Heidi Toffler en su libro «La revolución de la riqueza» (2006), en el año 2004 hubo aproximadamente 74 mil manifestaciones públicas de protesta en las ciudades y los campos de China, con la participación de 3,7 millones de manifestantes, y en el año 2005 se contabilizaron 86 mil movilizaciones de protesta contra el orden de cosas imperante en China. Anotan los esposos Toffler que las protestas se han protagonizado especialmente en las comunidades rurales, donde los campesinos luchan por mantener sus tierras, y que «también se dan protestas entre los trabajadores industriales: trabajadores del textil en Shaanxi, obreros metalúrgicos en Liaoyang, trabajadores despedidos de las petroleras en Daqing y mineros en Fushun».

Pero las cosas vienen de atrás. El 5 de abril de 1989 estallaron en Pekín grandes manifestaciones callejeras —lideradas por estudiantes universitarios y trabajadores— que gritaron a favor de la libertad de expresión y de la implantación de un gobierno democrático en la República Popular de China. Ellas se prolongaron por varias semanas y tuvieron resonancias en centenares de ciudades chinas —incluidas Shanghai, Urumqi y Chongqin—, por cuyas calles y plazas marcharon centenares de miles de manifestantes disconformes con el régimen autoritario impuesto por el Partido Comunista.

Junto con los estudiantes allí estuvieron también intelectuales, que impugnaban la represión y corrupción del gobierno, y trabajadores de la ciudad que se quejaban de los efectos nocivos de la inflación y el desempleo.

Después de marchar por las calles centrales de Pekín, las multitudes se congregaban en la gigantesca Plaza de Tiananmen. Aproximadamente cien mil estudiantes marcharon el 4 de mayo en Pekín para pedir al gobierno libertad de expresión y la apertura de un diálogo con sus representantes elegidos democráticamente y no con las asociaciones estudiantiles oficialistas formadas y controladas por el Partido Comunista.

El 13 de mayo, después de un recorrido de decenas de miles de estudiantes por las calles céntricas de Pekín, ellos se concentraron en Tiananmen e iniciaron una huelga de hambre en medio de la adhesión y simpatía de los ciudadanos.

Y el 2 de junio alrededor de cien mil personas se juntaron en la plaza para escuchar el concierto del cantante Hou Dejian en apoyo a los protestantes.

El gobierno presidido por el primer ministro Li Peng finalmente rechazó las reivindicaciones planteadas por los manifestantes y tomó la decisión de acallar sus protestas por la fuerza. El 20 de mayo declaró el imperio de la ley marcial, pero las movilizaciones continuaron. Entonces en la noche del 3 de junio envió un gran contingente de tanques, vehículos blindados y fuerzas de infantería de las divisiones 27 y 28 del Ejército Popular de Liberación —que es la fuerza militar de China bajo las órdenes del gobierno comunista— a la Plaza de Tiananmen, donde estaba concentrada la multitud.

Y al día siguiente abrieron fuego para disolverla.

Se produjo entonces una terrible matanza —la denominada masacre de Tiananmen—, que puso fin al proceso de protesta popular contra el régimen político de Pekín.

Nunca pudo saberse con precisión el número de víctimas que cayeron en la plaza porque el gobierno expulsó a la prensa extranjera y controló severamente a los medios de comunicación locales. Pero, según fuentes ligadas a la Cruz Roja china, los muertos sumaron 2.600 y hubo entre 7.000 y 10.000 heridos, que no recibieron asistencia médica ni hospitalaria. El gobierno emprendió un gran número de arrestos para acallar a los instigadores del movimiento y varias decenas de ellos fueron sometidos a la pena capital.

La represión en la Plaza de Tiananmen marcó, sin duda, hondas heridas y cicatrices en el país asiático. Y causó la condena internacional.

Curiosamente, las protestas coincidieron con la visita a Pekín del líder soviético Mijail Gorbachov —la primera de un dirigente soviético en treinta años—, quien se vio forzado a entrar por una puerta trasera al Palacio de la Revolución, frente a la plaza de Tiananmen, para asistir al banquete oficial que en su honor le ofreció el gobierno chino

De otro lado, la contaminación ambiental de China es una de las más graves del planeta. De las veinte ciudades más contaminadas del mundo, dieciséis están allí. Avanza la desertización de vastas zonas de su geográfía. La lluvia ácida afecta a más de un tercio de su extensión territorial. Cinco de sus siete ríos más grandes soportan niveles altísimos de polución. Trescientos millones de personas consumen diariamente agua contaminada. De ahí que, en el denominado Índice de Rendimiento Medioambiental (EPI, en sus siglas inglesas), que clasifica a los países en función de su capacidad para controlar la contaminación y para administrar correctamente sus recursos naturales, China ocupara en el año 2008 la posición 105º entre 149 países estudiados.

La corrupción en las altas esferas del gobierno es otra amenaza que soporta el régimen político chino. Reveló la prensa internacional en junio del 2011 que, según un informe del Banco Central de China al que tuvo acceso el diario británico «Financial Times», funcionarios corruptos del gobierno sacaron fuera del país más de 70.000 millones de euros procedentes de desfalcos, sobornos y otros procedimientos dolosos entre los años 1990 y 2008. El informe refería que alrededor de 17 mil miembros del Partido Comunista, personeros públicos de alto rango, ejecutivos de empresas estatales, magistrados y funcionarios judiciales y oficiales de policía, cargados de dinero, fugaron del país en esos años con rumbo a Estados Unidos, Canadá, Australia, Holanda, países del este europeo, América Latina y África, o hicieron ingentes transferencias monetarias hacia el exterior, burlando los controles oficiales. Decía el informe que los sectores más afectados por la corrupción fueron las grandes empresas estatales, especialmente en las áreas de la construcción y el transporte, y las agencias oficiales de inversión y comercio.

El 1 de julio del 2011 en el Palacio del Pueblo de Pekín, durante la ceremonia de conmemoración del aniversario del Partido Comunista chino, el presidente Hu Jintao manifestó en su discurso que era urgente imponer disciplina a sus miembros para evitar los actos y escándalos de corrupción que se han dado en sus filas. Las palabras del Presidente fueron transmitidas por televisión. Dijo que «el desarrollo del partido en los últimos noventa años nos ha enseñado que unas sanciones severas y una prevención real de la corrupción son elementos claves para ganar o perder el apoyo del pueblo y para la vida o muerte del partido».

Y es que por esos años fueron descubiertos varios episodios de corrupción en las encumbradas esferas del Partido Comunista y del Estado.

Bo Xilai, alto dirigente y estrella ascendente del comunismo chino —había ejercido la alcaldía de la ciudad de Dalian, la gobernación de Liaoning, el ministerio de comercio y tenía muchos seguidores—, fue purgado cuando uno de sus colaboradores desveló que su esposa había asesinado a un empresario británico. Bo, que era un claro candidato a entrar en el Comité Permanente del Politburó en ese Congreso, fue desprovisto de todas sus funciones y acusado de corrupción, entre otros casos, por intentar ocultar el crimen de su esposa, recibir sobornos por más de veinte millones de yuanes (2,4 millones de euros), comprar una villa en el sur de Francia y malversar cinco millones de yuanes de fondos estatales.

Sin embargo, algunos de sus partidarios aseguraron que Bo Xilai había sido víctima de las implacables luchas entre las diferentes facciones del partido.

Bo propugnaba una «nueva izquierda» en la política china y abogaba por la reimplantación de los valores maoístas y por el mayor intervencionismo estatal en la vida social y actividad económica.

Un tribunal condenó a Bo Xilai a cadena perpetua, despojo de por vida de sus derechos políticos y confiscación de sus bienes personales bajo los cargos de soborno, malversación de fondos públicos y abuso de poder.

Según la organización de los derechos humanos Human Rights Watch, con sede en Nueva York, tres activistas anti-corrupción chinos —Liu Ping, Li Sihua y Wei Zhongping—, quienes habían pedido que los funcionarios estatales hicieran públicos sus activos personales para poner freno a la corrupción y sobornos públicos, fueron sometidos a juicio ante una corte penal por sus opiniones disidentes y por «alterar el orden público».

Otros defensores de la transparencia en el manejo de los asuntos económicos en el gobierno —Zhao Changqing, Hou Xin, Yuang Dong, Zhang Baocheng, Ding Jiaxi, Li Wei— corrieron la misma suerte.

Las autoridades temían, sin duda, que las revelaciones de corrupción pudieran causar inestabilidad política y social y amenazar al gobierno y al PCCh.

En el 2010 Wikileaks, rompiendo la reserva que rodeaba la vida privada y la propiedad de los líderes políticos chinos, hizo públicos algunos documentos relacionados con tráfico de influencias de la familia del primer ministro de China y miembro de la cúpula del Partido Comunista, Wen Jiabao.

Y «The New York Times», en su edición del 26 de octubre del 2012, informó que Wen Jiabao había amasado al amparo del poder, junto con los miembros más cercanos de su familia, una gigantesca y oculta fortuna calculada en 2.700 millones de dólares. Inmediatamente los censores del gobierno chino bloquearon las páginas web del periódico norteamericano, en sus versiones en inglés y en chino, para que no pudieran leer la noticia sus quinientos millones de usuarios de internet ni trascendiera el asunto en el país asiático. El diario neoyorquino afirmó que, después de haber investigado los negocios familiares desde 1992, tuvo acceso al conocimiento de los activos, contratos y transacciones de la familia íntima del primer ministro: empresas, compañías, fábricas, acciones, contratos con el Estado.

Esos escándalos fueron, sin duda, los más graves y desestabilizadores que ha vivido China desde las manifestaciones de Tiananmen, en 1989.

