zona franca

Es una área cerrada libre de impuestos que se establece en un país para la comercialización internacional de mercaderías. Sus propósitos principales son atraer capitales y tecnología del exterior, generar empleo y reactivar económicamente regiones deprimidas. Se la llama también puerto franco porque generalmente se las monta en zonas aledañas a puertos que tengan facilidades para el transporte naval y el transbordo de carga. Se la ha definido como un “recinto de desarme arancelario e impositivo”. Opera como centro de almacenamiento temporal de mercaderías para su reexportación. En ella los trámites de importación y exportación son expeditos para agilitar la comercialización de los productos.

El destino natural de las mercaderías que se acopian en la zona franca es su exportación. Las empresas que en ella se afincan se dedican a importar grandes volúmenes de bienes, materias primas e insumos y a reexportarlos hacia otros países. Por excepción pueden también nacionalizarse esas mercaderías e ingresar al mercado interno previo el pago de los impuestos arancelarios y demás gravámenes usuales.

Si las zonas francas están integradas con zonas industriales de <maquila —bajo el común propósito de crear fuentes de trabajo y tonificar regiones económicamente deprimidas— los que se exportan son bienes procesados industrialmente.

La implantación de una zona franca lleva consigo la modernización de puertos, muelles, aeropuertos, depósitos de mercancías, compañías de seguros, servicios bancarios, correos, telecomunicaciones. Ella es la quintaesencia del comercio libre. Las importaciones y las exportaciones son abiertas. No hay barreras arancelarias, subsidios, preferencias ni privilegios para las actividades comerciales. Se da una apertura total al capital extranjero. No existen impuestos sobre las ventas. Hay libre convertibilidad de divisas. La única restricción que se impone es la del no ingreso de mercancías al interior del país sin el pago de los gravámenes aduaneros.

Bajo regímenes jurídicos de excepción en materia de tributación, operaciones financieras, régimen administrativo y relaciones laborales, las zonas francas suelen establecerse en puntos estratégicos para el comercio internacional, tal como desde 1841 ha sido Hong Kong en el Asia, que se convirtió en uno de los puertos francos más importantes del mundo, o como las que funcionan en Colón, Panamá, o en la isla San Andrés de Colombia y en algunas otras islas caribeñas que sirven de centros de distribución de mercancías para América del Sur y el Caribe.

Las zonas francas pueden integrarse con las zonas industriales de <maquila en el común propósito de crear fuentes de trabajo y tonificar regiones económicamente deprimidas.

Como una forma de incentivar las inversiones extranjeras directas en el marco de su nueva política económica, el gobierno cubano expidió en junio de 1996 el decreto-ley 165 que abrió la posibilidad de crear zonas francas y parques industriales. Ese estatuto jurídico define a la zona franca como “un espacio dentro del territorio nacional, debidamente delimitado, sin población residente, de libre importación y exportación de bienes, desvinculado de la demarcación aduanera, en el que se realizan actividades industriales, comerciales, agropecuarias, tecnológicas y de servicios, con aplicación de un régimen especial”.

Este régimen involucra un conjunto de normas y regulaciones aduaneras, bancarias, tributarias, laborales y migratorias menos rígidas que las que imperan en el resto del territorio cubano, para alentar la inversión extranjera.

Al amparo de ellas se han instalado varias zonas francas —las de Berroa, Wajay, Mariel y otras— cuyos concesionarios y operadores gozan de exenciones arancelarias por la introducción de bienes de capital y de insumos y materias primas para su procesamiento y por la exportación de los productos finales o intermedios, así como de exoneraciones de los impuestos sobre las utilidades y sobre la utilización de fuerza de trabajo durante 12 años si se dedican a actividades de manufactura, ensamblaje o procesamiento de productos terminados o semielaborados y de 5 años si se trata de actividades comerciales o de servicios.

 
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