Xi Jinping fue elegido durante el XVIII Congreso quinquenal del Partido Comunista, reunido en Pekín del 8 al 14 de noviembre del 2012, para asumir la más alta función representativa y política de China: la Secretaría General del Partido. Reemplazó en ella a Hu Jintao, quien había manejado esa cimera responsabilidad durante la década anterior.

Xi Jinping —un ingeniero químico de 59 años, poseedor de un doctorado en teoría marxista, considerado un reformista cauto— asumió la Presidencia de la República Popular de China el 14 de marzo del 2013. Y, en esa oportunidad, tanto el líder saliente Hu Jintao como el entrante Xi Jinping, en sus discursos ante el Congreso, se refirieron al tema de la creciente corrupción en China. Advirtió el primero, al inaugurar el ciclo de sesiones, que “si no somos capaces de gestionar bien este problema, podría ser fatal para el partido y causar incluso el derrumbe del partido y la caída del Estado”. Y en iguales términos se pronunció Xi Jinping al posesionarse de sus altas funciones partidistas y gubernamentales.

Como Secretario General del Partido Comunista, Xi Jinping lanzó un mensaje de tranquilidad a la comunidad internacional al asegurar que China está «comprometida con un desarrollo pacífico» que no se producirá «a expensas de otros» y prometió, en la política exterior, «una apertura aún mayor» de su país, que no será «una amenaza para el mundo». Agregó que, para cumplir sus metas, China «se abrirá aún más hacia el exterior». Estas afirmaciones se produjeron en momentos en que se habían endurecido las tensiones entre su país y sus vecinos por las disputas territoriales sobre los archipiélagos del mar de la China oriental y meridional, y en que, además, la India reprochaba a Pekín que en su mapa nacional se habían incluido los territorios de Aksai Chin en el Himalaya, que se disputaban ambos Estados.

Con base en sus investigaciones de campo en el país asiático a lo largo de todo el año 2005, el profesor y escritor francés Guy Sorman escribe en su libro “China: el Imperio de las Mentiras” (2007) que “nuestra idea de China supera la realidad: no es la primera vez que esto ocurre. Los observadores occidentales de China siempre han estado dotados de un talento especial para verla tal como no es. Y a los dirigentes chinos, desde el Celeste Imperio hasta el Partido Comunista, nunca les faltó el don singular de engañar a los occidentales”.

Con referencia a la estructura industrial de China, Sorman afirma que “en la electrónica, en la indumentaria, en los equipamientos domésticos, las empresas chinas ensamblan, subcontratan o copian; a veces respetan la propiedad intelectual, la mayoría de las veces no la toman en cuenta. La piratería es la norma: al entrar en cuaquier negocio de China se puede comprar a un precio bajo cualquier marca copiada a Occidente, ya se trate de productos de lujo o de artefactos electrónicos” (*).

Y en lo que a la situación social se refiere, Sorman afirma que en China hay “ochocientos millones de campesinos condenados a la miseria a perpetuidad” y que los trabajadores de la ciudad soportan una tremenda explotación de la mano de obra y perciben salarios de hambre, que la prohibida organización sindical impide presionar para que cambien.

“Las mujeres —dice con sorna— no tienen lugar en las instancias decisivas del Partido, salvo para servir el té”.

Sostiene el escritor francés que hay cuatro posibles desenlaces históricos —escenarios, los llama— de la situación de China:

a) una nueva revolución, ya que “toda China se ve sacudida por rebeliones” y la suma de las rebeliones puede significar una revolución: “la tercera en un siglo, después de la caída del Imperio en 1911 y de la República en 1949”, situación que incluye la amenaza de los movimientos religiosos. Pero este escenario es poco probable ya que “no parece que vaya a repetirse el precedente histórico del derrocamiento de las dinastías por grandes llamaradas de pasión mística: las religiones y las sectas activas en el seno de la sociedad china satisfacen un deseo de redención individual o de solidaridad colectiva antes que constituir un peligro milenarista”. Entonces este escenario no es muy factible, dice el autor, porque “por profundo que sea el descontento de cientos de millones de chinos, estas rebeliones no se comunican entre sí, no constituyen un movimiento unitario, no tienen líder ni programa”;

b) la bancarrota a causa de falta de energía, falta de agua, falta de mano de obra calificada, polución y pandemias provocadas por la concentración de las poblaciones sin reglas de higiene. Afirma Sorman que, en tales condiciones, “bastaría con que los norteamericanos se aparten del mercado chino y que los ahorristas coloquen sus ahorros en otro lado para desencadenar una catarata de quiebras y hundir al país en el caos”. Pero este escenario, menos improbable que el anterior —dice el autor—, no conduciría hacia la democracia, “antes bien, habría que apostar a que un gobierno militar reemplazaría al Partido, para detener así los desórdenes e impedir que muchas provincias declaren la independencia, como el Tíbet, el Turkestán, Fujian o la provincia de Cantón, tentada a unirse a Hong Kong y a Taiwán”. Este escenario tampoco es fácil “porque el mundo necesita de la usina china; si la producción empezara a volverse lenta, los occidentales serían víctimas del encarecimiento y de la escasez de sus productos de consumo corriente»;

c) una transición pogresiva y organizada hacia la democracia como solución consensuada ante una sociedad cada vez más turbulenta, aunque «es improbable que el Partido se comprometa voluntariamente a una transformación que lo conduciría en el corto plazo a su eliminación» y, en cuanto a los dirigentes chinos, «como la transición es el momento más peligroso para un gobierno autoritario, según lo ha demostrado la historia más de una vez desde Luis XVI hasta Gorbachov, ¿por qué aventurarse por ese camino?»; y

d) el sostenimiento del statu quo autoritario en función de los objetivos particulares de los dirigentes partidistas, que son mantenerse en el poder y enriquecerse, para lo cual “el Partido tiene talento para acrecentar su poder y su fortuna al mismo tiempo que el poderío nacional del país”. Este es el escenario más probable, según Sorman.

En entrevista concedida al politólogo izquierdista y periodista español Ignacio Ramonet en Buenos Aires, publicada en la edición de abril del 2015 de «Le Monde Diplomatique», el intelectual norteamericano Noam Chomsky —que llevaba años pensando en la construcción de un mundo más justo, menos inequitativo y menos violento y que ha sido siempre muy crítico contra su país—, sostiene que «China es hoy un productor offshore de las fábricas norteamericanas. Las principales empresas estadounidenses producen en China, importan de China. O sea que nuestras principales empresas importan bienes baratos de China y obtienen ganancias extraordinarias. Una empresa estadounidense puede disponer de una mano de obra reprimida, muy barata, donde el Estado controla muy directamente a los trabajadores; no hay que preocuparse por la contaminación y otras cosas: es una forma muy inteligente de ganar dinero. De manera que hay vínculos comerciales, financieros e industriales muy fuertes. Al mismo tiempo, China tiene las ambiciones normales de una superpotencia». Y, al afrontar el tema de fondo, afirma que, «no obstante, mucho se ha hablado de la nueva potencia de China en el siglo XXI. Creo que se exagera tremendamente. El crecimiento de China ha sido fuerte durante muchos años pero sigue siendo un país sumamente pobre. Si se fija usted, por ejemplo, en el índice de desarrollo humano de la ONU, creo que China está en la posición noventa y no se mueve de ahí. Tiene importantes problemas internos, el movimiento laboral está rompiendo sus cadenas, hay muchas huelgas, protestas, tremendos problemas ecológicos, la gente habla de polución, pero es mucho peor: hay destrucción de los recursos agrícolas, más bien limitados; se enfrenta a extraordinarios problemas que Estados Unidos y Europa no tienen. Y sigue habiendo una enorme pobreza. Y no está a punto de transformarse en un poder hegemónico».

Todo lo cual no impidió a China desplegar acciones con miras a una creciente influencia internacional. Sextuplicó su gasto militar entre 1991 y 2004. Dispone de misiles nucleares que pueden alcanzar el territorio de Estados Unidos. Su flota naval, con armamento nuclear, es capaz de realizar operaciones en mares lejanos. Su gran voracidad de información científica y tecnológica le ha llevado a comprar, copiar e incluso robar secretos tecnológicos. Se ha convertido en el quinto mayor proveedor mundial de inversión extranjera directa en otros países. El gobierno de Pekín abrió canales de intercambio comercial con muchos países y otorgó créditos y vendió armas a países ricos en petróleo u otros recursos naturales. Ha desarrollado una hábil, fina y suave política internacional. Cuando ha convenido a sus objetivos geoestratégicos se ha declarado neutral frente a los conflictos internacionales. Sigue paso a paso su camino ascendente con arreglo al viejo proverbio chino de «cruzar el río amontonando piedras». Todo lo cual presagia, en el futuro próximo, fricciones sino-norteamericanas.

De hecho, en lo que fue la primera vez que el gobierno estadounidense acusó directa y formalmente a Pekín de espionaje informático, en mayo del 2013 el Pentágono imputó a las Fuerzas Armadas de China su incursión en los sistemas informáticos militares estadounidenses para robar secretos tecnológicos de su industria armamentista y tratar de penetrar en sus redes estratégicas de defensa. Afirmó el Pentágono que «China sigue aprovechando las expediciones empresariales, los intercambios académicos y los conocimientos de los chinos repatriados para aumentar el nivel de su tecnología y experiencia con el fin de apoyar la investigación militar». Y el Secretario de Defensa Leon Panetta llamó “un ciber-Pearl Harbor” —en alusión al sorpresivo ataque japonés de 1941 que destruyó la flota norteamericana en el océano Pacífico y que determinó el ingreso de Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial— a este incidente sino-norteamericano.

La columna vertebral de la red de defensa regional del Pentágono en Europa, Asia y el Golfo Pérsico quedó comprometida y entre las armas que aparecían espiadas se mencionaron el sistema avanzado de misiles Patriot, los misiles balísticos Aegis, cazas F/A-18, aviones V-22 Osprey —que tienen capacidad de aterrizaje y despegue verticales—, aviones F-35 y helicópteros Black Hawk.

El 30 de mayo del 2013 el diario «The Washington Post» informó de que más de veinte sistemas armamentísticos estadounidenses habían sido infiltrados por hackers chinos.

Poco tiempo antes, en su discurso sobre el estado de la Unión —el 12 de febrero del 2013—, el presidente Barack Obama expresó en términos amplios que «Estados Unidos debe hacerle frente a la amenaza real y creciente de ataques cibernéticos». Dijo que «empresas extranjeras sustraen nuestros secretos corporativos» y que «nuestros enemigos buscan la capacidad de sabotear nuestra red de energía eléctrica, nuestras instituciones financieras y nuestros sistemas de control del tráfico aéreo». E informó que había tomado medidas para blindar los sistemas estratégicos y garantizar la seguridad nacional ante posibles ataques cibernéticos.

Pekín tuvo respuestas contradictorias: negó reiteradamente ser responsable de esos ataques cibernéticos, pero afirmó que también Estados Unidos ha recurrido a la ciberguerra, como lo hizo con el virus stuxnet contra el programa nuclear de Irán.

Pekín y Taipei suscribieron el 28 de junio del 2010 un histórico convenio para ampliar los intercambios comerciales entre los dos países. Fue el denominado Acuerdo Marco de Cooperación Económica (ECFA, en las siglas en inglés) que redujo los aranceles a la entrada de 539 categorías de productos taiwaneses a China y de 267 categorías de productos chinos a Taiwán.

Sin duda, la celebración de este acuerdo comercial —el más importante celebrado en sus sesenta y un años de desencuentros entre los dos países— significó tácitamente el reconocimiento por parte de China de la calidad estatal de Taiwán. Hecho que no había ocurrido antes. Esa fue la importancia geopolítica del convenio, firmado en la emblemática ciudad de Chongqing, al suroeste de China, donde en los años 30 del siglo pasado se refugiaron el líder nacionalista Chiang Kai-sek y su gobierno en la huída ante los invasores japoneses, y donde posteriormente se suscribió, en el curso de la Segunda Guerra Mundial, el fracasado acuerdo de no agresión entre Chiang Kai-sek y Mao Tse-tung, que finalmente condujo a la retirada del gobierno nacionalista chino hacia Taiwán en 1949, bajo la presión de las guerrillas maoístas.

Sin embargo, las motivaciones políticas de Pekín y de Taipei parecían diferentes al firmarlo: China confiaba en que el pacto allanaría el camino hacia la futura absorción de la isla, mientras que Taiwán suponía que él fortalecería su economía y, por tanto, su independencia nacional, en el entorno de los bloques económicos transnacionales y del ascenso político y económico de China. Por eso fue que hubo reacciones opuestas dentro de Taiwán y algunos sectores políticos consideraron peligroso el acuerdo, desde el punto de vista geopolítico, e inconveniente, desde la perspectiva macroeconómica, ya que el gran caudal de productos baratos chinos que ingresaría a la isla produciría altos índices de desempleo. Pero tampoco hubo conformidad en este tema porque el gobierno y sus sectores políticos consideraron que el acuerdo, al dar un gran impulso a los intercambios entre los dos países por la progresiva disminución a cero de sus aranceles en los siguientes dos años, crearía alrededor de 260 mil puestos de trabajo en Taiwán y aumentaría en 1,7 puntos porcentuales el crecimiento de su producto interno bruto. En ese momento el flujo de los bienes taiwaneses a China alcanzaba a 80.000 millones de dólares y el de los productos chinos a Taiwán, 30.000 mil millones.

Tanto el presidente Ma Ying-jeou de Taiwán, quien asumió sus funciones en mayo de 2008, como el presidente chino de ese momento Hu Jintao, habían procurado reducir las tensiones entre los dos países y reforzar sus lazos económicos. Hu había optado por la política de seducción hacia Taipei y Taiwán había reducido sus presupuestos militares.

Tres conflictos internacionales distanciaron en el curso de los años 2011, 2012 y 2013 a Estados Unidos y China. Fueron los conflictos de Irán, Siria y Japón.

El gobierno chino de Hu Jintao fue un amigo tolerante del régimen iraní de Mahmud Ahmadinejad en su intento de desarrollar un programa de energía atómica y de entrar al «club nuclear». Eso produjo un conflicto entre China y los países de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) que pretendían frenar, a través del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, las pretensiones iraníes.

El segundo conflicto se produjo cuando el gobierno chino se colocó al lado del dictador sirio Bashar al-Assad en su despiadada y brutal represión armada contra su pueblo, que en los primeros 18 meses de masacres produjo 30 mil muertos y, según el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), 300.000 desplazados que se refugiaron en los países vecinos: Jordania, Líbano, Turquía e Irak. El 26 de marzo del 2011 el pueblo sirio —contagiado por la ola de protestas populares que se desencadenaron en el mundo árabe y que echaron abajo varios gobiernos de larga data constituidos— demandó libertades, respeto a los derechos humanos, alternancia política, reformas sociales. Y terminó por rebelarse contra el tirano que, habiendo heredado el poder de su padre, lo había martirizado por doce años. La respuesta del régimen de al-Assad fue la represión a sangre y fuego con la infantería, la aviación y la artillería. La inmensa mayoría de los gobiernos del mundo condenó estas acciones y demandó la intervención del Consejo de Seguridad, pero China y Rusia vetaron toda decisión.

Y el otro motivo de distanciamiento chino-norteamericano fue el acuerdo al que llegó en septiembre del 2012 el Secretario de Defensa de Estados Unidos, Leon Edward Panetta, con el ministro japonés de defensa Satoshi Morimoto, para la instalación en territorio japonés de un segundo sistema de defensa antimisiles para su protección ante un eventual ataque de Corea del Norte o de Irán. Los Estados Unidos, a raíz de un tratado de defensa celebrado con Japón en décadas pasadas, asumieron la responsabilidad de precautelar la seguridad de este país. Pero China interpretó el nuevo acuerdo antimisiles como una indebida injerencia estadounidense en una región en la que ella reclama su predominio.

En ese momento China y Japón tenían una tensa relación por la actualización de la vieja disputa en torno de las islas Senkaku —que los chinos llaman Diaoyu Tai— ubicadas en el oriente del Mar de China. Son cinco pequeñas islas deshabitadas y tres peñascos volcánicos situados a 170 kilómetros al noreste de Taiwán y a 410 kilómetros al occidente de la ínsula japonesa de Okinawa. Las islas, que tienen un cierto valor económico y estratégico, estuvieron bajo la jurisdicción japonesa hasta el fin de la Segunda Guerra Mundial, en que pasaron a la administración temporal de Estados Unidos. En 1971 fueron devueltas a la jurisdicción japonesa, a pesar de que tanto China como Taiwán reivindicaban su dominio sobre ellas, como parte de sus respectivas plataformas continental e insular. En 1997 los gobiernos de Japón y China suscribieron en Tokio un acuerdo sobre pesca en la conflictiva área de las islas, en que se superponen las >zonas económicas exclusivas de los dos países.

Mas el 23 de noviembre del 2013 China declaró zona de defensa aérea a la que rodea las islas Senkaku y envió al disputado archipiélago varios aviones de combate y uno de alerta temprana. Advirtió al mundo que todas las naves que sobrevolaran la zona debían avisar a Pekín su identificación y rumbo, so pena de tomar «medidas defensivas de emergencia». El conflicto afectaba directamente a China, Japón, Corea del Sur y Estados Unidos. El Secretario de Estado norteamericano John Kerry y el Secretario de Defensa Chuck Hagel criticaron la acción de Pekín y advirtieron que apoyarán militarmente a Japón en cualquier confontación que surgiera. Enviaron dos bombarderos B-52, que atravesaron la zona del conflicto. Sobrevolaron también el lugar aviones militares japoneses y surcoreanos. China no reaccionó militarmente. Taiwán plegó a la decisión de Pekín e informó de sus planes de vuelo a las autoridades chinas.

El conflicto se desvaneció.

En términos cuantitativos —referidos al producto interno bruto (PIB)— China superó a Japón a partir del 2011 como la segunda economía mundial, después de Estados Unidos. Según cifras del Fondo Monetario Internacional, el producto interno bruto de China —5.75 billones— fue mayor que el de Japón —5.39 billones— a partir de ese año.

El outsourcing y el offshoring instrumentados en China por las grandes empresas transnacionales occidentales —a los que me referí antes— fueron los factores determinantes de la enorme expansión de las exportaciones chinas.

La Tercera Sesión Plenaria del 18º Comité Central del Partido Comunista Chino, tramitada a mediados de noviembre del 2013 en Pekín —en reunión calificada por los dirigentes chinos como «sin precedentes»—, dio pasos para acelerar el proceso de reforma y apertura de China al acordar disminuir la intervención del Estado en la economía, aumentar la importancia de la iniciativa privada, fortalecer los derechos de propiedad particular, dar al mercado una función decisiva en la asignación de recursos, impulsar la construcción de zonas de libre comercio, suavizar las restricciones a la inversión privada, abrir las empresas estatales a una mayor participación de los capitales privados e implementar políticas para que las empresas estatales, mixtas y extranjeras se adaptaran mejor a la globalización, pero todo esto «conservando el papel dominante de la propiedad pública».

Se aprobó también que el capital privado calificado pudiera establecer bancos pequeños y medianos, que se junten a los pocos bancos privados que existían en China.

Se resolvió que el precio de los combustibles, la electricidad y otros servicios sea fijado principalmente por el mercado.

«El objetivo general de las reformas aprobadas —destacó el pleno del Comité Central— fue mejorar y desarrollar el socialismo con características chinas e impulsar la modernización de los sistemas de gobierno y las capacidades del país».

Con la eliminación de las viejas restricciones de residencia vigentes en China, que ligaban a las personas a su lugar de nacimiento, Pekín quiso acelerar los planes de urbanización para que decenas de millones de campesinos se mudaran hacia las ciudades.

En materia política, se habló de democracia en las deliberaciones del Comité Central —pero no en términos occidentales— y se dijo que «se dará importancia al perfeccionamiento del sistema democrático y el enriquecimiento de las formas democráticas para mostrar las ventajas del sistema político socialista de China», aunque se aclaró que «el PCCh debe reforzar y mejorar su liderazgo y debe ocupar de lleno su papel central de mando».

El domingo 28 de noviembre del 2014 estallaron en Hong Kong multitudinarias jornadas de protesta de los ciudadanos para exigir al gobierno de Pekín su pleno ejercicio del sufragio libre. En ese momento gobernaba el político y empresario hongkonés Leung Chun-ying, elegido jefe del gobierno local en el 2012 por el Election Committee. En uso de su relativa autonomía política, centenares de miles de ciudadanos, al grito de «¡sufragio universal, ya!», se tomaron las calles céntricas de la ciudad por 75 días para pedir al gobierno de Pekín que cumpliera su compromiso del sufragio universal para la designación del jefe del gobierno local y de profundización de su autonomía política. Los manifestantes chocaron violentamente contra las fuerzas de policía, que usaron bombas de gas lacrimógeno y gas pimienta para dispersarlos. La protesta se originó porque el referido comité electoral de los «notables» de la isla —en su mayoría obedientes de las consignas de Pekín— sería el encargado de preseleccionar la lista de los candidatos por los que el pueblo hongkonés debería votar para presidente de su gobierno local, en clara afectación de la autonomía política de la isla.

El gobierno chino había consentido que todos los habitantes de Hong Kong en edad de votar pudiesen participar en la próxima elección, pero únicamente las personalidades seleccionadas por el referido comité podrían ser candidatos. Restricción que resultó inaceptable para un alto porcentaje de los ciudadanos, que consideraba que, en ese contexto, quienes fueran capaces de formular críticas al Partido Comunista chino serían descartados.

Desde abril de 1998 el comité electoral —Election Committee— designó, en elecciones indirectas, al jefe del ejecutivo hongkonés. Este organismo electoral estaba compuesto por 1.200 miembros que representaban a los sectores financiero, industrial, comercial, patronal, laboral, educativo, religioso, turístico e institucional de la Región Administrativa Especial de Hong Kong, cada uno de quienes tenía derecho a depositar un voto en la elección. Era una elección indirecta en la que, en último término, se cumplía la voluntad expresa o tácita del gobierno de Pekín.

El movimiento juvenil denominado Occupy Central, en abierto desafío a la represión del gobierno de Pekín, propugnó la desobediencia civil.

Esas movilizaciones fueron las mayores que se habían producido a partir de la integración de Hong Kong a China en 1997. Y, desde la perspectiva de Pekín, fueron las peores desde los sanguinarios episodios de la Plaza de Tiananmen en 1989.

Por supuesto, en el continente millones de chinos ignoraban las protestas de Hong Kong, puesto que, como era usual en esos casos, fueron bloqueadas por el gobierno central Facebook, Twitter, Youtube y otras plataformas de información de internet.

Hong Kong fue desde el año 1841 —cuando Inglaterra estableció allí sus bases navales— un enclave colonial británico en la costa suroriental de China. Y, bajo la administración inglesa, se convirtió con el paso de los años en uno de los principales centros financieros internacionales del mundo. Pero el 1 de julio de 1997 Hong Kong —junto con la península de Kowloon, la isla de Lantau y sus pequeñas ínsulas vecinas— se integró política y territorialmente a la República Popular de China. En una impresionante ceremonia celebrada en el gran palacio de las convenciones de Kowloon a la que asistieron personalidades del mundo entero, se arrió la bandera inglesa y se izó la de China como símbolo de la transferencia de Hong Kong. Y, desde ese momento, se constituyó en la avanzada de la liberalización económica de China, donde se establecieron nuevas y grandes empresas privadas, sometidas a un poderoso mecanismo de libre mercado, que contribuyeron a hacer de Hong Kong uno de los principales núcleos financieros del mundo y el mayor de Asia.

En aquella ocasión el gobierno de Pekín se comprometió a aplicar a Hong Kong durante cincuenta años la política de «un país, dos sistemas» para alejar el peligro de un éxodo humano, industrial y financiero que pudiera producir la bancarrota de Hong Kong y afectar gravemente el proceso de «reforma y apertura» que instrumentaban las autoridades chinas.

En realidad son tres los principios que han regido el gobierno y la administración de Hong Kong a partir de su reintegración a China: 1) un país, dos sistemas; 2) la administración de Hong Kong por los hongkoneses; y 3) alto grado de autonomía. Lo dijo Hu Jintao, a la sazón Vicepresidente de China, en un discurso pronunciado en julio de 1999 con ocasión del segundo aniversario de la recuperación del enclave: “Hong Kong sigue manteniendo sin cambios su sistema social y económico, su estilo y su condición de puerto libre y centro internacional de las finanzas, el comercio y el transporte marítimo (…). Los compatriotas de Hong Kong, que han adquirido una conciencia sin precedentes de ser dueños de sus propios destinos, han participado activamente en la administración de los asuntos de Hong Kong”. Y concluyó que, en ejercicio de esa autonomía, Hong Kong tenía su propio régimen económico y financiero y su moneda propia.

La Región Administrativa Especial de Hong Kong, con su parte continental y su gran cantidad de islas, tiene una extensión territorial de 1.102 kilómetros cuadrados y 7’200.000 habitantes, según cifras del 2013. Dentro de ella, la metrópoli de Hong Kong se caracteriza por su ultramoderna arquitectura. Es la ciudad del mundo con mayor número de rascacielos —cuatro de los quince edificios más altos del mundo están allí—, concentrados alrededor del distrito central de Admiralty, donde funcionan las oficinas del gobierno local y se desenvuelve la intensa zona financiera, comercial y turística.

En el año 2013 Estados Unidos y China se vieron involucrados en la primera «ciberguerra fría» de la historia, librada en el ciberespacio. El gobierno de Washington denunció los reiterados ataques cibernéticos ejecutados por el ejército chino y calificó al hecho como “un serio desafío para la seguridad y la economía de Estados Unidos”.

El presidente Barack Obama expresó el 13 de febrero del 2013: “sabemos que países extranjeros están atacando nuestros secretos industriales” y «están ahora también desarrollando la capacidad para sabotear nuestra red eléctrica, nuestras instituciones financieras, nuestro tráfico aéreo».

Y expidió un decreto que le investía de poderes especiales para hacer frente a los ciberataques contra su país y asistir a las empresas privadas que eran también objetivos de la ofensiva electrónica.

Las autoridades de Washington acusaron directamente a Pekín de atacar los sistemas informáticos estatales y privados norteamericanos «para localizar las capacidades militares que podrían ser explotadas durante una eventual crisis bilateral» y para posesionarse de informaciones confidenciales del Estado, robar secretos tecnológicos industriales y sabotear la actividad económica.

Los diarios «Wall Street Journal», «The New York Times» y «Washington Post» dijeron también haber sido víctimas de las incursiones informáticas chinas. «The New York Times» afirmó que los hackers robaron claves y accedieron a sus ordenadores después de que publicara una información sobre la fortuna acumulada por la familia del entonces primer ministro chino, Wen Jiabao.

Sin duda, esa era una cuestión de gran importancia estratégica porque no sólo estaban en juego los secretos militares sino también los secretos científicos y tecnológicos norteamericanos —inventos, descubrimientos, propiedades intelectuales— y la posibilidad de sabotear los servicios públicos básicos de Estados Unidos.

La columna vertebral de la red de defensa regional del Pentágono en zonas de Europa, Asia y el Golfo Pérsico salió comprometida y entre las armas que aparecieron citadas por el Comité de Ciencias de la Defensa norteamericano, cuyo diseño armamentístico se vio descubierto por las incursiones piráticas chinas, estuvieron el sistema avanzado de misiles Patriot, los misiles balísticos Aegis, los cazas F/A-18, el V-22 Osprey, los helicópteros Black Hawk y el avión F-35.

Todo hace presumir que la ciberguerra fría comenzó en la primera década del siglo XXI. La compañía privada norteamericana de seguridad cibernética Mandiant, domiciliada en la ciudad de Alexandria, Virginia, después de un largo y especializado proceso de investigación, presentó en febrero del 2013 un detallado y prolijo informe de 74 páginas en el que señaló que en los seis años anteriores, mediante sofisticados sistemas de ciberespionaje, más de 140 importantes empresas privadas norteamericanas habían sido invadidas a través de internet por la Unidad 61398 del Ejército Popular de Liberación chino —People’s Liberation Army— y robadas informaciones secretas de sus operaciones empresariales. Aseguró que este era uno de los más prolíficos grupos de ciberespionaje en términos de la cantidad de información robada, sofisticada organización criminal, capacidad de operación, herramientas, procedimientos, tácticas y recursos.

Aseguró, además, que la Unidad 61398 contaba con el total conocimiento, cooperación y soporte del gobierno chino.

Después de sus extendidas investigaciones, Mandiant denunció que la Unidad 61398 del Ejército de Liberación Popular chino había realizado largas faenas de espionaje electrónico a importantes empresas y organizaciones de Estados Unidos y de otros países para robar secretos políticos, diplomáticos, militares, científicos, industriales y comerciales. Una de las empresas privadas norteamericanas invadidas había sido espiada a lo largo de 1.764 días. Mandiant afirmó que la mencionada unidad estratégica de las fuerzas militares chinas tenía su principal base de operaciones en un edificio de la ciudad de Shanghai, desde donde adelantaba su espionaje informático a gran escala.

Según la mencionada compañía de ciberseguridad norteamericana, que operaba en las afueras de la ciudad de Washington, la infraestructura con la que contaba la unidad estratégica china hacía pensar en miles de operarios, muy bien entrenados en seguridad informática.

Todo lo cual obligó al presidente Obama ha asumir poderes especiales para actuar contra la guerra cibernética.

Las autoridades pekinesas rechazaron la imputación. Negaron toda responsabilidad en esos ataques cibernéticos. Dijeron que su país se oponía vigorosamente al pirateo cibernético. Y afirmaron, en cambio, que «piratas informáticos norteamericanos atacan su Ministerio de Defensa y otros portales oficiales a un promedio de 144.000 veces por mes».

Edward Snowden —el joven estadounidense que en el 2013 desveló el programa ultrasecreto de vigilancia masiva de comunicaciones de Washington— aseguró que tenía documentos que probaban que el gobierno del presidente Barack Obama había pirateado de forma amplia redes de ordenadores en China continental y Hong Kong desde hace años. Así lo afirmó en una entrevista concedida al diario «South China Morning Post» de Hong Kong el jueves 13 de junio del 2013.

Snowden prestaba sus servicios de inteligencia a la Agencia de Seguridad Nacional (NSA), como operador de rango y analista de infraestructura, y antes había sido consultor tecnológico e informante de la CIA. Envió por vía electrónica desde la habitación de un hotel en Hong Kong al diario estadounidense «The Washington Post» y al británico «The Guardian» documentos que demostraban que el gobierno de Estados Unidos ejercía una gigantesca acción de espionaje alrededor del mundo a través de la masiva información cursada por las grandes empresas de internet —Microsoft/Skype, AOL, Google, Yahoo, Apple y Facebook—, que interceptaban millones de correos electrónicos, chats, fotografías, conversaciones on line y contactos telefónicos a lo largo y ancho del planeta.

El joven espía norteamericano, después de desatar una tormenta mediática mundial, voló de Hong Kong a Moscú y obtuvo asilo político allí.

Dramáticos acontecimientos ocurrieron en Grecia a mediados del 2015. El gobierno ejercido por la Coalición de Izquierda Radical, mejor conocida en Grecia por su acrónimo SYRIZA —formada por una amplia fusión de socialistas democráticos, marxistas, maoístas, trotkistas, eurocomunistas, ecologistas de izquierda y m ilitantes de otros grupos contestatarios— y presidido por el joven primer ministro Alexis Tsipras que asumió el poder en marzo de ese año, preguntó a su pueblo si aceptaba el programa de salvamento y rescate económico, fiscal y financiero propuesto por la Comisión Europea, el Banco Central Europeo y el Fondo Monetario Internacional para superar el estado crítico por el que atravesaba la economía del país helénico en ese momento.

Tsipras y los líderes de los partidos de izquierda —con una cierta antipatía hacia el europeísmo y la imposición de la moneda única—, más los dirigentes del partido ultraderechista Amanecer Dorado —de tendencia neonazi—, pidieron al pueblo votar en contra de las propuestas europeas.

La respuesta popular fue un frontal, rotundo y mayoritario rechazo a los planteamientos de Europa. Hubo una reacción masiva, especialmente de la gente joven, contra el plan europeo pero también contra la política tradicional, la vulneración de la soberanía nacional, la enajenación de la autonomía fiscal y económica, la supeditación a las normas internacionales de la eurozona, la austeridad y las demás exigencias europeas en el marco de la Unión.

El voto «no» fue apoyado desde el exterior por Paul R. Krugman y Joseph E. Stiglitz, premios Nobel norteamericanos de economía. El criterio de Krugman era conocido de antemano. Recordemos que frente a la crisis económica global del 2008 él sostuvo que «la prudencia es una locura» y que mal podía cederse «ante las nociones convencionales de prudencia».

Grecia, el pequeño país de algo más de 11’125.000 habitantes —según datos del 2015— asentados en un territorio de 131.990 kilómetros cuadrados, sufría un monstruoso desorden fiscal y tributario, terrible caos financiero, cesación de pagos, sobre-endeudamiento público, descapitalización de sus entidades financieras, depresión productiva, masivo desempleo —el índice general de desocupación era del 26% y, entre los jóvenes, superaba el 60%— y empobrecimiento social, que la abocaban a la quiebra total.

Este orden de cosas fue causado, a lo largo de varios años, por la incompetencia y falta de disciplina gubernativa, el dispendio de fondos públicos, despilfarro oficial, crecimiento explosivo de la burocracia estatal, corrupción administrativa, excesivos gastos militares, evasión fiscal, vagancia burocrática, ingreso turístico en crisis y un cierto aislamiento internacional.

Grecia había pasado a partir de los años 70 del siglo XX por muy graves problemas políticos y económicos bajo gobiernos de diversas tendencias ideológicas. Designados por el parlamento, desfilaron por el poder presidencial durante la denominada Tercera República: Michail Stasinopulos, Konstantinos Tsatsos, Konstantinos Karamanlis, Ioannis Alevras, Christos Sartzetakis, Konstantinos Stephanopoulos, Karolos Papoulias y Prokopis Pavlopulos. Otros tantos desempeñaron las funciones ejecutivas de primer ministro. Bajo esa serie de gobiernos se agravó cada vez más la penuria económica, financiera, política y social, que condujo a la quiebra total en el 2015.

La deuda pública de Grecia en ese momento representaba el 177% de su producto interno bruto: aproximadamente 320.000 millones de euros. Grecia estaba endeudada con el Fondo Europeo de Estabilidad Financiera, el Banco Central Europeo, el Fondo Monetario Internacional, los países de la eurozona e inversionistas privados. Sus principales acreedores eran Alemania con 69.500 millones de euros, Francia 52.800 millones, Italia 46.300 millones, España 31.400, Holanda 14.800 y Bélgica 9.100.

Grecia estaba apremiada. Para hacer frente a sus deudas inmediatas necesitaba 7.000 millones de euros en ese instante y 5.000 millones adicionales en los siguientes treinta días. Y las entidades financieras helenas requerían entre 10.000 y 25.000 millones de euros para recapitalizarse.

Fue en tales circunstancias que la Unión Europea y el Fondo Monetario Internacional le propusieron un programa de rescate económico y financiero —que contenía un paquete completo de medidas muy duras— a cambio de profundas reformas en las áreas fiscal, financiera, tributaria, burocrática y de desarrollo, para que el régimen helénico pudiera superar la crisis y honrar los compromisos con sus acreedores.

La respuesta del gobierno de Tsipras —que heredó esa gravísima situación— fue convocar para el 5 de julio del 2015 una consulta popular directa sobre la propuesta de los acreedores europeos. Tsipras los acusaba de tratar de humillar a Grecia. Habló de la «responsabilidad criminal del Fondo Monetario Internacional». Y pidió a su pueblo que votara en contra.

Con el voto de los partidos del gobierno izquierdista de coalición y del ultraderechista partido neonazi Amanecer Dorado, el rechazo a los planteamientos y exigencias de los gobiernos de la eurozona alcanzó el 61,31%, mientras que el «sí» obtuvo el 38,69%.

La propuesta europea fue repudiada rotunda y frontalmente.

Pero la profunda y tormentosa crisis seguía su curso. Y el gobierno griego se vio forzado a cerrar los bancos y los ciudadanos hacían largas filas ante los cajeros automáticos para obtener un máximo de 60 euros por día para la subsistencia. Habían fugado de Grecia unos 400 millones de euros en esos días. La situación económica era dramática. Y la situación política no lo era menos.

Finalmente, como la oferta europea de rescate caducaba en pocos días más, no le quedó a Atenas otra alternativa que abrir diálogo urgente con las potencias europeas, a pesar de que estaban rotas las negociaciones, y pedir a la odiada troika un nuevo plan de rescate financiero consistente en un préstamo a tres años plazo, a cambio de un paquete completo de reformas y medidas en las áreas fiscal, financiera, tributaria, burocrática y laboral, todas las cuales apuntaban hacia la liberalización de la economía griega.

La petición de Atenas la llevó el primer ministro Tsipras a la sesión plenaria del Parlamento Europeo en Estrasburgo el 8 de julio de ese año, donde afirmó que, «por el bien de Grecia, de la zona euro y del interés económico y geopolítico de Europa», debe ser aceptada. Expresó que estaba listo para corregir años de malos gobiernos en su país y para revertir las desigualdades económicas y sociales causadas por las medidas de austeridad impuestas por los acreedores.

Después de una tormentosa sesión —en que se enfrentaron los eurodiputados de la minoritaria izquierda y los verdes contra los conservadores, liberales y socialdemócratas— los líderes europeos, en lo que fue realmente un ultimátum, concedieron a Tsipras tres días de plazo para que presentara sus propuestas concretas de reformas institucionales y recorte de gastos públicos como condición previa para que la cumbre de jefes de Estado y de gobierno de la Unión Europea tomara una decisión.

El parlamento de Grecia, en sesión celebrada dos días después, aprobó las reformas planteadas y autorizó al primer ministro seguir adelante con sus gestiones ante Europa. Lo hizo con el voto favorable de 229 diputados contra 64 votos contrarios, entre los que estaban los 32 votos indisciplinados y 6 abstenciones del fracturado partido SYRIZA.

Europa formuló y envió entonces a Grecia un segundo paquete de reformas exigidas por los países europeos para dar paso al tercer rescate. El 23 y 24 de julio, rodeado por una multitud protestante de varios miles de ciudadanos, el congreso griego aceptó por 230 votos favorables, 63 votos contrarios —entre los que estaban 31 votos de SYRIZA— y 5 abstenciones las nuevas condiciones impuestas por Europa. Votaron a favor el partido de gobierno SYRIZA —aunque con la deserción de 31 de sus legisladores y 5 abstenciones— y los grupos opositores de la derecha: el Partido Pasok, el Partido Liberal y el Partido Conservador Nueva Democracia.

Y pesar de que las opiniones de los 28 miembros de la Unión Europea estuvieron polarizadas entre quienes favorecían el rescate del pequeño país bajo condiciones no muy duras —Francia, Italia, España— y quienes —con Alemania, Finlandia, Suecia y Dinamarca a la cabeza— se negaban a inyectar nuevos millones de euros a la economía griega, se llegó finalmente a un forzado acuerdo de rescate a Grecia después de dieciocho horas de negociación —el tercer acuerdo de rescate desde el 2010— pero a cambio de muy duras medidas económicas y sociales que debía tomar inmediatamente el pequeño país: aumento del sistema impositivo, ampliación de la base imponible, elevación del impuesto al valor agregado (IVA), recorte de sueldos y salarios públicos, privatización de ciertos activos estatales, apertura a la libre competencia, revisión del sistema social de jubilación, no más endeudamiento, castigo a la evasión fiscal y austeridad en el gasto público.

Medidas éstas más duras que aquellas que fueron rechazadas en el plebiscito.

Así lograron, además, que Atenas no resquebrajara la Unión Europea ni abandonara la moneda común y protegieron la estabilidad de la zona euro.

La Unión Europea dio a Atenas tres días de plazo para aprobar las reformas. El parlamento griego cumplió su compromiso de aprobarlas. Y los países europeos iniciaron el rescate con la entrega al gobierno griego de la financiación de emergencia —el denominado crédito-puente— por 7.160 millones de euros a través del Mecanismo Europeo de Estabilización Financiera (MEEF), como parte del tercer rescate, con los cuales Grecia pudo pagar el 20 de julio su deuda vencida de 1.500 millones (más intereses) al Fondo Monetario Internacional (FMI) y de 3.500 millones (más 700 millones de intereses) al Banco Central Europeo.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) —que había sido denunciado por Tsipras como el «peor enemigo» de su país pero que se convirtió en su mejor aliado— dudaba de la sostenibilidad del acuerdo con Grecia y propugnaba un período de gracia de hasta 30 años para que pudiera tener éxito el salvamento del pequeño país, pero el sector duro europeo —con Ángela Merkel a la cabeza— se opuso tenazmente a esa iniciativa para no chocar contra la opinión pública mayoritaria de sus propios países. Algunos observadores creyeron ver la presión de Washington detrás de la posición del FMI.

Sin embargo, tanto la canciller alemana Angela Merkel, que lideraba el grupo europeo, como el líder griego Alexis Tsipras pusieron en grave riesgo su popularidad en sus respectivos países. Ella porque desoyó la presión de buena parte de la sociedad alemana de no dar nuevos millones de euros a Grecia; y él por aceptar condiciones que contradecían la decisión plebiscitaria del 5 de julio.

El joven líder y primer ministro Alexis Tsipras tuvo que responder de sus dramáticas decisiones ante el parlamento, la opinión pública de su país, los partidos políticos y, adicionalmente, el ala más radical de su propio partido SYRIZA, cuyo comité central rechazó el acuerdo por 109 votos de sus 201 miembros, acusó a los países europeos de «atentar directamente contra cualquier noción de democracia» y propuso la salida de Grecia del euro como única alternativa.

Tsipras admitió que no había más opciones que ese «mal acuerdo». Pero su situación fue terriblemente incómoda puesto que lo que le llevó al poder meses antes fue precisamente el haber recogido el descontento general del pueblo griego por las medidas de austeridad. Se vio forzado a expulsar del gobierno a tres de sus ministros y a viceministros y funcionarios que se opusieron a las reformas exigidas y al acuerdo con Europa y criticó a los 32 legisladores de su partido que votaron en contra del paquete del rescate financiero impuesto a Grecia.

También en la opinión pública europea y en el seno de los partidos políticos del viejo continente hubo discrepancias y contrariedades con sus gobiernos por las nuevas ayudas financieras a Grecia.

Tsipras se vio forzado a renunciar a su función y a convocar, de acuerdo con las normas constitucionales griegas, elecciones legislativas anticipadas. Ellas se celebraron el 20 de septiembre del 2015 con la participación de los principales partidos políticos: el dividido partido Syriza, Unidad Popular —grupo escindido de Syriza—, el partido conservador Nueva Democracia, el movimiento derechista Topotami, el partido neonazi Amanecer Dorado, el movimiento socialista PASOK, la Unión de los Centristas, el Partido Comunista de Grecia (KKE) y otros grupos menores.

Tsipras tuvo éxito en su intento de reelección. Triunfó con el 35,5% de los votos, seguido por Nueva Democracia con el 28,1% y Amanecer Dorado 7%.

Pero el proceso electoral reflejó un alto grado de descontento popular ya que más de cuatro de cada diez griegos se abstuvieron de concurrir a las urnas.

En esas circunstancias, con oposición de izquierda y derecha, Tsipras retornó a la jefatura del gobierno para proseguir el manejo del tercer programa de rescate financiero.

Pero desde que reasumió el poder se produjeron huelgas y movilizaciones populares masivas —con bloqueo de carreteras, puertos, aeropuertos e instalaciones estatales— en protesta por las medidas tributarias y fiscales tomadas por el gobierno para dar cumplimiento a los acuerdos celebrados con los acreedores de la Unión Europea.

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(*) El portal noticiero internacional «Actualidad360.com», dedicado a mostrar noticias del mundo, publicó por internet el 23 de septiembre del 2013 la siguiente nota informativa referente al proceso industrial de la República Popular de China:

«Un estudio hecho por el G-20 en 2011 determinó que la industria de la falsificación en ese país mueve $650.000 millones al año.

Nada está fuera del alcance del país rey de las copias, ni la Torre Eiffel. Al este de China, en la provincia de Zhejiang, se erige una réplica casi exacta del famoso emblema parisino, aunque, en lugar de ubicarse en los campos de Marte, forma parte de un complejo residencial.

Jason Li, relacionista público de la inmobiliaria Guangsha, encargada del proyecto que ha copiado la torre, dice que a los chinos les encanta París. «Puedes ver miles de tiendas por toda China vendiendo de todo sobre la Ciudad de la Luz. Así que pensamos: ¿por qué no traerla hasta aquí?».

Dicho y hecho. En dos años la empresa china levantó su propia torre en las afueras de la ciudad de Hangzhou, capital de la mencionada provincia y conocida por el gran lago que divide la urbe y la espectacular pagoda que lo adorna.

Frente a la maqueta en miniatura que representa el proyecto, un orgulloso Li destaca que ellos incluso la construyeron en menos tiempo que la original, que se levantó en 2 años y unos meses.

La Torre Eiffel china, de 103 metros frente a 325 de la original, también incluye una réplica de los Campos Elíseos sin Arco del Triunfo pero con majestuosos edificios estilo francés.

Este es solo uno de los miles ejemplos de las falsificaciones chinas. Un informe de la Oficina de la ONU contra la Droga y el Delito señala que, entre 2008 y 2010, el 70% de los productos falsificados fue fabricado en China.

La edición Business Insider elaboró una lista con las 26 imitaciones más insólitas de los made in China. Por ejemplo, Wumart es la copia de la conocida cadena estadounidense Walmart. Las sagas de Harry Potter, El Señor de los Anillos combinando los personajes de ambas en el libro Harry Potter y el leopardo que se peleó contra el dragón, son otro ejemplo. En 2004, bajo el nombre OFC (Obama Fried Chicken), se abrió la versión china de la conocida cadena de comida rápida KFC. También hay restaurantes del Bucksstar Coffee, Seyahi Coffee y tiendas similares a las de Starbucks. Los asiáticos amantes de la pasta tienen en Pizza Huh una imitación de la Hut.

El fabricante HiPhone copia los teléfonos inteligentes de Apple. Es más, el Apad chino superó al original pues tiene USB. En cuanto Google anunció que abandonaría China, apareció Goojje el motor de búsqueda de Internet made in China.

Los famosos tampoco se libran de ellos. El anillo de compromiso de Lady Di, que el príncipe Guillermo le regaló a Kate Middleton, lo vendieron a $15. El original, en su tiempo, costó $65 mil.

Tras una investigación del Congreso de EEUU sobre el Pentágono, se descubrió al menos 1 800 elementos electrónicos falsos y un millón de piezas de calidad dudosa en sus sistemas de armas.

El G-20 estima que la industria de la falsificación en ese país mueve $ 650 000 millones al año. Según expertos consultados por la BBC, componentes «truchos» están en casi todas las líneas de productos importados legítimamente de China. Esto incluye repuestos de autos y aviones, electrónicos, electrodomésticos, productos farmacéuticos, de belleza, juguetes y hasta alimentos. Por eso, China sigue siendo el paraíso de la piratería. (MEVO-EFE)

70% de los Lafite son falsos.

El año pasado, Chateaux Lafite Rothschild, conglomerado francés que produce algunos de los vinos más caros del mundo, ganó seis denuncias contra varias empresas chinas. El 70% de los Lafite vendidos en ese país son falsificados. Las empresas responsables pagaron más de $100 mil en multas.

Varias ciudades replicadas. En 2012, China llevó el arte del plagio a una escala no vista, al crear una versión idéntica de Hallstat, aldea austríaca Patrimonio de la Humanidad. Incluso tiene un lago artificial como el original. Los chinos hicieron una copia del conjunto escultórico de los Budas de Bamiyan, destruido por los talibanes afganos. Tianducheng es una réplica de la capital francesa. También de un pueblo holandés con molinos de viento, del Capitolio, de la Casa Blanca, y del edificio del Teatro de la Ópera, entre otras.

Quinceañeras engañadas. DRESSDDESS.COM presentó su Guía de Vestidos para Quinceañera auténticos y un video en los que explica cómo evitar ser engañada por los sitios web chinos que roban imágenes protegidas por derecho de autor como La Femme, Jovani y Tony Bowls.

Autos de lujo para escoger

El Panda, el Crash test del Chery QQ, los Hummer y el Roll Royce son parte del menú de autos falsificados en China. BYD copió hasta el logo de BMW. En 2006, Motorpasión eligió al Hyundai Coupe chino con alerón el peor auto del mundo.

Adidas contra los piratas

Esa marca lidera la ofensiva para sacar de Taobao, mayor sitio de comercio electrónico chino, a los falsificadores que venden sus productos, que cuestan alrededor de $100, a menos de $15. En 2012 cerró 1 000 cuentas. Sin embargo, aún quedan muchos.

El mundo Disney en Shangai

Mickey Mouse, Blancanieves y demás personajes de Disneylandia estarán en China en 2015. Para ese año se prevé abrir en Shanghai una réplica con Xi Yangyang y Huitailang (la oveja amorosa y el lobo malo) del reino mágico de Walt Disney».

31. Prognosis del mundo. El extenso documento «Global Trends 2015», elaborado en el año 2000 por expertos no gubernamentales norteamericanos bajo el patrocinio de la Central Intelligence Agency (CIA) y del National Intelligence Council, al hacer una prognosis del mundo del futuro, formula un análisis a escala global de los problemas del agua, energía, recursos naturales, medio ambiente, demografía, crecimiento de las megaciudades, migración, salud, ciencia y tecnología, economía global y globalización, crisis económicas, biotecnología, inequidad, distribución del ingreso, gobernabilidad, crimen organizado, narcotráfico, conflictos internos e internacionales, armas de destrucción masiva, mercados emergentes, terrorismo transnacional, conquista del espacio. Dice que el mundo del futuro estará lleno de asimetrías, desigualdades e injusticias y que las regiones marcharán a velocidades diferentes. En este contexto analiza la situación futura de las diversas zonas del planeta: Europa, Estados Unidos, Canadá, América Latina, sudeste de Asia, Rusia y Euroasia, Oriente Medio, China, India, África del norte y África al sur del Sahara.

Afirma que en el año 2015 Europa tendrá relativa paz y estabilidad. Sus gobiernos y ciudadanos se empeñarán por impulsar la investigación científica y tecnológica, sacar el mayor provecho posible de la globalización, comerciar con el resto del mundo, rescatar a los Balcanes de su virulento nacionalismo, adoptar una común política de asuntos exteriores, seguridad y defensa; establecer los límites geográficos e institucionales de la Unión Europea y consolidar el «proyecto europeo».

Esto provocará una reacción negativa de ciertas fuerzas autoritarias nacionalistas de Europa central y oriental —de izquierda o derecha— que dejarán ver su resentimiento por la globalización, la penetración cultural, la pérdida de identidad nacional, el desempleo y otros efectos del proceso de integración europeo. La Unión de Europa de ninguna manera incluirá a Rusia, aunque tratará a atraer a Moscú para sus propósitos de la estabilidad geopolítica en la región.

El documento reconoce que Estados Unidos se mantendrán en la vanguardia de la revolución tecnológica y en el liderazgo político y militar del mundo por largo tiempo. Hacia el 2015 su influencia sobre otros Estados y sobre las organizaciones internacionales no tendrá paralelo. Se constituirán en la llave del sistema internacional. Serán los principales propulsores, líderes y beneficiarios de la globalización. Mientras más estrechamente se integren los mercados del mundo, mayor será el impacto global de las decisiones económicas norteamericanas. Y si bien los demás Estados —aliados o adversarios— vigilarán la hegemonía estadounidense, esa vigilancia no se traducirá en amplias y perdurables coaliciones estratégicas antinorteamericanas, aunque harán tácticos alineamientos para impulsar políticas específicas y demandas concretas y para alcanzar roles más participativos en las instituciones políticas y económicas internacionales.

Sostienen los expertos norteamericanos que la diplomacia se complicará y que Washington tendrá mayores dificultades que hoy en utilizar su poder para alcanzar sus metas de política internacional. El sector empresarial interno, de vital importancia para mantener el liderazgo económico y tecnológico sobre el mundo, estará más interesado en sus utilidades financieras que en los objetivos de la política internacional norteamericana. Estados Unidos tendrán crecientes dificultades para vertebrar acuerdos internacionales de sustentación de sus acciones políticas, a pesar de que la comunidad internacional con frecuencia le pedirá liderar esfuerzos multilaterales para prevenir o solucionar conflictos internacionales. Se incrementará el número de actores importantes en el escenario mundial —la Unión Europea, China, Rusia, India, México y Brasil, así como fuertes corporaciones económicas multinacionales y organizaciones sin fines de lucro— que, en defensa de sus propios intereses, vigilarán y desafiarán el liderazgo norteamericano.

Dice el informe que los Estados Unidos afrontarán hacia el 2015 tres tipos de amenazas contra su seguridad: amenazas asimétricas de adversarios estatales y no estatales que, evitando confrontaciones directas con las fuerzas militares estadounidenses, instrumentarán sin embargo estrategias, tácticas y armas —algunas de baja tecnología— para disminuir las fortalezas y explotar las debilidades de Estados Unidos; amenazas estratégicas —strategic WMD threats—, que incluirán el uso de misiles balísticos, probablemente procedentes de Rusia, China, Corea del Norte, eventualmente Irán y talvez Irak, par a golpear a Estados Unidos; y amenazas militares regionales provenientes de unos pocos países que mantendrán grandes fuerzas armadas y que se regirán por una mezcla de conceptos y tecnologías de la guerra fría y de la postguerra fría. No obstante, el riesgo de guerra entre países desarrollados será muy bajo, pero la comunidad internacional seguirá afrontando conflictos alrededor del mundo, desde los relativamente frecuentes trastornos internos de pequeña escala por razones religiosas, étnicas, económicas o políticas hasta los menos frecuentes de guerras regionales entre Estados, que podrán surgir en Asia por rivalidades entre India y Pakistán o entre China y Taiwán; o en el Oriente Medio, por los antagonismos que allí existen entre Israel y los países árabes. La gravedad de estas confrontaciones dependerá de las armas y tecnologías que se utilicen.

El tráfico de armas y de tecnologías de armamentos será cada vez más difícil de controlar. Aumentarán las probabilidades de que armamentos más sofisticados —incluidas armas de destrucción masiva, producidas internamente o adquiridas fuera— puedan llegar a manos de beligerantes no estatales, algunos de ellos hostiles a Estados Unidos, que los utilicen contra las fuerzas armadas norteamericanas o contra propiedades o intereses norteamericanos en ultramar.

Europa y Japón —dice el informe— han fallado en el manejo de sus políticas demográficas. Sus poblaciones envejecerán demasiado rápido. En el año 2015 necesitarán más de 110 millones de nuevos trabajadores para mantener las actuales tasas de dependencia entre los trabajadores activos y los retirados.

Se afirma que en el año 2015 la India tendrá 1.200 millones de habitantes y sus actuales políticas económicas y tecnológicas le convertirán en una naciente potencia regional, a pesar de la disparidad de su crecimiento económico interno y de la creciente brecha entre ricos y pobres. Pero su vocación de poder internacional producirá tensiones con China y complicará sus nexos con Rusia, Japón y el Occidente, además de su distanciamiento nuclear con Pakistán.

El desarrollo de China durante los próximos quince años estará cargado de incertidumbres, reza el informe. El intento de impulsar el crecimiento económico dentro de su régimen político generará con el tiempo presiones políticas, sociales y económicas que conspirarán contra la legitimidad de su régimen y, talvez, contra la propia sobrevivencia de él. Los grandes cambios estructurales requeridos por su ingreso a la Organización Mundial del Comercio (OMC) y las demandas de la globalización y de la revolución de las tecnologías de la información generarán en China trastornos sociales y económicos que se agregarán a la amplia gama de los problemas internos y externos que ya tiene. No obstante, China no será vencida por estos problemas. Ha probado su resistencia política, su dinamismo económico y su posicionamiento en el liderazgo de Asia oriental. Su programa militar a largo plazo sugiere que Pekín anhela tener la capacidad de conquistar sus objetivos territoriales, superar a sus vecinos y constreñir el poder de Estados Unidos en la zona. Frente a estos hechos, los expertos ven dos posibles condiciones conducentes hacia una mayor seguridad de Estados Unidos y sus aliados en la región: una China endeble, en proceso de desintegración; o una China afirmada y deseosa de usar su bienestar económico creciente y sus capacidades militares para conseguir ventajas estratégicas en la región. Estos dos extremos opuestos dan asidero a la visión usual de los expertos de que China continuará viendo la paz como un factor esencial para su crecimiento económico y estabilidad interna.

En relación con América Latina se sostiene que, en el futuro próximo, los países más débiles de la región, especialmente los de la zona andina, se retrasarán aun más en su desarrollo con relación a los demás y que, en esas condiciones, la incapacidad de sus gobiernos para procesar eficazmente las demandas populares y para hacer frente a la creciente pobreza de las masas, la violencia, el imperio del crimen, la corrupción, el tráfico de drogas, la inestabilidad política y otros azotes provocarán reveses y retrocesos en sus democracias e, incluso, llegarán a poner en peligro la >viabilidad nacional de algunos de esos países.

El documento afirma que la estructura demográfica de América Latina cambiará marcadamente en el curso de los próximos quince años y ayudará a algunos de los países de la región a relajar las tensiones sociales y avanzar en el camino del crecimiento económico. En este lapso la mayor parte de los países latinoamericanos experimentará una sustancial disminución de los «buscadores de trabajo» —jobseekers—, que reducirá el desempleo y empujará hacia arriba los salarios. Pero no todos los países de la región tendrán estas condiciones: Bolivia, Ecuador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Paraguay enfrentarán el problema del rápido crecimiento de poblaciones necesitadas de trabajo.

Según el informe, hacia el 2015 algunos países de América Latina —México, Argentina, Chile, Brasil— habrán construído instituciones democráticas más consistentes, pero en otros la violencia, la corrupción, la profundización de la pobreza y la ineptitud de los gobernantes para corregir la desigualdad del ingreso ofrecerán un campo fértil para la emergencia de políticos populistas y autoritarios.

El documento señala que los países andinos —Venezuela, Colombia, Ecuador y Perú— estarán signados con mayores desafíos de diferente naturaleza y origen. La competencia por recursos escasos, las presiones demográficas y la carencia de oportunidades de empleo causarán desasosiego en los trabajadores, quienes montarán tácticas de lucha más agresivas. La inconformidad con la penuria económica y el profundo desencanto popular con las instituciones políticas, especialmente con los partidos tradicionales, producirán altos grados de inestabilidad social en Venezuela, Perú y Ecuador, mientras que en Colombia la solución del problema de la violencia guerrillera y paramilitar será un punto clave para su futuro.

Thomas Friedman, periodista norteamericano y autor de varios libros, en un artículo publicado en «The New York Times» en octubre del 2006, afirmó que la etapa de la postguerra fría —que, en su concepto, había sido muy provechosa para la humanidad por el colapso del comunismo, la extensión de la democracia de mercado libre y la estabilidad asegurada por el poderío de Estados Unidos— había terminado el 9 de octubre del 2006 con el ensayo nuclear subterráneo de Corea del Norte, que abrió una nueva etapa histórica muy problemática, caracterizada por tres elementos potencialmente explosivos: una Asia con armas nucleares, un Oriente Medio nuclear y la desintegración de Irak en el corazón del mundo árabe. La nueva etapa que se abría, según Friedman, se definiría por el desarrollo de armas nucleares en Japón, Taiwán y Corea del Sur, en Asia; y, en los países del Oriente Medio gobernados por los árabes sunitas —Arabia Saudita, Egipto y probablemente Siria— después de que los chiitas iraníes hayan desarrollado la bomba atómica. La interacción de todos estos acontecimientos producirá un mundo terriblemente volátil. Y la única forma de evitar que esto ocurriera, dijo Friedman, era que China y Rusia comprendieran que el mundo posterior a la postguerra fría podría ser una amenaza mucho mayor para su prosperidad que el actual predominio de Estados Unidos y, por tanto, juntaran esfuerzos para evitar las aventuras nucleares de Corea del Norte e Irán, que llevarán a la proliferación de armas de destrucción masiva en Asia y el Oriente Medio. Sostuvo el periodista norteamericano que únicamente China estaba en posibilidad de presionar al gobierno norcoreano de Kim Jong-il para que desmantelara su programa nuclear bajo la amenaza de suspender su abastecimiento de energía y alimentos. Y que solamente China y Rusia juntas habrían podido conminar a los ayatolás iraníes a que desistieran de su carrera nuclear bajo la amenaza de sumarse a las sanciones impuestas a Teherán por la comunidad internacional. Acción que, por cierto, habría debido estar acompañada por la decisión del gobierno norteamericano de renunciar a su objetivo de cambiar el régimen político de Irán y resignarse simplemente a que éste cambiara de conducta.

Tal como había previsto Thomas Friedman, el 13 de febrero del 2007, después muchas horas de conversaciones, negociadores chinos, japoneses, surcoreanos, norteamericanos y rusos, reunidos en Pekín, llegaron a un acuerdo con los representantes del gobierno de Pyongyang para que Corea del Norte cerrara el reactor de Yongbyon, desmantelara su arsenal nuclear y renunciara a la fabricación de armas de destrucción masiva a cambio del levantamiento de las sanciones financieras que se le habían impuesto y el suministro de hasta un millón de toneladas de petróleo para aliviar su aguda crisis energética. El acuerdo, sin embargo, estuvo rodeado del escepticismo del gobierno chino en cuanto a la decisión norcoreana de ir hacia la desnuclearización y del disgusto de los «halcones» del gobierno norteamericano, ligados con el vicepresidente Richard Cheney, partidarios de la línea dura, que hablaron de un «mal acuerdo».

Hacia el futuro, según afirma el historiador y sociólogo francés Emmanuel Todd, en su libro «After the Empire: the Breakdown of the American Order» (2003), «el declinante poderío económico, militar e ideológico de los Estados Unidos no les permite controlar efectivamente un mundo demasiado vasto, demasiado poblado, demasiado alfabetizado, demasiado democrático. La neutralización de los obstáculos reales para la hegemonía americana —los verdaderos actores estratégicos que son Rusia, Europa y Japón— es un objetivo desmesurado e inaccesible. Los Estados Unidos están obligados a negociar con ellos y, la mayoría de las veces, a doblegarse». Y agrega que, en consecuencia, «el mundo que está a punto de nacer no será un imperio controlado por una sola potencia. Se tratará de un sistema complejo, en el que un conjunto de naciones o metanaciones de escalas equivalentes, aunque no iguales, encontrarán el equilibrio».

El escritor y periodista hindú Fareed Zakaria, especializado en relaciones internacionales, concuerda en este punto con Todd. El título de su libro, publicado en el 2008, es suficientemente expresivo: «The Post-American World». Sostiene el autor que hacia el futuro próximo los Estados Unidos retendrán los superpoderes político-militares pero las otras dimensiones del poder —industrial, financiera, educacional, social, cultural— se les alejarán. Afirma que con el ascenso de China, India y otros mercados emergentes —emerging markets— el orden internacional tiende a descentralizarse e interconectar se y camina hacia un «post-american world», que será dirigido desde varios lugares y por mucha gente. Pero lo irónico —escribe Zakaria— es que el nuevo orden mundial será el resultado de las propias ideas y acciones norteamericanas, ya que en los útimos sesenta años los políticos y diplomáticos de Estados Unidos han recorrido el mundo para impulsar el capitalismo, la apertura de mercados, la liberación de políticas, la modernización del comercio y la difusión de los conocimientos científico-tecnológicos. Sostiene el escritor hindú que han sido los propios norteamericanos quienes han estimulado a los pueblos de países distantes «a perder el miedo al cambio, afrontar el desafío de competir en la economía global y aprender los secretos del éxito». Y esto marcará el fin de la pax americana, aunque no por la declinación de Estados Unidos sino por el avance y prosperidad de los demás.

Después de cincuenta años de investigaciones, los más renombrados científicos en materia petrolera llegaron a ocho conclusiones a finales del siglo XX:

1) que ha sido descubierto el 95% del petróleo recuperable del planeta;

2) que se ha extraído y consumido aproximadamente la mitad de ese petróleo;

3) que a partir de 1981 el consumo de petróleo ha sido más rápido que el encuentro de nuevos yacimientos;

4) que la tasa de explotación de los campos hidrocarburíferos se está acercando a su punto culminante —el peak oil— y que podría mantenerse por un reducido número de años, para después bajar ineluctablemente;

5) que la era del petróleo abundante y barato quedó atrás;

6) que en la medida en que se profundice la escasez de petróleo se agudizarán los conflictos internacionales en función del control de las fuentes de abastecimiento —especialmente en el Oriente Medio— y de sus canales de comercialización;

7) que uno de los factores de aumento de la demanda mundial de hidrocarburos son China e India, cuyas crecientes necesidades de energía para sus aparatos productivos y para los requerimientos de sus gigantescas poblaciones se ven agudizadas por sus afanes de alcanzar los índices económicos de los países prósperos de Occidente; y

8) que la humanidad está abocada a buscar nuevas fuentes energéticas para suplir a las petrolíferas cuando éstas se extingan.

El agotamiento de las fuentes tradicionales del petróleo ha conducido a buscar dos hidrocarburos no convencionales: el shale oil y el shale gas, que se encuentran en zonas terráqueas más profundas, donde están las capas de esquisto de las que se extrae este tipo de hidrocarburos.

Pero su extracción es no solamente más compleja y costosa sino también más contaminante por la emisión de gases de efecto invernadero.

El denominado shale oil es petróleo de esquisto, es decir, petróleo que proviene de las capas rocosas que yacen bajo las minas hidrocarburíferas tradicionales.

Los Estados Unidos, que tienen gigantescas reservas de esquisto, han comenzado a explotarlas y pueden convertirse en los mayores productores de petróleo y gas no convencionales del mundo y en los mayores exportadores netos de energía, con muy importantes consecuencias geoeconómicas y geopolíticas, en el marco de la shale revolution, que llaman los norteamericanos.

La explotación del petróleo de esquisto aumentará significativamente la producción hidrocarburífera norteamericana en los próximos años. Serán centenares de miles de millones de barriles de petróleo y de cilindros de gas procedentes de fuentes no convencionales que se incorporarán a su producción y oferta comercial. Los Estados Unidos se convertirán en el principal productor de este tipo de combustibles y en exportador neto. Según afirmó a comienzos del 2014 el economista norteamericano Edward Morse, jefe de Commodities Research at Citigroup en Nueva York, con este auge global de crudo petrolero y de gas natural procedentes de fuentes no convencionales —los denominados shale oil y shale gas— se abrirá «una era de independencia energética norteamericana» y, concomitantemente, se impondrá una prueba de fuego a la economía de Rusia —en la cual los hidrocarburos representan alrededor del 70% de sus exportaciones— y de otros países productores.

Este es un nuevo fenómeno energético de proporciones globales —hay quienes hablan de una revolución energética— destinado a cambiar muchas cosas en el mundo.

Poseen también importantes minas de esquisto Argentina, Canadá, México, Brasil, Alemania, Polonia, Australia y China.